Sumario

Ley 16/2009, 13 noviembre, rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 24 abril 2010).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

PRE罬BULO

I

La creaci髇 del euro en 1999 y su puesta en circulaci髇 en 2002 como moneda 鷑ica, al menos en la zona de los pa韘es que adoptaron la nueva divisa, debi� originar, al mismo tiempo, la regulaci髇 uniforme de los instrumentos de pago que hacen posible la utilizaci髇 de dicha moneda.

Aunque se aprobaron determinadas normas comunitarias con objetivos armonizadores sobre algunos aspectos de los sistemas de pago, no fue hasta 2005 cuando la Comisi髇 de la Uni髇 Europea present� la propuesta de Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, la cual fue aprobada como Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. El objeto de la presente Ley es incorporarla al Ordenamiento jur韉ico espa駉l.

El objetivo general de la Directiva es garantizar que los pagos realizados en el 醡bito de la Uni髇 Europea -en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta- puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros. Junto a ello contribuye al reforzamiento y protecci髇 de los derechos de los usuarios de los servicios de pago y facilita la aplicaci髇 operativa de los instrumentos de la zona 鷑ica de pagos en euros, lo que se ha denominado SEPA (玈ingle Euro Payments Area�), que se ha de desarrollar por la industria privada con el impulso del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales.

La SEPA ha de significar, cuando est� concluida, previsiblemente en 2010, que los servicios de pago, contemplados en la Directiva, se presten en la Uni髇 Europea como en un territorio sin fronteras y donde las posibles diferencias de costes no tengan otra causa que la eficiencia de los prestadores de los servicios.

II

Los objetivos espec韋icos de la Directiva y, por consiguiente, de la presente Ley son los que se exponen seguidamente.

En primer lugar, se persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir. En esta l韓ea, se permite la creaci髇 de nuevas entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan importantes exigencias y garant韆s para su funcionamiento, puedan representar una ampliaci髇 de los proveedores de servicios de pago.

En segundo lugar, se pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jur韉ica, tanto en el 醡bito nacional como en el transfronterizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requisitos de informaci髇 aplicables a los servicios de pago.

En tercer lugar, se establece un sistema com鷑 de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relaci髇 con la prestaci髇 y utilizaci髇 de los servicios de pago. Sin tal ordenaci髇, ser韆 imposible la integraci髇 del mercado 鷑ico de pagos.

Todo ello contribuir� a una mayor eficiencia, un nivel m醩 elevado de automatizaci髇 y un procedimiento com鷑 sujeto a legislaci髇 comunitaria.

III

La presente Ley, siguiendo el mismo esquema que la Directiva, se estructura en cinco T韙ulos.

El T韙ulo I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales del texto legal. Se delimita el 醡bito de aplicaci髇 por lo que concierne a los servicios de pago que se enumeran de una manera exhaustiva y en cuanto al territorio en el que se prestan, que es el territorio espa駉l, cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto, se establece un s髄o sistema para los proveedores que est閚 sujetos a la Ley espa駉la, sin restringir las operaciones a las que tuvieran lugar 鷑icamente en territorio de la Uni髇 Europea.

Es de destacar que la Ley establece la reserva de actividad para prestar los servicios de pago en favor de los proveedores que tambi閚 de modo exhaustivo se enumeran como posibles prestadores. Se trata de las entidades de cr閐ito y de las nuevas entidades de pago, cuyo r間imen jur韉ico se establece en el T韙ulo II. Es muy importante se馻lar que esas nuevas entidades de pago quedan sometidas a una regulaci髇 similar a la bancaria y bajo la supervisi髇 del Banco de Espa馻. Tambi閚 se establece lo que las distingue sustancialmente de las entidades de cr閐ito, que es la prohibici髇 de captar dep髎itos de clientes.

Se espera que las nuevas entidades de pago ayuden a aumentar la competencia entre los proveedores de servicios, con la previsible reducci髇 de su coste.

En el T韙ulo III se establece, con car醕ter general para todos los servicios de pago, el sistema de transparencia en cuanto a las condiciones y los requisitos de informaci髇 aplicables a dichos servicios. Ello se hace con un criterio flexible, con mayores o menores exigencias seg鷑 las caracter韘ticas del usuario, protegiendo con mayor rigor a los consumidores ordinarios, pero dando siempre un margen notable a la libertad contractual. En todo caso, el proveedor del servicio deber� facilitar al usuario toda la informaci髇 y condiciones relativas a la prestaci髇 que ambos concierten.

En el T韙ulo IV se establecen los derechos y las obligaciones de los proveedores y de los usuarios en relaci髇 con servicios de pago. Al igual que en el T韙ulo anterior, se permiten distintos niveles de exigencia, siempre previendo que la mayor protecci髇 se ofrezca al consumidor ordinario.

En cuanto al pago de los servicios, se introduce como regla general que el ordenante y el beneficiario de la operaci髇 han de asumir cada uno el coste que le corresponda. Ello no impedir� que organismos p鷅licos, como la Seguridad Social, puedan establecer convenios con las entidades financieras para que dichas entidades no cobren gasto alguno en determinadas operaciones de pago.

En general, todo el sistema se fundamenta en el equilibrio contractual entre proveedor y usuario, pero estableciendo en cuestiones principales el criterio de que se trata de un estatuto legal irrenunciable, como sucede en cuanto a las consecuencias jur韉icas de actuaciones no justificadas o defectuosas.

Merece destacarse la regulaci髇 plenamente armonizada que se introduce sobre la fecha de valor de los abonos y adeudos en la cuenta del cliente derivados de las operaciones de pago, con arreglo al criterio de eficiencia y rapidez.

En una materia tan compleja, la presente Ley lleva a cabo la incorporaci髇 al Ordenamiento jur韉ico espa駉l de aquellas disposiciones de la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado interior que requieren rango legal. En una fase posterior, la transposici髇 de la misma deber� completarse con el oportuno desarrollo reglamentario, de conformidad con los elementos determinantes que la Ley establece, que han de observarse al redactar las normas reglamentarias.

Finalmente, conviene destacar que con las normas transitorias se pretende facilitar la aplicaci髇 de la nueva Ley, agilizando tr醡ites, con la reducci髇 de gastos que ello conlleva.