Sumario

Exposici�n de Motivos

El art�culo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, obliga a los residentes en el extranjero a actuar, en todo caso, por medio de agente de propiedad industrial. Por otra parte, el art�culo 157.1 de la misma Ley impone a los Agentes de la Propiedad Industrial tener despacho profesional en Espa�a. En este sentido, la Comisi�n Europea ha advertido al Gobierno espa�ol de la posibilidad de plantear un procedimiento de infracci�n del Tratado CE en relaci�n con estos dos preceptos, dado que el art�culo 155.2 podr�a ser discriminatorio por raz�n de la nacionalidad y el art�culo 157.1 podr�a lesionar la libertad de prestaci�n de servicios, reconocida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Por lo tanto, se debe proceder sin dilaci�n a la modificaci�n de los art�culos mencionados. As�, por el presente Real Decreto-ley se modifica el art�culo 155.2, con el fin de sustituir la referencia a los residentes en el extranjero por otra a �los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea�. Asimismo, el art�culo 157.1 contempla tambi�n la posibilidad de que el despacho profesional est� en otro Estado miembro de la Comunidad Europea. La no adopci�n de las modificaciones citadas, de forma inmediata, puede tener consecuencias no deseables para el Estado espa�ol, que se caracteriza por el estricto cumplimiento de los requerimientos formulados por la Comisi�n.

Adem�s, el Reglamento (CE) 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, establece el llamado procedimiento de transformaci�n en solicitudes de marcas nacionales de las marcas comunitarias o de las solicitudes de �stas. Se hace as� necesario prever el correspondiente procedimiento nacional de transformaci�n que asegure el correcto engarce entre el Derecho comunitario y el Derecho espa�ol. Esta necesidad es, adem�s, apremiante debido al hecho de que se est�n produciendo ya situaciones jur�dicas que exigen, sin dilaci�n, la correlativa transformaci�n de marcas o solicitudes en el �mbito nacional.

Por otra parte, es preciso clarificar la regulaci�n de las tasas en materia de derechos de propiedad industrial en el marco de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificaci�n del R�gimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenaci�n de las Prestaciones Patrimoniales de Car�cter P�blico.

En efecto, el r�gimen de transformaci�n de marcas internacionales y comunitarias en marcas nacionales ha puesto de manifiesto c�mo los entornos que antiguamente exist�an entre t�tulos nacionales y comunitarios o internacionales se han diluido completamente. Una de las consecuencias de la armonizaci�n del Derecho de propiedad industrial ha sido la de permitir la modificaci�n del �mbito geogr�fico de los derechos de propiedad industrial sin afectar a su esencia. De ah� que sea mucho m�s acertado hablar de t�tulos de propiedad industrial en general, que hacer una discutible separaci�n de los mismos atendiendo a su eficacia territorial, mediante la realizaci�n de una enumeraci�n que resulta cuestionable por su imprecisi�n.

Finalmente, el Acuerdo de 30 de septiembre de 1993, celebrado entre la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas (OEPM), permite a esta �ltima actuar como Administraci�n de B�squeda Internacional en el marco del Tratado de Cooperaci�n en materia de Patentes. No obstante, la OEPM, pese a ser la �nica Administraci�n de B�squeda Internacional que act�a en lengua castellana, tambi�n es la �nica Administraci�n en el marco del Tratado de Cooperaci�n en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970 (PCT), que no realiza ex�menes preliminares internacionales. Por tanto, la introducci�n del examen preliminar es una necesidad para que el sistema de b�squedas internacionales en castellano se vea completado y Espa�a pueda seguir liderando este �mbito. En caso contrario, se privar�a al mundo hispanoparlante de obtener un servicio completo de b�squeda y ex�menes preliminares internacionales en castellano.

A ello se suma la necesidad de establecer el car�cter optativo del examen previo, que la vigente Ley de Patentes contempla como obligatoria, con el fin de ofrecer a las empresas que utilizan el sistema de patentes un instrumento m�s flexible y adecuado a sus necesidades y estrategias.

Todo lo expuesto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de introducir en el ordenamiento jur�dico espa�ol, mediante Real Decreto-ley, tal y como prescribe el art�culo 86 de la Constituci�n, las modificaciones normativas antes expuestas. Cabe recordar, al respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional que se�ala que el Decreto-ley es un instrumento normativo susceptible de ser utilizado en situaciones concretas que, por razones dif�ciles de prever, requieren una acci�n normativa inmediata en un plazo m�s breve que el requerido por la tramitaci�n parlamentaria de las leyes. Por tanto, la utilizaci�n del procedimiento legislativo ordinario para la realizaci�n de las modificaciones antes expuestas implicar�a por su dilaci�n perjuicios de dif�cil reparaci�n, entre ellos, la posible incoaci�n de un procedimiento de infracci�n por la Comisi�n Europea, lo que justifica la tramitaci�n de este Real Decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorizaci�n concedida en el art�culo 86 de la Constituci�n Espa�ola, a propuesta del Ministro de Industria y Energ�a y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 31 de julio de 1998,

DISPONGO:T�ngase en cuenta la Res. 17 septiembre 1998 (�B.O.E.� 26 septiembre), del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del acuerdo de convalidaci�n del presente R.D.-ley 8/1998, 31 julio.-->

Art�culo 2 derogado por la letra d) del n�mero 2 de la Disposici�n Derogatoria �nica de la Ley 17/2001, 7 diciembre, de Marcas (�B.O.E.� 8 diciembre).Vigencia: 31 julio 2002