獳rt韈ulo 1 Conductas prohibidas

3. Los 髍ganos de defensa de la competencia podr醤 decidir no iniciar o sobreseer los procedimientos previstos en esta Ley respecto de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.�

獳rt韈ulo 2 Conductas autorizadas por Ley

1. Sin perjuicio de la eventual aplicaci髇 de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones del art韈ulo 1 no se aplicar醤 a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y pr醕ticas que resulten de la aplicaci髇 de una ley.

Por el contrario, ser醤 de aplicaci髇 a las situaciones de restricci髇 de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuaci髇 de los poderes p鷅licos o las empresas p鷅licas sin dicho amparo legal.

2. El Tribunal de Defensa de la Competencia podr� formular propuesta motivada al Gobierno, a trav閟 del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, para que adopte o inste a la autoridad p鷅lica competente, en su caso, la modificaci髇 o supresi髇 de las situaciones de restricci髇 de la competencia establecidas de acuerdo con las normas legales.�

獳rt韈ulo 3 Supuestos de autorizaci髇

2. Asimismo, se podr醤 autorizar, siempre en la medida en que se encuentren justificados por la situaci髇 econ髆ica general y el inter閟 p鷅lico, los acuerdos, decisiones, recomendaciones y pr醕ticas a que se refiere el art韈ulo 1, o categor韆s de los mismos, que:

• a) Tengan por objeto defender y promover las exportaciones, siempre que no alteren la competencia en el mercado interno y sean compatibles con las obligaciones que resulten de los Convenios internacionales ratificados por Espa馻, o
• b) Produzcan una elevaci髇 suficientemente importante del nivel social y econ髆ico de zonas o sectores deprimidos, o
• c) Atendiendo a su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.�

玅ueda prohibida la explotaci髇 abusiva por una o varias empresas:

• a) De su posici髇 de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
• b) De la situaci髇 de dependencia econ髆ica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situaci髇 se presumir� cuando un proveedor adem醩 de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.�

• 玣) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relaci髇 comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelaci髇 m韓ima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor.
• g) Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperaci髇 comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan pactadas.�

獳rt韈ulo 7 Falseamiento de la libre competencia por actos desleales

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia conocer�, en los t閞minos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de competencia en el mercado.
• b) Que esa grave distorsi髇 afecte al inter閟 p鷅lico.

2. Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurran dichas circunstancias, proceder� al archivo de las actuaciones.�

獳rt韈ulo 10 Multas sancionadoras

5. No se impondr醤 multas por infracci髇 del art韈ulo 1 si se hubiera presentado, con anterioridad a la iniciaci髇 de una informaci髇 reservada previa a la incoaci髇 de expediente sancionador, notificaci髇 A/B ante los servicios de la Comisi髇 Europea en aplicaci髇 del Reglamento del Consejo de la CEE n鷐ero 17/62, de 6 de febrero.

6. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este art韈ulo, si el Tribunal de Defensa de la Competencia apreciara mala fe o grave temeridad en la actuaci髇 de alguna de las partes ante los 髍ganos de defensa de la competencia, podr� imponerle una multa no superior a 5.000.000 de pesetas o 30.050,61 euros.�

獳rt韈ulo 11 Multas coercitivas

El Tribunal de Defensa de la Competencia, independientemente de las multas sancionadoras, podr� imponer a las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de 閟tas, y agentes econ髆icos en general, multas coercitivas de 10.000 a 500.000 pesetas o 60,10 a 3.005,06 euros al d韆 con el fin de obligarlas:

• a) A la cesaci髇 de una acci髇 que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley.
• b) A la remoci髇 de los efectos distorsionadores de las condiciones de competencia provocados por una infracci髇.
• c) Al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en el marco de un acuerdo de terminaci髇 convencional del procedimiento.
• d) Al cumplimiento de lo establecido en el art韈ulo 46.5 de esta Ley.�

獳rt韈ulo 12 Prescripci髇 de las infracciones y de las sanciones

1. Prescribir醤:

• a) A los cuatro a駉s, las infracciones previstas en este texto legal. El t閞mino de la prescripci髇 comenzar� a correr desde el d韆 en que se hubiera cometido la infracci髇.
• b) A los cuatro a駉s, las sanciones.

2. La prescripci髇 se interrumpe por cualquier acto del Tribunal o del Servicio de Defensa de la Competencia, con conocimiento formal del interesado, tendente a la investigaci髇, instrucci髇 o persecuci髇 de la infracci髇.

3. La prescripci髇 tambi閚 se interrumpe por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar los acuerdos sancionadores.�

�3. El Tribunal de Defensa de la Competencia podr�, cuando le sea requerido por 髍gano judicial competente, emitir un informe sobre la procedencia y cuant韆 de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los art韈ulos 1, 6 y 7 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aqu閘las.�

獳rt韈ulo 19 Ayudas p鷅licas

1. Lo establecido en este art韈ulo se entender� sin perjuicio de los art韈ulos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea, de la letra c) del art韈ulo 4 del Tratado de la Comunidad Europea del Carb髇 y del Acero y del Reglamento (CE) n鷐ero 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por ayuda p鷅lica las aportaciones de recursos a operadores econ髆icos y empresas p鷅licas o privadas, as� como a producciones, con cargo a fondos p鷅licos o cualquier otra ventaja concedida por los poderes o entidades p鷅licas que suponga una reducci髇 de las cargas a las que deber韆n hacer frente los operadores econ髆icos y las empresas en condiciones de mercado o que no lleven impl韈ita una contraprestaci髇 en condiciones de mercado. Tambi閚 se considerar醤 ayudas cualesquiera otras medidas de efecto equivalente al de las anteriores que distorsionen la libre competencia.

3. El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia del Ministro de Econom韆 y Hacienda, analizar� los criterios de concesi髇 de las ayudas p鷅licas, en relaci髇 con sus efectos sobre las condiciones de competencia con el fin de emitir un informe que elevar� al Consejo de Ministros. Dicho informe ser� p鷅lico. El Consejo de Ministros, a la vista del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, decidir�, seg鷑 los casos, proponer a los poderes p鷅licos la supresi髇 o la modificaci髇 de los citados criterios, as� como, en su caso, las dem醩 medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a la Comisi髇 Europea.�

獳rt韈ulo 21 Composici髇

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia est� integrado por ocho vocales y un Presidente nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Econom韆 y Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio.

2. El nombramiento del Presidente y los vocales ser� por cinco a駉s renovables por una sola vez. Cada dos a駉s y medio se renovar� la mitad de los miembros del Tribunal.

3. Los vocales del Tribunal tendr醤 la consideraci髇 de altos cargos. Cuando el nombramiento recaiga en personas al servicio de las Administraciones p鷅licas en activo, 閟tas pasar醤 a la situaci髇 de servicios especiales o equivalente.

4. El Tribunal elegir�, entre los vocales, un Vicepresidente. En caso de empate ser� elegido el vocal de mayor antig黣dad en el cargo y, a igualdad de antig黣dad, el de mayor edad. El Vicepresidente sustituir� al Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad.

5. En tanto no se produzca el nombramiento de Vicepresidente, y en casos de ausencia del Presidente y el Vicepresidente, ejercer� la Presidencia el vocal de mayor antig黣dad y, a igualdad de antig黣dad, el de mayor edad.

6. El Tribunal estar� asistido por un Secretario.�

獳rt韈ulo 24 Funcionamiento del Tribunal

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia se entiende v醠idamente constituido con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y cinco vocales.

2. Los acuerdos se adoptar醤 por mayor韆 absoluta de votos de los asistentes. En caso de empate decidir� el voto de quien presida.

3. El Tribunal podr� aprobar elaborar un reglamento de r間imen interior en el que regule su organizaci髇 y funcionamiento interno. Dicho reglamento interno se publicar� en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.�

獳rt韈ulo 25 Competencia

Compete al Tribunal de Defensa de la Competencia:

• a) Resolver y dictaminar los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley.
• b) Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y pr醕ticas a que se refiere el art韈ulo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el art韈ulo 3.
• c) Aplicar en Espa馻 los art韈ulos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho derivado.
• d) Informar sobre las operaciones de concentraci髇 econ髆ica de dimensi髇 comunitaria que sean remitidos por la Comisi髇 Europea en aplicaci髇 de las normas comunitarias de control de concentraciones por la Comisi髇.
• e) Dictaminar los proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, seg鷑 establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista.
• f) Interesar la instrucci髇 de expedientes por el Servicio de Defensa de la Competencia.
• g) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le encomienden las leyes, y en particular las establecidas en el art韈ulo 7 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.
• h) Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de da駉s y perjuicios, prev� el art韈ulo 13 de la presente Ley.
• i) Elaborar el informe que, en materia de ayudas p鷅licas, prev� el art韈ulo 19 de esta Ley.�

獳rt韈ulo 26 Funciones consultivas

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia podr� ser consultado en materia de competencia por las C醡aras Legislativas, el Gobierno, los distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades Aut髇omas, las Corporaciones locales, las C醡aras de Comercio y las organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.

2. El Tribunal promover� y realizar� estudios y trabajos de investigaci髇 en materia de competencia.

3. El Tribunal informar� los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, as� como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.�

獳rt韈ulo 27 Competencias del Pleno

Corresponde al Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia:

• a) Elaborar su reglamento de r間imen interior, en el cual se establecer� su funcionamiento administrativo y la organizaci髇 de sus servicios.
• b) Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente.
• c) Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones por el Presidente, Vicepresidente y vocales.
• d) Nombrar y acordar el cese del Secretario.
• e) Proponer o, en su caso, informar el proyecto de relaci髇 de puestos de trabajo del personal al servicio del Tribunal.
• f) Preparar el anteproyecto de presupuesto general de gastos del Tribunal.
• g) Elaborar una memoria anual.
• h) Mantener relaciones con otros organismos an醠ogos.�

獳rt韈ulo 28 Funciones del Presidente

1. Son funciones del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia:

• a) Convocar el Pleno por propia iniciativa o a petici髇 de, al menos, tres de los vocales, y presidirlo.
• b) Establecer el criterio de distribuci髇 de asuntos entre Salas y Secciones.
• c) Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal.
• d) Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal.
• e) Resolver las cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
• f) Representarlo en las relaciones con otros 髍ganos p鷅licos.
• g) Ejercer funciones de jefatura en relaci髇 al personal del Tribunal.
• h) Ordenar los gastos del Tribunal.

2. El Presidente podr� delegar en el Vicepresidente aquellas facultades que considere convenientes.�

獳rt韈ulo 31 Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia

Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia:

• a) Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley.
• b) Vigilar la ejecuci髇 y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicaci髇 de esta Ley y, en su caso, declarar la prescripci髇 de la acci髇 para exigir el cumplimiento de las sanciones previstas en el art韈ulo doce de esta Ley.
• c) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia.
• d) Las de estudio e investigaci髇 de los sectores econ髆icos, analizando la situaci髇 y grado de competencia de cada uno de ellos, as� como la de posible existencia de pr醕ticas restrictivas de la competencia. Como consecuencia de los estudios e investigaciones efectuadas podr� proponer la adopci髇 de medidas conducentes a la remoci髇 de los obst醕ulos en que se ampare la restricci髇.
• e) Las de informaci髇, asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y pr醕ticas restrictivas, concentraci髇 y asociaci髇 de empresas, grado de competencia en el mercado interior y exterior en relaci髇 con el mercado nacional, y sobre las dem醩 cuestiones relativas a la defensa de la competencia.
• f) Las de cooperaci髇, en materia de competencia, con organismos extranjeros e instituciones internacionales.
• g) Llevar a cabo las funciones de colaboraci髇 entre la Administraci髇 Espa駉la y la Comisi髇 Europea en la aplicaci髇 en Espa馻 de las reglas comunitarias de la competencia. Estas funciones se realizar醤 en coordinaci髇 con los Departamentos sectoriales competentes de la Administraci髇 p鷅lica.
• h) Ejercitar las competencias que le atribuyen los art韈ulos 15 al 18 de esta Ley en materia de control de concentraciones.
• i) Promover y acordar la terminaci髇 convencional de los procedimientos tramitados como consecuencia de conductas prohibidas en esta Ley.
• j) Informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia.
• k) Dirigir informes y/o recomendaciones sobre materias de defensa de la competencia a cualquiera de los Departamentos ministeriales, Comunidades Aut髇omas, Corporaciones locales, C醡aras de Comercio y organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
• l) Estudiar y someter al Gobierno las oportunas propuestas de modificaci髇 de la Ley de Defensa de la Competencia, conforme a los dictados de la experiencia en la aplicaci髇 del Derecho nacional y comunitario.�

獳rt韈ulo 31 bis Funciones del Director del Servicio de Defensa de la Competencia

1. Corresponde al Director del Servicio de Defensa de la Competencia:

• a) Proponer al Ministro de Econom韆 y Hacienda, para su elevaci髇, en su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de pol韙ica de defensa de la competencia en el marco de la pol韙ica econ髆ica de aqu閘.
• b) Proponer al Gobierno, la adopci髇 de reglamentos de exenci髇 previstos en el art韈ulo quinto de esta Ley respecto de las categor韆s de acuerdos, decisiones, recomendaciones y pr醕ticas a que se refieren los art韈ulos 3.1 y 3.2 de esta Ley.
• c) Aprobar un programa anual de evaluaci髇 de las consecuencias de la aplicaci髇 de las reglas de competencia que permita orientar la dedicaci髇 de medios, la evoluci髇 de la doctrina y los remedios adoptados.
• d) Representar al Servicio de Defensa de la Competencia.
• e) Dar publicidad en el 獴olet韓 Oficial del Estado� a los reglamentos de exenci髇 del art韈ulo 5 de esta Ley.
• f) Decidir sobre la conveniencia de instar la aplicaci髇 de lo previsto en el apartado 3 del art韈ulo 22 del Reglamento Comunitario de Control de Concentraciones.
• g) Ejercitar las competencias que le atribuyen los art韈ulos 15 y 18 de esta Ley.

2. El Director del Servicio de Defensa de la Competencia ostenta la jefatura del mismo, pudiendo ejercer todas las competencias que la presente Ley atribuye al Servicio.�

獳rt韈ulo 32 Deberes de colaboraci髇 e informaci髇

1. Toda persona natural o jur韉ica queda sujeta al deber de colaboraci髇 con el Servicio de Defensa de la Competencia, y est� obligada a proporcionar a requerimiento de 閟te, y en un plazo de diez d韆s, toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicaci髇 de esta Ley.

El plazo de diez d韆s a que se refiere el apartado anterior podr� ampliarse por el Servicio de Defensa de la Competencia, de oficio o a instancia de la persona requerida, cuando la dificultad de obtenci髇 de datos o informaciones as� lo justifique.

2. El incumplimiento de la obligaci髇 establecida en el n鷐ero anterior ser� sancionado por el Director del Servicio con multas coercitivas de 60,10 a 3.005,06 euros por cada d韆 de retraso en el cumplimiento del deber de aportaci髇 en plazo de datos e informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. La cesi髇 de datos o antecedentes de naturaleza tributaria se regir� por lo dispuesto en el art韈ulo 113 de la Ley General Tributaria.�

獳rt韈ulo 33 Funciones de investigaci髇 e inspecci髇

2. Los funcionarios, en el curso de las inspecciones, podr醤 examinar, obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos, incluso de car醕ter contable y, si procediera, retenerlos por un plazo m醲imo de diez d韆s. En el curso de las inspecciones, los funcionarios podr醤, asimismo, solicitar explicaciones verbales in situ.�

獳rt韈ulo 34 Investigaci髇 domiciliaria

1. El acceso a los locales podr� realizarse con el consentimiento de sus ocupantes o mediante mandamiento judicial.

2. Si hubiera existido consentimiento de los ocupantes, el funcionario habilitado mostrar� el oficio y entregar� copia en que conste su designaci髇 por el Director del Servicio de Defensa de la Competencia, los sujetos investigados, los datos, documentos y operaciones que habr醤 de ser objeto de la inspecci髇, la fecha en que la actuaci髇 deba practicarse y el alcance de la investigaci髇.

3. Cuando haya existido oposici髇 al acceso a los locales o se corra el riesgo de tal oposici髇, el Director del Servicio solicitar� autorizaci髇 de entrada en el domicilio al Juzgado de lo Contencioso-administrativo, y en el oficio se har醤 constar los datos previstos en el n鷐ero anterior, as� como los necesarios para la adecuada identificaci髇 de los locales en que se pretende la entrada.

El Juzgado competente resolver� en el plazo m醲imo de cuarenta y ocho horas.

4. De todas las entradas en locales y de la inspecci髇 se levantar� un acta firmada por el funcionario autorizado y por uno de sus ocupantes, a la que se adjuntar�, en su caso, la relaci髇 de documentos retenidos temporalmente.

5. El funcionario expedir� una copia del acta a nombre de la persona que haya autorizado la entrada en el local. Si la entrada e inspecci髇 se hubieran realizado en virtud de autorizaci髇 judicial, el original del acta y los documentos retenidos, en su caso, se entregar醤 al Juzgado correspondiente, cuyo Secretario diligenciar� una copia a nombre del funcionario que ha llevado a cabo la inspecci髇 y otra a nombre del ocupante ante el cual se ha realizado la investigaci髇. Tambi閚 se entregar�, en su caso, al funcionario la documentaci髇 retenida.

6. Los datos e informaciones obtenidos s髄o podr醤 ser utilizados para las finalidades previstas en esta Ley.�

獳rt韈ulo 36 Iniciaci髇 del procedimiento

1. El procedimiento se inicia por el Servicio de Defensa de la Competencia de oficio o a instancia de parte interesada.

La denuncia de las conductas prohibidas por esta Ley es p鷅lica; cualquier persona, interesada o no, puede formularla ante el Servicio, que iniciar� expediente cuando se observen indicios racionales de su existencia.

2. La denuncia se presentar� en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determine que, como m韓imo, deber� contener:

• - Nombre o raz髇 social y domicilio del denunciante y, en el caso de que act鷈 por medio de representante, acreditaci髇 de la representaci髇 y domicilio a efecto de notificaciones.
• - Nombre o raz髇 social y domicilio del/los denunciado/s.
• - Hechos de los que se deriva la existencia de infracci髇 y pruebas, en su caso, de los mismos.
• - Intereses leg韙imos de acuerdo con el art韈ulo 31 de la Ley 30/1992, para poder ser considerado interesado en el eventual expediente sancionador.

3. Ante la noticia de la posible existencia de una infracci髇, el Servicio podr� proceder a la instrucci髇 de una informaci髇 reservada antes de resolver la iniciaci髇 de expediente sancionador, incluso con investigaci髇 domiciliaria de las empresas implicadas. Cuando el Servicio considere que no hay indicios de infracci髇 de la Ley de Defensa de la Competencia, podr� no iniciar el procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones.

4. En la providencia en que se acuerde la iniciaci髇 del expediente se nombrar� un Instructor y, en su caso, un Secretario, lo que se notificar� a los interesados.

5. Iniciado el expediente, se podr� publicar una nota sucinta sobre los extremos fundamentales del mismo, al objeto de que cualquiera pueda aportar informaci髇 en un plazo que no exceder� de quince d韆s.

La referida nota podr� publicarse en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y, en su caso, en cualquier otro medio de difusi髇 que garantice una publicidad suficiente.

6. El Servicio, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podr� disponer la acumulaci髇 de expedientes cuando entre ellos exista una conexi髇 directa.

7. El Servicio dar� cuenta al Tribunal de Defensa de la Competencia de las denuncias recibidas, del archivo de las actuaciones, de los acuerdos de terminaci髇 convencional y de las providencias de incoaci髇 de expedientes, sean de oficio o a instancia de parte interesada.�

獳rt韈ulo 36 bis Supuestos de inadmisi髇 y terminaci髇 convencional

1. El Servicio de Defensa de la Competencia podr�:

• a) Acordar la no iniciaci髇 de los procedimientos derivados de la presunta realizaci髇 de las conductas prohibidas por los art韈ulos 1 y 6 que, por su escasa importancia, no afecten de manera significativa a las condiciones de competencia.
• b) Acordar la no iniciaci髇 de los procedimientos derivados de la presunta realizaci髇 de las conductas previstas en el art韈ulo 7 de esta Ley cuando estime que no concurren las circunstancias previstas en dicho art韈ulo.
• c) Acordar la terminaci髇 convencional de una investigaci髇 que se haya iniciado de oficio o a instancia de parte interesada por posible infracci髇 de los art韈ulos 1, 6 y 7 de la Ley, siempre que la misma no resulte contraria a lo dispuesto en esta Ley, y est� encaminada a finalizar las actuaciones administrativas.

2. En los procedimientos de terminaci髇 convencional, el Servicio determinar� qui閚es son los interesados en el asunto, con el fin de que puedan ser o韉os en el curso del mismo.

La terminaci髇 convencional de los procedimientos no podr� acordarse en aquellos casos en que resulte contraria al ordenamiento jur韉ico y resulte perjudicial para terceros. Tampoco podr� acordarse la terminaci髇 convencional una vez notificado el pliego de concreci髇 de hechos.

Los acuerdos para la terminaci髇 convencional de una investigaci髇 deber醤 establecer como contenido m韓imo la identificaci髇 de las partes intervinientes, el 醡bito personal, territorial y temporal, el objeto de los compromisos y el alcance de los mismos. Dichos acuerdos deber醤 ser adoptados por el Director del Servicio y los interesados.

Quienes acrediten inter閟 leg韙imo, y no hubieren tomado parte en los acuerdos de terminaci髇 convencional, podr醤 interponer contra los mismos el recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia previsto en el art韈ulo 47 de esta Ley.�

獳rt韈ulo 37 Instrucci髇 del expediente sancionador

1. El Servicio de Defensa de la Competencia practicar� los actos de instrucci髇 necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinaci髇 de responsabilidades.

Los hechos que puedan ser constitutivos de infracci髇 se recoger醤 en un pliego de concreci髇 de hechos que se notificar� a los presuntos infractores para que, en un plazo de quince d韆s, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes y, cerrado el per韔do probatorio, efectuar en el plazo de diez d韆s su valoraci髇.

Las pruebas propuestas por los presuntos infractores ser醤 recogidas en el informe del Servicio, expresando su pr醕tica o, en su caso, denegaci髇.

2. Los interesados podr醤, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones, que ser醤 tenidas en cuenta por el Servicio al redactar el informe al que se refiere el n鷐ero siguiente.

3. El Servicio, una vez instruido el expediente, lo remitir� al Tribunal de Defensa de la Competencia, acompa襻ndolo de un informe que exprese las conductas observadas, sus antecedentes, sus autores, los efectos producidos en el mercado, la calificaci髇 que le merezcan los hechos y las responsabilidades que corresponden a los autores.

4. Cuando, tras la instrucci髇 necesaria, el Servicio considere que no se ha acreditado la existencia de pr醕ticas prohibidas, redactar� la propuesta de sobreseimiento que se notificar� a los interesados para que en el plazo de diez d韆s hagan las alegaciones oportunas. Posteriormente el Servicio, podr� acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de las actuaciones. Contra dicho acuerdo podr� interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los art韈ulos 47 y 48 de esta Ley.�

獳rt韈ulo 38 Instrucci髇 del expediente de autorizaci髇

1. El procedimiento para autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y pr醕ticas a que se refiere el art韈ulo 3 se iniciar� a instancia de parte interesada.

2. La solicitud de autorizaci髇 deber� contener, en todo caso, todos los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la conducta y, en particular, los datos identificativos de las partes que intervienen, el objeto de la solicitud y la informaci髇 sobre el mercado/s afectado/s.

3. Iniciado un expediente para la constataci髇 de la existencia de acuerdos, decisiones, recomendaciones o pr醕ticas prohibidas en el art韈ulo 1, los interesados podr醤 pedir que se declaren autorizados de conformidad con el art韈ulo 3.

4. En la tramitaci髇 de las autorizaciones el Servicio de Defensa de la Competencia publicar� la nota sucinta prevista en el art韈ulo 36.5 de esta Ley, realizar� las indagaciones necesarias, oir� a los interesados y remitir� el expediente al Tribunal, en el plazo m醲imo de treinta d韆s, con la calificaci髇 que le merezca.

5. Cuando el Servicio considere que la informaci髇 suministrada es manifiestamente insuficiente para calificar la solicitud, requerir� al solicitante para que facilite los datos e informaci髇 necesarios en un plazo de diez d韆s, quedando suspendido el plazo de treinta d韆s hasta tanto sea cumplimentado el requerimiento.

6. En los supuestos a que se refiere el art韈ulo 3.1 de esta misma Ley ser� preceptivo solicitar el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios.�

�2. El Tribunal podr� disponer la pr醕tica de cuantas pruebas estime procedentes siempre que no sean reproducci髇 de las practicadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia, dando intervenci髇 a los interesados.�

獳rt韈ulo 47 Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de la Competencia

Los actos del Servicio de Defensa de la Competencia que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensi髇 o perjuicio irreparable a derechos o intereses leg韙imos, ser醤 recurribles ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en el plazo de diez d韆s.

No se considerar� que existe indefensi髇 por la denegaci髇 de pr醕tica de pruebas solicitadas por parte interesada, siempre que dicha decisi髇 se adopte mediante resoluci髇 debidamente motivada y que las pruebas cuya pr醕tica se solicite sean manifiestamente improcedentes o innecesarias y, en todo caso, cuando puedan practicarse ante el Tribunal.

En estos casos, y en todos aquellos en que el recurso interpuesto carezca manifiestamente de fundamento, el Tribunal podr� declarar su inadmisibilidad en resoluci髇 debidamente motivada.�

獳rt韈ulo 48 Tr醡ites y resoluci髇

1. El recurso se presentar� ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual ordenar� al Servicio de Defensa de la Competencia que le remita el expediente con su informe en el plazo de cinco d韆s.�

獳rt韈ulo 50 Supletoriedad de la Ley de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑

Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regir醤 por su normativa espec韋ica y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.�

獳rt韈ulo 51 bis Relaciones con otras Administraciones p鷅licas

1. Los 髍ganos previstos en la presente Ley son los 鷑icos competentes para la instrucci髇 y resoluci髇 de los procedimientos que en ella se regulan en materia de defensa de la competencia. En el supuesto de que otras Administraciones p鷅licas, por raz髇 de sus funciones, pudieran tener conocimiento de hechos que considerasen contrarios a las previsiones de esta Ley, se limitar醤 a dar traslado de los mismos, y de la documentaci髇 obrante en su poder, al Servicio de Defensa de la Competencia a fin de que, si procede, pueda iniciarse la tramitaci髇 de los correspondientes expedientes.

2. El Servicio de Defensa de la Competencia, cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, podr� solicitar la colaboraci髇 de los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas. Con el mismo fin, los servicios competentes de las Comunidades Aut髇omas podr醤 elaborar para su remisi髇 al Servicio de Defensa de la Competencia, y a los fines previstos en este art韈ulo, informes relativos a la existencia de pr醕ticas, acuerdos o conductas que consideren contrarios a la presente Ley.�

獳rt韈ulo 54 Sanciones

1. Las sanciones impuestas en aplicaci髇 de la presente Ley se entender醤 sin perjuicio de otras responsabilidades que en cada caso procedan.

2. La recaudaci髇 en v韆 ejecutiva de las multas se efectuar� conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudaci髇.

3. El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresar� en el Tesoro P鷅lico.�

獳rt韈ulo 56 Plazos m醲imos del procedimiento

1. El plazo m醲imo de duraci髇 de la fase del procedimiento sancionador que tiene lugar ante el Servicio de Defensa de la Competencia ser� de doce meses a contar desde la iniciaci髇 formal del mismo hasta la remisi髇 del expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia o de la notificaci髇 del acuerdo que, de cualquier otro modo, ponga t閞mino al procedimiento tramitado ante el Servicio.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la posible ampliaci髇 del plazo de conformidad con lo establecido en los apartados 5 y 6 del art韈ulo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

En cualquier caso, el plazo a que hace referencia este apartado se interrumpir� en caso de interposici髇 del recurso administrativo previsto en el art韈ulo 47 de esta Ley, o del planteamiento de cuestiones incidentales en que el art韈ulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, prev� la suspensi髇, as� como cuando sea necesaria la coordinaci髇 con la Uni髇 Europea o la cooperaci髇 con autoridades de competencia de otros pa韘es. En tales casos, el Servicio deber� dar cuenta de la resoluci髇 de interrupci髇 a los interesados.

Transcurrido el plazo previsto en este apartado y, en su caso, el plazo resultante de un acuerdo de ampliaci髇, sin que el Servicio hubiera remitido el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia para su resoluci髇 o hubiese acordado su sobreseimiento, se proceder�, de oficio o a instancia de cualquier interesado, a declarar su caducidad.

2. El Tribunal dictar� resoluci髇, y la notificar�, en el plazo m醲imo de doce meses a contar desde la admisi髇 a tr醡ite del expediente. El plazo se interrumpir� cuando se planteen cuestiones incidentales en que la Ley prevea la suspensi髇, se interpongan recursos y se acuerde la suspensi髇 por el 髍gano jurisdiccional competente, se acuerde la pr醕tica de diligencias para mejor proveer por el Tribunal de Defensa de la Competencia, se deba proceder a cambio de calificaci髇 en los t閞minos del art韈ulo 43.1 de esta Ley o se acuerde la suspensi髇 por la concurrencia con un procedimiento ante los 髍ganos comunitarios o con la instrucci髇 de un proceso penal, as� como para la presentaci髇 de una cuesti髇 prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Tambi閚 en este caso ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Transcurridos treinta d韆s desde el vencimiento del plazo anterior, si el Tribunal no ha dictado resoluci髇, proceder� de oficio o a instancia de cualquier interesado, a declarar la caducidad del procedimiento.�

獳rt韈ulo 57 Tasa por an醠isis y estudio de las operaciones de concentraci髇

1. Se crea la tasa por an醠isis y estudio de las operaciones de concentraci髇, que se regir� por lo dispuesto en la presente Ley y por las dem醩 fuentes normativas que para las tasas se establecen en el art韈ulo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realizaci髇 del an醠isis y estudio de todo proyecto u operaci髇 de concentraci髇 de empresas que se lleven a cabo con arreglo al art韈ulo 14 de la presente Ley.

3. No estar� sujeta a la tasa la consulta previa prevista en el apartado 5.o del art韈ulo 15 de esta Ley.

4. Ser醤 sujetos pasivos de las tasas las entidades que resulten obligadas a notificar la operaci髇 de concentraci髇.

5. El devengo de la tasa se producir� cuando el sujeto pasivo presente la notificaci髇 obligatoria prevista en el art韈ulo 15 de esta Ley, por la que se inicia la actividad o el expediente administrativo, el cual no se tramitar� sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

6. La cuant韆 de la tasa regulada en este precepto ser� de 500.000 pesetas o 3.005,06 euros cuando el volumen de ventas global en Espa馻 del conjunto de los part韈ipes en el acuerdo de concentraci髇 sea igual o inferior a 40.000 millones de pesetas o 240.404.841,75 euros, de 1.000.000 de pesetas o 6.010,12 euros, cuando sea igual o inferior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 euros y de 2.000.000 de pesetas o 12.020 euros cuando el volumen de facturaci髇 sea superior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 euros.

7. El pago de la tasa se realizar� en efectivo, en los t閞minos previstos en la normativa vigente en materia de recaudaci髇.

8. La gesti髇 de la tasa se llevar� a cabo por el Servicio de Defensa de la Competencia en los t閞minos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley, que podr醤 prever la obligaci髇 para los sujetos pasivos de practicar operaciones de autoliquidaci髇 tributaria.�

獳doptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta de servicios, el acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores, la interconexi髇 de las redes y suministro de red en condiciones de red abierta y la pol韙ica de precios y comercializaci髇 por los operadores de los servicios. A estos efectos, la Comisi髇 ejercer� las siguientes funciones:

• 1.� Podr� dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones dirigidas a las entidades que operen en el sector, que ser醤 vinculantes una vez publicadas en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.
• 2.� Pondr� en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia los actos, acuerdos, pr醕ticas o conductas de los que pudiera tener noticia en el ejercicio de sus atribuciones y que presenten indicios de resultar contrarios a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. A tal fin, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones comunicar� al Servicio de Defensa de la Competencia todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, remitir� un dictamen no vinculante de la calificaci髇 que le merecen dichos hechos.
• 3.� Ejercer la competencia de la Administraci髇 General del Estado para interpretar las cl醬sulas de los t韙ulos habilitantes para la prestaci髇 de servicios de telecomunicaciones que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el n鷐ero 1 del apartado dos de este art韈ulo.�

玤) Ejercer el control sobre los procesos de concentraci髇 de empresas, de las participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el n鷐ero 1 del apartado dos de este art韈ulo, al objeto de garantizar, cuando proceda, el cumplimiento del deber de notificaci髇 obligatorio al Servicio de Defensa de la Competencia en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 14 y siguientes de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.�

獳rt韈ulo 16 Discriminaci髇 y dependencia econ髆ica

1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y dem醩 condiciones de venta se reputar� desleal, a no ser que medie causa justificada.

2. Se reputa desleal la explotaci髇 por parte de una empresa de la situaci髇 de dependencia econ髆ica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situaci髇 se presumir� cuando un proveedor, adem醩 de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.

3. Tendr� asimismo la consideraci髇 de desleal:

• a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relaci髇 comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelaci髇 m韓ima de seis meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.
• b) La obtenci髇, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperaci髇 comercial no recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.�