Sumario

Ley 32/1988, 10 noviembre, derogada por la letra a) del n�mero 2 de la Disposici�n Derogatoria �nica de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (�B.O.E.� 8 diciembre), el 31 de julio de 2002.

Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la pol�tica empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protecci�n de los consumidores.

Las nuevas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del comercio, la internacionalizaci�n del mercado, la aparici�n de nuevas t�cnicas de contrataci�n, el impulso del sector servicios, as� como el fortalecimiento de la tutela p�blica de los consumidores, justifican una nueva regulaci�n jur�dica de los signos distintivos que atienda a todas estas circunstancias de acuerdo con una realidad econ�mica que el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929 no pudo contemplar.

Por otra parte, la promulgaci�n de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ha originado una cierta fragmentaci�n legislativa en materia de propiedad industrial, al tener que convivir una moderna normativa sobre patentes y modelos de utilidad -que cuenta con instituciones eficaces para la defensa de los derechos exclusivos- con la mencionada protecci�n jur�dica en materia de signos distintivos contenida en el EPI.

Asimismo, la necesidad de aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca cumpla su verdadera funci�n hac�a necesario modificar determinadas instituciones del derecho de marcas; �ste es el caso de la figura de uso obligatorio de la marca registrada que tiene como una de sus finalidades erradicar del Registro un gran n�mero de marcas que no est�n siendo usadas y suponen un serio obst�culo para el acceso al Registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su actuaci�n en el mercado.

Finalmente, los trabajos que en materia de marcas se est�n desarrollando a nivel comunitario, permiten conocer los principios inspiradores del futuro Derecho europeo de marcas; particularmente, los que regir�n el sistema de marca comunitaria que en un futuro convivir�n en nuestro pa�s con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta situaci�n la Ley se al�nea con los principios mencionados.

Aun cuando la nueva Ley se denomina �de Marcas�, por ser �ste el signo distintivo por excelencia y de mayor importancia, contiene, adem�s, la regulaci�n del nombre comercial, del r�tulo de establecimiento y de la competencia desleal.

Uno de los aspectos m�s importantes del Sistema de Marcas es el de la adquisici�n del derecho sobre la marca. En este punto, la nueva Ley, en aras a la claridad y seguridad jur�dica, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los pa�ses comunitarios. No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en Espa�a posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusi�n con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislaci�n se adec�a a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Uni�n de Par�s. Por otra parte, para evitar un cambio radical en el sistema de adquisici�n del derecho que podr�a perjudicar al simple usuario de un signo, se ha previsto un per�odo transitorio durante el cual este usuario podr� anular el registro de una marca posteriormente inscrita a ese uso.

El uso obligatorio de la marca registrada es otro de los temas capitales del derecho de marcas que incluso justifican su reforma. En este sentido, la Ley ha optado por mantener esta obligaci�n, si bien modificando ciertos aspectos del antiguo EPI para conseguir una mayor eficacia. As�, a los efectos de subsanar la deficiencia que hizo del EPI una legislaci�n inoperante en este punto, se introduce un cambio fundamental para que el sistema se vuelva eficaz. La carga de la prueba del no uso no recaer� sobre el demandante, sino que se introduce el mecanismo de la inversi�n de la carga de la prueba: ser� el titular de la marca quien en el juicio correspondiente tenga que demostrar que la est� usando de manera efectiva para evitar su caducidad. Por otra parte, el tema del uso de la marca se vincula con el de la renovaci�n. En la solicitud de renovaci�n se exigir� al solicitante que acompa�e una declaraci�n en documento p�blico de uso de la marca. Si tal declaraci�n no se adjunta no se producir� la renovaci�n de la marca.

Otra innovaci�n de la Ley es la nueva regulaci�n de las prohibiciones de registro de marcas, distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas. El sistema se completa con las disposiciones relativas al plazo para ejercitar las oportunas acciones para demandar la nulidad; en este sentido, se establece que si la marca infringe una prohibici�n absoluta la acci�n es imprescriptible, mientras que si la infracci�n se refiere a una prohibici�n relativa, la acci�n deber� ejercitarse antes de los cinco a�os.

El t�tulo III de la Ley se dedica a regular el procedimiento de concesi�n, el cual no var�a sustancialmente con respecto al contemplado en el EPI, toda vez que se mantiene el examen de oficio, de honda tradici�n en nuestro pa�s. A trav�s de este examen de oficio el Registro comprueba si la solicitud est� incursa en alguna de las prohibiciones legales, tanto las absolutas como las relativas; de esta manera, los intereses de los peque�os comerciantes y de los consumidores quedan salvaguardados. Por otra parte, en defensa del inter�s de los titulares prioritarios de marcas se mantiene el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados.

Uno de los defectos m�s acusados de la vigente legislaci�n es que no otorgaba los instrumentos necesarios para que el titular pudiera obtener la cesaci�n inmediata de los actos de violaci�n de su derecho de marca, con lo que este derecho de exclusiva estaba, en el fondo, pr�cticamente vac�o de contenido. La situaci�n, com�n a todas las modalidades de propiedad industrial, fue paliada con la medida que la Ley de Patentes prev� en su disposici�n derogatoria, al disponer que �todas las modalidades de propiedad industrial quedar�n sujetas en cuanto a jurisdicci�n, competencia y procedimiento a las normas establecidas en esta Ley�. La nueva Ley se limita a declarar expresamente aplicables a las marcas las disposiciones que sobre esta materia se contienen en la Ley de Patentes.

Un aspecto novedoso de la Ley lo constituye la regulaci�n de una figura muy utilizada en el comercio actual, como es la licencia de marcas. Adem�s, el r�gimen jur�dico de la marca como objeto del derecho de propiedad se completa con la regulaci�n de la cesi�n de marca, manteni�ndose el tradicional principio de la cesi�n libre.

La Ley recoge los principios que inspiraban el sistema de marcas colectivas previsto en el EPI e introduce, por primera vez en una Ley de Marcas, la figura de la marca de garant�a; con esta innovaci�n la Ley da una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado que demanda instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, origen y otras caracter�sticas de los productos o servicios. Asimismo, se actualiza el r�gimen de las marcas internacionales que obtienen protecci�n en Espa�a a trav�s del Arreglo de Madrid.

La Ley regula tambi�n dos signos distintivos de honda tradici�n en nuestro Derecho: el nombre comercial y el r�tulo de establecimiento.

La regulaci�n del nombre comercial en el EPI adolec�a de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de veracidad o autenticidad. Este principio implicaba la necesaria coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial. Sin embargo, la Ley va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa. Por esta raz�n, no se exige al nombre comercial ning�n requisito especial que no se haya exigido a otros signos distintivos: cualquier signo que sirva para identificar una persona f�sica o jur�dica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de protecci�n como nombre comercial.

Con esta regulaci�n del nombre comercial se logran resolver diversos problemas no solucionados por las marcas de servicio. Adem�s, con la finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la marca de servicio se establecen una serie de medidas. As�, se exige que la solicitud de nombre comercial vaya acompa�ada del alta de Licencia Fiscal. Por otra parte, se dispone que si alguien quiere utilizar el nombre comercial como marca de producto o servicio deber� procederse a estos registros separadamente.

Por lo que se refiere a los r�tulos de establecimiento la Ley sigue una l�nea continuista con el EPI, si bien hay que reconocer que se parte de un concepto m�s amplio del mismo. Al igual que el EPI la protecci�n del r�tulo se limita al �mbito municipal y, asimismo, se establece la limitaci�n tradicional de un solo r�tulo por establecimiento.

Las disposiciones sobre nombres comerciales y r�tulos de establecimiento se completan con una remisi�n a las normas sobre marcas, las cuales ser�n aplicables a estas modalidades de propiedad industrial, siempre y cuando no resulten incompatibles con la propia naturaleza de las mismas.

La Ley concluye con diversas disposiciones sobre competencia desleal que vienen a sustituir a las normas que sobre esta materia se contemplan en la Ley de 16 de mayo de 1902.

La regulaci�n de esta materia en la Ley es muy simple, pero puede dar un juego extraordinario, ya que, por primera vez en nuestro pa�s se introduce una cl�usula general prohibitiva. La cl�usula general se completa con diversos ejemplos no limitativos de actos de competencia desleal, intent�ndose reflejar en la Ley los actos m�s habituales. La regulaci�n concluye con una remisi�n en materia de acciones, a los efectos de perseguir los actos de competencia desleal.