Resolución de 13 de mayo de 2024, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi, para llevar a cabo el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés en los términos previstos en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

Primera Objeto

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi concierta el uso de la herramienta informática MINERVA para llevar a cabo el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés entre los empleados, cargos públicos y resto de personal de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en la realización de funciones de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones de su competencia que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los licitadores o solicitantes, y ello en los términos previstos en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, desarrollada por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

Segunda Compromisos de las partes

1. La Administración General del Estado pone a disposición de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin contraprestación económica, el aplicativo MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o el aplicativo estatal que lo sustituya, para la realización del análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés de los empleados y cargos públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los licitadores o solicitantes en la adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones tramitadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi que ejecuten el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se llevará a cabo en el marco de la prestación de soluciones básicas de administración electrónica en los términos que se acuerden en la comisión técnica recogida en la cláusula siguiente.

2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi accederá a la utilización del aplicativo MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o aplicativo estatal que lo sustituya, para el control del análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés de los empleados y cargos públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones tramitadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los que se ejecute el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con la normativa aplicable.

Asimismo, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi accederá de forma directa, a través del aplicativo, al resultado del análisis de riesgo de conflicto de interés.

Dicho acceso exigirá que previamente queden recogidos en la aplicación CoFFEE (Plataforma Común de Fondos Europeos) tanto las operaciones (instrumentos jurídicos: licitaciones o subvenciones) sobre las que se realizará análisis de conflicto de interés como los responsables de dichas operaciones, que serán los que accederán a MINERVA para solicitar el análisis de conflicto de interés asociado a dichas operaciones.

La información procedente de la AEAT tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la realización del análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés de los empleados y cargos públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los licitadores o solicitantes en la adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones tramitadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi que ejecuten el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y no podrá ser utilizada para funciones distintas de las descritas en este convenio. Asimismo, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la AEAT.

Tercera Ausencia de compromisos financieros para las partes

El convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestaciones de carácter económico para las partes.

Cuarta Control y seguridad de los datos suministrados

El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la información y, en particular, en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y en la Política de Seguridad de la Información de la AEAT y de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuando se adviertan anomalías o irregularidades en la correcta custodia o utilización de la información cedida, así como si se incumplieran los principios, reglas y garantías establecidos en el presente convenio, el ente titular de la información se dirigirá a la cesionaria para que realice las comprobaciones y adopte las medidas que se estimen pertinentes, pudiéndose suspender o limitar el acceso o suministro de datos en tanto tales medidas no sean adoptadas. Si las anomalías o irregularidades tienen carácter previo al suministro de la información, el mismo podrá suspenderse hasta que queden completamente aclaradas o se adopten las medidas que resulten procedentes.

Asimismo, ante la ocurrencia de una brecha o incidente de seguridad, se podrán interrumpir temporalmente el acceso al servicio.

Quinta Tratamiento de datos personales

En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos tratados en este convenio tienen la categorización de información tributaria.

Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad de la AEAT, cedente de la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cesionaria de la información.

En el caso de la AEAT, el Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.

En el caso de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cada órgano, organismo o entidad autorizado a recibir suministros de información tendrá designado un Responsable del Tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos.

Sexta Obligación de sigilo

Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes.

El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.

Séptima Creación de una Comisión Técnica

1. Se establece la constitución de una Comisión Técnica al amparo del presente convenio, donde se realizará el seguimiento del uso de MINERVA, en los términos anteriormente señalados. También será en esta Comisión donde se explicarán por la Administración General del Estado los posibles cambios en la normativa de uso del aplicativo, o en su funcionamiento, que sean exigidos por la normativa europea reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión, o por los requisitos que imponga al efecto la Comisión Europea.

2. Cada una de las partes designará dos representantes, y se reunirán cuando así sea requerido por una de las partes firmantes.

Octava Régimen de modificación del convenio

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena Legislación aplicable

Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo tiene naturaleza administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Décima Vigencia y efectos

Este convenio estará vigente mientras se utilice el aplicativo MINERVA, hasta un máximo de cuatro años de duración (salvo prórroga), para realizar el análisis previo sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este convenio resultará eficaz una vez sea inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, una vez inscrito, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.

Si su utilización excediera de cuatro años previstos en el artículo 49.h).1.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ambas partes podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo.

La prórroga se realizará mediante adenda, y previa sustanciación de los trámites previstos normativamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.h) 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En todo caso, la prórroga, modificación o extinción de este convenio deberá ser comunicado al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. La adenda de prórroga o de modificación surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Asimismo será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las dos Administraciones podrán acordar la suspensión unilateral o la limitación del suministro de información cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Técnica, siendo oída ésta en orden a la resolución o mantenimiento del convenio.

Undécima Causas de extinción

Es causa de extinción del presente convenio la modificación sustancial del régimen previsto en la regulación establecida por la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, o en su desarrollo por Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, además de las demás establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Duodécima Consecuencias en caso de incumplimiento

Siguiendo con lo establecido en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en este convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un convenio que no genera obligación económica alguna, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, hubiere frente a terceros.

No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución de este convenio, de conformidad con lo establecido en su cláusula octava.

Las partes garantizarán en todo caso el cumplimiento con las condiciones exigidas por la normativa europea reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión, o por los requisitos que imponga al efecto la Comisión Europea, para el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.