El TJUE establece que la trabajadora que ha tenido un hijo mediante un vientre de alquiler no tiene derecho a al permiso de maternidad 24 de marzo de 2014 Jurisprudencia Permiso por maternidad La atribución de un permiso de maternidad con fundamento en el artículo 8 de la Directiva 92/85 requiere que la trabajadora que se beneficie de él haya estado embarazada y haya dado a luz al niño. Por tanto una trabajadora que en su calidad de madre subrogante ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva 92/85, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo amamanta efectivamente. Ello no excluye la facultad de los Estados miembros para instaurar disposiciones legislativas más favorables para la protección de la seguridad y la salud de las madres subrogantes que hayan tenido un hijo.
Llamar 'chalado' a un político, en el contexto de un artículo periodístico sobre su gestión, no constituye un insulto. 06 de marzo de 2014 Jurisprudencia Libertad de expresión La expresión "chalado" incluida en un artículo periodístico predominantemente informativo, en el que se expresaba la línea editorial del periódico, crítica con un alcalde que había adoptado una decisión que provocó una situación de crisis en su equipo de gobierno, aunque pueda tener un matiz despectivo, no constituye en sí mismo un insulto, pues existen acepciones del término en el Diccionario de la Real Academia Española admisibles en la crítica a los políticos y gestores de intereses públicos.
Condenado el administrador de una página web que ofrecía en abierto partidos de fútbol que Canal+ tenía en exclusiva 24 de febrero de 2014 Jurisprudencia Delitos contra la propiedad industrial La sentencia condena al procesado por dos delitos tipificados en los artículos 270 y 286.1 del Código Penal, relativos a la propiedad intelectual e industrial, por ofrecer partidos de fútbol que Canal+ tenía en exclusiva.
El TS modifica su doctrina legal sobre el plazo de notificación de una resolución administrativa ex art. 58.4 de la Ley 30/1992 17 de enero de 2014 Jurisprudencia Notificaciones administrativas A los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo. Por tanto, si dicho intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, quede debidamente acreditado y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto, producirá el concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.
El Supremo establece que la atribución del uso de la vivienda familiar que no sirve a los fines del matrimonio debe limitarse al tiempo necesario para liquidar la sociedad de gananciales 10 de diciembre de 2013 Jurisprudencia Divorcio Si bien el artículo 96 del Código Civil establece de manera taxativa que, en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, no resulta posible atribuir a los hijos y al progenitor custodio en calidad de domicilio familiar un inmueble que no sirve a estos fines, más allá del tiempo que se necesita para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos cónyuge.
Una sentencia considera que no puede extinguirse la ultraactividad de los convenios en virtud de la reforma laboral, por la preminencia del pacto colectivo 31 de octubre de 2013 Jurisprudencia Ultraactividad de los convenios colectivos la prórroga y ultraactividad del convenio colectivo no puede darse por extinguida basándose en la nueva redacción del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, dada por la Ley 3/2012 pues dicha Ley tiene carácter supletorio frente a los pactado en el Convenio Colectivo.
El TC anula la libre colegiación de funcionarios aprobada por la Junta por “vulnerar” competencias 22 de enero de 2013 Jurisprudencia Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, “o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas”.
Juzgado Mercantil 1 de Bilbao declara abusivo el cobro de ‘comisiones por reclamación de posiciones deudoras’ por los ‘números rojos’ en una cuenta 18 de diciembre de 2012 Jurisprudencia Cláusula abusiva bancaria La sentencia falla que esta comisión supone un abuso de la posición de dominio contractual de la entidad financiera y la declara cláusula abusiva, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Consumidores y Usuarios (artículo 82).
El Tribunal Supremo eleva la pena a seis narcos al apreciar la ‘hiperagravante’ de usar un submarino para meter droga 10 de diciembre de 2012 Jurisprudencia Agravantes en tráfico de drogas El Alto Tribunal aplica el artículo 370.3 del Código Penal. Dicho artículo eleva la pena cuando se hayan utilizado buques o aeronaves como medio de transporte específico para intentar introducir droga. El submarino debió de ser considerado un buque a estos efectos, aunque carezca de cubierta.
Desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio 16 de noviembre de 2012 Jurisprudencia Tribunal Constitucional Recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en concreto el primer apartado del artículo único de la Ley, que añade un segundo párrafo al art. 44 CC, en virtud del cual “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
Inconstituicionalidad de un artículo del Estatuto del consumidor catalán al entender que genera inseguridad jurídica en el ciudadano. 23 de octubre de 2012 Jurisprudencia Insontitucionalidad La Inscontitucionalidad trae causa del Procedimiento Abreviado seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número. 13 de Barcelona a raíz de la impugnación de dos sanciones de impuestas por resolución de 12 de noviembre de 2007 de la Agencia Catalana de Consum.
El Tribunal Supremo rechaza apelación de terceros por no ser consumidores ni concurrir rasgos de usura 08 de octubre de 2012 Jurisprudencia Nulidad de un contrato de préstamo La Sentencia dictada por esta Sala el día 18 de junio de 2012 desestima el recurso de casación en el que, con solicitud de revocación de la Sentencia dictada en apelación, se pretendía la nulidad de un contrato de préstamo por ser contrario a la Ley de represión de la usura o, subsidiariamente, la nulidad de una de sus cláusulas –la tercera- por ser contraria al apartado 1.a) y 2 del artículo 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio General para la defensa de los consumidores y usuarios. La Sentencia de apelación desestimó el recurso de los prestatarios en atención a que no reunían la condición de consumidores y al carácter negociado de las cláusulas contractuales. Rechazó igualmente el pretendido carácter usurario del préstamo por no concurrir los presupuestos para la aplicación de la Ley de represión de la usura.
El Supremo fija que la subrogación del alquiler de una vivienda tras la muerte del titular exige la comunicación formal al arrendador en tres meses 24 de septiembre de 2012 Jurisprudencia Arrendamientos urbanos El Alto Tribunal no considera un consentimiento tácito el que el arrendador conozca el fallecimiento del titular de la vivienda o que esta sea ocupada por un familiar. La Sala Primera establece que en los alquileres celebrados bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, “producido el fallecimiento de su titular, para que se produzca la subrogación, es imprescindible que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la DT 2ª LAU 1994”. Esto es, se exige la comunicación formal, en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento del arrendatario, del hecho mismo de su muerte y de la persona que desea subrogarse.
Protección jurídica de programa de ordenador 04 de julio de 2012 Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea Protección jurídica de programas de ordenador. Directiva 2009/24/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. Interpretación de los artículos 4.2 y 5.1.. Comercialización de software usado descargado de Internet . Agotamiento del derecho de distribución.
Nulidad de determinados preceptos del Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 03 de julio de 2012 Jurisprudencia Lengua Vehicular Sentencia de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012. Recurso de casación contra Sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, de fecha18 de julio de 2012, contra el Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que estableció la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil. Impugnación de los artículos 4.1, 4.3, 4.4, 14.3, y conjuntamente a los artículos 4.5, 8 y 10.1.
Reconocimiento por parte del TJUE del derecho a la interrupción de las vacaciones anuales si de forma sobrevenida se cae en IT 22 de junio de 2012 Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012. Cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al TJUE, con arreglo al artículo 267 TFUE. Se plantea la interpretación del artículo 7.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo .
Nulidad total y parcial de diversos preceptos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona 01 de junio de 2012 Jurisprudencia Reglamento de Uso de la Lengua Catalan La sección 5 ª de la Sala de lo Contencioso del TSJC estima parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y anula varios artículos
El Tribunal Supremo aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja y eleva su condena 27 de marzo de 2012 Jurisprudencia AGRAVANTE DE PARENTESCO La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 136/2012, en la que aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja. El Supremo eleva la condena de 10 a 13 años de prisión por homicidio al apreciar que entre ambos existía una “relación sentimental de carácter estable”, a la que se refiere el agravante del artículo 23 del Código Penal.
Caso 'Colegio de Médicos de Toledo vs. consejería de salud de la Junta' relativo a la objeción de conciencia ante la interrupción voluntaria de embarazo 01 de marzo de 2012 Jurisprudencia OBJECIÓN DE CONCIENCIA El Colegio Oficial de Médicos de Toledo solicitaba la nulidad de la Orden de 21/06/2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social (establecía el procedimiento de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, concretamente en el artículo 3.1. se establecía que “Los profesionales sanitarios del Sescam directamente implicados en una intervención de interrupción voluntaria del embarazo que por razones de conciencia no puedan realizar dicha intervención deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, para lo que utilizarán el modelo que figura como Anexo a la presente Orden.” (...)
Cuando la indemnización pactada con el trabajador es muy superior a la que legalmente correspondería, no puede considerarse que se esté ante un despido por causas económicas 19 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Despido por causas económicas El exceso indemnizatorio es indicio de la inexistencia de la extinción por despido objetivo individual y determina que el FOGASA no deba hacerse cargo del exceso indemnizatorio pactado, conforme al artículo 33.8 del ET.