El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparency International muestra (otra vez) a España estancada en sus esfuerzos para prevenir y luchar contra la corrupción. Nuestro país baja por segundo año consecutivo un punto respecto al año anterior, y obtiene en esta edición una puntuación de 60/100. Con esta calificación, ocupa actualmente la posición 35/180 del ranking global, lo que supone un descenso de un puesto con respecto al IPC 2021¹.

Si bien el descenso de un punto no representa en principio un cambio estadísticamente significativo según la metodología de Transparency International², sí cabe advertir (considerando un enfoque histórico) que en los últimos diez años España ha pasado de una puntuación de 65 (IPC 2012) a 60 (IPC 2022), y que desde 2019 España ha bajado cinco puestos en el ranking global, pasando de la posición 30/180 en 2019 a 35/180 en 2022.

Asimismo, cabe precisar que en el caso de España el IPC 2022 se ha basado en ocho fuentes externas³, entre las que destaca la Encuesta de la Opinión Ejecutiva 2021 del Foro Económico Mundial, según la cual España ha descendido significativamente su puntuación en las dimensiones de (i) pagos irregulares en servicios públicos (bajó 0.45 puntos respecto al año anterior), (ii) pagos irregulares en exportaciones e importaciones (bajó 0.38 puntos) y (iii) decisiones judiciales en casos de corrupción (bajó 0.39 puntos).

A partir de ello, cabe preguntarse a qué se debe este estancamiento que se prolonga en el tiempo y cuáles son las reformas que aún siguen pendientes, que impiden que España avance en materia de transparencia, anticorrupción y buen gobierno.

En este sentido, cabe precisar que sigue resultando imperiosamente necesaria la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si bien se constituyó un grupo de expertos/as en el marco del Foro de Gobierno Abierto que han venido trabajando en esta reforma⁴, y a pesar de que recientemente se abrió el proceso de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 19/20135, la reforma de esta ley sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de España.

Asimismo, también sigue pendiente la regulación adecuada de los grupos de interés (lobbies) a nivel nacional, y la creación de un registro único y obligatorio de lobbies. Si bien en noviembre 2022 el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, su aprobación parlamentaria sigue estando pendiente⁶. Garantizar la transparencia, la integridad y la igualdad de oportunidades de acceso de los grupos de interés resulta necesario para reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, mejorar la calidad en los procesos de toma de decisiones y promover un mayor nivel de integridad y transparencia en las Administraciones Públicas.

Otras de las grandes asignaturas pendientes de España siguen siendo la modificación de la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y la prevención de los conflictos de intereses, así como también la aprobación de la ley de protección de alertadores (“whistleblowing”), por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Si bien España cuenta con un Proyecto de ley al respecto⁷, sigue sin contar formalmente con una regulación adecuada en la materia.

A pesar también de la publicación de un proyecto de Real decreto para la creación de un registro de titularidades reales8 y el intento de España de avanzar en esta materia, promover la transparencia de la titularidad real sigue siendo otro de los grandes desafíos, lo cual se ha vuelto aún más complejo luego de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que se invalida una disposición de la 5ª Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales que garantizaba el acceso público a la información sobre la titularidad real de las empresas9.

Si bien España ha intentado avanzar en el último año en una agenda legislativa sólida para prevenir y luchar contra la corrupción, los esfuerzos hechos aún no han sido suficientes para lograr este cometido. España no cuenta con un plan o estrategia anticorrupción integral y transversal, que tenga un enfoque holístico e involucre a todos los organismos anticorrupción en su conjunto. Garantizar un marco jurídico adecuado y actualizado es sin dudas el primer paso para promover mayores niveles de transparencia e integridad en el ámbito público, y para promover en definitiva mejores políticas públicas que resulten eficientes para prevenir la corrupción y mejorar la calidad de nuestra democracia.

1. Véase el Informe completo en: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/01/CPI2022_Report_EN-web.pdf

2. Para mayor información sobre la metodología y las fuentes del IPC, véase: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/01/CPI2022_ShortMethodology-1.pdf, https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/01/CPI2022_SourceDescription-1.pdf y https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/01/CPI2022_TechnicalMethodology.pdf

3. Las ochos fuentes externas utilizadas en el IPC 2022 en el caso de España fueron las siguientes:

- Indicadores de Gobernabilidad sostenible 2022 de Bertelsmann Stiftung

- Servicio de riesgo por países 2022 de la Economist Intelligence Unit

- Indicadores de riesgos por países 2021 de Global Insight

- Encuesta de Opinión Ejecutivos 2022 del Anuario de Competitividad del IMD World Competitiveness Center

- Guía Internacional de Riesgo por Países 2022 de PRS Group International

- Variedades de Democracia (V-Dem v. 12) 2022

- Encuesta de la Opinión Ejecutiva 2021 del Foro Económico Mundial

- Encuestas a expertos para el Índice de Estado de Derecho 2021 de World Justice Project

4. https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Grupo-Trabajo-de-Reforma-Ley-de-Transparencia.html 

5. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/ConsultaAbiertas.aspx

6. Para acceder al documento de aportaciones de Transparency International España (TI-E) sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, véase: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_5_Aportaciones-APL-transparencia-de-las-actividades-de-los-grupos-de-intere%CC%81s-TI-Espan%CC%83a_VF.pdf

7. Véase: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-5.PDF y https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf

8. https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Real%20Decreto%20creacion%20RETIR.pdf

9. Véase para más información https://www.transparency.org/en/press/eu-court-of-justice-delivers-blow-to-beneficial-ownership-transparency y https://www.transparency.org/en/blog/cjeu-ruling-eu-public-beneficial-ownership-registers-what-next-for-corporate-transparency