Anúnciate en Noticias Jurídicas Newsletter Colabora con nosotros

TIENDA LA LEY

LA LEY. Librería Jurídica Online Profesional

TIENDA LIBROS FORMACIÓN BASES DE DATOS REVISTAS SOFTWARE DE GESTIÓN OBRAS ACTUALIZABLES

Base de Datos de Legislaci髇

Ley Org醤ica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos

Ficha:
  • 觬gano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n鷐. 154 de
  • Vigencia desde 29 de Junio de 2002. Revisi髇 vigente desde 01 de Abril de 2015
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
1/4/2015
Ir a Norma LO 3/2015 de 30 Mar. (control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos)
Ocultar / Mostrar comentarios
N鷐ero 1 del art韈ulo 1 redactado por el apartado uno del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Art韈ulo 3 redactado por el apartado dos del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 4 del art韈ulo 4 redactado por el apartado tres del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Art韈ulo 6 modificado por el apartado cuatro del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 1 del art韈ulo 7 redactado por el apartado cinco del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Art韈ulo 8 redactado por el apartado seis del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 3 del art韈ulo 9 redactado por el apartado siete del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Art韈ulo 9 bis introducido por el apartado ocho del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 1 del art韈ulo 10 redactado por el apartado nueve del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Art韈ulo 12 bis introducido por el apartado diez del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 1 del art韈ulo 13 redactado por el apartado once del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma N鷐ero 3 del art韈ulo 13 introducido por el apartado once del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Disposici髇 adicional cuarta introducida por el apartado doce del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma Disposici髇 derogatoria 鷑ica modificada conforme establece el apartado trece del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo). Ir a Norma
30/1/2011
Ir a Norma LO 3/2011 de 28 Ene. (modificaci髇 de la LO 5/1985 de 19 Jun., R間imen Electoral General)
Ocultar / Mostrar comentarios
N鷐ero 3 del art韈ulo 11 redactado por la disposici髇 final primera de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General (獴.O.E. 29 enero). Ir a Norma N鷐ero 7 del art韈ulo 11 redactado por la disposici髇 final primera de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General (獴.O.E. 29 enero) Ir a Norma

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Org醤ica.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La Ley 54/1978, de Partidos Pol韙icos, norma preconstitucional, breve tanto en art韈ulos como en contenidos, ha servido primordialmente para asentar un procedimiento sencillo de constituci髇 en libertad de los partidos pol韙icos, objetivo, por otra parte, no menor en el momento fundacional en que vino a dictarse. El resto de las previsiones que hoy conforman su estatuto jur韉ico en Espa馻 se ha derivado de lo contenido en la propia Constituci髇, de normas que, como los Reglamentos parlamentarios o la Ley Electoral, concretan su funci髇 y su papel esencial en nuestro sistema democr醫ico, de reformas legislativas posteriores como las contenidas en el C骴igo Penal sobre la ilegalidad de determinadas asociaciones o las relacionadas con la financiaci髇 de los partidos, y de un trabajo interpretativo intenso del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.

Transcurridos casi veinticinco a駉s desde la aprobaci髇 de esta Ley de Partidos todav韆 vigente, resulta hoy evidente la insuficiencia de un estatuto de los partidos incompleto y fragmentario en el marco de una democracia madura y firmemente consolidada en la que el protagonismo y la significaci髇 constitucional de los partidos no ha hecho sino incrementarse. Por ello, procede ahora su reforma, reclamada por una serie importante de razones.

Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estos a駉s.

Se trata, tambi閚, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente. Especialmente si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy la acci髇 de las instituciones y abre v韆s nuevas de participaci髇 o de relaci髇 con las mismas a trav閟 de instrumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios partidos pol韙icos, est醤 siendo objeto de la correspondiente modernizaci髇 legislativa.

Por otra parte, aunque los partidos pol韙icos no son 髍ganos constitucionales sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la garant韆 institucional de los mismos por parte de la Constituci髇. Desde uno u otro punto de vista, el tiempo presente reclama el fortalecimiento y la mejora de su estatuto jur韉ico con un r間imen m醩 perfilado, garantista y completo. Si ello es as para toda asociaci髇, con m醩 motivo ha de serlo para las asociaciones pol韙icas, cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la direcci髇 democr醫ica de los asuntos p鷅licos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder pol韙ico. Pero tambi閚 en cuanto los partidos son instrumentos fundamentales de la acci髇 del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone l韒ites y establece garant韆s y controles frente a cualquier sujeto, por relevante que 閟te sea en la estructura constitucional. Puede decirse, incluso, que cuanto mayor es el relieve del sujeto y su funci髇 en el sistema, m醩 inter閟 tiene el Estado de Derecho en afinar su r間imen jur韉ico.

Junto a todo ello hay, en fin, en nuestro caso, una coincidencia general sobre la carencia de la legislaci髇 actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organizaci髇 y funcionamiento democr醫icos y de una actuaci髇 sujeta a la Constituci髇 y a las leyes. Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democr醫icos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organizaci髇 interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos.

Esa carencia reclama ahora un esfuerzo a馻dido para completar las disposiciones vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democr醫ico y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido pol韙ico pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese r間imen democr醫ico de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar pol韙icamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Especialmente si se tiene en cuenta que, por raz髇 de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que 閟tas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los m閠odos y principios democr醫icos, de aquellas otras que sustentan su acci髇 pol韙ica en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminaci髇, la exclusi髇 y la violaci髇 de los derechos y de las libertades.

A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalizaci髇 de un partido por dar un apoyo pol韙ico real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se prev en el C骴igo Penal para disolver las asociaciones il韈itas por las causas previstas en sus art韈ulos 515 y 520.

II

Para hacer efectivos estos objetivos, la presente Ley Org醤ica de Partidos Pol韙icos, que desarrolla previsiones esenciales contenidas en los art韈ulos 1, 6, 22 y 23 de nuestra Constituci髇, incorpora trece art韈ulos, agrupados en cuatro cap韙ulos, y se completa con tres disposiciones adicionales -que incluyen la reforma de dos art韈ulos de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General, y del art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial-, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

III

El cap韙ulo I consagra el principio de libertad, en su triple vertiente de libertad positiva de creaci髇, libertad positiva de afiliaci髇 y libertad negativa de pertenencia o participaci髇, y perfecciona los procedimientos para la creaci髇 de los partidos pol韙icos, completando las previsiones actualmente existentes, aclarando algunas dudas y superando algunos vac韔s. No introduce, por tanto, la Ley en este apartado grandes modificaciones de fondo, respetando el principio de intervenci髇 m韓ima que se deduce de la propia Constituci髇.

La inscripci髇 en el Registro de Partidos Pol韙icos del acta fundacional y de los estatutos confiere al partido personalidad jur韉ica, hace p鷅lica la constituci髇 y los estatutos del mismo, vincula a los poderes p鷅licos, y es garant韆 tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros. Dicha inscripci髇 debe llevarse a cabo por el responsable del Registro en un plazo tasado y breve, transcurrido el cual se entiende producida la inscripci髇.

Como adiciones m醩 sobresalientes cabe mencionar la limitaci髇 del art韈ulo 2 para ser promotor a quien haya sido autor de determinados delitos, las prohibiciones sobre denominaci髇 de los partidos contenidas en el apartado 1 del art韈ulo 3, la responsabilidad de los promotores prevista en el apartado 1 del art韈ulo 4, la previsi髇 de un tr醡ite de subsanaci髇 de defectos formales o la suspensi髇 del plazo de inscripci髇 cuando se produzca una de las distintas circunstancias descritas en el art韈ulo 5.

En este 鷏timo art韈ulo se mantiene la previsi髇 ya contenida en la Ley anterior de que los indicios de ilicitud penal de un partido en el momento de su constituci髇 e inscripci髇 en el Registro pueden llevar a una declaraci髇 por el Juez penal, promovida por el Ministerio Fiscal, previa comunicaci髇 del Ministerio del Interior, de la ilegalidad del partido y la consecuente improcedencia de su inscripci髇.

IV

Las mayores novedades de la Ley se contienen en el cap韙ulo II, del cual derivan a su vez, como l骻ico corolario, los nuevos preceptos del cap韙ulo III.

Es en dicho cap韙ulo II en el que se concretan los criterios b醩icos para garantizar el mandato constitucional de que la organizaci髇, funcionamiento y actividad de los partidos pol韙icos deben ser democr醫icos y ajustarse a lo dispuesto en la Constituci髇 y en las leyes, desarrollando, como se馻la el art韈ulo 9, 玪as funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democr醫ica y con pleno respeto al pluralismo.

Por una parte, con los art韈ulos 7 y 8, esta Ley Org醤ica persigue conjugar el respeto a la capacidad organizativa y funcional de los partidos a trav閟 de sus estatutos, con la exigencia de algunos elementos esenciales que aseguren la aplicaci髇 de principios democr醫icos en su organizaci髇 interna y en el funcionamiento de los mismos. Con ello se atiende, en primer t閞mino, a los derechos de sus afiliados, pero se persigue tambi閚 玜segurar el efectivo cumplimiento de las funciones que 閟tos tienen constitucional y legalmente encomendadas y, en 鷏timo t閞mino, contribuir a garantizar el funcionamiento democr醫ico del Estado (STC 56/1995, de 6 de marzo).

Desde esta doble perspectiva, se prev un 髍gano asambleario de car醕ter participativo general al que se reservan las competencias m醩 relevantes en la vida del partido, se establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario de cobertura de los puestos directivos, se prev la censura democr醫ica de los mismos, se reconocen algunos derechos que se consideran b醩icos dentro de cualquier 醡bito asociativo y que deben disfrutarse por igual, como el de participar en la elecci髇 y ser elegibles en los 髍ganos, o los de informaci髇 de las actividades, de la situaci髇 econ髆ica y de las personas que configuran los 髍ganos directivos, y se determinan algunas reglas b醩icas de funcionamiento y r間imen de las reuniones de los 髍ganos colegiados.

Por su parte, el art韈ulo 9 persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democr醫icos y a los derechos humanos. Para ello, frente al enunciado gen閞ico de la Ley que ahora se deroga, la presente Ley Org醤ica enumera con cierto detalle las conductas que m醩 notoriamente conculcan dichos principios, sobre la base de dos fundamentos en los que conviene detenerse brevemente.

La Ley opta, en primer lugar, por contrastar el car醕ter democr醫ico de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad. De este modo, los 鷑icos fines expl韈itamente vetados son aquellos que incurren directamente en el il韈ito penal.

Es bien conocido que no es 閟ta la 鷑ica opci髇 que ofrecen los modelos de derecho comparado. La necesidad de defender la democracia de determinados fines odiosos y de determinados m閠odos, de preservar sus cl醬sulas constitutivas y los elementos sustanciales del Estado de Derecho, la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de hacer respetar los derechos b醩icos de los ciudadanos, o la propia consideraci髇 de los partidos como sujetos obligados a realizar determinadas funciones constitucionales, para lo cual reciben un estatuto privilegiado, han llevado a algunos ordenamientos a formular categ髍icamente un deber estricto de acatamiento, a establecer una sujeci髇 a鷑 mayor al orden constitucional y, m醩 a鷑, a reclamar un deber positivo de realizaci髇, de defensa activa y de pedagog韆 de la democracia. Deberes cuyo incumplimiento los excluye del orden jur韉ico y del sistema democr醫ico.

La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constituci髇, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democr醫icos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tal y como ya se indicaba en la exposici髇 de motivos de la Ley Org醤ica 7/2000, de 22 de diciembre, no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por m醩 que 閟tas se alejen o incluso pongan en cuesti髇 el marco constitucional.

Cabe concluir por ello que, sin perjuicio de otros modelos, la presente normativa se sit鷄 en una posici髇 de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al m醲imo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protecci髇 de la democracia.

Esta l韓ea se confirma con el segundo de los principios tomados en consideraci髇, como es el de evitar la ilegalizaci髇 por conductas aisladas, nuevamente salvo las de naturaleza penal, exigi閚dose por el contrario una reiteraci髇 o acumulaci髇 de acciones que pongan de manifiesto inequ韛ocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia y de ofensa a los valores constitucionales, al m閠odo democr醫ico y a los derechos de los ciudadanos.

A ello responden los p醨rafos a), b) y c) del apartado 2 del art韈ulo 9, que establecen n韙idamente la frontera entre las organizaciones que defienden sus ideas y programas, cualesquiera que 閟tas sean, con un respeto escrupuloso de los m閠odos y principios democr醫icos, de aquellas otras que sustentan su acci髇 pol韙ica en la connivencia con el terror o la violencia, o con la violaci髇 de los derechos de los ciudadanos o del m閠odo y los principios democr醫icos.

V

Una vez enunciados por la Ley el deber de respeto de los partidos pol韙icos a los principios democr醫icos y los valores constitucionales, y desarrollados los elementos indiciarios que permiten conocer cu醤do un partido no se ajusta a los mismos y debe, por consecuencia, ser declarado ilegal, el siguiente cap韙ulo, III en la numeraci髇, establece las garant韆s jurisdiccionales existentes para la defensa de los derechos y de los principios constitucionales ante la actuaci髇 de los partidos. Obviamente, el punto de partida es el establecido por la propia Constituci髇: s髄o la autoridad judicial es competente para controlar la ilegalidad de sus actuaciones o para decretar, ante violaciones repetidas y graves, la disoluci髇 o suspensi髇 del propio partido pol韙ico.

Resulta notorio que la jurisprudencia ha clarificado ya los supuestos en que procede el acceso al orden jurisdiccional civil, en relaci髇 con las pretensiones derivadas del tr醘ico jur韉ico privado de los partidos o formuladas por los afiliados sobre su funcionamiento interno, o en los que es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relaci髇 con las cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos derivados de la Ley. Del mismo modo, el C骴igo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal aclaran hoy los supuestos en que procede la disoluci髇 o suspensi髇 de un partido por el orden jurisdiccional penal y el procedimiento a seguir para que una decisi髇 tan relevante se produzca con todas las garant韆s.

Por consiguiente, la principal novedad que ahora se introduce es la regulaci髇 de la competencia y el procedimiento para la disoluci髇 judicial de un partido por no respetar los principios democr醫icos y los derechos humanos, procedimiento ya anunciado en la Ley que ahora se deroga, pero nunca desarrollado anteriormente.

La Ley Org醤ica resuelve esta grave situaci髇 con el criterio general que preside el marco constitucional de funcionamiento de los partidos, esto es, se馻lando que s髄o pueda realizarse mediante resoluci髇 judicial. Como indica la STC 3/1981, de 2 de febrero, 玜l Poder Judicial y s髄o a 閟te encomienda la Constituci髇 y tambi閚 la legislaci髇 ordinaria la funci髇 de pronunciarse sobre la legalidad de un partido pol韙ico. Precisamente la apelaci髇 al Poder Judicial, que puede decretar, como se acaba de decir, su suspensi髇 provisional, y, en 鷏timo t閞mino, su disoluci髇, constituye el medio con que cuenta el Estado para su defensa en el caso de que sea atacado por medio de un partido que por el contenido de sus Estatutos o por su actuaci髇 al margen de 閟tos atente contra su seguridad.

El texto establece, por raz髇 de la importancia y relevancia constitucional de los partidos pol韙icos y, por a馻didura, de las decisiones que afectan a su declaraci髇 de ilegalidad o que justifican su disoluci髇, que sea la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial el 髍gano competente para poder disolver un partido pol韙ico, cuando 閟te desarrolle graves conductas contrarias a la Constituci髇. Sala especial que, como se馻la el auto de 9 de julio de 1999 de la propia Sala, 玸imboliza por su composici髇 al Pleno del Tribunal Supremo. Es, de alguna manera, el Pleno, un pleno 玶educido, valga la expresi髇, por parad骿ica que pueda parecer, ya que en su composici髇 est presente el propio Presidente del Tribunal Supremo y lo est醤 tambi閚 todas las Salas relacionadas en el art韈ulo 55 de la LOPJ que integran en su conjunto el Tribunal Supremo, a trav閟 de sus respectivos Presidentes y de dos de sus Magistrados, el m醩 antiguo y el m醩 moderno de cada una de ellas. Se resalta esto para poner de relieve que la Sala del art韈ulo 61 de la LOPJ, por su significativa composici髇, goza de un 玡status de supremac韆 respecto a las Salas ordinarias en orden a la definici髇 de sus competencias y de las rec韕rocas de aquellas....

Para que dicha Sala pueda examinar el ajuste a los principios democr醫icos del funcionamiento y de la actividad del partido pol韙ico en cuesti髇, se establece un proceso judicial espec韋ico, preferente, en 鷑ica instancia, que s髄o podr醤 instar el Ministerio Fiscal y el Gobierno, por s o a instancia del Congreso de los Diputados o del Senado. Dicho procedimiento se conforma de forma cl醩ica, sobre la base de la escritura, con una serie de tr醡ites convencionales (alegaciones, prueba, nuevas alegaciones y sentencia) que, por los plazos y la forma de su articulaci髇, compaginan los principios de seguridad jur韉ica y derecho de defensa con el de celeridad, procurando que la incertidumbre que puede provocar la iniciaci髇 del mismo no se incremente con una tramitaci髇 dilatada.

La sentencia dictada por la Sala especial no ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, del amparo ante el Tribunal Constitucional, y ser ejecutiva desde el momento de su notificaci髇.

El art韈ulo 12 detalla finalmente los efectos de la disoluci髇 judicial de un partido pol韙ico. Tras la notificaci髇 de la sentencia, se proceder al cese inmediato de toda la actividad del partido pol韙ico en cuesti髇 y se presumir fraudulenta y, por tanto, no podr prosperar la constituci髇 de una formaci髇 que contin鷈 o suceda al declarado ilegal y disuelto. La disoluci髇 supondr tambi閚 la apertura de un proceso de liquidaci髇 patrimonial, destin醤dose el patrimonio neto resultante a actividades de inter閟 social o humanitario.

VI

La regulaci髇 contenida en esta Ley Org醤ica se completa con la remisi髇 a otras normas legales de las cuestiones atinentes a la financiaci髇 de los partidos (cap韙ulo IV) y con varias disposiciones complementarias que, entre otras cosas, permiten ajustar a la nueva Ley las previsiones de la Ley Org醤ica del Poder Judicial (adicional primera, para que la Sala especial del Tribunal Supremo entienda de estos casos), y de la Ley Org醤ica del R間imen Electoral General (adicional segunda, para precisar que tampoco cabe el fraude de constituir, en los per韔dos electorales, agrupaciones de electores que vengan a suceder, de facto, a un partido pol韙ico disuelto o suspendido).

En lo que se refiere a la financiaci髇, es de destacar que la remisi髇 se produce a la Ley de Financiaci髇 de Partidos, pero tambi閚 al r間imen de acreditaci髇 y responsabilidades que se establece en la Ley Org醤ica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por 鷏timo, en lo que ata馿 a la competencia de la Sala especial, la Ley acumula la garant韆 de que sea 閟ta la competente para conocer y resolver en los casos de fraude, bien en su condici髇 de Sala sentenciadora (apartados 2 y 3 del art韈ulo 12), bien por la llamada expresa que ahora se introduce en la legislaci髇 electoral para la resoluci髇 de recursos contra la proclamaci髇 o no de agrupaciones de electores (disposici髇 adicional segunda), bien por la previsi髇 del apartado 2 de la disposici髇 transitoria 鷑ica, sobre la sucesi髇 de partidos para soslayar los efectos de la presente Ley.

CAP蚑ULO I

De la creaci髇 de los partidos pol韙icos

Art韈ulo 1 Libertad de creaci髇 y afiliaci髇

1. Los ciudadanos de la Uni髇 Europea podr醤 crear libremente partidos pol韙icos conforme a lo dispuesto en la Constituci髇 y en la presente ley org醤ica.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 1 del art韈ulo 1 redactado por el apartado uno del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

2. La afiliaci髇 a un partido pol韙ico es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo.

3. Los partidos pol韙icos podr醤 constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente cap韙ulo y previo acuerdo expreso de sus 髍ganos competentes.

Art韈ulo 2 Capacidad para constituir

1. Los promotores de un partido pol韙ico deben ser personas f韘icas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no est閚 sujetos a ninguna condici髇 legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociaci髇 il韈ita, o por alguno de los delitos graves previstos en los T韙ulos XXI a XXIV del C骴igo Penal. Esta 鷏tima causa de incapacidad no afectar a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.

2. Los partidos pol韙icos constituidos podr醤 establecer en sus estatutos la creaci髇 y reconocimiento de organizaciones juveniles.

Art韈ulo 3 Constituci髇, Estatutos y personalidad jur韉ica

1. El acuerdo de constituci髇 habr de formalizarse mediante acta fundacional, que deber constar en documento p鷅lico y contener, en todo caso, la identificaci髇 personal de los promotores, la denominaci髇 del partido que se propone constituir, los integrantes de los 髍ganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habr de regirse el partido que trata de constituirse.

La denominaci髇 de los partidos no podr incluir t閞minos o expresiones que induzcan a error o confusi髇 sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Adem醩, no podr coincidir, asemejarse o identificarse, aun fon閠icamente, con la de ning鷑 otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de alg鷑 partido integrante, como resultado de una fusi髇, de un partido inscrito cuando ello se encuentre acreditado por cualquier medio de prueba v醠ido en derecho, o con la de alg鷑 partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisi髇 judicial. Tampoco con la identificaci髇 de personas f韘icas, o con la denominaci髇 de entidades preexistentes o marcas registradas.

2. Los estatutos de los partidos pol韙icos tendr醤, al menos, el siguiente contenido:

  • a) Su denominaci髇 y siglas.
  • b) El s韒bolo, con su descripci髇 y representaci髇 gr醘ica.
  • c) El domicilio, con indicaci髇 de la localidad, provincia, calle y c骴igo postal.
  • d) Su sitio web y direcci髇 electr髇ica.
  • e) El 醡bito de actuaci髇: estatal, auton髆ico, provincial o local.
  • f) Sus fines.
  • g) Los requisitos y modalidades de admisi髇 y baja de los afiliados.
  • h) Los derechos y deberes de los afiliados y su r間imen disciplinario de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 8.
  • i) Los 髍ganos de gobierno y representaci髇, su composici髇, los plazos para su renovaci髇 que habr de efectuarse como m醲imo cada cuatro a駉s, sus atribuciones o competencias, los 髍ganos competentes para la convocatoria de sesiones de los 髍ganos colegiados, el plazo m韓imo de convocatoria, duraci髇, la forma de elaboraci髇 del orden del d韆, incluyendo el n鷐ero de miembros exigidos para proponer puntos a incluir en el mismo, as como las reglas de deliberaci髇 y la mayor韆 requerida para la adopci髇 de acuerdos, que, por regla general, ser la mayor韆 simple de los presentes, sean 閟tos miembros de pleno derecho o compromisarios.
  • j) El procedimiento para la elecci髇 de los 髍ganos directivos, bien directamente o por representaci髇, que en todo caso deber garantizar la participaci髇 de todos los afiliados mediante sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democr醫ico de los dirigentes electos.
  • k) El cargo u 髍gano al que corresponda la representaci髇 legal del partido pol韙ico, as como la determinaci髇 del responsable econ髆ico-financiero del partido pol韙ico y el procedimiento para su designaci髇.
  • l) El r間imen de administraci髇 y contabilidad, que incluir, en todo caso, los Libros de Contabilidad.
  • m) El r間imen de documentaci髇, que incluir en todo caso el fichero de Afiliados y el Libro de Actas.
  • n) Indicaci髇 de si el partido pol韙ico cuenta o no con patrimonio fundacional, la procedencia de los recursos econ髆icos y el procedimiento de rendici髇 de cuentas.
  • o) El procedimiento y el 髍gano competente para la aprobaci髇 de las cuentas anuales en el que se incluya la obligaci髇 de remisi髇 anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido.
  • p) Las causas de disoluci髇 del partido pol韙ico y, en este caso, cu醠 ser韆 el destino de su patrimonio.
  • q) El procedimiento de reclamaci髇 de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los 髍ganos del partido.
  • r) El cargo u 髍gano encargado de la defensa y garant韆 de los derechos del afiliado.
  • s) El r間imen de infracciones y sanciones de los afiliados y el procedimiento para su imposici髇, que deber instruirse de forma contradictoria y en el que deber garantizarse el derecho del afiliado a ser informado de los hechos que dan lugar a su incoaci髇, a ser o韉o con car醕ter previo a la imposici髇 de sanciones y a que el eventual acuerdo sancionatorio sea motivado. No obstante lo anterior, se establecer en todo caso, la suspensi髇 cautelar autom醫ica de la afiliaci髇 de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupci髇 as como la sanci髇 de expulsi髇 del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos.
  • t) Cualquier otra menci髇 exigida por 閟ta u otra ley.

3. Los partidos deber醤 comunicar al Registro cualquier modificaci髇 de sus estatutos y de la composici髇 de sus 髍ganos de gobierno y representaci髇 en el plazo m醲imo de tres meses desde dicha modificaci髇 y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada a駉. Deber醤 adem醩, publicarlos en su p醙ina web.

4. Los partidos pol韙icos adquieren personalidad jur韉ica por la inscripci髇 en el Registro de Partidos Pol韙icos que, a estos efectos, existir en el Ministerio del Interior, previa presentaci髇 en aquel del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompa馻da de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley Org醤ica.

Ir a Norma modificadora Art韈ulo 3 redactado por el apartado dos del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

Art韈ulo 4 Inscripci髇 en el Registro

1. Los promotores de los partidos pol韙icos realizar醤 las actuaciones necesarias para su inscripci髇. Los promotores de partidos no inscritos responder醤 personal y solidariamente de las obligaciones contra韉as con terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido.

2. Dentro de los veinte d韆s siguientes a la presentaci髇 de la documentaci髇 completa en el Registro de Partidos Pol韙icos, el Ministerio del Interior proceder a practicar la inscripci髇 del partido. Dicho plazo quedar, sin embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el art韈ulo siguiente.

3. Salvo en los casos de suspensi髇 del plazo a que se refiere el apartado anterior, transcurridos los veinte d韆s de que dispone el Ministerio del Interior, se entender producida la inscripci髇, que confiere la personalidad jur韉ica, hace p鷅lica la constituci髇 y los estatutos del mismo, vincula a los poderes p鷅licos, y es garant韆 tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros.

4. La inscripci髇 en el Registro producir efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensi髇 o disoluci髇, por notificaci髇 de la decisi髇 acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido o por ser declarado judicialmente extinguido de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 12 bis. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 10.6 y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensi髇, en el art韈ulo 11.8.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 4 del art韈ulo 4 redactado por el apartado tres del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

Art韈ulo 5 Examen de los requisitos para la inscripci髇

1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentaci髇 que la acompa馻, o cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior lo pondr en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos. En tal caso, el plazo de inscripci髇 se suspender desde el momento de la notificaci髇 y se reanudar una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos.

2. Cuando de la documentaci髇 presentada se deduzcan indicios racionales en relaci髇 con la ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte d韆s a que se refiere el art韈ulo anterior, mediante resoluci髇 fundada que ir acompa馻da de los elementos probatorios disponibles para apreciar dichos indicios.

3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte d韆s desde que reciba la comunicaci髇 a que se refiere el apartado anterior, optar, en funci髇 de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la jurisdicci髇 penal las acciones que correspondan o por devolver la comunicaci髇 al Ministerio del Interior a los efectos de completar la inscripci髇.

4. La remisi髇 de la comunicaci髇 al Ministerio Fiscal determinar la suspensi髇 del plazo previsto en el apartado 2 del art韈ulo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta la devoluci髇 por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicaci髇 fundada en la no apreciaci髇 de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre la procedencia de la inscripci髇 o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudaci髇 provisional del plazo para la inscripci髇. Dicha remisi髇 y la correspondiente suspensi髇 del plazo para la inscripci髇 ser醤 inmediatamente notificadas a los promotores interesados.

5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripci髇 del partido pol韙ico podr醤 recurrirse ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa.

6. Cuando se persiguiese la inscripci髇 en el Registro de Partidos Pol韙icos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuar conforme a lo previsto en el art韈ulo 12 de esta Ley Org醤ica.

CAP蚑ULO II

De la organizaci髇, funcionamiento y actividades de los partidos pol韙icos

Art韈ulo 6 Principios democr醫ico y de legalidad

Los partidos pol韙icos se ajustar醤 en su organizaci髇, funcionamiento y actividad a los principios democr醫icos y a lo dispuesto en la Constituci髇 y en las leyes. Los partidos pol韙icos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organizaci髇 y funcionamiento, con los 鷑icos l韒ites establecidos en el ordenamiento jur韉ico.

Ir a Norma modificadora Art韈ulo 6 modificado por el apartado cuatro del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

Art韈ulo 7 Organizaci髇 y funcionamiento

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos pol韙icos deber醤 ser democr醫icos, estableciendo, en todo caso, f髍mulas de participaci髇 directa de los afiliados en los t閞minos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elecci髇 de 髍gano superior de gobierno del partido.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 1 del art韈ulo 7 redactado por el apartado cinco del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deber醤 tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podr醤 actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponder, en todo caso, en cuanto 髍gano superior de gobierno del partido, la adopci髇 de los acuerdos m醩 importantes del mismo, incluida su disoluci髇.

3. Los 髍ganos directivos de los partidos se determinar醤 en los estatutos y deber醤 ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deber醤 fijar para los 髍ganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el n鷐ero de miembros requerido para la inclusi髇 de asuntos en el orden del d韆, unas reglas de deliberaci髇 que permitan el contraste de pareceres y la mayor韆 requerida para la adopci髇 de acuerdos. Esta 鷏tima ser, por regla general, la mayor韆 simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deber醤 prever, asimismo, procedimientos de control democr醫ico de los dirigentes elegidos.

Art韈ulo 8 Derechos y deberes de los afiliados

1. Los afiliados a los partidos pol韙icos deben ser personas f韘icas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar.

2. Los estatutos de los partidos pol韙icos podr醤 establecer diferentes modalidades de afiliaci髇 en funci髇 del nivel de vinculaci髇 al partido pol韙ico. Los afiliados de una misma modalidad tendr醤 iguales derechos y deberes.

3. Los partidos pol韙icos dejar醤 constancia de la afiliaci髇 de sus miembros en el correspondiente fichero que se regir por lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal.

4. Los estatutos contendr醤 una relaci髇 detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, respecto a los de mayor vinculaci髇 al partido pol韙ico, los siguientes:

  • a) A participar en las actividades del partido y en los 髍ganos de gobierno y representaci髇, a ejercer el derecho de voto, as como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos.
  • b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.
  • c) A ser informados acerca de la composici髇 de los 髍ganos directivos y de administraci髇 o sobre las decisiones adoptadas por los 髍ganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situaci髇 econ髆ica.
  • d) A impugnar los acuerdos de los 髍ganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
  • e) A acudir al 髍gano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.

El resto de afiliados gozar醤 de los derechos que determinen los estatutos.

5. Los afiliados a un partido pol韙ico cumplir醤 las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:

  • a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecuci髇 de las mismas.
  • b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.
  • c) Acatar y cumplir los acuerdos v醠idamente adoptados por los 髍ganos directivos del partido.
  • d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno de acuerdo con la modalidad de afiliaci髇 que les corresponda.
Ir a Norma modificadora Art韈ulo 8 redactado por el apartado seis del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

Art韈ulo 9 Actividad

1. Los partidos pol韙icos ejercer醤 libremente sus actividades. Deber醤 respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democr醫icos y en los derechos humanos. Desarrollar醤 las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democr醫ica y con pleno respeto al pluralismo.

2. Un partido pol韙ico ser declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democr醫icos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el r間imen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democr醫ico, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

  • a) Vulnerar sistem醫icamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusi髇 o persecuci髇 de personas por raz髇 de su ideolog韆, religi髇 o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientaci髇 sexual.
  • b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como m閠odo para la consecuci髇 de objetivos pol韙icos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades pol韙icas.
  • c) Complementar y apoyar pol韙icamente la acci髇 de organizaciones terroristas para la consecuci髇 de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz p鷅lica, tratando de someter a un clima de terror a los poderes p鷅licos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la poblaci髇 en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidaci髇 generada por la misma.

3. Se entender que en un partido pol韙ico concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repetici髇 o acumulaci髇 de alguna de las conductas siguientes:

  • a) Dar apoyo pol韙ico expreso o t醕ito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecuci髇 de fines pol韙icos al margen de los cauces pac韋icos y democr醫icos, o exculpando y minimizando su significado y la violaci髇 de derechos fundamentales que comporta.
  • b) Acompa馻r la acci髇 de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontaci髇 civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haci閚doles vivir cotidianamente en un ambiente de coacci髇, miedo, exclusi髇 o privaci髇 b醩ica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democr醫icamente en los asuntos p鷅licos.
  • c) Incluir regularmente en sus 髍ganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado p鷅licamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio n鷐ero de sus afiliados doble afiliaci髇 a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra 閟tos conducentes a su expulsi髇.
  • d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustituci髇 de los mismos, s韒bolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo.
  • e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislaci髇 electoral, conceden a los partidos pol韙icos.
  • f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que act鷈n de forma sistem醫ica de acuerdo con una organizaci髇 terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas.
  • g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, econ髆icas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el p醨rafo anterior.
  • h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.
  • i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidaci髇 o coacci髇 social vinculadas al terrorismo o la violencia.
Ir a Norma modificadora N鷐ero 3 del art韈ulo 9 redactado por el apartado siete del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente art韈ulo y la continuidad o repetici髇 de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido pol韙ico, aunque el mismo haya cambiado de denominaci髇, se tendr醤 en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus 髍ganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos p鷅licos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos p鷅licos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, as como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos.

Ser醤 igualmente tomadas en consideraci髇 las sanciones administrativas impuestas al partido pol韙ico o a sus miembros y las condenas penales que hayan reca韉o sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los T韙ulos XXI a XXIV del C骴igo Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra 閟tos conducentes a su expulsi髇.

V閍se el n鷐ero 2 de la disposici髇 transitoria 鷑ica. Ir a Norma

Art韈ulo 9 bis Prevenci髇 y supervisi髇

Los partidos pol韙icos deber醤 adoptar en sus normas internas un sistema de prevenci髇 de conductas contrarias al ordenamiento jur韉ico y de supervisi髇, a los efectos previstos en el art韈ulo 31 bis del C骴igo Penal.

Ir a Norma modificadora Art韈ulo 9 bis introducido por el apartado ocho del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

CAP蚑ULO III

De la disoluci髇 o suspensi髇 judicial de los partidos pol韙icos

Art韈ulo 10 Disoluci髇 o suspensi髇 judicial

1. Adem醩 de por decisi髇 de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, proceder la disoluci髇 de un partido pol韙ico o, en su caso, su suspensi髇, por decisi髇 de la autoridad judicial competente y en los t閞minos previstos en los apartados 2 y 3.

La disoluci髇 surtir efectos desde su anotaci髇 en el Registro de Partidos Pol韙icos, previa notificaci髇 del propio partido o del 髍gano judicial que decrete la disoluci髇.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 1 del art韈ulo 10 redactado por el apartado nueve del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

2. La disoluci髇 judicial de un partido pol韙ico ser acordada por el 髍gano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

  • a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociaci髇 il韈ita en el C骴igo Penal.
  • b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democr醫icos, conforme a lo previsto en los art韈ulos 7 y 8 de la presente Ley Org醤ica.
  • c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democr醫icos o persiga deteriorar o destruir el r間imen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democr醫ico, mediante las conductas a que se refiere el art韈ulo 9.

3. La suspensi髇 judicial de un partido pol韙ico s髄o proceder si as lo dispone el C骴igo Penal. Podr acordarse tambi閚 como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los t閞minos del apartado 8 del art韈ulo 11 de la presente Ley Org醤ica.

4. El supuesto previsto en el p醨rafo a) del apartado 2 del presente art韈ulo ser resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org醤ica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el C骴igo Penal.

5. Los supuestos previstos en los p醨rafos b) y c) del apartado 2 de este art韈ulo ser醤 resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art韈ulo siguiente de la presente Ley Org醤ica, que tendr car醕ter preferente.

6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este art韈ulo respecto de un mismo partido pol韙ico no interferir la continuaci髇 de ambos hasta su finalizaci髇, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podr, por el contrario, acordarse la disoluci髇 voluntaria de un partido pol韙ico cuando se haya iniciado un proceso de declaraci髇 judicial de ilegalidad del mismo por raz髇 de uno u otro apartado o de ambos.

Art韈ulo 11 Procedimiento

1. Est醤 legitimados para instar la declaraci髇 de ilegalidad de un partido pol韙ico y su consecuente disoluci髇, en virtud de lo dispuesto en los p醨rafos b) y c) del apartado 2 del art韈ulo anterior de esta Ley Org醤ica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

El Congreso de los Diputados o el Senado podr醤 instar al Gobierno que solicite la ilegalizaci髇 de un partido pol韙ico, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalizaci髇, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el art韈ulo 9 de la presente Ley Org醤ica. La tramitaci髇 de este acuerdo se ajustar al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado.

2. La acci髇 por la que se pretende la declaraci髇 a que se refiere el apartado anterior se iniciar mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial, a la que se adjuntar醤 los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad.

3. La Sala proceder inmediatamente al emplazamiento del partido pol韙ico afectado y, en su caso, a las personas electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, d醤doles traslado de la demanda, para que puedan comparecer ante la misma en el plazo de ocho d韆s. Una vez comparecidos en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizar la admisi髇 inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas:

  • a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada.
  • b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisi髇.
  • c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento.

    La apreciaci髇 de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondr de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo com鷑 de diez d韆s.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 3 del art韈ulo 11 redactado por la disposici髇 final primera de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General (獴.O.E. 29 enero).Vigencia: 30 enero 2011

4. Una vez admitida la demanda se emplazar al demandado, si hubiere comparecido, para la contestaci髇 a la demanda por el plazo de veinte d韆s.

5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestaci髇 o la Sala lo considera necesario, se abrir un per韔do de prueba que se regir en cuanto a sus plazos y sustanciaci髇 por las reglas que sobre este extremo se contienen en los cap韙ulos V y VI del T韙ulo I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6. Del conjunto de la prueba practicada se dar vista a las partes, que podr醤 formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte d韆s, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedar concluso para sentencia que deber dictarse en veinte d韆s.

7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podr declarar la disoluci髇 del partido pol韙ico o desestimar la demanda, no ser objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y ser ejecutiva desde el momento de su notificaci髇. Si se decreta la disoluci髇, la Sala ordenar la cancelaci髇 de la correspondiente inscripci髇 registral, y el fallo producir los efectos que se determinan en el art韈ulo siguiente de esta Ley Org醤ica. En su caso, la sentencia declarar tambi閚 la existencia o no de vinculaci髇 con el partido pol韙ico ilegalizado de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores. Si se desestima la demanda, 閟ta s髄o podr volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 7 del art韈ulo 11 redactado por la disposici髇 final primera de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General (獴.O.E. 29 enero)Vigencia: 30 enero 2011

8. La Sala, durante la tramitaci髇 del proceso, de oficio o a instancia de parte, podr adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podr acordar la suspensi髇 cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el inter閟 general. En tal caso, la Sala ordenar la correspondiente anotaci髇 preventiva en el Registro de Partidos Pol韙icos.

Art韈ulo 12 Efectos de la disoluci髇 judicial

1. La disoluci髇 judicial de un partido pol韙ico producir los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes:

  • a) Tras la notificaci髇 de la sentencia en la que se acuerde la disoluci髇, proceder el cese inmediato de toda la actividad del partido pol韙ico disuelto. El incumplimiento de esta disposici髇 dar lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el C骴igo Penal.
  • b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jur韉ica no impedir醤 la debida aplicaci髇 de 閟ta. Se presumir fraudulenta y no proceder la creaci髇 de un nuevo partido pol韙ico o la utilizaci髇 de otro ya inscrito en el Registro que contin鷈 o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.
  • c) La disoluci髇 determinar la apertura de un proceso de liquidaci髇 patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinar por el Tesoro a actividades de inter閟 social o humanitario.

2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en tr醡ite de ejecuci髇 de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disoluci髇 de un partido pol韙ico.

3. En particular, corresponder a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesi髇 de un partido disuelto a la que se refiere el p醨rafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexi髇 la similitud sustancial de ambos partidos pol韙icos, de sus estructura, organizaci髇 y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiaci髇 o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposici髇 a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesi髇 en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decret la ilegalizaci髇 y disoluci髇. Adem醩 de las partes de este proceso, podr醤 instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripci髇 conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 4 y 5 de esta Ley Org醤ica.

4. La Sala sentenciadora rechazar fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entra馿n abuso de la personalidad jur韉ica, fraude de ley o procesal.

Art韈ulo 12 bis Declaraci髇 judicial de extinci髇 de un partido pol韙ico

1. El 髍gano competente, a iniciativa del Registro de Partidos Pol韙icos, de oficio o a instancia de los interesados solicitar a la Jurisdicci髇 contencioso-administrativa, la declaraci髇 judicial de extinci髇 de un partido pol韙ico que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

  • a) No haber adaptado sus estatutos a las leyes que resulten de aplicaci髇 en los plazos que 閟tas prevean en cada caso.
  • b) No haber convocado el 髍gano competente para la renovaci髇 de los 髍ganos de gobierno y representaci髇 transcurrido el doble del plazo previsto en el art韈ulo 3.2, letra i).
  • c) No haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentaci髇 de las cuentas.

2. Con car醕ter previo, el Registro de Partidos apercibir al partido pol韙ico que incurra en alguna de las situaciones descritas para que, en el plazo de 6 meses, proceda a justificar bien que ha realizado la adaptaci髇 de sus estatutos a la ley, bien que ha renovado sus 髍ganos de gobierno y representaci髇, bien que ha presentado las cuentas anuales de todos los ejercicios que tenga pendientes, o en su caso, todo lo anterior. Transcurrido este plazo sin que el partido pol韙ico haya realizado las actuaciones descritas, el Registro de Partidos iniciar el procedimiento previsto en el apartado anterior.

3. Para la declaraci髇 judicial de extinci髇 de un partido pol韙ico se seguir lo dispuesto en el art韈ulo 127 quinquies de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa.

4. La declaraci髇 judicial de extinci髇 surtir efectos desde su anotaci髇 en el Registro de Partidos Pol韙icos, previa notificaci髇 efectuada por el 髍gano judicial.

Ir a Norma modificadora Art韈ulo 12 bis introducido por el apartado diez del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

CAP蚑ULO IV

De la financiaci髇 de los partidos pol韙icos

Art韈ulo 13 Financiaci髇

1. La financiaci髇 de los partidos pol韙icos se llevar a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Org醤ica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los partidos pol韙icos.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 1 del art韈ulo 13 redactado por el apartado once del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Org醤ica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los partidos pol韙icos asumen las obligaciones formales y personales en relaci髇 con la acreditaci髇 de fines y cumplimiento de requisitos previstos en la citada normativa en lo que se refiere al control de los fondos p鷅licos que reciben.

3. Todos los partidos inscritos en el Registro de Partidos Pol韙icos habr醤 de remitir las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas en el plazo establecido en la Ley Org醤ica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los partidos pol韙icos.

Ir a Norma modificadora N鷐ero 3 del art韈ulo 13 introducido por el apartado once del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Se adiciona un nuevo n鷐ero 6. al apartado 1 del art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el siguiente contenido:

6. De los procesos de declaraci髇 de ilegalidad y consecuente disoluci髇 de los partidos pol韙icos, conforme a lo dispuesto en la Ley Org醤ica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos.

Ir a Norma afectada

Disposici髇 adicional segunda Modificaciones de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General

1. Se a馻de un nuevo apartado 4 al art韈ulo 44 de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General, con el siguiente contenido:

4. No podr醤 presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido pol韙ico declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendr en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organizaci髇 y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiaci髇 o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposici髇 a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesi髇.

Ir a Norma afectada

2. Se a馻de un nuevo apartado 5 al art韈ulo 49 de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General, con el siguiente contenido:

5. Los recursos previstos en el presente art韈ulo ser醤 de aplicaci髇 a los supuestos de proclamaci髇 o exclusi髇 de candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores a las que se refiere el apartado 4 del art韈ulo 44 de la presente Ley Org醤ica, con las siguientes salvedades:

  • a) El recurso al que se refiere el apartado primero del presente art韈ulo se interpondr ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el art韈ulo 61 de la Ley Org醤ica del Poder Judicial.
  • b) Estar醤 tambi閚 legitimados para la interposici髇 del recurso los que lo est醤 para solicitar la declaraci髇 de ilegalidad de un partido pol韙ico, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del art韈ulo 11 de la Ley Org醤ica de Partidos Pol韙icos.
Ir a Norma afectada

Disposici髇 adicional tercera Supletoriedad

En el procedimiento de inscripci髇 de partidos regulado en el cap韙ulo III, ser tambi閚 de aplicaci髇 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, en todas las cuestiones no reguladas en la presente Ley Org醤ica y sus normas de desarrollo.

Disposici髇 adicional cuarta Fundaciones y entidades vinculadas a partidos pol韙icos o dependientes de ellos

1. Las fundaciones y entidades que est閚 vinculadas a partidos pol韙icos o que sean dependientes de ellos de conformidad con los criterios previstos en la Ley Org醤ica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los partidos pol韙icos deber醤 inscribirse en el Registro de Partidos Pol韙icos a iniciativa conjunta de los representantes de los partidos y de sus propios representantes. En el acto de inscripci髇 se comunicar el nombre de la fundaci髇 y entidad y el registro en el que, por raz髇 de la materia, ya se encuentren inscritas.

Las fundaciones y entidades vinculadas a o dependientes de partidos pol韙icos se inscribir醤 en la secci髇 espec韋ica del Registro que se cree a estos efectos.

2. Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos pol韙icos o dependientes de ellos que no est閚 inscritas en el Registro de Partidos Pol韙icos no podr醤 concurrir a las convocatorias p鷅licas de subvenciones destinadas a fundaciones y entidades vinculadas a partidos pol韙icos o dependientes de ellos.

3. La inscripci髇 en el Registro de Partidos se realizar con independencia de su inscripci髇 en el Registro de fundaciones o entidades correspondiente por raz髇 de la materia o por su 醡bito territorial.

Ir a Norma modificadora Disposici髇 adicional cuarta introducida por el apartado doce del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015

Disposici髇 transitoria 鷑ica

1. Los partidos pol韙icos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior a la entrada en vigor de la presente Ley Org醤ica estar醤 sujetos a la misma y conservar醤 su personalidad jur韉ica y la plenitud de su capacidad, sin perjuicio de adaptar sus estatutos, en caso necesario, en el plazo de un a駉.

2. A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 4 del art韈ulo 9 a las actividades realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Org醤ica, tendr la consideraci髇 de fraude de ley la constituci髇, en fecha inmediatamente anterior o posterior a dicha entrada en vigor, de un partido pol韙ico que contin鷈 o suceda la actividad de otro, realizada con la intenci髇 de evitar la aplicaci髇 a 閟te de las disposiciones de esta Ley. Ello no impedir tal aplicaci髇, pudiendo actuarse respecto de aqu閘 conforme a lo previsto en los art韈ulos 10 y 11 de esta Ley Org醤ica, correspondiendo a la Sala especial del Tribunal Supremo la apreciaci髇 de la continuidad o sucesi髇 y la intenci髇 de defraudar.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente ley Org醤ica y, en particular, la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Pol韙icos y los art韈ulos vigentes de la Ley 21/1976, de 14 de junio.

Ir a Norma modificadora Disposici髇 derogatoria 鷑ica modificada conforme establece el apartado trece del art韈ulo segundo de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ髆ico-financiera de los Partidos Pol韙icos, por la que se modifican la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos y la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (獴.O.E. 31 marzo).Vigencia: 1 abril 2015 Ir a Norma afectada

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Desarrollo reglamentario

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci髇 y desarrollo de esta Ley, especialmente en lo que se refiere al acta fundacional y su documentaci髇 complementaria y al Registro de Partidos Pol韙icos previstos en su cap韙ulo I.

Disposici髇 final segunda Entrada en vigor

La presente Ley Org醤ica entrar en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Org醤ica.