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La Sala Social de la Audiencia Nacional establece que los grupos de empresas están legitimados para promover los despidos colectivos

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera que los grupos de empresas están legitimados para promover los despidos colectivos al ser más “garantista” para los trabajadores que la negociación se lleve a cabo a nivel global en vez de empresa por empresa y evitar así que se produzcan situaciones dispares.

ERES: Análisis de la Sentencia 30/2012 de 25 de julio de la Sala Social de la Audiencia Nacional

Se pretende con éste breve estudio, analizar la Sentencia dictada el pasado 25 de Julio de 2012 por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en que se declara la nulidad de un expediente de Regulación de empleo llevado a cabo en un centro de trabajo y la nulidad de otros expedientes aprobados en otros dos centros de trabajo de la misma empresa, en Comunidad Autónoma distinta por aplicación del marco legal actual y a pesar de haberse producido acuerdo entre las partes en los dos últimos.

El TSJM desestima el recurso de los sindicatos contra la jornada laboral de 37,5 horas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF contra la instrucción del Gobierno regional para el cumplimiento por parte del personal laboral de la Comunidad madrileña de la jornada de 37,5 horas semanales, fijada por la Ley Autonómica de Medidas Fiscales y Administrativas el 28 de diciembre de 2012.

Caso 'Colegio de Médicos de Toledo vs. consejería de salud de la Junta' relativo a la objeción de conciencia ante la interrupción voluntaria de embarazo

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo solicitaba la nulidad de la Orden de 21/06/2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social (establecía el procedimiento de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, concretamente en el artículo 3.1. se establecía que “Los profesionales sanitarios del Sescam directamente implicados en una intervención de interrupción voluntaria del embarazo que por razones de conciencia no puedan realizar dicha intervención deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, para lo que utilizarán el modelo que figura como Anexo a la presente Orden.” (...)

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

Los trabajadores empleados en plataformas de extracción de gas situadas en el mar, sobre la plataforma continental adyacente a un Estado miembro, están en principio sujetos al Derecho de la Unión

17 de enero de 2012 Jurisprudencia SEGUROS SOCIALES

En efecto, para la aplicación del Derecho de la Unión, debe considerarse que un trabajo efectuado en una plataforma de perforación -en el marco de actividades de exploración y/o de explotación de los recursos naturales- ha sido efectuado en el territorio de dicho Estado.

Prisión permanente revisable

10 de julio de 2014 Artículos doctrinales Penalidad

El Anteproyecto de Reforma del Código Penal, aprobado por el Consejo de Ministros el día 11 de octubre de 2012, introduce la prisión permanente revisable. Este importante cambio se propone sin que el gobierno haya ofrecido ninguna justificación sobre su necesidad, vulnerando claramente los principios constitucionales contenidos en el artículo 25 de la Constitución: el principio de legalidad y el mandato de resocialización. En el presente artículo se realiza un análisis crítico sobre esta medida.

Reacciones sociales frente al ilícito penal. Cerebro y Concepto de Justicia

¿Y si el Derecho fuera menos Derecho?, ¿Y si su evolución tuviera que ver con otras partes del conocimiento como la Biología y Antropología? ¿Y si nuestra evolución hubiera influido en la misma evolución de nuestros conceptos jurídicos? Derecho que no sólo depende de la sociedad de la que emana y de la cultura a la que pertenece. Derecho que se ve influenciado, no sólo por la manera de pensar de los ciudadanos a los que aplica, sino también, he aquí el cambio, por sus propias capacidades mentales, cerebrales, por su mismo desarrollo. Y Derecho que, a pesar de evolucionar, guarda vestigios de épocas anteriores en la misma medida que nosotros, sujetos pasivos del mismo, nos comportamos conforme a la lógica de otras épocas. Un enfoque distinto, una perspectiva nueva, en que conceptos normalmente separados se presentan unidos.

La liquidación anticipada de planes de pensiones introducida por Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

Este artículo analiza los requisitos y algunas cuestiones problemáticas relacionadas con la posibilidad, de carácter excepcional, de disponer de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual, una de las medidas que contribuyen a aliviar la situación de los deudores hipotecarios, prevista por la Ley 1/2013.

Ampliación de los plazos de conservación de la documentación fiscal y laboral

15 de noviembre de 2013 Artículos doctrinales

La sensación de corrupción generalizada y de su relativa impunidad, están llevando al Legislador español a aprobar una serie de medidas dirigidas contra el fraude fiscal y en la Seguridad social que tienen como fin facilitar la transparencia administrativa y la lucha contra esta lacra social. (Nota: Aprovecho para recordar la afortunada referencia: Sin archivos la transparencia es demagogia).

La compra pública innovadora

21 de octubre de 2013 Artículos doctrinales

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo sino que constituye una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. Es por ello, que en los últimos tiempos, el legislador ha apostado por la incorporación de criterios sociales, medioambientales o de investigación en la contratación pública, de forma que la contratación constituye un instrumento con el que los poderes públicos intervienen en la vida económica, social y política del país.