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Sumario

V閍se el R.D. 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.E.� 23 mayo).LE0000665978_20200523

V閍se la Res. de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de autorizaci髇 de la pr髍roga del estado de alarma declarado por el R.D. 463/2020, de 14 de marzo (獴.O.E.� 9 mayo).LE0000664950_20200510

I

El 11 de marzo de 2020 la Organizaci髇 Mundial de la Salud declar� pandemia internacional la situaci髇 de emergencia ocasionada por el brote epid閙ico de COVID-19. El Gobierno, en la reuni髇 extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2020, aprob� el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El art韈ulo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableci�, en el marco de lo dispuesto por el art韈ulo sexto.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, que la duraci髇 del estado de alarma ser韆 de quince d韆s naturales.

Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluaci髇 elaborados por las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluy� que la situaci髇 de emergencia sanitaria generada por el brote epid閙ico de COVID-19 no se superar韆 en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

A fin de garantizar la eficaz gesti髇 de dicha emergencia sanitaria y contener la propagaci髇 de la enfermedad, mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, 7 de abril de 2020 y 21 de abril de 2020, el Gobierno solicit� del Congreso de los Diputados autorizaci髇 para prorrogar en tres ocasiones el estado de alarma declarado por el citado real decreto, as� como la vigencia de las medidas en 閘 contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo de 2020, 9 de abril de 2020 y 22 de abril de 2020 acord� conceder las mencionadas autorizaciones.

De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la pr髍roga se extendi� hasta las 00:00 horas del d韆 12 de abril de 2020; mediante el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la pr髍roga hasta las 00:00 horas del d韆 26 de abril de 2020, y, finalmente, el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableci� una nueva pr髍roga hasta las 00:00 horas del d韆 10 de mayo de 2020.

El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la informaci髇 requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de Coordinaci髇 de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiol骻ica, se ha dado cuenta al Congreso de los Diputados del conjunto de disposiciones, 髍denes, instrucciones y resoluciones adoptadas por las autoridades competentes delegadas y por el Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno ha comparecido semanalmente para valorar la evoluci髇 de la situaci髇.

Durante el periodo de la primera pr髍roga, los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiol骻ica pusieron de manifiesto que las medidas aplicadas durante el periodo de vigencia del estado de alarma hab韆n conseguido alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisi髇 de la enfermedad y reducir al m醲imo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios (en adelante, UCI).

Durante el periodo de la segunda pr髍roga, esos datos indicaron que se hab韆 conseguido disminuir el n鷐ero de contagios a fin de situarlos por debajo del umbral que producir韆 la saturaci髇 de las UCI, con su capacidad extendida para hacer frente a la epidemia, al tiempo que se hab韆 fortalecido la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a la misma. En efecto, el incremento de nuevos casos hospitalizados e ingresados en UCI hab韆 pasado de alrededor del 20 % para ambos indicadores la semana anterior a la segunda pr髍roga a estar por debajo del 2 % en la semana del 20 de abril. Adem醩, el n鷐ero de altas se fue incrementando en este periodo, y con ello se produjo una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.

En el periodo de la tercera pr髍roga, los datos evidencian que se ha consolidado la tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por PCR, fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), habi閚dose reducido a la mitad los incrementos diarios, a excepci髇 de los casos que han requerido hospitalizaci髇.

Sin embargo, los datos de personas todav韆 hospitalizadas y la detecci髇, aunque con mucha menos frecuencia de casos nuevos, algunos de ellos sin un v韓culo epidemiol骻ico claro, aconseja mantener el instrumento que ha contribuido a gestionar eficazmente esta emergencia sanitaria. En algunos aspectos, es necesario todav韆 preparar los sistemas de informaci髇 y vigilancia para garantizar que las capacidades de detecci髇 precoz y manejo de nuevos casos y sus contactos est� garantizada en todos los niveles.

II

La Comunicaci髇 �Hoja de ruta com鷑 europea para el levantamiento de las medidas de contenci髇 de la COVID-19�, presentada el pasado 15 de abril por la Presidenta de la Comisi髇 Europea y el Presidente del Consejo Europeo, ha considerado esenciales las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados miembros. Se afirma que dichas medidas, basadas en la informaci髇 disponible en relaci髇 con las caracter韘ticas de la enfermedad y adoptadas siguiendo un criterio de precauci髇, han permitido reducir la morbilidad y mortalidad asociada al COVID-19, al tiempo que han permitido reforzar los sistemas sanitarios y asegurar los aprovisionamientos necesarios para hacer frente a la pandemia.

Pero, como la propia Hoja de ruta se馻la, estas medidas restrictivas acarrean un elevado coste social y econ髆ico, suponen una presi髇 sobre la salud mental y obligan a los ciudadanos a cambiar radicalmente su vida cotidiana.

Por ello, aunque el documento reconoce que la vuelta a la normalidad requerir� tiempo, tambi閚 considera evidente que las medidas extraordinarias de restricci髇 de la movilidad no pueden mantenerse indefinidamente y que es necesario realizar una evaluaci髇 continua de su proporcionalidad a medida que evoluciona el conocimiento de la enfermedad. Resulta, por tanto, indispensable planificar la fase en la que los Estados miembros podr醤 reanudar las actividades econ髆icas y sociales de modo que se minimice cualquier repercusi髇 sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios.

A ese planteamiento responde la citada hoja de ruta, elaborada a partir de los conocimientos y el asesoramiento facilitados por el Centro Europeo para la Prevenci髇 y el Control y el Grupo Consultivo de la Comisi髇 sobre la COVID-19, y teniendo en cuenta la experiencia y las perspectivas de una serie de Estados miembros, as� como las orientaciones de la Organizaci髇 Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, de la experiencia adquirida a nivel nacional, de la experiencia en otros pa韘es y del conocimiento aportado por los expertos en el 醡bito sanitario y epidemiol骻ico, se considera oportuno avanzar en la desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricci髇 de la movilidad y del contacto social y facilitar una recuperaci髇, lo m醩 r醦ida posible, de la actividad social y econ髆ica.

Con este objetivo, de conformidad con la Hoja de ruta citada, con los criterios en ella recogidos y con los expresados por la Organizaci髇 Mundial de la Salud en su documento sobre la evoluci髇 del COVID-19, presentado el pasado 14 de abril de 2020, atendiendo a la evoluci髇 de la situaci髇 epidemiol骻ica, y en l韓ea con otros pa韘es de nuestro entorno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprob� el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en el que el proceso descrito se concibe de modo gradual, asim閠rico, coordinado con las comunidades aut髇omas, y adaptable a los cambios de orientaci髇 necesarios en funci髇 de la evoluci髇 de los datos epidemiol骻icos y del impacto de las medidas adoptadas. El Plan fue remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en cumplimiento de lo previsto por la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Para la elaboraci髇 de dicho Plan, el Gobierno se ha basado en el informe elevado el pasado 25 de abril por el Centro de Coordinaci髇 de Alertas y Emergencias Sanitarias, adem醩 de recabar la opini髇 y propuestas de expertos en el 醡bito sanitario, cient韋ico, social y empresarial. De forma paralela y coordinada, se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas con los responsables de las administraciones auton髆icas y locales, as� como con los agentes sociales. De forma complementaria, se han analizado las principales experiencias nacionales e internacionales disponibles, con el fin de aprender de las mejores pr醕ticas para abordar la reactivaci髇 econ髆ica con la m醲ima seguridad.

Fruto de este trabajo, el Plan establece los principales par醡etros e instrumentos para adoptar las decisiones necesarias en el proceso de desescalada, con las m醲imas garant韆s de seguridad. Su objetivo fundamental es conseguir que, manteniendo como referencia fundamental la protecci髇 de la salud p鷅lica, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad econ髆ica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la poblaci髇 y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.

Los par醡etros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y de los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmar醤 en un panel integral de indicadores que facilitar� la gradaci髇 de la intensidad y velocidad del proceso, incluyendo par醡etros fundamentales para la toma de decisiones, en los siguientes 醡bitos:

• - Salud p鷅lica, a partir de los datos que eval鷄n las capacidades estrat間icas que deben reforzarse en cuatro 醡bitos: una asistencia sanitaria reforzada; un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiol骻ica; una r醦ida identificaci髇 y contenci髇 de las fuentes de contagio y un reforzamiento de las medidas de protecci髇 colectiva.
• - Movilidad en el interior del pa韘 y fuera de sus fronteras, muy vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio.
• - Impacto social de la enfermedad, de las medidas adoptadas para contenerla y del proceso de desescalada en los colectivos sociales m醩 vulnerables.
• - Impacto econ髆ico, medido a partir de la evaluaci髇 de la situaci髇 por sectores, en especial aquellos con m醩 capacidad de arrastre y los m醩 duramente afectados por la crisis sanitaria.

Del panel integral de indicadores, con los par醡etros indicados, resultar醤 los datos que fundamentar醤 las decisiones que se adopten en el proceso de desescalada, con un nivel de granularidad territorial suficiente, adecuadas en cada momento a la situaci髇 epidemiol骻ica y a la capacidad del sistema sanitario en cada 醡bito geogr醘ico relevante.

El Plan establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en funci髇 de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podr醤 transitar los diferentes territorios en funci髇 de diversos criterios e indicadores hasta llegar a la fase III, en la que se pondr� fin a las medidas de contenci髇, pero se mantendr� la vigilancia epidemiol骻ica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotecci髇 de la ciudadan韆.

A d韆 de hoy, todo el territorio nacional se encuentra en la denominada fase cero, definida por las medidas establecidas por la declaraci髇 del estado de alarma y las 髍denes dictadas por las diferentes autoridades competentes delegadas, con excepci髇 de las islas de Formentera, La Gomera, El Hierrro y La Graciosa, a las que se aplica lo establecido en la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestaci髇 de servicios, as� como de las actividades de hosteler韆 y restauraci髇 en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La complejidad de la situaci髇 y la naturaleza imprevisible y din醡ica de su evoluci髇 desaconsejan plantear un calendario cerrado de recuperaci髇 gradual de actividad; por el contrario, se requiere de un enfoque prudente, con hitos que se ir醤 alcanzando sucesivamente y que podr醤 ser reajustados en caso de resultar necesario.

III

De acuerdo con lo previsto por el art韈ulo primero.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, as� como la duraci髇 del mismo, ser醤 en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicaci髇 se realizar� de forma proporcionada a las circunstancias.

Por su parte, como recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 18 de julio (FJ 6), �(e)l enjuiciamiento de la proporcionalidad de una medida legislativa, como presupuesto de constitucionalidad de la misma, se articula en dos fases (por todas, STC 60/2010, FJ 9): a) la primera parte de ese canon de control consiste en examinar que la norma persigue una finalidad constitucionalmente leg韙ima; y b) la segunda parte implica revisar si la medida legal se ampara en ese objetivo constitucional de un modo proporcionado. Esta segunda fase de an醠isis exige, a su vez, verificar (por todas, STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5), sucesivamente el cumplimiento de "la triple condici髇 de (i) adecuaci髇 de la medida al objetivo propuesto (juicio de idoneidad); (ii) necesidad de la medida para alcanzar su objetivo, sin que sea posible su logro a trav閟 de otra m醩 moderada con igual eficacia (juicio de necesidad) y (iii) ponderaci髇 de la medida por derivarse de ella m醩 beneficios o ventajas para el inter閟 general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)"�.

Cumple ahora, pues, aplicar el juicio de proporcionalidad a las medidas recogidas en la presente pr髍roga. En ella se recogen medidas con el objetivo primordial de proteger los derechos a la vida, a la integridad f韘ica y a la salud, recogidos en el t韙ulo I de la Constituci髇 Espa駉la. No cabe duda que esta constituye una finalidad leg韙ima, como se馻l� el Tribunal Constitucional en su reciente Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), relativo precisamente a la limitaci髇 de los derechos de reuni髇 y manifestaci髇 en el vigente estado de alarma. Concretamente, en su FJ 4 el Tribunal sostuvo de manera expresa que 玪a limitaci髇 del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no solo ha de reputarse como leg韙ima, sino que adem醩 tiene cobertura constitucional bastante en los art韈ulos 15 CE (garant韆 de la integridad f韘ica de las personas) y 43 CE (protecci髇 de la salud), ambos tan intensamente conectados que es dif韈il imaginarlos por separado, m醲ime en las actuales circunstancias. Es aqu� donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la justificaci髇 de la declaraci髇 del Estado de alarma. Las razones que sustentan ambas son id閚ticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad f韘ica y en su derecho a la vida pueda tener la propagaci髇 del COVID-19�.

Constatada la finalidad leg韙ima de las medidas contenidas en la pr髍roga del estado de alarma, conviene se馻lar ahora la adecuaci髇 de las mismas en orden a conseguir tal finalidad constitucional. Los indicadores disponibles, tanto en nuestro pa韘 como en otros de nuestro entorno, han mostrado de forma sostenida c髆o las medidas previstas en esta pr髍roga son perfectamente adecuadas al fin perseguido. Ciertamente, medidas como la limitaci髇 de la libertad deambulatoria y las dirigidas a evitar aglomeraciones o el contacto interpersonal se han mostrado hasta ahora las m醩 adecuadas para conseguir 韓dices notables de reducci髇 de los niveles de contagio. Las medidas contenidas en la presente pr髍roga han demostrado su eficacia para contener la propagaci髇 de la enfermedad y, por tanto, resulta previsible que sigan siendo adecuadas durante el transcurso de esta pr髍roga adicional.

Pero no s髄o eso: s髄o manteniendo la limitaci髇 a la libertad deambulatoria en todo el territorio nacional ser� posible controlar la pandemia y esta limitaci髇, de alcance general a todo el territorio, s髄o puede establecerse en el marco del estado de alarma. Dicho en t閞minos inversos, s髄o mediante el mantenimiento del estado de alarma es posible continuar limitando la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional, limitaciones que permitir醤 contener la pandemia. En suma, no existe alternativa jur韉ica que permita limitar a nivel nacional el derecho fundamental contenido en el art韈ulo 19 de la Constituci髇 Espa駉la, toda vez que la legislaci髇 ordinaria resulta insuficiente por s� sola para restringir este derecho fundamental.

Como se馻la el alto Tribunal en el auto antes citado, 玭o es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagaci髇 del virus, as� como no existen certezas cient韋icas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y dif韈il de calibrar desde par醡etros jur韉icos que acostumbran a basarse en la seguridad jur韉ica que recoge el art韈ulo 9.3 de la Constituci髇, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitaci髇 extrema de los contactos y actividades grupales, son las 鷑icas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articul� la declaraci髇 de los estados excepcionales en el a駉 1981�.

Estas medidas, provistas de una justificaci髇 leg韙ima y adecuadas para la consecuci髇 de la misma, siguen resultando necesarias en la actualidad. Como los datos indican d韆 tras d韆, la pandemia todav韆 no se ha contenido de forma suficiente. Por este motivo, resulta necesario mantener la limitaci髇 a la libertad de circulaci髇 en los t閞minos previstos en el vigente Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, como prev� la pr髍roga que se establece en este real decreto.

Finalmente, las medidas contenidas en la pr髍roga no s髄o disponen de justificaci髇 constitucional y cumplen con los requisitos de adecuaci髇 y de necesidad, sino que tambi閚 se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto. A diferencia de lo que ha venido sucediendo desde el inicio de estado de alarma y durante sus sucesivas pr髍rogas, en la nueva pr髍roga se prev� la posibilidad de relajar las limitaciones, siempre y cuando lo permitan los baremos a los que se alude en el apartado II. En orden a cumplir con la proporcionalidad en sentido estricto, las medidas previstas en esta pr髍roga parten de un escenario abierto, dejando espacio al dinamismo inherente a la desescalada que pretende iniciarse. Esta flexibilidad se predica tanto del levantamiento de las medidas, como del 醡bito geogr醘ico en el que va proyectarse, por lo que se prev� una intervenci髇 destacada de las comunidades aut髇omas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de permitir la selecci髇 de las medidas de desescalada que en cada momento resulten m醩 oportunas y la granularidad territorial suficiente en su implementaci髇. En definitiva, se persigue avanzar en una desescalada progresiva y adaptada a las particularidades de los diferentes territorios, en coherencia con lo establecido en la citada �Hoja de ruta com鷑 europea para el levantamiento de las medidas de contenci髇 de la COVID-19�.

IV

En atenci髇 a lo anteriormente expuesto, se mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, as� como las medidas que lo modifican, aplican y desarrollan. No obstante, y de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni髇 de 28 de abril de 2020, mediante la presente pr髍roga se habilita al Ministro de Sanidad, en su condici髇 de autoridad competente delegada, mediante un proceso en el que participar醤 las comunidades aut髇omas y las ciudades de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios de cooperaci髇 y colaboraci髇, a concretar las medidas que deban aplicarse en el proceso de desescalada. En este sentido, la habilitaci髇 al Ministro de Sanidad y a las dem醩 autoridades competentes delegadas que se contiene en el primer p醨rafo art韈ulo 3 se refiere a las medidas de desescalada en todos los 醡bitos de actividad afectados por las restricciones establecidas en la declaraci髇 del estado de alarma y sus sucesivas pr髍rogas.

La progresi髇 de las medidas, o su eventual regresi髇, se determinar� en funci髇 de la evoluci髇 de diversos indicadores, tanto sanitarios como epidemiol骻icos, sociales, econ髆icos y de movilidad. Adem醩, estas medidas podr醤 aplicarse en 醡bitos territoriales concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el proceso de desescalada.

En cuanto a la libertad deambulatoria, esta pr髍roga determina que las personas podr醤 desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en que se encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situaci髇 de necesidad o cualquier otra de an醠oga naturaleza.

En aplicaci髇 de lo establecido en el Acuerdo de autorizaci髇 de la pr髍roga del estado de alarma aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 6 de mayo de 2020, se ha recogido en este real decreto la posibilidad de que el Gobierno acuerde conjuntamente con cada Comunidad Aut髇oma la modificaci髇, ampliaci髇 o restricci髇 de las unidades de actuaci髇 y de las medidas a adoptar, correspondiendo en tal caso la aplicaci髇 de estas medidas a quien ostente la Presidencia de la Comunidad Aut髇oma, como representante ordinario del Estado en el territorio.

En cumplimiento de dicho acuerdo, tambi閚 se incorpora una disposici髇 adicional 鷑ica para asegurar que aqu閘los municipios que constituyen enclaves reciban el tratamiento propio de la provincia que les circunda, as� como una disposici髇 final primera modificativa del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la finalidad de hacer posible la celebraci髇 de elecciones auton髆icas.

En definitiva, no cabe entender que una paulatina vuelta a la normalidad deba esperar hasta la supresi髇 total del riesgo sanitario, ya que este escenario solo llegar� cuando se disponga de una vacuna, un tratamiento m閐ico eficaz o de la inmunidad necesaria de la poblaci髇. En las actuales circunstancias de evoluci髇 de la pandemia, y a la luz de la experiencia comparada, la condici髇 para iniciar una vuelta progresiva a la normalidad se cifra, m醩 bien, en la posibilidad de lograr una identificaci髇 temprana de los nuevos brotes, con el fin de generar una r醦ida y eficaz respuesta de control epidemiol骻ico que proteja al conjunto de la poblaci髇 y que limite la presi髇 sobre la capacidad asistencial del sistema sanitario. Por ello se prev� que, durante la vigencia de la nueva pr髍roga del estado de alarma, se inicie un gradual levantamiento de las medidas de contenci髇 previstas en el Plan para la desescalada aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni髇 de 28 de abril de 2020.

Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluaci髇 elaborados por las autoridades competentes delegadas, se estima imprescindible prorrogar de nuevo el estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, as� como la vigencia de las medidas en 閘 contenidas, en los t閞minos contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del d韆 24 de mayo de 2020.

La Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorizaci髇 expresa del Congreso de los Diputados, que podr� establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la pr髍roga.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, el Gobierno solicit� del Congreso de los Diputados autorizaci髇 para prorrogar por cuarta vez el estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de garantizar la eficaz gesti髇 de la emergencia sanitaria y contener la propagaci髇 de la enfermedad.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesi髇 del d韆 6 de mayo de 2020, acord� conceder la autorizaci髇 requerida, en los t閞minos recogidos en el Acuerdo de autorizaci髇 de la pr髍roga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En su virtud, al amparo de lo previsto por el art韈ulo 116.2 de la Constituci髇 Espa駉la, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo sexto.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr醫ica, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 8 de mayo de 2020,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES