Clausulas abusivas

El Tribunal Supremo razona que lo contrario supondría un efecto disuasorio

La Sala  Primera ratifica su  doctrina  sobre  la nulidad,  por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios,  en  cuanto implican,  en  perjuicio  del  consumidor, un desequilibrio  importante  entre  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  en  el contrato. 

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha notificado este jueves las dos primeras sentencias conocidas en España que aplican la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Se debe acudir a la ley nacional para suplir el vacío contractual y decidir quién paga estos conceptos

Refuerza el concepto de transparencia de la cláusula. Un consumidor medio, normalmente informado, estaría en condiciones de tomar debida conciencia de las consecuencias económicas y jurídicas que para él derivarían del sistema de amortización

La prórroga es de 6 meses y sólo afecta a los órganos judiciales en los que el plan de especialización vence el 30 de junio

A esta pregunta tratarán de dar respuestas cinco expertos en el segundo “Diálogo para el futuro judicial” organizado por Wolters Kluwer que tendrá lugar el próximo martes 2 de junio. ¿Quieres saber quiénes son y qué cuestiones abordarán?

El problema que planteaban estas cláusulas financieras referenciadas al IRPH era que, a pesar de que se presentaban a los consumidores como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor “estable” (publicado por el Banco de España), la realidad es que su aplicación encarecía el precio de la hipoteca, pues se trata de un índice bastante más alto que el Euribor

La entidad ya fue condenada en costas por el Juzgado de Primera Instancia 9 por su “comportamiento fraudulento” al no atender la reclamación de los consumidores en contra de la doctrina del Tribunal Supremo

 La prórroga, de entre seis meses y un año, se ha decidido en función de las necesidades concretas de cada territorio y órgano judicial

La prórroga será de seis meses o de un año según la situación concreta de cada órgano judicial.

El consumidor contrató en 2007 una hipoteca con referencia al valor de yen por valor de 301.398 euros. Tras pagar durante cinco años 136.489 euros en cuotas e intereses, su deuda sumaba los 365.843 euros
 

La entidad, cuyo objeto social era la compraventa de inmuebles, había solicitado un préstamo para adquirir varios apartamentos y plaza de garaje. No se vendieron, sino que eran utilizados para el disfrute de la familia y amigos del administrador en periodos vacacionales.

La ley impulsa el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para luchar contra las cláusulas abusivas e incrementar la transparencia y la seguridad en la contratación de préstamos hipotecarios. A las escrituras otorgadas a partir de hoy, se les exigirá el cumplimiento de la nueva Ley. Los Registradores manifiestan su compromiso con la aplicación de la nueva ley.

La Ley de Arrendamientos Urbanos limita la voluntad de las partes para proteger al arrendatario, prohibiendo introducir cláusulas contrarias a criterios imperativos de su articulado incluso cuando entre las partes medie acuerdo. 

No consta que los prestatarios hubieran sido informados de las concretas consecuencias del acuerdo novatorio. Este fue redactado por la entidad de crédito por lo que no es posible una interpretación extensiva en su favor de los términos del mismo.
 

Se trata de una cláusula abusiva por desproporcionada y contraria a las exigencias de la buena fe. Apreciación de oficio por el Tribunal.
 

El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario con la aprobación del Real Decreto y la Orden Ministerial que desarrollan la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.
 

El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz se une a los juzgados de Arona, en Tenerife, y Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y ordena el sobreseimiento del procedimiento de ejecución en curso tras declarar la nulidad de la cláusula por resultar abusiva para el consumidor. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre el asunto pendiente sobre el que remitió la cuestión al TJUE.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Hospitalet ha sobreseído el procedimiento de Ejecución Hipotecaria al declarar la abusividad de la cláusula que estipula la facultad de vencimiento anticipado. El Auto acuerda el archivo del procedimiento e impide que se inste un nuevo procedimiento de ejecución.
 

La cláusula que exige que la domiciliación de las cuotas en la entidad prestamista no es abusiva, sino que lo es el uso que hace la entidad bancaria al cargar al consumidor en la cuenta abierta para pagar el préstamo hipotecario comisiones de mantenimiento indebidas, al tratarse de una cuenta instrumental para dicha finalidad.
 

Deja en manos del juez nacional las consecuencias de la nulidad de la cláusula

En el último trimestre de 2018 ingresan 45.990 nuevos asuntos, un 41,2 por ciento menos que en los últimos meses de 2017. El 96,71 por ciento de las 71.962 sentencias notificadas durante 2018 fueron favorables al cliente.

Analiza las novedades de la norma pero también sus puntos oscuros o problemáticos, poniendo al lector en alerta de los posibles problemas a los que puede tener que enfrentarse. En esta tarea es fundamental la aportación de los autores, figuras de primer nivel reconocidos por la comunidad jurídica y habituales conferenciantes y ponentes en la materia. Junto al análisis experto, dos elementos prácticos: un cuadro con las 15 claves de la nueva regulación y una tabla comparativa de las normas que se ven afectadas con su publicación. Además se incluye el texto de la norma.

Tras la sentencia del Supremo de 2015 que declaró abusivas este tipo de cláusulas no negociadas, se han ido dictando otras resoluciones que entienden que es válido el reparto de determinadas comisiones entre banco y cliente. Para el juzgado, se ha de unificar un criterio que otorgue seguridad jurídica en el mundo de los consumidores y usuarios.
 

Después de la sentencia europea del Banco Primus, si el consumidor invoca que es abusiva una cláusula, es preceptivo el control judicial siempre que no hubiera sido examinada anteriormente. Por eso, entender que el plazo del ejecutado ha precluido porque plantea la cuestión después de la sentencia, vulnera su tutela judicial efectiva.
 

La Audiencia Provincial de Ourenes dictamina que la comisión de apertura no responde a un servicio real y efectivo. De considerarse como gasto inherente a la actividad de concesión de préstamos, tampoco se acredita su proporcionalidad. El tribunal concluye que la cláusula debe considerarse abusiva por falta de reciprocidad, al haberse fijado la comisión mediante un porcentaje sin que conste causa alguna para su devengo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

Un Juzgado de lo Mercantil ha declarado nulas cuatro de las cláusulasde de las condiciones generales de transporte de una compañía aérea: circunstancias excepcionales en supuestos de intervención quirúrgica o fallecimiento del pasajero, Ley aplicable y jurisdicción territorial, derecho de la compañía a inspeccionar el equipaje y a denegar el transporte a los pasajeros.

La renovación del plan afectará a 55 juzgados de primera instancia de toda España y tendrá una duración de un año.

La sala de lo civil del Supremo estudió desde 2015 el control de abusividad de los intereses de demora en los préstamos personales e hipotecarios firmados por consumidores, considerando que el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Esa cuestionada doctrina jurisprudencial fue declarada conforme con el Derecho de la Unión Europea por el TJUE.

El Supremo confirma la nulidad, entre otras, de la cláusula que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un enlace.

El 96,7 % de las 14.998 sentencias notificadas entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fueron favorables al cliente.

En su resolución indica que la decisión del CGPJ se ampara  en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala Tercera no aprecia que el Acuerdo impugnado haya incurrido en infracción del derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley.

La Sala espera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el presunto carácter abusivo del índice. La ‘congelación’ afecta a más de un centenar de procesos civiles en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El 96,9 % de las 17.485 sentencias dictadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron favorables al cliente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la Directiva no es aplicable a la práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, y que, por otra, tampoco lo es a disposiciones nacionales que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso.

Conforme a este criterio, son abusivas las cláusulas no negociadas de los contratos de préstamo que fijen un interés de demora superior en dos puntos porcentuales al interés remuneratorio pactado.

La presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.

El Consejo General del Poder Judicial, con el informe favorable del Ministerio de Justicia, ha prorrogado hasta final de año el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas.

La cifra de asuntos ingresados cae un 26,5 % y es la más baja de los tres trimestres completos de funcionamiento de estos órganos judiciales.

En la VIII edición de los premios, el CGPJ también reconoce al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante y al Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en las modalidades de Justicia más transparente y Justicia más accesible.

El juez nacional está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos comprendidos en la Directiva celebrados entre las instituciones educativas y los estudiantes.

Un Abogado General de la Unión Europea ha publicado sus conclusiones sobre dos asuntos elevados al TJUE y valora que la Directiva europea sobre cláusulas abusivas no se opone a la práctica de ceder o comprar créditos sin que el consumidor pueda extinguir la deuda pagando al cesionario el precio de la cesión, más los intereses, las costas y los gastos.

En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones notificadas el año pasado fueron estimatorias. Así lo establece un informe desarrollado por la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que calcula el número de sentencias dictadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en 1.230, cifra que se incrementó hasta las 8.096 en el último trimestre del año. El total de asuntos ingresados en estos órganos judiciales en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156.

En su sentencia del pasado 14 de diciembre de 2017, el Supremo dio la razón a Kutxabank y marcó un precedente en los litigios sobre contratos con estas cláusulas, estableciendo que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad.

La Asociación de Usuarios Financieros ha demandado a la filial del Santander UCI por comercializar hipotecas que están referenciadas al índice IPRH, siendo ésta la primera demanda de este tipo interpuesta en los juzgados españoles tras la resolución del Tribunal Supremo del 14 de diciembre. Asimismo, Asufin pide una cuestión prejudicial para que elTJUE se pronuncie sobre el carácter abusivo de este índice. 

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario porque la tipografía era tan minúscula que para leerla era necesario usar una lupa.

El Consejo General del Poder Judicial estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados

Confirma que los gastos de notaría, gestoría y registro son por cuenta del banco, ya que la cláusula que establece que todos los asuma el cliente es nula en su totalidad, por su carácter onmicomprensivo y no negociado. No lo son sin embargo el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en aplicación de la norma tributaria, ni el pago del seguro de daños, por se una cláusula proporcional.

El Pleno del Tribunal dicta dos sentencias por las que obliga al banco a pagar los gastos registrales y el 50% de en la notaría

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.

Cerca de un millón de hipotecas en España siguen utilizando el IRPH como índice de referencia. La demanda comprende a todas las entidades que han sido absorbidas por Bankia, y sigue el camino de las presentadas contra BBVA y Caixabank.

Este trabajo aborda las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, y la posibilidad de reclamación del préstamo por parte de la entidad de crédito. El autor se centra en determinados requisitos como la necesidad de tomar anotación de embargo respecto del bien hipotecado y en la posibilidad de cancelar las cargas intermedias (las anotadas en el registro en fecha posterior a la inscripción de hipoteca pero anterior a la anotación de embargo a favor del acreedor hipotecario).

Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes. Por lo tanto, el profesional debe comunicar al consumidor afectado toda la información pertinente que le permita valorar las consecuencias económicas de una cláusula sobre sus obligaciones financieras.

El Juzgado con mayor entrada de asuntos es el de Madrid, con 13.064 demandas, seguido por Barcelona, con 4.644 y Sevilla con 2.946.

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid dicta la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y anula la cláusula relativa al vencimiento anticipado, la del interés de demora y las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro, contenidas en un contrato hipotecario.

En su primera sentencia, que resuelve una demanda presentada el 2 de junio, condena a Liberbank al pago de las costas procesales Considera el juez que es al banco al que interesa una escritura pública porque al cliente le bastaría con un documento privado del contrato de hipoteca.

La entidad financiera tendrá que anular la cláusula y devolver el dinero al cliente. Deberá devolver las cantidades cobradas de más junto con los intereses legales y recalcular la cuota del préstamo sin dicha cláusula.

Instancia 25 bis contará con un segundo juez en prácticas después del verano para agilizar la tramitación de las 40 causas que se reciben a diario. El juez decano reclama a la Conselleria tres funcionarios más para celebrar una media de 60 vistas a la semana a partir de septiembre.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha adoptado este como criterio uniforme para todos los recursos pendientes en materia de cláusulas suelo declaradas abusivas que los bancos pagen las costas de las instancias. Considera que si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.

Uno de los gastos del préstamo hipotecario que más dudas están generando se refiere al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), pues parece que la jurisprudencia civil está siendo contradictoria en sus sentencias ¿Corresponde su pago al consumidor o al banco? ¿Quién es el sujeto pasivo en la operación gravada con el tributo?

Una pionera sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Benidorm ha condenado a Kutxabank a pagar todos los gastos de formalización de la hipoteca que estaba llevaba cancelada 8 años.

La declaración del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios en la contratación bancaria con consumidores requiere la aplicación de parámetros de abusividad que en los últimos cuatro años han sido objeto de interpretaciones muy diferentes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español. Dichas divergencias también han existido y existen respecto a cuáles deban ser las consecuencias de la declaración de nulidad de dicha cláusula. El presente artículo estudia la postura actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español en cuanto a criterios de abusividad y a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios.

En la sentencia se declara nulidad de clausula suelo, vencimiento demora, cesión del crédito y comisión de impagados, así como fianza, y se obliga a la entidad bancaria a pagar los gastos de redacción de las nuevas escrituras.

Piden la suspensión cautelar del plan de urgencia aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que debe entrar en vigor a partir de mañana, 1 de junio. Considera un error destinar jueces en prácticas a estos juzgados.

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso interpuesto por Bankia contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y confirma la nulidad de la cláusula IRPH, condenando al banco a dejar de aplicar dicho índice, sustituyéndolo por el Euribor, y a devolver las cantidades resultantes del exceso en el cobro de intereses.

Los magistrados concluyen que el impuesto que grava la operación de préstamo de garantía hipotecaria corresponde al prestatario, es decir, el cliente. Sin embargo los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad deben ser asumidos por la entidad bancaria.

Un Juzgado de Negreira (A Coruña) ha anulado un seguro de vida que los clientes tuvieron que firmar cuando suscribieron su préstamo hipotecario. Según el Juzgado no hubo consentimiento pleno, sino simplemente un solicitud de adhesión. También anula la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo.

A diferencia de las acciones colectivas, en el caso de las acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación el tribunal puede tener en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor.

En el marco de la Jornada Hipotecaria sobre Control de Transparencia y Cláusulas Abusivas, clausurada por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, los notarios han reclamado el control de legalidad efectivo de las cláusulas abusivas. Proponen que el notario haga un test de transparencia y comprensibilidad al deudor y lo incorpore al acta previa.

El recurrente solicita que como consecuencia el préstamo deje de devengar interés alguno, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato.

El autor reflexiona sobre las dos vías propuestas en el título para evitar una ejecución ejecución hipotecaria por la cuantía no satisfecha en subasta. Así comienza analizando una reciente sentencia (sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de diciembre de 2016) que ha considerado como abusivas determinadas cláusulas de un préstamo hipotecario que afectaban a la responsabilidad del deudor y de los fiadores, dando paso a una supuesta dación en pago por vía judicial. Así mismo, relaciona la jurisprudencia existente respecto de la posibilidad de aplicar en estos casos la doctrina del enriquecimiento injuto.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Esta cuestión recuerda a la famosa sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo, solo que ahora está en juego… el sobreseimiento de miles de ejecuciones hipotecarias.

El alto tribunal comparte con la Audiencia de Cantabria que la cláusula insertada por Telefónica en las facturas “no suponía una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio nuevo”.

¿Cómo distinguir las cláusulas válidas de las abusivas?, ¿Qué procedimiento seguir? ¿Cómo se articula una reclamación extrajudicial? «Reclamaciones Bancarias. Suelo y Gastos hipotecarios», un libro en formato digital dentro de la plataforma Smarteca, le permitirá consultar toda la jurisprudencia y legislación relacionada, así como editar y exportar a Word los formularios imprescindibles para tramitar cualquier reclamación.

El tribunal europeo ha dictado sentencia sobre cuándo debe considerarse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Esta sentencia es de gran importancia para aquellos casos en los que el cliente se opone a la ejecución alegando su abusividad.

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Sabadell cambia de criterio para valorar la abusividad de la cláusula y considera nulas las cláusulas que prevén el vencimiento anticipado por impago de una sola de las cuotas aunque el banco no actúe hasta el tercer impago. Hoy mismo está previsto que el TJUE sentencie sobre la nulidad de este tipo de cláusulas.

El pago será en efectivo, aunque el cliente y la entidad podrán acordar otras fórmulas, como la novación de la hipoteca. Una comisión de seguimiento vigilará el proceso con especial protección hacia las personas más vulnerables.

Noticias Jurídicas ha tenido acceso al borrador del RD Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo que, previsiblemente, será en Consejo de Ministros mañana día 20 de enero. Estas son sus claves.

La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria, y le condena a dejar de cobrar comisiones por reclamación de descubiertos o "números rojos". Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Las distintas sentencias emitidas desde hace dos años acerca de las diferentes cláusulas bancarias abusivas (suelo, gastos de formalización de las hipotecas, vencimiento anticipado) probablemente darán lugar a un frenazo en la concesión de hipotecas. En este artículo te contamos claramente qué gastos asociados a la formalización de la hipoteca puedes reclamar.

El titular del juzgado nº 10 de lo mercantil de Barcelona resolvió el pasado 7 de diciembre anular por falta de transparencia la cláusula de un contrato de hipoteca de Bankia donde se contemplaba la responsabilidad personal y patrimonial de los hipotecados.

Recientes resoluciones de tribunales menores empiezan a aplicar una sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015, que considera abusiva la cláusula de atribución al cliente de los gastos del contrato de préstamo hipotecario. Un nuevo frente abierto para las entidades bancarias

El presente artículo estudia la cuestionada jurisprudencia del Tribunal Supremo y realiza un análisis crítico de las Conclusiones del Abogado General en el procedimiento que se encuentra actualmente pendiente de Sentencia.

Según las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia, los antiguos secretarios judiciales deben poder comprobar de oficio los honorarios de los abogados en un procedimiento de jura de cuentas. Al mismo tiempo les considera "órgano jurisdiccional" a efectos de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

El TS anula un interés de demora del 19% en una hipoteca por abusivo, aplicando la normativa sobre protección de consumidores a un crédito hipotecario inicialmente destinado a la adquisición de vivienda habitual pero que más tarde fue ampliado para otros usos.

La AP de Pontevedra aplica una novedosa doctrina del TJUE y rompe la vinculación entre el contrato principal de préstamo y el aval que lo garantiza, abriendo la puerta a la protección de aquellas personas que, por amistad o relación familiar, avalaron a otras en operaciones bancarias y, al no pagarse los créditos, se exponen a perder su casa o ahorros.

Tras la celebración en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la vista oral sobre tres asuntos prejudiciales (acumulados) sobre la irretroactividad de las cláusulas suelo, nos planteamos cómo afectará a las entidades bancarias y a los consumidores la futura decisión del tribunal europeo en los procesos aún pendientes.

El TJUE establece que el juez nacional tiene que proteger de oficio al consumidor en procedimientos concursales. En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar, en el curso de un procedimiento concursal, si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa.

El TS suspende la tramitación de un recurso sobre esta cuestión en el que se solicitaba la aplicación de la doctrina de la Sala, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria y sobre la que el TJUE se debe pronunciar en breve, resolviendo la cuestión planteada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Granada.

El TJUE se ha pronunciado por primera vez sobre aquellos casos en los que el proceso monitorio va seguido de un procedimiento de ejecución forzosa, declarando que la normativa española al respecto es contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El Abogado General del TJUE ha presentado sus conclusiones en un supuesto en el que el consumidor se opone a la ejecución hipotecaria pidiendo que se declaren abusivas algunas cláusula sobre los intereses de demora y vencimiento anticipado.

El abogado general propone al TJUE que declare que la LEC no es contraria al Derecho de la UE cuando establece que, mientras no se resuelva la demanda colectiva de Adicae sobre cláusulas suelo, deban quedar suspendidas las reclamaciones posteriores de otros consumidores a título individual y sobre el mismo objeto, siempre que esta suspensión no sea ni obligatoria ni automática, y que el consumidor afectado pueda desvincularse de la acción colectiva.

La AP de A Coruña plantea una nueva cuestión prejudicial al TJUE sobre el periodo de retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas por las entidades bancarias como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo.

Según el Abogado General del TJUE, la normativa española sobre el proceso monitorio es contraria al derecho de la UE, pues no permite controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en la fase de examen de la petición de proceso monitorio, ni tampoco permite al juez encargado de la ejecución del requerimiento apreciar de oficio la concurrencia de dichas cláusulas.

En un informe, que recoge sus alegaciones en procedimiento prejudicial ante el TJUE, la Comisión se muestra contraria a que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula. Las asociaciones de consumidores confían en que finalmente el TJUE refrende esta postura.

Una reciente sentencia del TJUE concluye que un abogado que pide un préstamo personal -fuera de su ámbito profesional- actúa como consumidor, lo cual abre la posibilidad de reclamar a muchos autónomos que hasta ahora no estaban protegidos al ser etiquetados como profesionales.

El Tribunal de Justicia señala que, a diferencia de lo que sucedía con la regulación procesal objeto del asunto sobre el que recayó la sentencia C-169/14, la nueva disposición ya no expone al consumidor, o a su familia, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de una venta forzosa de la misma, en un contexto en el que el juez que conoce del proceso declarativo no está facultado para suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria y en el que el juez que conoce de la ejecución realiza eventualmente, como mucho, un examen sumario de la validez de dicha cláusula contractual en la que el profesional basa su pretensión.

Conforme se desprende de la Directiva 93/13/CEE, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma, por ejemplo reduciendo el importe de la pena convencional impuesta al consumidor.

En sus conclusiones en el asunto C-8/14 BBVA (ES), el abogado general dice que el plazo preclusivo de un mes establecido por la disposición transitoria de la Ley española para los procedimientos ejecutivos en curso, imposibilitó o dificultó en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores por la Directiva 93/13.

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de los intereses de demora en los contratos de préstamo sin
garantía hipotecaria celebrados con consumidores, resolviendo, con base en la doctrina del TJUE que en estos préstamos personales es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio, por lo que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.

El Órgano de Control de Cláusulas Abusivas del Consejo General del Notariado ha creado la página web  http://www.occa.notariado.org, para ofrecer información sobre las cláusulas declaradas abusivas por ley o por una sentencia judicial. Asimismo incluye información específica sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jurídicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales útiles para este fin.

El TJUE ha declarado compatible con el Derecho de la Unión la legislación española que, en materia de ejecución hipotecaria --arts. 552, apartado 1; 561, punto 3.º  y 695 de la LEC; 114 de la Ley Hipotecaria y disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013--,  prescribe que el juez está obligado a recalcular los intereses de demora superiores a tres veces el interés legal del dinero.

La mediación, además de un método alternativo para la resolución de los conflictos, es una eficaz herramienta para la contención del coste social que implica la puesta en funcionamiento de la maquinaria judicial. La necesidad de optimizar los recursos públicos, la proporcionalidad entre los medios utilizados y los intereses particulares, así como la necesaria concienciación social para acudir a la mediación, justifican que sea sancionable acudir al proceso judicial sin intentar la mediación, por suponer un abuso y un ejercicio antisocial del derecho”.

Análisis sobre la evolución normativa al respecto en los últimos años, así como de alguna de las cuestiones prejudiciales pendientes de resolver por el TJUE. Se incluye una reflexión sobre la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, cuya aplicación está resultando problemática, ante las diferentes posturas adoptadas por nuestros tribunales.

El TJUE ha sentado una consolidada jurisprudencia sobre la Directiva 1993/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En este artículo se comentan de manera pormenorizada y sistemática dichas sentencias, que han obligado al legislador español a realizar sendas reformas del procedimiento de ejecución hipotecaria, el cual, según el propio Tribunal, se opone frontalmente en varios aspectos a la Directiva comunitaria, en detrimento del consumidor ejecutado, especialmente, cuando el bien hipotecado es su vivienda habitual.

Una vez declarada la nulidad por abusivas de las cláusulas de un préstamo hipotecario, el juez que conoce de ese procedimiento declarativo puede también llevar hasta sus consecuencias finales el resultado de esa declaración de abusividad, dejando sin efecto el procedimiento de ejecución, en la medida en la que el mismo se llevó a término sin tener en cuenta el carácter abusivo de las cláusulas que permitían la determinación de la cuantía del despacho de ejecución.

La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesta multas por importe superior a los dos millones de euros a 30 entidades financieras que operan en esa comunidad, por las cláusulas abusivas que estas entidades aplicaron a sus clientes en los contratos bancarios que suscribieron. Las infracciones más frecuentes han sido fijar unos intereses de demora desproporcionadamente elevados en préstamos hipotecarios y no hipotecarios; comisiones por servicios, operaciones y gastos repercutibles en contratos de libreta ahorro, en los contratos de apertura de cuenta o de depósito, o la cláusula que obliga a comunicar a la entidad en caso de sustracción o extravío en las tarjetas.

La normativa española hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. El Tribunal aporta criterio para determinar el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario.