Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecci髇 de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni髇

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 16, su art韈ulo 43, apartado 2, su art韈ulo 50, su art韈ulo 53, apartado 1, sus art韈ulos 91, 100 y 114, su art韈ulo 168, apartado 4, su art韈ulo 169, su art韈ulo 192, apartado 1, y su art韈ulo 325, apartado 4, y visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica, y en particular su art韈ulo 31,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (1) ,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (2) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

Visto el dictamen de 30 de noviembre de 2018 del grupo de expertos a que se refiere el art韈ulo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Las personas que trabajan para una organizaci髇 p鷅lica o privada o est醤 en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el inter閟 p鷅lico que surgen en ese contexto. Al informar sobre infracciones del Derecho de la Uni髇 que son perjudiciales para el inter閟 p鷅lico, dichas personas act鷄n como denunciantes (en ingl閟 conocidas coloquialmente por whistleblowers) y por ello desempe馻n un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, es cada vez mayor el reconocimiento, a escala tanto de la Uni髇 como internacional, de la importancia de prestar una protecci髇 equilibrada y efectiva a los denunciantes.
• (2) A escala de la Uni髇, las denuncias y revelaciones p鷅licas hechas por los denunciantes constituyen uno de los componentes que se sit鷄n en el origen del cumplimiento del Derecho y de las pol韙icas de la Uni髇. Ellos aportan informaci髇 a los sistemas nacionales y de la Uni髇 responsables de la aplicaci髇 del Derecho, lo que permite a su vez detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las infracciones del Derecho de la Uni髇, mejorando as� la transparencia y la rendici髇 de cuentas.
• (3) En determinados 醡bitos, las infracciones del Derecho de la Uni髇, con independencia de si el Derecho nacional las clasifica como administrativas, penales o de otro tipo, pueden provocar graves perjuicios al inter閟 p鷅lico, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detecten deficiencias de aplicaci髇 en esos 醡bitos, y los denunciantes suelen encontrarse en una posici髇 privilegiada para revelar la existencia de infracciones, es necesario potenciar la aplicaci髇 del Derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizando la protecci髇 efectiva de los denunciantes frente a represalias.
• (4) Actualmente, la protecci髇 de los denunciantes en la Uni髇 se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual en los distintos 醡bitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Uni髇 con dimensi髇 transfronteriza de las que informan los denunciantes muestran c髆o una protecci髇 insuficiente en un Estado miembro no solo incide de forma negativa en el funcionamiento de las pol韙icas de la Uni髇 en ese Estado miembro, sino que puede extenderse tambi閚 a otros Estados miembros y a la Uni髇 en su conjunto.
• (5) Deben aplicarse normas m韓imas comunes que garanticen una protecci髇 efectiva de los denunciantes en lo que respecta a aquellos actos y 醡bitos en los que sea necesario reforzar la aplicaci髇 del Derecho, en los que la escasez de denuncias procedentes de denunciantes sea un factor clave que repercuta en esa aplicaci髇, y en los que las infracciones del Derecho de la Uni髇 puedan provocar graves perjuicios al inter閟 p鷅lico. Los Estados miembros podr韆n decidir hacer extensiva la aplicaci髇 de las disposiciones nacionales a otros 醡bitos con el fin de garantizar que exista un marco global y coherente de protecci髇 de los denunciantes a escala nacional.
• (6) La protecci髇 de los denunciantes es necesaria para mejorar la aplicaci髇 del Derecho de la Uni髇 en materia de contrataci髇 p鷅lica. Es necesaria, no solamente para prevenir y detectar el fraude y la corrupci髇 en la contrataci髇 p鷅lica en el contexto de la ejecuci髇 del presupuesto de la Uni髇, sino tambi閚 para abordar la insuficiente ejecuci髇 de las normas en esta materia por los poderes adjudicadores nacionales y las entidades adjudicadoras en relaci髇 con la ejecuci髇 de obras, el suministro de productos o la prestaci髇 de servicios. Las infracciones de esas normas falsean la competencia, incrementan los costes para las empresas, vulneran los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversi髇 y sit鷄n en una posici髇 de desigualdad a todas las empresas de la Uni髇, lo que repercute en el correcto funcionamiento del mercado interior.
• (7) En el 醡bito de los servicios financieros, el valor a馻dido de la protecci髇 de los denunciantes ya ha sido reconocido por el legislador de la Uni髇. A ra韟 de la crisis financiera, que puso de manifiesto graves deficiencias en la ejecuci髇 de las normas aplicables, se introdujeron medidas para la protecci髇 de los denunciantes, como canales de denuncia interna y externa y la prohibici髇 expresa de represalias, en un importante n鷐ero de actos legislativos en el 醡bito de los servicios financieros, tal como se馻la la Comisi髇 en su comunicaci髇 de 8 de diciembre de 2010, titulada 玆eg韒enes sancionadores m醩 rigurosos en el sector de servicios financieros�. En particular, en el contexto del marco prudencial aplicable a las entidades de cr閐ito y las empresas de servicios de inversi髇, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) dispone para los denunciantes la protecci髇 aplicable en el contexto del Reglamento (UE) n.� 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) .
• (8) Por lo que respecta a la seguridad de los productos comercializados en el mercado interior, las empresas que operan en las cadenas de fabricaci髇 y distribuci髇 son la principal fuente de pruebas, de modo que la informaci髇 de los denunciantes en esas empresas tiene un alto valor a馻dido ya que est醤 mucho m醩 cerca de la informaci髇 sobre posibles pr醕ticas abusivas e il韈itas de fabricaci髇, importaci髇 o distribuci髇 relativas a productos inseguros. En consecuencia, existe una necesidad de que se introduzca la protecci髇 de los denunciantes en relaci髇 con los requisitos de seguridad aplicables a los productos regulados por la legislaci髇 de armonizaci髇 de la Uni髇, tal como se establece en los anexos I y II del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) , y en relaci髇 con los requisitos generales de seguridad de los productos, tal como se establece en la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) . La protecci髇 de los denunciantes tal como se establece en la presente Directiva tambi閚 ser韆 鷗il para impedir el desv韔 de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, as� como de productos relacionados con la defensa, al estimular la denuncia de infracciones del Derecho de la Uni髇, como el fraude documental, la alteraci髇 del marcado y la adquisici髇 fraudulenta de armas de fuego dentro de la Uni髇 donde las infracciones a menudo implican un desv韔 desde el mercado legal al ilegal. La protecci髇 de los denunciantes tal como se establece en la presente Directiva tambi閚 ayudar韆 a prevenir la fabricaci髇 il韈ita de explosivos caseros al contribuir a la correcta aplicaci髇 de las restricciones y controles relativos a los precursores de explosivos.
• (9) La importancia de la protecci髇 de los denunciantes para prevenir y disuadir de la comisi髇 de infracciones de las normas de la Uni髇 en materia de seguridad del transporte, que pueden poner en peligro vidas humanas, ya ha sido reconocida en actos sectoriales de la Uni髇 sobre seguridad a閞ea, concretamente en el Reglamento (UE) n.� 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) , y sobre seguridad del transporte mar韙imo, concretamente en las Directivas 2013/54/UE (9) y 2009/16/CE (10) del Parlamento Europeo y del Consejo, que prev閚 medidas espec韋icas de protecci髇 de los denunciantes as� como canales de denuncia espec韋icos. Esos actos tambi閚 prev閚 la protecci髇 frente a represalias de los trabajadores que informen sobre sus propios errores cometidos de buena fe (la denominada 玞ultura de la equidad�). Es necesario complementar los elementos existentes de protecci髇 de los denunciantes en ambos sectores, as� como proporcionar dicha protecci髇 en otros medios de transporte, a saber, el transporte por v韆s navegables, carretera y ferrocarril, para mejorar la aplicaci髇 de las normas de seguridad aplicables a esos medios de transporte.
• (10) En lo que ata馿 al 醡bito de protecci髇 del medio ambiente, reunir pruebas, prevenir, detectar y afrontar los delitos contra el medio ambiente y las conductas il韈itas sigue siendo un reto y las acciones al respecto deben reforzarse, tal como reconoce la Comisi髇 en su comunicaci髇 de 18 de enero de 2018, titulada 獳cciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental�. Habida cuenta de que antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, las 鷑icas normas existentes sobre protecci髇 de los denunciantes relacionadas con la protecci髇 del medio ambiente figuran en un 鷑ico acto sectorial, a saber, la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) , la introducci髇 de tal protecci髇 es necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo del acervo de la Uni髇 en materia medioambiental, cuyo incumplimiento puede provocar perjuicios para el inter閟 p鷅lico y posibles efectos colaterales m醩 all� de las fronteras nacionales. La introducci髇 de tal protecci髇 tambi閚 es pertinente en los casos en que productos que no sean seguros pueden causar da駉s al medio ambiente.
• (11) Mejorar la protecci髇 de los denunciantes favorecer韆 tambi閚 la prevenci髇 y disuasi髇 de infracciones de las normas de la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica en materia de seguridad nuclear, protecci髇 frente a las radiaciones y gesti髇 responsable y segura del combustible que se consume y los residuos radiactivos. Tambi閚 reforzar韆 la ejecuci髇 de las correspondientes disposiciones de la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo (12) relativas al fomento y mejora de una cultura de seguridad nuclear efectiva y, en particular, su art韈ulo 8 ter, apartado 2, letra a), que exige, entre otras cosas, que la autoridad reguladora competente establezca sistemas de gesti髇 que concedan la debida prioridad a la seguridad nuclear y promuevan, en todos los niveles de personal y direcci髇, la capacidad de cuestionar si se aplican efectivamente los principios y pr醕ticas de seguridad pertinentes y de informar de manera oportuna sobre cuestiones de seguridad.
• (12) La introducci髇 de un marco de protecci髇 de los denunciantes tambi閚 contribuir韆 a reforzar la ejecuci髇 de las disposiciones existentes y prevenir las infracciones de las normas de la Uni髇 en el 醡bito de la cadena alimentaria, y en particular en la seguridad de los alimentos y los piensos, as� como de la sanidad, la protecci髇 y el bienestar de los animales. Las diferentes normas de la Uni髇 establecidas en estos 醡bitos est醤 estrechamente interrelacionadas. El Reglamento (CE) n.� 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) establece los principios generales y los requisitos que subyacen a todas las medidas de la Uni髇 y nacionales relativas a piensos y alimentos, con especial atenci髇 a la seguridad alimentaria, al objeto de garantizar un elevado nivel de protecci髇 de la salud humana y los intereses de los consumidores en relaci髇 con los alimentos, as� como el funcionamiento eficaz del mercado interior. Ese Reglamento establece, entre otras disposiciones, que las empresas alimentarias y de piensos no pueden disuadir a sus trabajadores y a otras personas de cooperar con las autoridades competentes cuando tal cooperaci髇 permita prevenir, reducir o eliminar un riesgo resultante de un alimento. El legislador de la Uni髇 ha adoptado un enfoque similar en el 醡bito de la legislaci髇 sobre sanidad animal mediante el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) , por el que se establecen disposiciones para la prevenci髇 y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o a los seres humanos, y en el 醡bito de la protecci髇 y el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas, de los animales utilizados para fines cient韋icos, de los animales durante el transporte y de los animales en el momento de la matanza, mediante la Directiva 98/58/CE del Consejo (15) y la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) , as� como los Reglamentos (CE) n� 1/2005 (17) y (CE) n.� 1099/2009 (18) del Consejo, respectivamente.
• (13) La informaci髇 sobre infracciones por parte de los denunciantes puede ser la clave para detectar y prevenir, reducir o eliminar los riesgos para la salud p鷅lica y la protecci髇 de los consumidores derivados de infracciones de las normas de la Uni髇 que, en otros casos, podr韆n quedar ocultos. En particular, la protecci髇 de los consumidores tambi閚 est� estrechamente vinculada a casos en que productos no seguros pueden causar importantes perjuicios a los consumidores.
• (14) El respeto de la privacidad y la protecci髇 de los datos de car醕ter personal, amparados como derechos fundamentales en los art韈ulos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�), son otros 醡bitos en los que los denunciantes pueden contribuir a la revelaci髇 de infracciones que puedan perjudicar el inter閟 p鷅lico. Los denunciantes tambi閚 pueden ayudar a revelar infracciones de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) sobre la seguridad de las redes y los sistemas de informaci髇 que introduce el requisito de notificar incidentes, incluidos los que no pongan en peligro los datos personales, y requisitos de seguridad para las entidades que prestan servicios esenciales en numerosos sectores, por ejemplo la energ韆, la salud, el transporte y la banca, para los proveedores de servicios digitales clave, por ejemplo, servicios de computaci髇 en nube, y para los suministradores de bienes b醩icos como el agua, la electricidad o el gas. Las denuncias de los denunciantes en este 醡bito son especialmente 鷗iles a fin de prevenir incidentes de seguridad que afecten a actividades econ髆icas y sociales fundamentales y a servicios digitales de uso generalizado, as� como para prevenir toda infracci髇 de las normas de la Uni髇 en materia de protecci髇 de datos. Dichas denuncias contribuyen a garantizar la continuidad de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el bienestar de la sociedad.
• (15) Adem醩, la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇 relacionados con la lucha contra el fraude, la corrupci髇 y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los gastos, la recaudaci髇 de ingresos y los fondos o activos de la Uni髇 es un 醡bito clave en el que la aplicaci髇 del Derecho de la Uni髇 debe reforzarse. Tambi閚 es pertinente reforzar la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇 para la ejecuci髇 del presupuesto de la Uni髇 por lo que se refiere a los gastos en que se incurre sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica (Tratado Euratom). La falta de aplicaci髇 efectiva en el 醡bito de la protecci髇 de los intereses financieros de la Uni髇, incluida la prevenci髇 del fraude y la corrupci髇 a escala nacional, conduce a un descenso de los ingresos de la Uni髇 y un uso indebido de sus fondos, que puede falsear las inversiones p鷅licas, dificultar el crecimiento y socavar la confianza de los ciudadanos en la acci髇 de la Uni髇. El art韈ulo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) insta a la Uni髇 y a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Uni髇. Las medidas pertinentes de la Uni髇 a este respecto incluyen, en particular, el Reglamento (CE, Euratom) n.� 2988/95 del Consejo (20) y el Reglamento (UE, Euratom) n.� 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) . El Reglamento (CE, Euratom) n.� 2988/95 ha sido completado, para los tipos m醩 graves de conductas relacionadas con el fraude, por la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) , y por el Convenio establecido sobre la base del art韈ulo K.3 del Tratado de la Uni髇 Europea, relativo a la protecci髇 de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995 (23) , incluidos sus protocolos de 27 de septiembre de 1996 (24) , de 29 de noviembre de 1996 (25) y de 19 de junio de 1997 (26) . Los citados Convenio y protocolos permanecen en vigor para los Estados miembros no vinculados por la Directiva (UE) 2017/1371.
• (16) Tambi閚 se deben establecer normas m韓imas comunes para la protecci髇 de los denunciantes de infracciones relativas al mercado interior a que se refiere el art韈ulo 26, apartado 2, del TFUE. Adem醩, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 玊ribunal de Justicia�), las medidas de la Uni髇 destinadas establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento tienen el objetivo de contribuir a la eliminaci髇 de los obst醕ulos existentes o emergentes a la libre circulaci髇 de mercanc韆s o a la libre prestaci髇 de servicios, as� como a contribuir a la supresi髇 de los falseamientos de la competencia.
• (17) Espec韋icamente, la protecci髇 de los denunciantes para reforzar la aplicaci髇 del Derecho de la Uni髇 en materia de competencia, incluidas las ayudas otorgadas por los Estados, servir韆 para proteger el funcionamiento eficiente de los mercados de la Uni髇, permitir la igualdad de condiciones para las empresas y ofrecer beneficios a los consumidores. En lo que ata馿 a las normas de competencia aplicables a las empresas, la importancia de la informaci髇 privilegiada para la detecci髇 de las infracciones del Derecho de la competencia ya ha sido reconocida en la pol韙ica de clemencia seguida por la Comisi髇 en virtud del art韈ulo 4 bis del Reglamento (CE) n�773/2004 de la Comisi髇 (27) y con la reciente introducci髇 por la Comisi髇 de un instrumento de denunciante an髇imo. Las infracciones relativas al Derecho de la competencia y las normas de ayudas otorgadas por los Estados afectan a los art韈ulos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE y a normas de Derecho derivado adoptadas para su aplicaci髇.
• (18) Las infracciones de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y las pr醕ticas cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal y eludir las obligaciones legales, desvirtuando el objeto o la finalidad de la ley del impuesto sobre sociedades aplicable, afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior. Dichas infracciones y pr醕ticas pueden dar lugar a una competencia fiscal desleal y a una amplia evasi髇 fiscal, que falsea las condiciones de competencia equitativas para las empresas, y que redunda en una p閞dida de ingresos fiscales para los Estados miembros y el presupuesto de la Uni髇 en su conjunto. La presente Directiva debe proporcionar protecci髇 frente a represalias para las personas que denuncien pr醕ticas fraudulentas y/o de evasi髇 fiscal que de otro modo no ser韆n detectadas, con vistas a reforzar la capacidad de las autoridades competentes para proteger el buen funcionamiento del mercado interior y eliminar los falseamientos y los obst醕ulos al comercio que afecten a la competitividad de las empresas en el mercado interior, que est醤 relacionados directamente con las normas sobre libre circulaci髇 y son tambi閚 pertinentes para la aplicaci髇 de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados. La protecci髇 de los denunciantes tal como se establece en la presente Directiva se sumar韆 a las recientes iniciativas de la Comisi髇 destinadas a mejorar la transparencia y el intercambio de informaci髇 en el 醡bito de la fiscalidad y a crear un entorno del impuesto sobre sociedades m醩 justo en la Uni髇, con el fin de aumentar la eficacia de los Estados miembros en la identificaci髇 de pr醕ticas fraudulentas y/o de evasi髇 fiscal, y ayudar韆 a impedir dichas pr醕ticas. No obstante, la presente Directiva no armoniza disposiciones en materia de impuestos, ya sean sustantivas o de procedimiento, y no pretende reforzar la ejecuci髇 de las normas nacionales relativas al impuesto sobre sociedades, sin perjuicio de la posibilidad para los Estados miembros de utilizar la informaci髇 denunciada con dicha finalidad.
• (19) El art韈ulo 2, apartado 1, letra a), define el 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva mediante remisi髇 a una lista de actos de la Uni髇 que figura en el anexo. Ello implica que, cuando dichos actos de la Uni髇 definen a su vez su 醡bito de aplicaci髇 material mediante remisi髇 a actos de la Uni髇 enumerados en sus anexos, dichos actos tambi閚 forman parte del 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva. Adem醩, se debe entender que la remisi髇 a los actos del anexo incluye todas las medidas delegadas y de ejecuci髇 nacionales y de la Uni髇 que se hayan adoptado con arreglo a dichos actos. Asimismo, se debe entender la remisi髇 a los actos de la Uni髇 que figuran anexo como una referencia din醡ica, de conformidad con el sistema normal para hacer referencia a los actos jur韉icos de la Uni髇. De este modo, si un acto de la Uni髇 que figura en el anexo ha sido modificado o se modifica, la remisi髇 se hace al acto modificado; si un acto de la Uni髇 que figura en el anexo ha sido sustituido o se sustituye, la remisi髇 se hace al nuevo acto.
• (20) Determinados actos de la Uni髇, en particular en el 醡bito de los servicios financieros, como el Reglamento (UE) n.� 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (28) y la Directiva de Ejecuci髇 (UE) 2015/2392 de la Comisi髇 (29) , adoptada sobre la base de dicho Reglamento, ya contienen normas detalladas sobre protecci髇 de denunciantes. Se debe mantener toda norma espec韋ica al respecto establecida en dicha legislaci髇 vigente de la Uni髇, incluidos los actos de la Uni髇 enumerados en la parte II del anexo de la presente Directiva, que se adaptan a los sectores correspondientes. Este aspecto es especialmente importante para determinar qu� entidades con personalidad jur韉ica en el 醡bito de los servicios financieros, la prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo est醤 actualmente obligadas a establecer canales de denuncia interna. Al mismo tiempo y a fin de garantizar la coherencia y la seguridad jur韉ica en todos los Estados miembros, la presente Directiva debe ser de aplicaci髇 en todos los 醡bitos no regulados por actos sectoriales espec韋icos, y por tanto deben completar dichos actos, de modo que sean plenamente acordes con las normas m韓imas. En particular, la presente Directiva debe concretar m醩 el dise駉 de los canales de denuncia interna y externa, las obligaciones de las autoridades competentes y las formas de protecci髇 espec韋icas que hayan de establecerse en el 醡bito nacional contra las represalias. A ese respecto, el art韈ulo 28, apartado 4, del Reglamento (UE) n.� 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) dispone la posibilidad de que los Estados miembros creen un canal de denuncia interna en el 醡bito regulado por dicho Reglamento. Para mantener la coherencia con las normas m韓imas establecidas en la presente Directiva, la obligaci髇 de crear canales de denuncia interna prevista en la presente Directiva, debe tambi閚 aplicarse respecto del Reglamento (UE) n� 1286/2014.
• (21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protecci髇 otorgada a los trabajadores cuando informen sobre infracciones del Derecho de la Uni髇 en materia laboral. En particular, en el 醡bito de la salud y la seguridad en el trabajo, el art韈ulo 11 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo (31) ya obliga a los Estados miembros a velar por que los trabajadores o los representantes de los trabajadores no sufran perjuicios a causa de sus peticiones o propuestas a los empresarios para que tomen medidas adecuadas para paliar cualquier riesgo para los trabajadores o eliminar las fuentes de riesgo. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho en virtud de esa Directiva a plantear cuestiones ante la autoridad competente si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
• (22) Los Estados miembros podr韆n decidir que las denuncias relativas a reclamaciones interpersonales que afecten exclusivamente al denunciante, a saber, reclamaciones sobre conflictos interpersonales entre el denunciante y otro trabajador, puedan ser canalizadas hacia otros procedimientos.
• (23) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protecci髇 que otorgan los procedimientos de denuncia de posibles actividades ilegales, como el fraude o la corrupci髇, que son perjudiciales para los intereses de la Uni髇, o de una conducta relacionada con el desempe駉 de las actividades profesionales que pueda constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios y otros agentes de la Uni髇 Europea establecidas en virtud de los art韈ulos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios de la Uni髇 Europea y r間imen aplicable a los otros agentes de la Uni髇 Europea, que figura en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.� 259/68 del Consejo (32) . La presente Directiva debe aplicarse cuando los funcionarios y otros agentes de la Uni髇 informen sobre infracciones que sucedan en un contexto laboral al margen de su relaci髇 laboral con las instituciones, 髍ganos u organismos de la Uni髇.
• (24) La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. La presente Directiva no debe aplicarse a las denuncias de infracciones en materia de contrataci髇 p鷅lica que afecten a aspectos de la defensa o la seguridad cuando estos est閚 cubiertos por el art韈ulo 346 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Si los Estados miembros decidieran ampliar la protecci髇 que ofrece la presente Directiva a otros 醡bitos o actos que no entren dentro de su 醡bito de aplicaci髇 material, han de poder adoptar disposiciones espec韋icas para proteger los intereses esenciales de su seguridad nacional a tal respecto.
• (25) La presente Directiva tambi閚 debe entenderse sin perjuicio de la protecci髇 de la informaci髇 clasificada que el Derecho de la Uni髇 o las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuesti髇 requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. Adem醩, la presente Directiva no debe afectar a las obligaciones derivadas de la Decisi髇 2013/488/UE del Consejo (33) o de la Decisi髇 (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisi髇 (34) .
• (26) La presente Directiva no debe afectar a la protecci髇 de la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes (玴rerrogativa de secreto profesional en la relaci髇 cliente-abogado�) tal como se establezca en el Derecho nacional y, en su caso, en el Derecho de la Uni髇, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adem醩, la presente Directiva no debe afectar a la obligaci髇 que tienen los prestadores de asistencia sanitaria, incluidos los terapeutas, de mantener la confidencialidad de las comunicaciones con sus pacientes y de las historias cl韓icas (玸ecreto profesional m閐ico�) tal como se establezca en el Derecho nacional y de la Uni髇.
• (27) Los miembros de otras profesiones que no sean los abogados y los prestadores de asistencia sanitaria han de poder acogerse a protecci髇 al amparo de la presente Directiva cuando comunican informaci髇 protegida por las normas profesionales aplicables, siempre que la comunicaci髇 de dicha informaci髇 sea necesaria a los efectos de revelar una infracci髇 que entre dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (28) Si bien la presente Directiva debe establecer, en determinadas condiciones, una exenci髇 limitada de responsabilidad, incluida la responsabilidad penal, en caso de violaci髇 de la confidencialidad, ello no debe afectar a las normas nacionales relativas al proceso penal, especialmente a las destinadas a proteger la integridad de las investigaciones y procedimientos o los derechos de defensa de las personas afectadas. Ello debe entenderse sin perjuicio de la introducci髇 de medidas de protecci髇 en otros tipos de Derecho procesal nacional, en particular, la inversi髇 de la carga de la prueba en los procedimientos nacionales administrativos, civiles o laborales.
• (29) La presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales sobre el ejercicio de los derechos de informaci髇, consulta y participaci髇 en las negociaciones colectivas de los representantes de los trabajadores ni a sus derechos en materia de defensa de los trabajadores. Todo ello debe entenderse sin perjuicio del nivel de protecci髇 otorgado en virtud de la presente Directiva.
• (30) La presente Directiva no debe aplicarse en casos en los que personas que, habiendo prestado su consentimiento informado, hayan sido identificadas como informantes o registradas como tales en bases de datos gestionadas por autoridades designadas a nivel nacional, como las autoridades aduaneras, y que informen sobre infracciones ante las autoridades responsables de aplicar el Derecho a cambio de una compensaci髇 o recompensa. Dicha informaci髇 se comunica de conformidad con procedimientos espec韋icos que tienen como objetivo garantizar el anonimato de esas personas para proteger su integridad f韘ica, y que son distintos de los canales de denuncia que establece la presente Directiva.
• (31) Las personas que comunican informaci髇 sobre amenazas o perjuicios para el inter閟 p鷅lico obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresi髇. El derecho a la libertad de expresi髇 y de informaci髇, consagrado en el art韈ulo 11 de la Carta y en el art韈ulo 10 del Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluye el derecho a recibir y comunicar informaciones, as� como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇. En consecuencia, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el derecho a la libertad de expresi髇 y en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendaci髇 sobre protecci髇 de los denunciantes adoptada por su Comit� de ministros el 30 de abril de 2014.
• (32) Para gozar de protecci髇 al amparo de la presente Directiva, los denunciantes deben tener motivos razonables para creer, a la luz de las circunstancias y de la informaci髇 de que dispongan en el momento de la denuncia, que los hechos que denuncian son ciertos. Ese requisito es una salvaguardia esencial frente a denuncias malintencionadas, fr韛olas o abusivas, para garantizar que quienes, en el momento de denunciar, comuniquen deliberada y conscientemente informaci髇 incorrecta o enga駉sa no gocen de protecci髇. Al mismo tiempo, el requisito garantiza que la protecci髇 no se pierda cuando el denunciante comunique informaci髇 inexacta sobre infracciones por error cometido de buena fe. De manera similar, los denunciantes deben tener derecho a protecci髇 en virtud de la presente Directiva si tienen motivos razonables para creer que la informaci髇 comunicada entra dentro de su 醡bito de aplicaci髇. Los motivos de los denunciantes al denunciar deben ser irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protecci髇.
• (33) En general, los denunciantes se sienten m醩 c髆odos denunciando por canales internos, a menos que tengan motivos para denunciar por canales externos. Estudios emp韗icos demuestran que la mayor韆 de los denunciantes tienden a denunciar por canales internos, dentro de la organizaci髇 en la que trabajan. La denuncia interna es tambi閚 el mejor modo de recabar informaci髇 de las personas que pueden contribuir a resolver con prontitud y efectividad los riesgos para el inter閟 p鷅lico. Al mismo tiempo, el denunciante debe poder elegir el canal de denuncia m醩 adecuado en funci髇 de las circunstancias particulares del caso. Adem醩, es necesario proteger la revelaci髇 p鷅lica de informaci髇, teniendo en cuenta principios democr醫icos tales como la transparencia y la rendici髇 de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresi髇 y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇, al tiempo que se encuentra un equilibrio entre el inter閟 de los empresarios en la gesti髇 de sus organizaciones y la defensa de sus intereses, por un lado, y el inter閟 de los ciudadanos en que se los proteja contra todo perjuicio, por otro, conforme a los criterios desarrollados por la jurisprudencia del TEDH.
• (34) Sin perjuicio de las obligaciones vigentes de disponer la denuncia an髇ima en virtud del Derecho de la Uni髇, debe ser posible para los Estados miembros decidir si se requiere a las entidades jur韉icas de los sectores privado y p鷅lico y a las autoridades competentes que acepten y sigan denuncias an髇imas de infracciones que entren en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. No obstante, las personas que denuncien de forma an髇ima o hagan revelaciones p鷅licas de forma an髇ima dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva y cumplan sus condiciones deben gozar de protecci髇 en virtud de la presente Directiva si posteriormente son identificadas y sufren represalias.
• (35) La presente Directiva debe conceder protecci髇 cuando, de conformidad con la legislaci髇 de la Uni髇, las personas denuncien ante instituciones, 髍ganos y organismos de la Uni髇, por ejemplo, en el contexto de un fraude al presupuesto de la Uni髇.
• (36) Las personas necesitan protecci髇 jur韉ica espec韋ica cuando obtienen la informaci髇 que comunican con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales, por ejemplo, por incumplir la obligaci髇 de confidencialidad o de lealtad. La raz髇 subyacente para prestarles protecci髇 es su posici髇 de vulnerabilidad econ髆ica frente a la persona de la que dependen de facto a efectos laborales. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado con el trabajo, por ejemplo, en el caso de demandantes ordinarios o testigos, no es necesaria la protecci髇 frente a represalias.
• (37) La ejecuci髇 efectiva del Derecho de la Uni髇 exige que debe otorgarse protecci髇 a la gama m醩 amplia posible de categor韆s de personas que, independientemente de que sean ciudadanos de la Uni髇 o nacionales de un tercer pa韘, en virtud de sus actividades laborales, con independencia de su naturaleza y de si son retribuidas, disponen de un acceso privilegiado a informaci髇 sobre infracciones que redundar韆 en inter閟 de los ciudadanos denunciar y que pueden sufrir represalias si lo hacen. Los Estados miembros deben garantizar que la necesidad de protecci髇 se determine atendiendo a todas las circunstancias pertinentes y no solo a la naturaleza de la relaci髇, para amparar al conjunto de personas vinculadas a la organizaci髇, en sentido amplio, en la que se haya cometido la infracci髇.
• (38) La protecci髇, en primer lugar, debe aplicarse a la persona que tenga la condici髇 de 玹rabajador� en el sentido del art韈ulo 45, apartado 1, del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, es decir, a la persona que lleva a cabo, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo su direcci髇, determinadas prestaciones a cambio de una retribuci髇. Por lo tanto, la protecci髇 debe concederse tambi閚 a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales at韕icas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duraci髇 determinada, as� como a las personas con un contrato de trabajo o una relaci髇 laboral con una empresa de trabajo temporal, relaciones laborales precarias en las que las formas habituales de protecci髇 frente a un trato injusto resultan a menudo dif韈iles de aplicar. El concepto de 玹rabajador� tambi閚 incluye a los funcionarios, a los empleados del servicio p鷅lico, as� como a cualquier otra persona que trabaje en el sector p鷅lico.
• (39) La protecci髇 debe extenderse tambi閚 a otras categor韆s de personas f韘icas que, sin ser 玹rabajadores� en el sentido del art韈ulo 45, apartado 1, del TFUE, puedan desempe馻r un papel clave a la hora de denunciar infracciones del Derecho de la Uni髇 y que puedan encontrarse en una situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica en el contexto de sus actividades laborales. Por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad de los productos, los proveedores est醤 mucho m醩 cerca de la fuente de informaci髇 sobre posibles pr醕ticas abusivas e il韈itas de fabricaci髇, importaci髇 o distribuci髇 de productos inseguros; y respecto de la ejecuci髇 de los fondos de la Uni髇, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posici髇 privilegiada para llamar la atenci髇 sobre las infracciones que presencien. Dichas categor韆s de personas, que incluyen a los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales aut髇omos, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias, que pueden adoptar la forma, por ejemplo, de finalizaci髇 anticipada o anulaci髇 de un contrato de servicios, una licencia o un permiso, de p閞didas de negocios o de ingresos, coacciones, intimidaciones o acoso, inclusi髇 en listas negras o boicot a empresas o da駉 a su reputaci髇. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos tambi閚 pueden sufrir represalias, por ejemplo, en t閞minos financieros o en forma de intimidaci髇 o acoso, inclusi髇 en listas negras o da駉 a su reputaci髇. Debe concederse tambi閚 protecci髇 a las personas cuya relaci髇 laboral haya terminado y a los aspirantes a un empleo o a personas que buscan prestar servicios en una organizaci髇 que obtengan informaci髇 sobre infracciones durante el proceso de contrataci髇 u otra fase de negociaci髇 precontractual y puedan sufrir represalias, por ejemplo, en forma de referencias de trabajo negativas, inclusi髇 en listas negras o boicot a su actividad empresarial.
• (40) Una protecci髇 eficiente de los denunciantes tambi閚 implica la protecci髇 de otras categor韆s de personas que, aunque no dependan econ髆icamente de sus actividades laborales, pueden, no obstante, sufrir represalias por denunciar infracciones. Las represalias contra voluntarios y trabajadores en pr醕ticas que perciben o no una remuneraci髇 pueden consistir en prescindir de sus servicios, en dar referencias de trabajo negativas o en da馻r de alg鷑 modo su reputaci髇 o sus perspectivas profesionales.
• (41) Debe facilitarse protecci髇 frente a medidas de represalia tomadas no solo directamente contra el propio denunciante, sino tambi閚 aquellas que puedan tomarse indirectamente, incluso contra facilitadores, compa馿ros de trabajo o familiares del denunciante que tambi閚 mantengan una relaci髇 laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante. Sin perjuicio de la protecci髇 de la que gozan los representantes sindicales o los representantes de los trabajadores en su condici髇 de tales en virtud de otras normas de la Uni髇 y nacionales, deben gozar de la protecci髇 prevista en la presente Directiva tanto si denuncian infracciones en su calidad de trabajadores como si han prestado asesoramiento y apoyo al denunciante. Las represalias indirectas incluyen asimismo acciones tomadas contra la entidad jur韉ica de la que el denunciante sea propietario, para la que trabaje o con la que est� relacionado de otra forma en un contexto laboral, como la denegaci髇 de prestaci髇 de servicios, la inclusi髇 en listas negras o el boicot a su actividad empresarial.
• (42) La detecci髇 y la prevenci髇 efectivas de perjuicios graves para el inter閟 p鷅lico exige que el concepto de infracci髇 incluya tambi閚 pr醕ticas abusivas, como establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a saber, actos u omisiones que no parecen il韈itos desde el punto de vista formal, pero que desvirt鷄n el objeto o la finalidad de la ley.
• (43) Una prevenci髇 efectiva de las infracciones del Derecho de la Uni髇 exige que se conceda protecci髇 a las personas que faciliten informaci髇 necesaria para revelar infracciones que ya hayan ocurrido, infracciones que no se hayan materializado todav韆, pero que muy probablemente se vayan a cometer, actos u omisiones que el denunciante tenga motivos razonables para considerar infracciones, as� como intentos de ocultar infracciones. Por las mismas razones, tambi閚 est� justificada la protecci髇 para las personas que no aporten pruebas concluyentes pero que planteen dudas o sospechas razonables. Al mismo tiempo, no debe protegerse a personas que comuniquen informaci髇 que ya est� completamente disponible para el p鷅lico, o rumores y habladur韆s no confirmados.
• (44) Debe existir una estrecha relaci髇 entre la denuncia y el trato desfavorable sufrido, directa o indirectamente, por el denunciante, para que dicho trato desfavorable sea considerado una represalia y, por consiguiente, el denunciante pueda gozar de protecci髇 jur韉ica al respecto. La protecci髇 efectiva de los denunciantes como medio para potenciar el cumplimiento del Derecho de la Uni髇 requiere una definici髇 amplia de represalia que comprenda todo acto u omisi髇 que se produzca en un contexto laboral y que les cause un perjuicio. No obstante, la presente Directiva no debe impedir que los empresarios tomen decisiones laborales que no sean consecuencia de la denuncia o la revelaci髇 p鷅lica.
• (45) La protecci髇 frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad de expresi髇 y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicaci髇 debe otorgarse tanto a las personas que comunican informaci髇 sobre actos u omisiones en una organizaci髇 (玠enuncia interna�) o a una autoridad externa (玠enuncia externa�) como a las personas que ponen dicha informaci髇 a disposici髇 del p鷅lico, por ejemplo, directamente a trav閟 de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicaci髇, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones profesionales y empresariales.
• (46) En especial, los denunciantes constituyen fuentes importantes para los periodistas de investigaci髇. Ofrecer una protecci髇 efectiva a los denunciantes frente a represalias aumenta la seguridad jur韉ica de los denunciantes potenciales y de esta forma incentiva que se informe sobre infracciones tambi閚 a trav閟 de los medios de comunicaci髇. A este respecto, la protecci髇 de los denunciantes como fuente de informaciones period韘ticas es crucial para salvaguardar la funci髇 de guardi醤 que el periodismo de investigaci髇 desempe馻 en las sociedades democr醫icas.
• (47) Para la detecci髇 y prevenci髇 efectivas de infracciones del Derecho de la Uni髇 es fundamental, en la medida de lo posible, que la informaci髇 pertinente llegue r醦idamente a quienes est醤 m醩 pr髕imos a la fuente del problema y tienen m醩 posibilidades de investigarlo y competencias para remediarlo. As� pues, por principio, debe animarse a los denunciantes a utilizar en primer lugar los canales de denuncia interna e informar a su empleador, si dichos canales est醤 a su disposici髇 y puede esperarse razonablemente que funcionen. Tal es el caso, en particular, cuando los denunciantes piensen que la infracci髇 puede tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente organizaci髇 y que no hay riesgo de represalias. Como consecuencia, las entidades jur韉icas de los sectores privado y p鷅lico deben establecer procedimientos internos adecuados para la recepci髇 y el seguimiento de denuncias. Ese incentivo tambi閚 es oportuno en casos en que se hayan establecido dichos canales sin que el Derecho de la Uni髇 o nacional lo exija. Este principio debe contribuir a fomentar una cultura de buena comunicaci髇 y responsabilidad social empresarial en las organizaciones, en virtud de la cual se considere que los denunciantes contribuyen de manera significativa a la autocorrecci髇 y la excelencia dentro de la organizaci髇.
• (48) En el caso de entidades jur韉icas del sector privado, la obligaci髇 de establecer canales de denuncia interna debe guardar proporci髇 con su tama駉 y el nivel de riesgo que sus actividades suponen para el inter閟 p鷅lico. Las empresas con 50 o m醩 trabajadores deben estar sujetas a la obligaci髇 de establecer canales de denuncia interna, con independencia de la naturaleza de sus actividades, sobre la base de su deber de recaudar el IVA. Tras una evaluaci髇 adecuada del riesgo, los Estados miembros pueden tambi閚 exigir a otras empresas que establezcan canales de denuncia interna en casos espec韋icos, por ejemplo, debido a riesgos importantes derivados de sus actividades.
• (49) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros alienten a las entidades jur韉icas del sector privado con menos de 50 trabajadores a establecer canales de denuncia interna y seguimiento, incluso estableciendo, para dichos canales, requisitos menos preceptivos que los establecidos en la presente Directiva, siempre que dichos requisitos garanticen la confidencialidad y el seguimiento diligente de la denuncia.
• (50) La exenci髇 de las peque馻s empresas y las microempresas de la obligaci髇 de establecer canales de denuncia interna no debe aplicarse a las empresas privadas que est閚 obligadas a establecerlos en virtud de los actos de la Uni髇 a que se refieren las partes I.B y II del anexo.
• (51) Debe quedar claro que, en el caso de entidades jur韉icas del sector privado que no prevean canales de denuncia interna, los denunciantes deben poder informar externamente a las autoridades competentes y dichos denunciantes deben gozar de la protecci髇 frente a represalias que contempla la presente Directiva.
• (52) A fin de garantizar, en particular, el respeto de las normas de contrataci髇 p鷅lica en el sector p鷅lico, la obligaci髇 de establecer canales de denuncia interna debe aplicarse a todas las autoridades contratantes y entidades contratantes a nivel local, regional y nacional, pero de forma que guarde proporci髇 con su tama駉.
• (53) Siempre que se garantice la confidencialidad de la identidad del denunciante, corresponde a cada entidad jur韉ica individual del sector privado y p鷅lico definir el tipo de canales de denuncia que se hayan de establecer. M醩 concretamente, los canales de denuncia deben permitir que las personas denuncien por escrito y que lo puedan hacer por correo, a trav閟 de un buz髇 f韘ico destinado a recoger denuncias o a trav閟 de una plataforma en l韓ea, ya sea en la intranet o en internet, o que denuncien verbalmente, por l韓ea de atenci髇 telef髇ica o a trav閟 de otro sistema de mensajer韆 vocal, o ambos. A petici髇 del denunciante, dichos canales deben tambi閚 permitir denunciar mediante la celebraci髇 de reuniones presenciales en un plazo razonable.
• (54) Tambi閚 se puede autorizar a terceros a recibir denuncias de infracciones en nombre de entidades jur韉icas de los sectores privado y p鷅lico, siempre que ofrezcan garant韆s adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protecci髇 de datos y el secreto. Dichos terceros pueden ser proveedores de plataformas de denuncia externa, asesores externos, auditores, representantes sindicales o representantes de los trabajadores.
• (55) Los procedimientos de denuncia interna deben permitir a entidades jur韉icas del sector privado recibir e investigar con total confidencialidad denuncias de los trabajadores de la entidad y de sus filiales (en lo sucesivo, 玤rupo�), pero tambi閚, en la medida de lo posible, de cualquiera de los agentes y proveedores del grupo y de cualquier persona que acceda a la informaci髇 a trav閟 de sus actividades laborales relacionadas con la entidad y el grupo.
• (56) La elecci髇 de las personas o departamentos de una entidad jur韉ica del sector privado m醩 adecuados para encomendarles la recepci髇 y seguimiento de las denuncias depende de la estructura de la entidad, pero, en cualquier caso, su funci髇 debe permitir garantizar la independencia y la ausencia de conflictos de intereses. En las entidades de menor tama駉, podr韆 tratarse de una funci髇 dual a cargo de un ejecutivo de la sociedad bien situado para comunicarse directamente con la direcci髇 de la entidad, por ejemplo, un responsable de cumplimiento normativo o de recursos humanos, un responsable de la integridad, un responsable de asuntos jur韉icos o de la privacidad, un responsable financiero, un responsable de auditor韆 o un miembro del consejo de administraci髇.
• (57) En el contexto de la denuncia interna de infracciones, informar al denunciante, en la medida de lo jur韉icamente posible y de la manera m醩 completa posible, sobre el seguimiento de la denuncia es crucial para generar confianza en la eficacia del sistema de protecci髇 de los denunciantes y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias o revelaciones p鷅licas innecesarias. Debe informarse al denunciante, en un plazo razonable, de las acciones previstas o adoptadas para seguir la denuncia y los motivos para elegir dicho seguimiento. El seguimiento puede incluir, por ejemplo, la remisi髇 a otros canales o procedimientos cuando la denuncia afecte exclusivamente a los derechos individuales del denunciante, archivo del procedimiento debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos, puesta en marcha de una investigaci髇 interna y, en su caso, a sus resultados y toda medida adoptada para abordar el problema planteado, remisi髇 a una autoridad competente para proseguir la investigaci髇 en la medida en que dicha informaci髇 no afecte a la investigaci髇 interna o a los derechos del interesado. En todos los casos, el denunciante debe ser informado de los avances y el resultado de la investigaci髇. En el transcurso de la investigaci髇, debe ser posible pedir al denunciante que proporcione informaci髇 adicional, aunque no exista ninguna obligaci髇 de hacerlo.
• (58) Un plazo razonable para informar al denunciante no debe exceder de tres meses. Cuando todav韆 se est� considerando el seguimiento apropiado, el denunciante debe ser informado de ello, as� como de cualquier otra respuesta que haya de esperar.
• (59) Las personas que est閚 considerando la posibilidad de denunciar infracciones del Derecho de la Uni髇 deben poder tomar una decisi髇 fundada sobre su conveniencia, y sobre cu醤do y c髆o hacerlo. Las entidades jur韉icas de los sectores privado y p鷅lico que dispongan de procedimientos de denuncia interna deben facilitar informaci髇 sobre estos, as� como sobre los procedimientos de denuncia externa a las autoridades competentes. Es esencial que esa informaci髇 sea clara y f醕ilmente accesible incluso, en la mayor medida posible, para personas que no sean los trabajadores que est閚 en contacto con la entidad debido a sus actividades laborales, tales como prestadores de servicios, distribuidores, proveedores y socios comerciales. Por ejemplo, dicha informaci髇 podr韆 exponerse en un lugar visible que sea accesible a todas estas personas y en el sitio web de la entidad, y podr韆 tambi閚 incluirse en cursos y seminarios de formaci髇 sobre 閠ica e integridad.
• (60) La prevenci髇 y detecci髇 efectivas de infracciones del Derecho de la Uni髇 requiere garantizar que los denunciantes potenciales puedan aportar f醕ilmente y con total confidencialidad la informaci髇 de que dispongan a las autoridades competentes que puedan investigar y solventar el problema, cuando sea posible.
• (61) Puede darse el caso de que no existan canales internos o de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente, por ejemplo, porque la denuncia no se haya seguido con diligencia o en un plazo razonable, o no se haya tomado ninguna medida adecuada para tratar la infracci髇 a pesar del resultado de la correspondiente investigaci髇 interna confirmando la existencia de una infracci髇.
• (62) En otros casos, no puede esperarse razonablemente que los canales internos funcionen adecuadamente. Este es el caso, en particular, cuando los denunciantes tengan razones v醠idas para pensar que podr韆n sufrir represalias en relaci髇 con la denuncia de infracciones, en particular como resultado de una vulneraci髇 de su confidencialidad, y que las autoridades competentes estar韆n mejor situadas para adoptar medidas eficaces para ocuparse de la infracci髇. Las autoridades competentes podr韆n estar mejor situadas, por ejemplo, cuando el responsable 鷏timo en el contexto laboral est� implicado en la infracci髇, o existe el riesgo de que se oculten o destruyan la infracci髇 o las pruebas conexas o, de manera m醩 general, porque la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes podr韆 verse amenazada de otra manera, como en el caso de que se denuncien pr醕ticas colusorias u otras infracciones de las normas en materia de competencia; o porque la infracci髇 requiere medidas urgentes, por ejemplo, para proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas o para proteger el medio ambiente. En todos los casos, debe protegerse a las personas que denuncien externamente ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, 髍ganos y organismos de la Uni髇. La presente Directiva tambi閚 debe conceder protecci髇 en los casos en que el Derecho de la Uni髇 o nacional exija a los denunciantes que se dirijan a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo, en el marco de sus deberes y responsabilidades laborales o porque la infracci髇 constituye un delito.
• (63) La falta de confianza en la eficacia de las denuncias es uno de los principales factores que desalientan a los denunciantes potenciales. En consecuencia, existe la necesidad de imponer una obligaci髇 clara a las autoridades competentes para que establezcan canales de denuncia externa adecuados, sigan con diligencia las denuncias recibidas y, en un plazo razonable, den respuesta a los denunciantes.
• (64) Debe corresponder a los Estados miembros determinar qu� autoridades son competentes para recibir la informaci髇 sobre infracciones que entren en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva y seguir adecuadamente las denuncias. Dichas autoridades competentes podr韆n ser autoridades judiciales, organismos de regulaci髇 o de supervisi髇 competentes en los 醡bitos espec韋icos de que se trate, o autoridades con una competencia m醩 general a escala central dentro de un Estado miembro, autoridades encargadas del cumplimiento del Derecho, organismos de lucha contra la corrupci髇 o defensores del pueblo.
• (65) Como destinatarias de las denuncias, las autoridades a las que se designe como competentes deben tener las capacidades y competencias necesarias para garantizar un seguimiento adecuado, tambi閚 para valorar la exactitud de las alegaciones formuladas en la denuncia y para ocuparse de las infracciones denunciadas, a trav閟 de la apertura de una investigaci髇 interna, de una investigaci髇, del enjuiciamiento, de una acci髇 de recuperaci髇 de fondos u otras medidas correctoras adecuadas, de conformidad con su mandato. Alternativamente, dichas autoridades deben tener las competencias necesarias para remitir la denuncia a otra autoridad que deba investigar la infracci髇 denunciada, y garantizar que haya un seguimiento adecuado por parte de dicha autoridad. En particular, cuando los Estados miembros deseen establecer canales de denuncia externa a nivel central, por ejemplo, en el 醡bito de las ayudas otorgadas por los Estados, los Estados miembros deben establecer las salvaguardias adecuadas para garantizar el respeto de los requisitos de independencia y autonom韆 establecidos en la presente Directiva. El establecimiento de dichos canales de denuncia externa no debe afectar a las competencias de los Estados miembros o de la Comisi髇 en materia de supervisi髇 en el 醡bito de las ayudas estatales, ni tampoco debe afectar a la competencia exclusiva de la Comisi髇 en lo que respecta a la declaraci髇 de compatibilidad de dichas ayudas, en particular con arreglo al art韈ulo 107, apartado 3, del TFUE. Por lo que se refiere a las infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, los Estados miembros deben designar como autoridades competentes a las mencionadas en el art韈ulo 35 del Reglamento (CE) n� 1/2003 del Consejo (35) , sin perjuicio de las competencias de la Comisi髇 en este 醡bito.
• (66) Las autoridades competentes deben tambi閚 dar respuesta a los denunciantes en lo que respecta a las medidas previstas o adoptadas para seguir la denuncia, por ejemplo, remisi髇 a otra autoridad, archivo del procedimiento debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos, o puesta en marcha de una investigaci髇 y, en su caso, sus resultados o las medidas adoptadas para abordar el problema planteado, as� como en lo que respecta a los motivos de la elecci髇 de dicho seguimiento. Las comunicaciones sobre el resultado final de las investigaciones no deben afectar a las normas de la Uni髇 aplicables, que incluyen posibles restricciones a la publicaci髇 de decisiones en el 醡bito de la regulaci髇 financiera. Esto debe aplicarse, mutatis mutandis, en el 醡bito del impuesto de sociedades, si el Derecho nacional aplicable prev� restricciones similares.
• (67) El seguimiento y la respuesta al denunciante deben producirse en un plazo razonable, dada la necesidad de abordar con prontitud el problema que sea objeto de denuncia, as� como la necesidad de evitar la revelaci髇 p鷅lica innecesaria de informaci髇. El plazo no debe exceder de tres meses, pero podr韆 ampliarse a seis cuando sea necesario debido a circunstancias espec韋icas del caso, en particular la naturaleza y la complejidad del objeto de la denuncia, que puedan justificar una investigaci髇 larga.
• (68) El Derecho de la Uni髇 en 醡bitos espec韋icos, como el abuso de mercado, a saber, el Reglamento (UE) n.� 596/2014 y la Directiva de Ejecuci髇 (UE) 2015/2392, la aviaci髇 civil, a saber, el Reglamento (UE) n.� 376/2014, o la seguridad de las operaciones de extracci髇 de petr髄eo y gas en alta mar, a saber, la Directiva 2013/30/UE, ya contempla el establecimiento de canales de denuncia interna y externa. La obligaci髇 de establecer tales canales en los t閞minos de la presente Directiva debe partir, en la medida de lo posible, en canales existentes ya previstos en actos espec韋icos de la Uni髇.
• (69) La Comisi髇, as� como algunos 髍ganos y organismos de la Uni髇, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Seguridad Mar韙ima (AESM), la Agencia Europea de Seguridad A閞ea (AESA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), disponen de canales y procedimientos de denuncia externa para la recepci髇 de denuncias de infracciones que entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva y que b醩icamente prev閚 la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. La presente Directiva no debe afectar a dichos canales y procedimientos de denuncia externa, cuando existan, pero debe velar por que las personas que denuncien ante instituciones, 髍ganos y organismos de la Uni髇 se vean amparadas por unas normas m韓imas comunes en materia de protecci髇 en toda la Uni髇.
• (70) Para garantizar la eficacia de los procedimientos de seguimiento de las denuncias y de respuesta a las infracciones de las normas de la Uni髇 de que se trate, los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar medidas para aliviar las cargas que soporten las autoridades competentes como consecuencia de las denuncias de infracciones menores de disposiciones que entren en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, las denuncias reiteradas o las denuncias sobre infracciones de disposiciones accesorias, por ejemplo, disposiciones sobre obligaciones relativas a la documentaci髇 o la notificaci髇. Dichas medidas pueden consistir en permitir a las autoridades competentes, tras una debida valoraci髇 del asunto, decidir que una infracci髇 denunciada es claramente menor y no requiere que se adopten m醩 medidas para su seguimiento con arreglo a la presente Directiva, que no sea el archivo del procedimiento. Los Estados miembros tambi閚 han de poder autorizar a las autoridades competentes cerrar procedimientos relativos a denuncias reiteradas que no contengan informaci髇 nueva y significativa con respecto a una denuncia anterior cuyo procedimiento haya concluido, a menos que nuevas circunstancias de hecho o de Derecho justifiquen una forma de seguimiento distinta. Adem醩, en caso de un elevado n鷐ero de denuncias, los Estados miembros deben poder permitir a las autoridades competentes dar prioridad al tratamiento de las denuncias de infracciones graves o de infracciones de disposiciones esenciales que entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (71) Cuando est� as� previsto en el Derecho de la Uni髇 o nacional, las autoridades competentes deben remitir los casos o la correspondiente informaci髇 sobre infracciones a las instituciones, 髍ganos u organismos de la Uni髇, incluidos, a efectos de la presente Directiva, la OLAF y la Fiscal韆 Europea, sin perjuicio de la posibilidad de que el denunciante se dirija directamente a dichos 髍ganos y organismos de la Uni髇.
• (72) En varios 醡bitos de actuaci髇 que entran en el 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva, existen mecanismos de cooperaci髇 a trav閟 de los cuales las autoridades nacionales competentes intercambian informaci髇 y llevan a cabo actividades de seguimiento en relaci髇 con infracciones de las normas de la Uni髇 con una dimensi髇 transfronteriza. Los ejemplos van del sistema de asistencia y cooperaci髇 administrativas establecido por la Decisi髇 de Ejecuci髇 (UE) 2015/1918 de la Comisi髇 (36) , en casos de infracciones transfronterizas de la legislaci髇 de la Uni髇 relativa a la cadena agroalimentaria, y la Red contra el Fraude Alimentario en virtud del Reglamento (CE) n� 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (37) , el Sistema de Alerta R醦ida de la UE para productos peligrosos no alimentarios establecido por el Reglamento (CE) n.� 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) , la Red de Cooperaci髇 para la Protecci髇 del Consumidor en virtud del Reglamento (CE) n.� 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (39) , al Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental establecido por la Decisi髇 de la Comisi髇 de 18 de enero de 2018 (40) , la Red Europea de Competencia establecida por el Reglamento (CE) n.� 1/2003 y la cooperaci髇 administrativa en el 醡bito de la fiscalidad en virtud de la Directiva 2011/16/UE del Consejo (41) . Las autoridades competentes de los Estados miembros deben aprovechar plenamente los mecanismos de cooperaci髇 existentes de este tipo cuando proceda, como parte de su obligaci髇 de seguir las denuncias relativas a infracciones que entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Adem醩, las autoridades de los Estados miembros pueden cooperar tambi閚 fuera de los mecanismos de cooperaci髇 existentes cuando se produzcan infracciones con una dimensi髇 transfronteriza en 醡bitos en que no existan mecanismos de cooperaci髇 de este tipo.
• (73) A fin de permitir una comunicaci髇 efectiva con el personal responsable de tratar denuncias, es necesario que las autoridades competentes establezcan y utilicen canales de f醕il acceso que sean seguros, garanticen la confidencialidad para recibir y tratar la informaci髇 proporcionada por el denunciante sobre infracciones y que permitan el almacenamiento duradero de informaci髇 para que puedan realizarse nuevas investigaciones. Esto puede requerir que dichos canales est閚 separados de los canales generales que las autoridades competentes utilizan para comunicarse con el p鷅lico, como los sistemas normales de reclamaci髇 p鷅lica, o de los canales que la autoridad competente utiliza para comunicarse internamente y con terceros en el curso ordinario de sus actividades.
• (74) Debe formarse profesionalmente al personal de las autoridades competentes que sea responsable de tratar denuncias, tambi閚 sobre las normas aplicables en materia de protecci髇 de datos, para tratar las denuncias y garantizar la comunicaci髇 con los denunciantes, as� como para seguir adecuadamente las denuncias.
• (75) Las personas que tengan intenci髇 de denunciar infracciones deben poder tomar una decisi髇 fundada sobre la conveniencia, y sobre cu醤do y c髆o hacerlo. Por consiguiente, las autoridades competentes deben facilitar informaci髇 clara y de f醕il acceso sobre los canales de denuncia disponibles ante las autoridades competentes, sobre los procedimientos aplicables y sobre el personal de esas autoridades que sea responsable de tratar denuncias. Toda la informaci髇 referente a las denuncias debe ser transparente, f醕ilmente comprensible y fiable con objeto de promover las denuncias y no de obstaculizarlas.
• (76) Los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes dispongan de procedimientos de protecci髇 adecuados para el tratamiento de las denuncias y para la protecci髇 de los datos personales de quienes sean mencionados en la denuncia. Dichos procedimientos deben garantizar la protecci髇 de la identidad de cada denunciante, cada persona afectada y cada tercero que se mencione en la denuncia, por ejemplo, testigos o compa馿ros de trabajo, en todas las fases del procedimiento.
• (77) Es necesario que el personal de la autoridad competente que sea responsable de tratar denuncias y el personal de la autoridad competente que tenga derecho a acceder a la informaci髇 facilitada por un denunciante cumpla el deber de secreto profesional y confidencialidad a la hora de transmitir los datos, tanto dentro como fuera de la autoridad competente, y tambi閚 cuando una autoridad competente abra una investigaci髇 o una investigaci髇 interna o lleve a cabo acciones relacionadas con la denuncia.
• (78) La revisi髇 peri骴ica de los procedimientos de las autoridades competentes y el intercambio de buenas pr醕ticas entre ellas deben garantizar que estos procedimientos sean adecuados y, por lo tanto, sirvan para su objeto.
• (79) Las personas que revelen p鷅licamente infracciones deben poder acogerse a protecci髇 en los casos en que, pese a la denuncia interna o externa, la infracci髇 siga sin ser atendida, por ejemplo, cuando la infracci髇 no se ha evaluado o investigado adecuadamente o no se han adoptado medidas correctoras adecuadas. La adecuaci髇 del seguimiento debe valorarse con arreglo a criterios objetivos, vinculados a la obligaci髇 de las autoridades competentes de valorar la exactitud de las alegaciones y poner fin a cualquier posible infracci髇 del Derecho de la Uni髇. La adecuaci髇 del seguimiento depender� por tanto de las circunstancias de cada caso y de la naturaleza de las normas que se hayan infringido. En particular, el hecho de que las autoridades hayan decidido que una infracci髇 es claramente menor y que no se requiere ulterior seguimiento, que no sea el archivo del procedimiento, puede constituir un seguimiento adecuado con arreglo a la presente Directiva.
• (80) Las personas que revelen directa y p鷅licamente infracciones tambi閚 deben poder acogerse a protecci髇 en los casos en que tengan motivos razonables para pensar que existe un peligro inminente o manifiesto para el inter閟 p鷅lico o un riesgo de da駉s irreversibles, incluido un peligro para la integridad f韘ica de una persona.
• (81) Las personas que revelen directa y p鷅licamente infracciones tambi閚 deben poder acogerse a protecci髇 cuando tengan motivos razonables para pensar que en caso de denuncia externa exista un riesgo de sufrir represalias o sea poco probable que la infracci髇 se trate de manera efectiva, dadas las circunstancias particulares del caso, como que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad pueda estar en connivencia con el autor de la infracci髇 o implicada en esta.
• (82) Una medida ex ante esencial para evitar represalias consiste en salvaguardar la confidencialidad de la identidad del denunciante durante el proceso de denuncia y las investigaciones desencadenadas por la denuncia. Solo ha de poder divulgarse la identidad del denunciante en caso de que exista una obligaci髇 necesaria y proporcionada en virtud del Derecho de la Uni髇 o nacional en el contexto de investigaciones llevadas a cabo por autoridades o de procesos judiciales, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de las personas afectadas. Esta obligaci髇 puede derivarse, en particular, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (42) . La protecci髇 de la confidencialidad no debe aplicarse cuando el denunciante haya revelado intencionadamente su identidad en el contexto de una revelaci髇 p鷅lica.
• (83) Todo tratamiento de datos personales realizado con arreglo a la presente Directiva, incluido el intercambio o la transmisi髇 de datos personales por las autoridades competentes, debe efectuarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (43) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (44) . Todo intercambio o transmisi髇 de informaci髇 efectuado por las instituciones, 髍ganos u organismos de la Uni髇 debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (45) . Conviene prestar especial atenci髇 a los principios relativos al tratamiento de datos personales establecidos en el art韈ulo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, el art韈ulo 4 de la Directiva (UE) 2016/680 y el art韈ulo 4 del Reglamento (UE) 2018/1725, y al principio de protecci髇 de datos desde el dise駉 y por defecto contemplado en el art韈ulo 25 del Reglamento (UE) 2016/679, el art韈ulo 20 de la Directiva (UE) 2016/680 y los art韈ulos 27 y 85 del Reglamento (UE) 2018/1725.
• (84) Los procedimientos establecidos en la presente Directiva y relacionados con el seguimiento de denuncias de infracciones del Derecho de la Uni髇 en sus 醡bitos de aplicaci髇 contribuyen a un objetivo importante de inter閟 p鷅lico general de la Uni髇 y de los Estados miembros, en el sentido del art韈ulo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/679, ya que su objetivo es mejorar la ejecuci髇 del Derecho y las pol韙icas de la Uni髇 en determinados 醡bitos en los cuales el incumplimiento puede provocar graves perjuicios para el inter閟 p鷅lico. Una protecci髇 efectiva de la confidencialidad de la identidad de los denunciantes resulta necesaria a fin de proteger los derechos y libertades de los dem醩, en particular los de los propios denunciantes, tal como establece el art韈ulo 23, apartado 1, letra i), del Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados miembros deben velar por que la presente Directiva sea eficaz, incluso, cuando sea necesario, restringiendo mediante medidas legislativas el ejercicio de determinados derechos de protecci髇 de datos de las personas afectadas en consonancia con el art韈ulo 23, apartado 1, letras e) e i), y el art韈ulo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, en la medida y durante el tiempo que sea necesario a fin de evitar y abordar los intentos de obstaculizar las denuncias o de impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento, en particular las investigaciones, o los intentos de averiguar la identidad del denunciante.
• (85) Una protecci髇 efectiva de la confidencialidad de la identidad del denunciante resulta igualmente necesaria a fin de proteger los derechos y libertades de los dem醩, en particular los del propio denunciante, cuando la denuncia la tratan las autoridades tal como se definen en el art韈ulo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/680. Los Estados miembros deben velar que la presente Directiva sea eficaz, incluso, cuando sea necesario, restringiendo mediante medidas legislativas el ejercicio de determinados derechos de protecci髇 de datos de las personas afectadas en consonancia con el art韈ulo 13, apartado 3, letras a) y e), el art韈ulo 15, apartado 1, letras a) y e), el art韈ulo 16, apartado 4, letras a) y e), y el art韈ulo 31, apartado 5, de la Directiva (UE) 2016/680, en la medida y durante el tiempo que sea necesario a fin de evitar y abordar los intentos de obstaculizar las denuncias o de impedir, frustrar o ralentizar su seguimiento, en particular las investigaciones, o los intentos de averiguar la identidad del denunciante.
• (86) Los Estados miembros deben garantizar que exista un registro adecuado por lo que respecta a todas las denuncias de infracciones, que todas las ellas puedan ser consultadas y que la informaci髇 facilitada en ellas pueda utilizarse como prueba si se procede a medidas de ejecuci髇.
• (87) Los denunciantes deben ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, que se tome, se aliente o se tolere por su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas, incluidos, por ejemplo, los compa馿ros de trabajo y directivos de la misma organizaci髇 o de otras organizaciones con las que el denunciante est� en contacto en el contexto de sus actividades laborales.
• (88) Cuando las represalias se producen impunemente y sin ser castigadas, esto amedranta a los denunciantes potenciales. Una clara prohibici髇 legal de las represalias tendr韆 un importante efecto disuasorio, y se reforzar韆 mediante disposiciones sobre responsabilidad personal y sanciones para los autores de las represalias.
• (89) Los denunciantes potenciales que no est閚 seguros de c髆o denunciar o de si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros deben garantizar que se facilite informaci髇 pertinente y exacta a ese respecto de manera clara y f醕ilmente accesible al p鷅lico en general. Debe estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito sobre si, por ejemplo, la informaci髇 en cuesti髇 entra dentro del alcance de las normas aplicables sobre protecci髇 de los denunciantes, sobre qu� canal de denuncia puede ser mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la informaci髇 no entre dentro del alcance de las normas aplicables, la llamada 玸e馻lizaci髇� (signposting) o indicaci髇 del canal. El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a trav閟 de los canales apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten en tiempo oportuno o que incluso puedan evitarse. Tal asesoramiento e informaci髇 podr韆n proporcionarse por un centro de informaci髇 o por una autoridad administrativa 鷑ica e independiente. Los Estados miembros pueden decidir ampliar dicho asesoramiento al asesoramiento jur韉ico. Cuando el asesoramiento lo reciba el denunciante de una organizaci髇 de la sociedad civil sujeta a la obligaci髇 de mantener la naturaleza confidencial de la informaci髇 recibida, los Estados miembros deben asegurarse de que dicha organizaci髇 no sufre represalias, por ejemplo, en forma de perjuicio econ髆ico resultante de una restricci髇 en el acceso a la financiaci髇, o bien de su inclusi髇 en una lista negra, de forma que se dificulte su correcto funcionamiento.
• (90) Las autoridades competentes deben prestar a los denunciantes el apoyo necesario para que puedan disponer de protecci髇 efectiva. En particular, deben facilitarles las pruebas o documentaci髇 de otro tipo que sean necesarias para confirmar ante otras autoridades u 髍ganos jurisdiccionales que se ha producido una denuncia externa. En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los denunciantes pueden gozar de formas de certificaci髇 que acrediten que cumplen las condiciones de las normas aplicables. No obstante tales posibilidades, deben tener acceso efectivo a control judicial, de tal forma que sean los 髍ganos jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particulares del asunto, si cumplen las condiciones de las normas aplicables.
• (91) No debe ser posible ampararse en las obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cl醬sulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad y no revelaci髇 para impedir las denuncias, para denegar la protecci髇 o para penalizar a los denunciantes por haber comunicado informaci髇 sobre infracciones o haber efectuado una revelaci髇 p鷅lica cuando facilitar la informaci髇 que entre dentro del alcance de dichas cl醬sulas y acuerdos sea necesario para revelar la infracci髇. Cuando se cumplan esas condiciones, los denunciantes no deben incurrir en responsabilidad alguna, ya sea civil, penal, administrativa o laboral. Es conveniente que haya una protecci髇 frente a la responsabilidad por la denuncia o revelaci髇 p鷅lica de informaci髇 en virtud de la presente Directiva respecto de la informaci髇 de la que el denunciante ten韆 motivos razonables para pensar que era necesario denunciar o hacer una revelaci髇 p鷅lica para poner de manifiesto una infracci髇 en virtud de la presente Directiva. Dicha protecci髇 no debe hacerse extensiva a la informaci髇 superflua que la persona hubiera revelado sin tener dichos motivos fundados.
• (92) Cuando el denunciante hubiera adquirido la informaci髇 sobre las infracciones denunciadas o los documentos que la contienen, o hubiera obtenido acceso a dicha informaci髇 o dichos documentos, debe gozar de inmunidad frente a dicha responsabilidad. Esto debe aplicarse tanto a los casos en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso l韈itamente como a aquellos en los que realice copias de los mismos o los retire de los locales de la organizaci髇 de la cual es trabajador en contravenci髇 de cl醬sulas contractuales o de otro tipo que estipulen que dichos documentos son propiedad de la organizaci髇. Los denunciantes deben gozar asimismo de inmunidad cuando la adquisici髇 de la informaci髇 o los documentos o la obtenci髇 de acceso a ellos pudiera generar responsabilidades de tipo civil, administrativo o laboral. Ejemplos de ello ser韆n casos en que el denunciante hubiera obtenido la informaci髇 accediendo a mensajes de correo electr髇ico de un compa馿ro o consultando documentos que no utiliza habitualmente en el marco de su trabajo, o fotografiando los locales de la organizaci髇, o entrando en lugares a los que no suele tener acceso. Cuando el denunciante haya obtenido la informaci髇 o documentos mediante la comisi髇 de un delito como la intromisi髇 f韘ica o inform醫ica, su responsabilidad penal ha de seguir rigi閚dose por el Derecho nacional aplicable, sin perjuicio de la protecci髇 que otorga el art韈ulo 21, apartado 7, de la presente Directiva. Del mismo modo, cualquier otra responsabilidad del denunciante derivada de acciones u omisiones que no guarden relaci髇 con la denuncia o no resulten necesarias para revelar una infracci髇 en virtud de la presente Directiva debe regirse por el Derecho de la Uni髇 o nacional aplicable. En tales casos, deben ser los 髍ganos jurisdiccionales nacionales los que eval鷈n la responsabilidad del denunciante a la luz de toda la informaci髇 objetiva pertinente y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida la necesidad y la proporcionalidad de la acci髇 u omisi髇 en relaci髇 con la denuncia o revelaci髇 p鷅lica.
• (93) Es probable que las represalias se presenten como justificadas por razones distintas de la denuncia y puede resultar muy dif韈il para los denunciantes probar el v韓culo entre ambas, mientras que los autores de medidas de represalia pueden tener m醩 poder y recursos para documentar las medidas adoptadas y motivarlas. Por lo tanto, una vez que el denunciante demuestre, razonablemente, que ha denunciado infracciones o que ha efectuado una revelaci髇 p鷅lica de conformidad con la presente Directiva y que ha sufrido un perjuicio, la carga de la prueba debe recaer en la persona que haya tomado la medida perjudicial, a quien se debe entonces exigir que demuestre que las medidas adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la denuncia o la revelaci髇 p鷅lica.
• (94) M醩 all� de una prohibici髇 expresa de represalias establecida legalmente, es fundamental que los denunciantes que sufran represalias tengan acceso a v韆s de recurso y a indemnizaci髇. El recurso adecuado en cada caso debe determinarse en funci髇 del tipo de medidas de represalia sufridas, y el da駉 o perjuicio causado en tales casos debe ser indemnizado 韓tegramente de conformidad con el Derecho nacional. El recurso adecuado puede tomar la forma de acciones de reintegraci髇, por ejemplo, en caso de despido, traslado o degradaci髇, o de congelaci髇 de formaciones o ascensos, o de restauraci髇 de un permiso, licencia o contrato anulados, indemnizaci髇 por p閞didas econ髆icas presentes y futuras, por ejemplo, por p閞dida de salarios debidos, pero tambi閚 por futuras p閞didas de ingresos, gastos relacionados con un cambio de trabajo, e indemnizaci髇 por otros perjuicios econ髆icos, como gastos jur韉icos y costes de tratamiento m閐ico, y por da駉s morales, como por ejemplo, el dolor y el sufrimiento.
• (95) Si bien los tipos de acciones legales pueden variar entre sistemas jur韉icos, deben garantizar que la indemnizaci髇 o reparaci髇 sea real y efectiva, de forma que sea proporcionada respecto del perjuicio sufrido y que sea disuasoria. Cabe mencionar en este contexto los principios del pilar europeo de derechos sociales, en particular el principio n.� 7, seg鷑 el cual 玜ntes de proceder a un despido, los trabajadores tienen derecho a ser informados de los motivos de este y a que se les conceda un plazo razonable de preaviso. Tienen derecho a acceder a una resoluci髇 de litigios efectiva e imparcial y, en caso de despido injustificado, tienen derecho a reparaci髇, incluida una indemnizaci髇 adecuada�. Los recursos previstos en el plano nacional no deben disuadir a denunciantes potenciales futuros. Por ejemplo, proporcionar una indemnizaci髇 como alternativa a la reincorporaci髇 en caso de despido podr韆 dar lugar a una pr醕tica sistem醫ica, en particular en las organizaciones de mayor tama駉 y, por tanto, tener un efecto disuasorio en denunciantes futuros.
• (96) De especial importancia para los denunciantes son las medidas provisionales a la espera de la resoluci髇 del proceso judicial, que puede prolongarse. En particular, los denunciantes deben poder acogerse a medidas provisionales tal como se establezcan en Derecho nacional, para poner fin a amenazas, tentativas o actos continuados de represalia, como el acoso, o para prevenir formas de represalia como el despido, que puede ser dif韈il de revertir una vez transcurrido un largo per韔do y arruinar econ髆icamente a una persona, una perspectiva que puede disuadir eficazmente a denunciantes potenciales.
• (97) Las medidas adoptadas contra los denunciantes fuera del contexto laboral, a trav閟 de procedimientos, por ejemplo, por difamaci髇, violaci髇 de derechos de autor, secretos comerciales, confidencialidad y protecci髇 de datos personales, tambi閚 pueden tener un grave efecto disuasorio para las denuncias. En tales procedimientos, los denunciantes deben poder confiar en que haber denunciado una infracci髇 o haber efectuado una revelaci髇 p鷅lica de conformidad con la presente Directiva sea considerado un argumento en su defensa, siempre que la informaci髇 que se denuncia o se revela p鷅licamente resultase necesaria para poner de manifiesto la infracci髇. En tales casos, la persona que inicie el procedimiento debe tener la carga de probar que el denunciante no cumple las condiciones establecidas en la presente Directiva.
• (98) La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (46) establece normas para garantizar un nivel suficiente y coherente de reparaci髇 civil en caso de obtenci髇, utilizaci髇 o revelaci髇 il韈itas de un secreto comercial. No obstante, tambi閚 establece que la obtenci髇, utilizaci髇 o revelaci髇 de un secreto comercial se han de considerar l韈itas en la medida en que est閚 permitidas por el Derecho de la Uni髇. Las personas que revelan secretos comerciales de los que hayan tenido conocimiento en un contexto laboral deben gozar 鷑icamente de la protecci髇 que otorga la presente Directiva, incluso no incurrir en responsabilidad civil, siempre que cumplan las condiciones establecidas en ella, incluida la de que la revelaci髇 fuera necesaria para poner de manifiesto una infracci髇 que entre en el 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva. Cuando se cumplan dichas condiciones se ha de considerar que la revelaci髇 de un secreto comercial est� 玴ermitida� por el Derecho de la Uni髇 en el sentido del art韈ulo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943. Adem醩, ambas directivas deben considerarse complementarias y las medidas, procedimientos o recursos de reparaci髇 civil, as� como las exenciones previstas en la Directiva (UE) 2016/943 deben seguir siendo de aplicaci髇 a toda revelaci髇 de un secreto comercial que quede fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Las autoridades competentes que reciban informaci髇 sobre infracciones que contenga secretos comerciales deben garantizar que estos secretos no se utilizan ni revelan para otros fines distintos de lo que resulte necesario a efectos del debido seguimiento de la denuncia.
• (99) Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los denunciantes que tengan que defenderse de medidas de represalia adoptadas contra ellos a trav閟 de procesos judiciales. Aunque podr韆n recuperar dichos honorarios al final del proceso, podr韆n no estar en condiciones de pagarlos si se les condena en costas al final del proceso, sobre todo si est醤 desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados casos, una asistencia para los procesos judiciales penales, especialmente cuando el denunciante cumple las condiciones establecidas en la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo (47) y, de manera m醩 general, una ayuda a quienes tienen serias dificultades econ髆icas puede ser esencial para poder hacer efectivos sus derechos a protecci髇.
• (100) Los derechos de la persona afectada deben estar protegidos para evitar da駉s a la reputaci髇 u otras consecuencias negativas. Adem醩, sus derechos de defensa y de acceso a v韆s de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del procedimiento tras la denuncia, de conformidad con los art韈ulos 47 y 48 de la Carta. Los Estados miembros deben proteger la confidencialidad de la identidad de la persona afectada y garantizar sus derechos de defensa, incluido el derecho de acceso al expediente, el derecho a ser o韉o y el derecho a una tutela judicial efectiva contra una decisi髇 que le concierna con arreglo a los procedimientos aplicables establecidos en el Derecho nacional en el contexto de investigaciones o procesos judiciales ulteriores.
• (101) Toda persona que sufra un perjuicio, ya sea directa o indirectamente, como consecuencia de la denuncia o la revelaci髇 p鷅lica de informaci髇 inexacta o enga駉sa debe gozar de la protecci髇 y las v韆s de recurso de que disponga con arreglo a las normas de Derecho nacional com鷑. En caso de que dicha denuncia o revelaci髇 p鷅lica inexacta o enga駉sa haya sido efectuada de forma deliberada y consciente, las personas afectadas deben tener derecho a ser indemnizadas de conformidad con el Derecho nacional.
• (102) Las sanciones penales, civiles o administrativas son necesarias para garantizar la eficacia de las normas sobre protecci髇 de los denunciantes. Las sanciones contra quienes tomen represalias u otras acciones perjudiciales contra los denunciantes pueden desalentar tales acciones. Son necesarias asimismo sanciones contra las personas que comuniquen o revelen p鷅licamente informaci髇 sobre infracciones cuando se demuestre que lo hicieron a sabiendas de su falsedad, con el fin de impedir nuevas denuncias maliciosas y de preservar la credibilidad del sistema. La proporcionalidad de tales sanciones debe garantizar que no tengan un efecto disuasorio en los denunciantes potenciales.
• (103) Toda decisi髇 adoptada por autoridades en perjuicio de los derechos otorgados por la presente Directiva, en particular las decisiones por las que las autoridades competentes decidan archivar el procedimiento relativo a una infracci髇 denunciada a causa de ser manifiestamente menor o reiterada, o decidan que una denuncia concreta no merece tratamiento prioritario, est� sujeta a control judicial de conformidad con el art韈ulo 47 de la Carta.
• (104) La presente Directiva establece normas m韓imas y debe ser posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean m醩 favorables para el denunciante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las medidas para la protecci髇 de las personas afectadas. La transposici髇 de la presente Directiva no debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificaci髇 para la disminuci髇 del nivel de protecci髇 de que ya gozan los denunciantes en virtud del Derecho nacional en sus 醡bitos de aplicaci髇.
• (105) De conformidad con el art韈ulo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulaci髇 de mercanc韆s y servicios estar� garantizada. El mercado interior debe ofrecer a los ciudadanos de la Uni髇 un valor a馻dido en forma de mejor calidad y seguridad de los bienes y servicios, garantizando un elevado nivel de salud p鷅lica y de protecci髇 del medio ambiente, as� como la libre circulaci髇 de los datos personales. As� pues, el art韈ulo 114 del TFUE es la base jur韉ica apropiada para adoptar las disposiciones necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Adem醩 de lo dispuesto en dicho art韈ulo 114 del TFUE, la presente Directiva debe disponer de bases jur韉icas espec韋icas adicionales a fin de aplicarse a los 醡bitos que se basan en el art韈ulo 16, el art韈ulo 43, apartado 2, el art韈ulo 50, el art韈ulo 53, apartado 1, los art韈ulos 91 y 100, el art韈ulo 168, apartado 4, el art韈ulo 169, el art韈ulo 192, apartado 1, y el art韈ulo 325, apartado 4, del TFUE, y en el art韈ulo 31 del Tratado Euratom, para la adopci髇 de medidas de la Uni髇.
• (106) El 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva se basa en la identificaci髇 de los 醡bitos en los que la introducci髇 de protecci髇 de los denunciantes resulta justificada y necesaria en funci髇 de los elementos de prueba de que se dispone actualmente. Este 醡bito de aplicaci髇 material puede ampliarse a otros 醡bitos o actos de la Uni髇, si ello resulta necesario como medio para reforzar su aplicaci髇 a la luz de pruebas que puedan surgir en el futuro o sobre la base de la evaluaci髇 de la forma en que haya funcionado la presente Directiva.
• (107) En caso de que se adopten futuros actos legislativos pertinentes para 醡bitos cubiertos por la presente Directiva, deber韆n indicar, en su caso, que la presente Directiva es de aplicaci髇. En caso necesario, el 醡bito de aplicaci髇 material de la presente Directiva debe adaptarse y el anexo debe modificarse en consecuencia.
• (108) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reforzar el cumplimiento en determinados 醡bitos y por lo que respecta a actos cuando las infracciones del Derecho de la Uni髇 puedan provocar graves perjuicios al inter閟 p鷅lico, a trav閟 de una protecci髇 eficaz de los denunciantes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando en solitario o de forma no coordinada, sino que, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇 estableciendo normas m韓imas comunes para la protecci髇 de los denunciantes, y dado que solo la acci髇 de la Uni髇 puede aportar coherencia y armonizar las normas de la Uni髇 vigentes sobre protecci髇 de los denunciantes, la Uni髇 puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (109) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta, especialmente su art韈ulo 11. En consecuencia, es esencial que la presente Directiva se aplique de conformidad con esos derechos y principios, garantizando el pleno respeto, entre otros, de la libertad de expresi髇 y de informaci髇, el derecho a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal, la libertad de empresa, el derecho a un elevado nivel de protecci髇 de los consumidores, el derecho a un alto nivel de protecci髇 de la salud humana, el derecho a un alto nivel de protecci髇 medioambiental, el derecho a una buena administraci髇, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos de defensa.
• (110) El Supervisor Europeo de Protecci髇 de Datos ha sido consultado de conformidad con el art韈ulo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.� 45/2001.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
罬BITO DE APLICACI覰, DEFINICIONES Y CONDICIONES DE PROTECCI覰

CAP蚑ULO II
DENUNCIAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO

CAP蚑ULO III
DENUNCIAS EXTERNAS Y SEGUIMIENTO

CAP蚑ULO IV
REVELACI覰 P贐LICA

CAP蚑ULO V
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS DENUNCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

CAP蚑ULO VI
MEDIDAS DE PROTECCI覰

CAP蚑ULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 26 Transposici髇 y per韔do transitorio

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar el 17 de diciembre de 2021.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las entidades jur韉icas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, los Estados miembros pondr醤 en vigor, a m醩 tardar el 17 de diciembre de 2023, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la obligaci髇 de establecer canales de denuncia interna en virtud del art韈ulo 8, apartado 3.

3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones mencionadas en los apartados 1 y 2, estas har醤 referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia. Comunicar醤 inmediatamente a la Comisi髇 el texto de dichas disposiciones.

V閍se la disposici髇 final novena de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci髇 de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci髇 (獴.O.E.� 21 febrero).LE0000747993_20230313