Sumario

Mediante Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, se desestimó la solicitud de segregación de Igeldo del municipio de San Sebastián para constituir un nuevo municipio, formulada por la Comisión Promotora «Itxas-Aurre» ante el Ayuntamiento de San Sebastián con fecha 14 de febrero de 1995.

En el citado Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, tras la exposición de las distintas vicisitudes habidas en la prolongada tramitación del expediente, se analiza si concurren los requisitos que la legislación de régimen local aplicable al caso establece para la constitución de nuevos municipios, a saber, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ( LBRL), el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL) y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDT).

En el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la segregación se reconocía el cumplimiento de algunos requisitos establecidos en dicha normativa, pero se señalaba que el nuevo municipio resultaría económicamente inviable y que no concurría el requisito de la existencia de motivos permanentes de interés público.

Contra el citado Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, la Comisión Promotora «Itxas-Aurre» interpuso recurso contencioso-administrativo (n.º 400/10-1) ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), quedando el curso de los autos suspendido por Decreto de fecha de 16 de julio de 2012, a petición de todas las partes, y después archivado provisionalmente, mediante Auto del TSJPV de 3 de diciembre de 2012, hasta que cualquiera de las partes solicitara su reanudación o se produjera la caducidad de la instancia.

El pasado 3 de junio de 2013 la Comisión Promotora «Itxas Aurre» presentó documentación actualizada para la reanudación del procedimiento ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien a la vista de la petición, por un lado, dio audiencia al Ayuntamiento de San Sebastián, remitiéndole la documentación presentada por la Comisión Promotora «Itxas-Aurre» y, por otro, aprobó realizar una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía del barrio de Igeldo sobre su posible desanexión de San Sebastián, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 24 de setiembre de 2013.

Por su parte, mediante diligencia de ordenación del TSJPV de 14 de octubre de 2013, a petición del Ayuntamiento de San Sebastián, se reanudó el procedimiento contencioso-administrativo archivado provisionalmente.

El 4 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de San Sebastián aportó diversa documentación en el trámite de audiencia concedido ante la presentación de documentación por parte de la Comisión Promotora «Itxas-Aurre», que completó posteriormente el 26 de noviembre de 2013, y el 10 de noviembre de 2013 se celebró la consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía del barrio de Igeldo sobre su posible desanexión de San Sebastián, con un resultado favorable a la misma.

A la vista de la nueva documentación que acompaña a la solicitud del 3 de junio de 2013 de la Comisión Promotora «Itxas-Aurre», de la aportada por el Ayuntamiento de San Sebastián en contestación a la anterior, del resultado de la consulta popular celebrada el 10 de noviembre de 2013 y de los distintos informes emitidos con posterioridad, se realizan las siguientes consideraciones con relación a los requisitos exigidos por la normativa aplicable al presente procedimiento de segregación considerados incumplidos por el Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo:

Por una parte, con relación al requisito de viabilidad económica, se concluye que queda acreditado que el nuevo municipio de Igeldo sería viable económicamente, en la misma medida que también lo son otros municipios de su mismo tamaño.

Por otra parte, con relación a la concurrencia de motivos permanentes de interés público, el Consejo de Estado, tal y como se señala en el Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, ha venido entendiendo en diferentes dictámenes que cuando se trata de una segregación para la constitución de nuevos municipios, la lista de supuestos determinantes del interés público a que se refiere el artículo 6 del TRRL no es cerrada, pues concluye con una referencia a supuestos análogos que abren un cierto margen a la interpretación legal. Se trataría de un concepto jurídico indeterminado necesitado de determinación en cada supuesto de hecho concreto.

En ese sentido, el Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, identifica el interés público a considerar con el fin que persigue el legislador foral con relación a la política de ordenación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Y en consecuencia, señala que la Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, reguladora de las Demarcaciones Municipales de Gipuzkoa, establece en su preámbulo que «partiendo del actual mapa municipal y en aras de la racionalización del mismo, es claro que también a los órganos forales corresponde impulsar la fusión e incorporación de municipios, y siempre con el máximo respeto a la autonomía municipal y con el afán de mejorar la eficacia de la gestión de los recursos propios en todos los ámbitos de la vida social, económica y administrativa, y ofrecer consecuentemente unos mejores servicios a menor coste, atendiendo la demanda de la sociedad actual». Y también que «la suficiencia económico-financiera para la mejora de la prestación de los servicios públicos locales, el nivel de población mínimo y una configuración territorial bastante para un desarrollo armonioso, serán requisitos imprescindibles para la constitución de nuevos municipios».

Igualmente, el citado decreto foral identifica ese interés público con la afirmación recogida en la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el sentido de que en el territorio «existen 88 municipios, sin embargo, 57 de ellos tiene menos de 5.000 habitantes y más del 25% de la población se concentra en la capital. Esto delimita una estructura municipal en la que la mayor parte de la población vive en unos pocos municipios, existiendo una gran cantidad de municipios de tamaño muy reducido. Ante esta realidad, y siendo esencial la suficiencia económico-financiera para atender las exigencias que requiere la prestación de los servicios públicos, resulta necesario definir adecuadamente y reforzar el asociacionismo municipal»; e interpreta que dicha afirmación es la manifestación de una voluntad reacia a la fragmentación de las estructuras municipales y proclive a la fusión e incorporación de municipios.

Sin embargo, a la vista de la voluntad de los vecinos de Igeldo, expresada en el resultado favorable a la segregación de la consulta popular celebrada el pasado 10 de noviembre de 2013, así como en el resultado de la consulta popular realizada en 1995 y en la constante reivindicación de la desanexión durante el periodo transcurrido entre ambas consultas, este Consejo de Gobierno Foral considera que no puede obviar la legitimidad democrática de una decisión respetuosa con la voluntad vecinal y que el respeto a dicha voluntad puede conformar el requerido motivo de interés público.

Es más, este Consejo de Gobierno Foral entiende, que de la normativa foral citada, también se puede deducir que el tamaño y número de los municipios no es un fin en sí mismo para el legislador, sino que el fin fundamental, que no único, de la organización territorial consiste en la garantía de la suficiencia económica para la prestación eficaz y de calidad de los servicios públicos correspondientes a las competencias municipales, fin último al que serviría también la exigencia de un contingente de población suficiente y la de impulso de la fusión e incorporación de los municipios. Y al que en última instancia incluso la voluntad vecinal debe quedar supeditada.

Pero cumplido el requisito de la viabilidad económica en los términos exigidos por la normativa aplicable, y el resto de condiciones establecidas en la misma, y efectivamente acreditadas en el expediente en los términos ya expuestos, se puede interpretar que de la normativa foral citada se extraen otros motivos de interés público, que justifican una segregación acorde con la política territorial foral que de dicha normativa se deduce.

Y es que la Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, también señala que el legislador «debe aunar los sentimientos y aspiraciones de identidad propia o histórica, con las exigencias de la racionalidad, la actualización y eficacia exigidas por la planificación urbanística, socioeconómica y administrativa que demanda Gipuzkoa hoy.» Y en el mismo sentido, se señala que el título III de la norma regula las entidades locales menores para «canalizar algunas voluntades vecinales que no tienen virtualidad para la constitución de nuevos municipios», que pueden servir de «instrumento adecuado de participación vecinal». Luego asimismo cabe interpretar que el legislador en su política territorial también identifica el interés público con el respeto a la voluntad vecinal, con el fin de configurar un territorio en el que las poblaciones diferenciadas que así lo deseen satisfagan su deseo de autonomía, y el objetivo de impulso de la participación ciudadana.

De hecho, la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, al regular formas de asociación municipal, no hace sino ofrecer una alternativa flexible y voluntaria a la fusión de municipios para garantizar esa suficiencia económico-financiera con la que atender las exigencias de calidad, racionalización y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, puede interpretarse que en la norma se identifica el interés público con el objetivo de no sacrificar la autonomía de las comunidades vecinales constituidas en municipios, pues su fin no sería otro que ofrecer mecanismos para aquellos servicios que requieren ser prestados desde un ámbito territorial superior.

Por ello, se concluye que en la normativa foral puede identificarse el interés público con el respeto a la voluntad y a las aspiraciones de las colectividades vecinales de gestionar con autonomía los intereses propios, en este caso, a través de la constitución de un nuevo municipio.

Visto lo anterior, y quedando acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable como presupuesto mínimo necesario e indispensable para que pueda tomarse en consideración el proyecto de segregación de Igeldo, este Consejo de Gobierno Foral considera que la decisión de la creación del nuevo municipio de Igeldo es conveniente y oportuna precisamente por ser respetuosa con esa voluntad vecinal.

En base a las consideraciones anteriores procede revocar y dejar sin efecto el Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, por el que se desestimó la solicitud de segregación de Igeldo del municipio de San Sebastián para constituir un nuevo municipio.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la diputada foral titular del Departamento de Administración Foral y Función Pública, oída la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Primero. Revocación del Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, por el que se desestima la solicitud de segregación de Igeldo del municipio de San Sebastián para constituir un nuevo municipio.

Se revoca y queda sin efecto el Decreto Foral 6/2010, de 16 de marzo, por el que se desestima la solicitud de segregación de Igeldo del municipio de San Sebastián para constituir un nuevo municipio.

Segundo. Segregación de Igeldo y constitución de un nuevo municipio.

Se aprueba la segregación del núcleo de población de Igeldo perteneciente al municipio de San Sebastián de este territorio histórico y su constitución en un nuevo municipio independiente.

Tercero. Denominación y capitalidad.

El nuevo municipio se denominará Igeldo y tendrá su capitalidad en el núcleo central denominado «pueblo de Igeldo».

Cuarto. Límites territoriales.

Los nuevos límites territoriales de los términos municipales de Igeldo y San Sebastián serán coincidentes con la línea de delimitación del barrio de Igeldo que se contiene en el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, que se recoge en el documento anexo I.

Los límites del nuevo municipio de Igeldo con los municipios de Usurbil y Orio coincidirán con la hasta ahora delimitación territorial del municipio de San Sebastián con los citados municipios.

Quinto. Bienes.

El nuevo municipio contará con los bienes que se recogen en la relación que se acompaña en el documento anexo II, sin que la misma tenga carácter limitativo o exhaustivo, y sin perjuicio de la existencia de otros bienes omitidos que debieran haberse incluido. El patrimonio estará exento de cargas. Competerá a la Comisión Arbitral resolver las cuestiones litigiosas que pudieran surgir al respecto.

El nuevo municipio procederá a confeccionar el catálogo e inventario de sus bienes y la calificación jurídica de los mismos.

Sexto. Derechos y obligaciones.

1. Dada la naturaleza de los bienes que se incorporan al nuevo municipio y teniendo en cuenta las consideraciones que se recogen en los informes del Ayuntamiento de San Sebastián y del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral, no se transferirán al nuevo municipio otros derechos que pudiera tener el Ayuntamiento de San Sebastián, y, en consecuencia tampoco asumirá participación alguna en las deudas o créditos que tenga contraídos el mismo.

2. El Ayuntamiento de San Sebastián transferirá las cantidades correspondientes al Ayuntamiento de Igeldo, relativos a los tributos gestionados y recaudados por el primero, en tanto que se produzca el traspaso de los servicios de recaudación.

3. La aprobación del presente decreto foral no afectará a la dotación del Fondo Foral de Financiación Municipal prevista en la Norma Foral 15/1994, de 23 de diciembre, si bien la cuantía total del Fondo se distribuirá entre los municipios del territorio histórico tomando en consideración la cuota fija que corresponda al nuevo municipio de Igeldo.

Séptimo. Prestación de servicios municipales.

El municipio de Igeldo seguirá prestando todos los servicios públicos que venían siendo prestados en el territorio del nuevo municipio, directamente o, en caso de tratarse de servicios mancomunados o consorciados, en los mismos términos en los que venían siendo prestados hasta el momento de la segregación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de adoptar en el futuro otras fórmulas asociativas, establecer consorcios, o suscribir convenios si fuera conveniente o necesario para la adecuada prestación del servicio.

Octavo. Planeamiento urbanístico general.

El planeamiento urbanístico general aplicable a Igeldo viene determinado por el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián vigente a la fecha tal y como se señala en el informe emitido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El nuevo municipio podrá proceder a la revisión o modificación del planeamiento vigente al objeto de adoptar nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio motivada por la modificación del espacio geográfico inicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Noveno. Asistencia y colaboración interinstitucional.

Durante el año siguiente a la segregación, el Ayuntamiento de San Sebastián prestará al nuevo municipio de Igeldo la debida asistencia técnica, económica y jurídica, a la vez que seguirá prestando los servicios públicos esenciales, con las compensaciones económicas que pudieran resultar procedentes, hasta que puedan ser asumidas por el nuevo Ayuntamiento de Igeldo.

Décimo. Constitución de la Comisión Gestora.

La Diputación Foral procederá a notificar la constitución del nuevo municipio a la Junta Electoral correspondiente y a la constitución de una Comisión Gestora de conformidad con el ordenamiento electoral vigente, que asumirá la gestión del nuevo municipio durante el período que medie hasta la celebración de las primeras elecciones municipales y la constitución del nuevo Ayuntamiento.

La Comisión Gestora Municipal de Igeldo estará compuesta por un número de miembros igual al de concejales que le corresponden legalmente, y estará presidida por un presidente o presidenta elegida entre todos los miembros de la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido para la elección del alcalde o alcaldesa.

Undécimo. Comisión Arbitral.

La interpretación del presente decreto foral, así como la resolución de las cuestiones litigiosas que con motivo de la segregación puedan originarse en el futuro se resolverán por una Comisión Arbitral cuya configuración es la siguiente:

• Presidencia: La diputada foral de Administración Foral y Función Pública o persona en quien delegue con rango de diputado o diputada foral o director o directora general de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
• Vocalías: Tres miembros de la Comisión Gestora de Igeldo o, en su caso, Ayuntamiento de Igeldo, y tres miembros del Ayuntamiento de San Sebastián.
• Secretaría: Un funcionario o funcionaria del Departamento de Administración Foral y Función Pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Duodécimo. El presente decreto foral se publicará en el BOLETÍN Oficial de Gipuzkoa, en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado.

El presente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.