Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto la ordenación de los modos de la acción administrativa que realicen las entidades locales, por sí, o mediante organismos autónomos y otros entes y personas públicas y privadas dependientes de aquéllas, en las materias sobre obras públicas, intervención administrativa de la actividad de los ciudadanos, acción de fomento y establecimiento y gestión de servicios públicos y figuras conexas.

Artículo 2 Actuación administrativa

1. Las entidades locales servirán con objetividad los intereses públicos que tengan encomendados.

2. La actuación de las entidades locales se regirá por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos y se desarrollará para alcanzar los objetivos que establezcan las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

3. Cuando sean diversas las formas de actuación administrativa aplicables, se utilizará la que sea más adecuada al fin del interés local y a la naturaleza de la actividad que se trate de realizar y la menos onerosa para los ciudadanos.

Artículo 3 Actividad de intervención

1. Las entidades locales podrán intervenir la actividad privada de los ciudadanos que afecte a los intereses públicos locales en los supuestos establecidos por las leyes.

2. La actividad de intervención de las entidades locales se ajustará a los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y congruencia con los motivos y los fines que justifiquen la potestad para intervenir, el respeto a la libertad individual y la menor onerosidad para los ciudadanos.

Artículo 4 Potestad de ordenación

1. De acuerdo con las leyes, las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar ordenanzas como normas de aplicación general en su territorio.

2. Las ordenanzas y reglamentos locales no podrán contener preceptos contrarios a las leyes y a otras disposiciones generales.

3. Las disposiciones aprobadas vincularán a los ciudadanos y a las administraciones públicas sin que su observancia pueda ser objeto de dispensas individuales.

4. Las resoluciones de carácter singular no podrán ser contrarias a lo que establezcan las ordenanzas aunque aquéllas sean adoptadas por el mismo órgano que haya aprobado éstas.

Artículo 5 Principios de la actividad de fomento

La actividad de fomento de las entidades locales regulada en el título 3 de este Reglamento se ejercerá en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad y con adecuación a la legalidad presupuestaria.

Artículo 6 Objeto de los servicios locales

Las entidades locales prestarán los servicios públicos que tengan por objeto la consecución de los fines señalados como de su competencia para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad local.

Artículo 7 Igualdad en la utilización de los servicios públicos

En el acceso y en la utilización de los servicios públicos locales se respetará el principio de igualdad en relación con todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ordenación del servicio, y regirá, con carácter general, la preferencia que resulte del orden de petición de la prestación, que solamente podrá alterarse por causa justificada de necesidad inaplazable o de urgencia, sin perjuicio de que se establezcan otros criterios objetivos, siempre que se respete aquel principio.

Artículo 8 Objeto de las obras locales

Tienen la consideración de obras locales las que ejecuten las entidades locales para la prestación de los servicios de su competencia, ya se trate de obras de nueva planta, reforma, reparación, conservación o mantenimiento.

Artículo 9 Clases

1. Las obras locales pueden ser de urbanización y ordinarias.

2. Se califican como obras de urbanización aquellas que tengan este carácter de acuerdo con la legislación urbanística.

3. Las demás obras locales se considerarán obras ordinarias, ya sean ejecutadas con los propios fondos de la entidad local o con la ayuda de otros entes públicos o de particulares.

Artículo 10 Régimen

1. Las obras ordinarias se regirán por la normativa de régimen local.

2. Las obras de urbanización se regirán por lo que disponga la legislación urbanística.

Artículo 11 Normativa sectorial

En las obras locales se tendrán en cuenta las condiciones técnicas, sanitarias, urbanísticas, de accesibilidad, artísticas e históricas, de protección de espacios naturales y de otro carácter, que establezca la normativa sectorial que les sea de aplicación.

Artículo 12 Clasificación de las obras ordinarias

1. A los efectos de la elaboración de los correspondientes proyectos, las obras locales ordinarias se clasifican, según su objeto y naturaleza, en los siguientes grupos:

• a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
• b) Obras de reparaciones menores.
• c) Obras de conservación y mantenimiento.

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

4. Se consideran obras de reparación las necesarias para subsanar un daño producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente, sustentación o seguridad de los edificios e instalaciones, o supongan alteración del volumen, tendrán la calificación de gran reparación. En los otros casos, que no revistan complejidad técnica constructiva, por no ser necesarias obras arquitectónicas básicas como las mencionadas, se considerarán obras de reparación menor.

5. Cuando tengan por objeto hacer frente al deterioro que se produce por el mero transcurso del tiempo o por el uso natural del bien las obras necesarias tendrán la consideración de obras de conservación y mantenimiento.

Artículo 13 Unidad e integridad de las obras

1. Los proyectos se referirán necesariamente a obras completas. Tienen esta condición las obras susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, incluidas las instalaciones.

2. Se considerarán elementos comprendidos en los proyectos de los edificios los bienes de equipo que deban ser utilizados en ellos como instalaciones fijas, siempre que constituyan un complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto.

3. Los proyectos relativos a obras de reforma, y, cuando se exijan, para las obras de reparación o conservación, deberán comprender los elementos necesarios para lograr el fin propuesto.

4. Sin estos requisitos no podrán ser aprobados los proyectos ni el gasto que represente la ejecución de las obras que comprendan.

Artículo 14 Fraccionamiento

1. Cuando una obra calificada como ordinaria admita fraccionamiento, podrá ser objeto de diferentes proyectos separados, relativos a cada una de las partes que la integren, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente para el uso general o para el servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. En todo caso tendrá que dictarse una resolución administrativa previa que fundamente la conveniencia y posibilidad del fraccionamiento.

2. La resolución del fraccionamiento corresponderá al órgano competente para contratar la obra.

3. En ningún caso podrá fraccionarse una obra con la finalidad de disminuir la cuantía del contrato para eludir los requisitos de la concurrencia para su adjudicación.

Artículo 15 Autor del proyecto

1. La designación del técnico que tenga que redactar el proyecto recaerá en un facultativo con titulación adecuada por razón del tipo de la obra de que se trate.

2. Podrán designarse equipos pluridisciplinarios para la redacción de proyectos. Los técnicos competentes, con la titulación requerida para intervenir en el aspecto que corresponda, que integren aquellos equipos, quedarán obligados de forma solidaria frente a la entidad y tendrán que nombrar un representante único para las relaciones con ésta.

Artículo 16 Elaboración del proyecto

1. Cuando el proyecto de obras no sea realizado por los servicios técnicos de la entidad local, ésta encargará su elaboración, por el procedimiento que la legislación de contratación establezca, a técnicos ajenos a la misma, de acuerdo con los objetivos y condiciones precisas que rijan el encargo y que figuren en el correspondiente expediente.

2. La subsanación de errores, la corrección de deficiencias, las indemnizaciones por desvío del presupuesto y la responsabilidad por defectos del proyecto se regularán por la normativa contractual específica.

3. Las entidades locales, de forma motivada, podrán solicitar asistencia técnica para la redacción de proyectos al consejo comarcal, diputación o Administración de la Generalidad que se prestará en los términos establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 17 Redacción del proyecto por particulares

1. La entidad local podrá autorizar la redacción de proyectos de obras locales ordinarias por cuenta de los particulares y de las asociaciones administrativas de contribuyentes.

2. Para la elaboración del proyecto, en el supuesto de concesión mixta de obra y de servicio público, se tendrán en cuenta las prescripciones de la documentación técnica que haya aprobado la Administración.

Artículo 18 Definición objetiva del proyecto

1. Los distintos documentos que en su conjunto constituyan el proyecto se definirán de forma que un facultativo competente distinto de su autor pueda dirigir, con arreglo al mismo, los trabajos de ejecución de las obras.

2. Los proyectos deberán ser redactados con el rigor técnico necesario para evitar posteriores modificaciones.

Artículo 19 Eficacia temporal del proyecto

Los proyectos de obras tendrán una duración indefinida. No obstante, cuando previamente a la ejecución de las obras hayan sobrevenido circunstancias que la condicionen, el proyecto aprobado será sometido a los servicios propios de la entidad o a los de otra administración con competencia en la función de asistencia local, para su examen técnico y adaptación a aquéllas.

Artículo 20 Elaboración de proyectos a ejecutar por la Administración

Los proyectos de obras a ejecutar por la propia Administración se sujetarán en su elaboración a lo previsto en este Reglamento según las diferentes clases de obras, si bien se prescindirá de los conceptos y documentos que tengan como única finalidad una futura licitación.

Artículo 21 Objeto y contenido de los anteproyectos

1. Cuando en una obra local ordinaria concurran circunstancias especiales determinadas por la magnitud, la complejidad, el largo plazo de ejecución o la posibilidad de diversas soluciones, o al efecto de su inclusión en un plan de cooperación de obras y servicios a las entidades locales, el órgano competente de éstas podrá acordar la redacción de un anteproyecto de la obra, con el alcance y el contenido que a tales efectos establezca el mismo acuerdo.

2. El contenido del anteproyecto será el suficiente para que por los documentos que lo integran se puedan conocer los criterios del órgano que lo apruebe sobre los extremos fundamentales y las condiciones básicas para elaborar el proyecto, y, en todo caso, tendrá que contener una memoria, los planos necesarios para la definición esquemática de la obra, el presupuesto y, en su caso, un estudio relativo a la descomposición del anteproyecto en proyectos parciales y a las etapas para su elaboración y ejecución.

3. El anteproyecto no revestirá carácter ejecutivo y tan sólo tendrá efectos administrativos internos o, cuando proceda, interadministrativos.

Artículo 22 Aprobación, desarrollo y ejecución

1. Los anteproyectos de obras serán aprobados por el mismo órgano al que corresponda aprobar los proyectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 de este Reglamento.

2. La aprobación de un anteproyecto no eximirá a la Administración del deber de redactar y aprobar el correspondiente proyecto si se pretende contratar la ejecución de las obras.

3. Se podrá iniciar el expediente de contratación en base en un anteproyecto cuando en la forma de adjudicación por concurso los proyectos no hayan sido formados previamente por la Administración y deban ser presentados por los licitadores.

Artículo 23 Bases técnicas

1. En los casos en que el contratista deba presentar el proyecto de la obra, la Administración podrá redactar unas bases técnicas, en sustitución del anteproyecto, a las que se tendrá que someter aquél.

2. También las entidades locales podrán aprobar unas bases técnicas para la ejecución de las obras que no requieran proyecto, definiéndolas y valorándolas con la precisión conveniente para su realización, sin perjuicio de aportar la documentación requerida en los supuestos previstos en los artículos 34 y 35 de este Reglamento.

Artículo 24 Documentos mínimos

Los proyectos que se refieran a obras locales ordinarias de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación, deberán comprender, en todo caso:

• a) Una memoria que considere las necesidades a satisfacer, los factores de todo orden a tener en cuenta, incluido el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, y la justificación de la solución adoptada.
• b) Un presupuesto, integrado o no por otros parciales, con expresión de los precios unitarios y descompuestos, los estados de mediciones y los datos precisos para la valoración de las obras.
• c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
• d) Los planos de conjunto y de detalle de la obra suficientemente descriptivos para que quede perfectamente definida.

Artículo 25 Documentos adicionales

1. Además, cuando proceda, el proyecto deberá incluir:

• a) Un programa de desarrollo de los trabajos.
• b) Una propuesta de clasificación que según el registro de contratistas deba tener el empresario, cuando según la cuantía sea necesario.

2. En su caso, también se incluirán en el proyecto:

• a) La relación detallada y la valoración de los bienes que se tengan que ocupar y, en su caso, expropiar, y la relación de sus titulares.
• b) Los documentos necesarios para promover las autorizaciones o concesiones administrativas que sean previas a la realización de las obras con el detalle necesario que permita su ejecución, cuando ésta esté sometida a dichos trámites.
• c) Los estudios económicos y administrativos sobre el régimen de utilización, incluidos los de los costes de explotación y mantenimiento, y las tarifas que, en su caso, deban aplicarse.
• d) El correspondiente estudio de seguridad e higiene en el trabajo de conformidad con la legislación aplicable, el programa de control de la calidad general de la obra y el estudio de valoración de los riesgos que suponga su ejecución, a los efectos de su aseguramiento.
• e) Un estudio del impacto sobre el medio natural, cuando la obra proyectada esté comprendida en el ámbito de la normativa de esta naturaleza, con el contenido y las determinaciones que ésta exija.
• f) Un estudio sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, de acuerdo con la normativa sobre esta materia.

Artículo 26 Memoria del proyecto

1. La memoria tendrá que considerar los factores socioeconómicos, técnicos, administrativos y estéticos, que definan las obras proyectadas y sus características, así como la justificación de la solución adoptada sin perjuicio de otros datos y, en su caso, los elementos que establezca la normativa sectorial aplicable.

2. Se acompañarán a la memoria, como anexos, los documentos a que se refiere el artículo anterior, cuando legalmente tengan que cumplimentarse.

Artículo 27 Presupuestos de ejecución material y de contrata

1. El presupuesto de ejecución material resultará de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

2. El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando al de ejecución material los conceptos siguientes:

• a) Gastos generales de estructura que incidan sobre el contrato, cifrados en los porcentajes siguientes:
  • Del 13% al 17%, a fijar por cada entidad local, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tributos, precios u otros derechos de la Administración legalmente establecidos que incidan sobre el coste de las obras y otros derivados de las obligaciones del contrato. También se incluirán en este concepto, en su caso, los gastos derivados de la seguridad e higiene en la ejecución de la obra, del control de calidad de ésta y de los seguros a terceros.
  • El 6% en concepto de beneficio industrial del contratista.
• b) El impuesto sobre el valor añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados en el apartado 2.a) de este artículo.

3. El presupuesto de la obra, cuando ésta se lleve a cabo por la propia Administración, será el de ejecución material, incrementado en el porcentaje que representen las cantidades que tengan que percibir, en su caso, los empresarios colaboradores por el trabajo o gestión que aporten. En el presupuesto se incluirá, como partida independiente, el impuesto sobre el valor añadido que corresponda.

Artículo 28 Costes directos e indirectos

1. El cálculo de los precios de las diferentes unidades de obra se basará en los costes directos e indirectos necesarios para su ejecución, sin incorporar el importe del impuesto sobre el valor añadido que pueda gravar la entrega de los bienes o las prestaciones de los servicios realizados.

2. A este efecto, se considerarán costes directos:

• a) La mano de obra, con los pluses, cargas y seguros sociales que intervengan directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• b) Los materiales, a precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
• c) Los gastos de personal, combustible, energía y otros que se produzcan por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria y las instalaciones utilizadas en la realización de la unidad de obra.
• d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones citadas.

3. Se considerarán costes indirectos:

• a) Los gastos de instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para albergues, laboratorios y otros análogos.
• b) Los costes del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Los costes indirectos, salvo los que en el presupuesto se valoren en unidad de obra o en partidas alzadas, se fijarán en un porcentaje sobre los costes directos igual para todas las unidades de obra. Este porcentaje lo propondrá, en cada caso, el técnico autor del proyecto teniendo en cuenta la naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su presupuesto y el posible plazo de ejecución.

Artículo 29 Prescripciones técnicas

1. El pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de las obras deberá consignar las características que tengan que cumplir los materiales a utilizar, las condiciones de ejecución de las diferentes unidades de obra e instalaciones que se deban exigir y las precauciones a adoptar durante la construcción. Asimismo se detallarán las formas de medición y valoración de las diferentes unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, el plazo de garantía, las condiciones y pruebas a realizar para la recepción de las obras y, en su caso las otras determinaciones que establezca la legislación sectorial aplicable.

2. Salvo que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una fabricación o procedencia determinadas, o procedimientos particulares que puedan favorecer o eliminar posibles licitadores. Cuando no se pueda ofrecer una descripción del objeto de la obra, de la instalación o del bien mediante otros datos suficientemente precisos e inteligibles, podrán indicarse marcas, licencias o tipos, siempre que vayan acompañados de la mención "o equivalente".

3. El pliego no contendrá declaraciones o cláusulas que por su carácter económico o estrictamente jurídico deban figurar en los pliegos de cláusulas administrativas.

Artículo 30 Planos

1. Los planos describirán las representaciones gráficas que permitan situar, replantear y construir las obras.

2. Los planos serán suficientemente descriptivos para que de ellos se puedan deducir las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes, para la exacta realización de la obra y para la formación de los planes de ejecución en obra o en taller.

3. Los proyectos incluirán, cuando sean necesarios, planos de información, generales, constructivos y de replanteo, y de detalle, sin perjuicio de otros exigibles según el tipo de la obra.

Artículo 31 Relación y valoración de los bienes que hayan de ocuparse y expropiarse

1. Cuando proceda, se incluirá en el proyecto, en un anexo a la memoria, la relación detallada de los bienes y los derechos que deban ocuparse y, en su caso, expropiarse, así como su valoración individualizada, a los efectos prevenidos en el artículo 40.1 de este Reglamento.

2. En la mencionada relación se expresará la situación material y jurídica de cada uno de los bienes y derechos necesarios, así como la identidad de sus titulares respectivos. Estos prestarán, cuando proceda, su colaboración y permitirán las operaciones de replanteo y de comprobación que los técnicos de la administración tengan que efectuar.

Artículo 32 Programa de trabajo

El programa de trabajo a que se refiere el artículo 25.1 de este Reglamento definirá de forma esquemática e indicativa, en un documento anexo a la memoria, las previsiones de los plazos de ejecución de las diferentes partes en que pueda descomponerse la obra y determinará los importes que corresponda abonar por la entidad en cada una de ellas.

Artículo 33 Propuesta de clasificación de los contratistas

La propuesta de clasificación que se tenga que exigir a los contratistas que aspiren a la adjudicación del contrato se efectuará de manera justificada por el técnico autor del proyecto, de conformidad con la normativa que regule esta materia, y se incluirá como documento anexo a la memoria del proyecto.

Artículo 34 Obras de reparaciones menores

Para la ejecución de las obras que tengan la consideración de reparaciones menores de conformidad con lo que establece el artículo 12.4 de este Reglamento, solamente será preceptivo, como documento integrante, el presupuesto. No obstante, si su cuantía excediese de 5.000.000 de pesetas o de la que la normativa aplicable en Cataluña determine en lo sucesivo, se tendrá que incorporar una memoria y la documentación técnica o administrativa necesaria para definir, ejecutar y valorar las obras y trabajos que exijan las reparaciones.

Artículo 35 Obras de conservación y mantenimiento

1. Las obras deberán ser mantenidas e inspeccionadas a lo largo de su vida de acuerdo con lo que determinen los reglamentos específicos de las instalaciones o productos componentes o incorporados a las obras.

Para garantizar que el mantenimiento y las inspecciones se llevan a cabo y en los plazos fijados en las instrucciones, la corporación municipal designará un técnico o persona responsable.

2. Las obras de conservación y mantenimiento serán objeto de un presupuesto y, en su caso, de una documentación análoga a las de reparaciones menores, salvo en los casos en que, por sus características especiales, no sean susceptibles de integrarse en un presupuesto y sean ejecutadas directamente por la administración con cargo a las consignaciones entregadas para estos fines.

Artículo 36 Examen previo del proyecto

1. Cuando los proyectos de obras no hayan sido elaborados por los servicios técnicos de la propia entidad local o de otra administración, dichos servicios los examinarán y emitirán informe sobre el cumplimiento de la normativa y prescripciones que regulen la materia.

2. Cuando las entidades locales no dispongan de servicios técnicos propios corresponderá emitir el mencionado informe de comprobación al consejo comarcal, diputación o a la Administración de la Generalidad, que lo formularán de acuerdo con la normativa aplicable.

3. En cualquier caso, el informe será previo a la tramitación del proyecto.

Artículo 37 Procedimiento

1. La tramitación de los proyectos de obras locales ordinarias se ajustará al procedimiento siguiente:

• a) Acuerdo de aprobación inicial.
• b) Información pública y notificación individual, cuando proceda.
• c) Aprobación definitiva.

2. La información pública del proyecto será de treinta días como mínimo, durante los cuales se podrá examinar aquél y formular las alegaciones pertinentes. Simultáneamente, se someterá a informe o autorización de otras administraciones sólo si así lo exigiere la legislación sectorial según el tipo de obra de que se trate, y se notificará individualmente a las personas directamente afectadas que figuren en la relación a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento.

3. Los planos y documentos sometidos al trámite de información pública serán diligenciados por el secretario de la corporación, haciendo constar en ellos que han sido aprobados inicialmente por ésta.

4. En la tramitación de los proyectos en que intervenga otra administración, por así exigirlo la legislación sectorial, tendrán que cumplirse los trámites que esta normativa imponga. La no emisión de los informes dentro de los plazos concedidos dará lugar a que prosigan las actuaciones siempre que aquellos no sean determinantes para la aprobación del proyecto.

5. El plazo para la aprobación definitiva del proyecto es de seis meses a contar de la aprobación inicial. La falta de resolución dentro de este plazo comportará la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mencionado plazo.

6. Para las obras de conservación y mantenimiento, reparaciones menores o meras instalaciones complementarias en edificios de las entidades locales, será suficiente la aprobación, por el órgano competente de la corporación, de la documentación a que se refieren los artículos 34 y 35 de este Reglamento, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 46 del mismo, en lo que sea de aplicación.

Artículo 38 Competencia y publicación

1. La aprobación de los proyectos de obras ordinarias corresponderá a los diferentes órganos de las entidades locales, según la distribución de competencias en materia de contratación que establece el artículo 264 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, a no ser que su ejecución comporte la expropiación forzosa, en cuyo caso deberán ser aprobados por el pleno de la corporación.

2. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el boletín informativo local, si existiere, y se insertará en el tablón de anuncios de la corporación.

Artículo 39 Proyectos de los organismos autónomos y otros entes dependientes de la entidad local

Los organismos autónomos, sociedades y otros entes dependientes de las entidades locales tramitarán y aprobarán los proyectos de obras que les corresponda, salvo que los estatutos respectivos dispongan otra cosa, o que comporten expropiación forzosa.

Artículo 40 Efectos expropiatorios de la aprobación del proyecto

1. La aprobación de los proyectos de obras locales comportará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y de los edificios que estén comprendidos en ellos al efecto de la expropiación forzosa, de conformidad con lo que establece el artículo 219.3 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

2. Los mismos efectos producirá la aprobación de los planes de obras y servicios locales por las administraciones competentes, incluidos los planes de cooperación y los programas de actuación comarcal, respecto a las obras comprendidas en ellos.

3. Cuando se considere necesario para previsibles ampliaciones de la obra y así conste en el proyecto aprobado, la expropiación podrá comprender una franja adyacente o paralela a aquélla, de conformidad con la legislación de expropiación forzosa.

Artículo 41 Compromiso de aportación de bienes a otras administraciones

1. Son susceptibles de expropiación los inmuebles respecto de los cuales la entidad local tenga adquirido un compromiso firme, acordado por el órgano competente, para ceder a otras administraciones públicas para ser destinados a fines que beneficien los intereses de la comunidad.

2. En todo caso, tendrá que constar la aceptación de la administración cesionaria, como requisito previo para el trámite de la expropiación.

Artículo 42 Objeto

Sólo se podrán introducir modificaciones en el proyecto de obras aprobado cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento de elaborarlo, siempre que no comporten alteración substancial de su objeto o de sus características básicas.

Artículo 43 Procedimiento

Las modificaciones del proyecto que representen variación inferior en más o menos, al 20% del presupuesto de las obras, y que cumplan las condiciones que establece el artículo anterior, se tramitarán de acuerdo con el procedimiento siguiente:

• a) El director de la obra formulará una propuesta de las modificaciones a introducir.
• b) El autor del proyecto u otro técnico que designe la corporación redactará una memoria que explicitará de forma clara las causas técnicas o las nuevas necesidades que justifican técnicamente la modificación. A la memoria se acompañará la documentación técnica necesaria, especialmente el presupuesto de ejecución, el cual se determinará de acuerdo con las normas de contratación.
• c) En el caso de que las obras se ejecuten por contrato o por concesión se dará trámite de audiencia al contratista por el plazo de diez días.
• d) Autorización y fiscalización del gasto.
• e) El órgano competente para aprobar el proyecto lo será para aprobar el expediente de modificación de éste.
• f) Lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que establezca la normativa que regule la modificación del contrato, cuando proceda.

Artículo 44 Modificaciones urgentes o de emergencia

1. En caso de urgencia o emergencia, el director de la obra podrá ordenar la realización de las unidades que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de la obra ya ejecutadas o para evitar daños inmediatos a terceros.

2. El director de la obra dará cuenta inmediata al presidente de la corporación, al objeto de instruir y aprobar los procedentes expedientes de modificación o revisión del proyecto, el de contratación y la ordenación del gasto correspondiente.

Artículo 45 Objeto y procedimiento

1. Cuando las unidades de obra no comprendidas en el proyecto o las obras complementarias de éste que lo alteren representen una variación superior, en más o en menos, al 20% del presupuesto de la obra o comporten una alteración substancial del proyecto inicial, dará lugar a su revisión.

2. A este efecto, se considerará alteración substancial del proyecto el cambio de los fines y las características básicas de éste, así como la sustitución de unidades que afecten al 50% o más del importe del presupuesto.

3. El proyecto revisado se sujetará a las disposiciones y procedimiento establecidos para su formación y aprobación.

Artículo 46 Actuaciones previas

1. La ejecución de las obras locales ordinarias irá precedida de las actuaciones administrativas siguientes:

• a) Elaboración, aprobación y replanteo, si procede, del proyecto técnico correspondiente, salvo las obras de reparación menor y de conservación.
• b) Consignación presupuestaria.

2. En la ejecución de las obras locales ordinarias mediante contrato, se procederá previamente, además, a la tramitación y resolución del expediente de contratación, con la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del gasto correspondiente, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.

3. La ejecución de obras que prescinda de todos o de alguno de los trámites a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores genera, cuando convenga, la procedente responsabilidad administrativa de acuerdo con la legislación general aplicable.

4. En el supuesto de imposición de contribuciones especiales, el acuerdo de ejecución no será efectivo hasta que lo sea el de la imposición.

Artículo 47 Adecuación al proyecto

Las obras locales ordinarias se ejecutarán de acuerdo con el proyecto o con la otra documentación técnica, cuando proceda, que les sirvan de base.

Artículo 48 Formas de ejecución de las obras

1. Las obras locales ordinarias podrán ejecutarse mediante contrato o por la misma administración.

2. También podrán realizarse por concesión mixta de obra y servicio, con la colaboración de los particulares, y mediante fórmulas de colaboración de las entidades locales con otras administraciones de forma consorciada o mediante convenio.

3. En cualquier caso, la entidad local mantendrá facultades de control en la ejecución de la obra.

4. La ejecución de las obras mediante contrato y las que sean ejecutadas por la administración en los supuestos legalmente establecidos se regularán por lo que establezca la legislación de contratación aplicable.

5. La ejecución de obras por concesión se regirá por lo que se establece en el capítulo 3 del título 6 de este Reglamento y por lo que prevean el pliego de prescripciones particulares y el correspondiente proyecto que les sirva de base.

6. El concesionario, en la elaboración del proyecto de la obra, tendrá en cuenta lo que dispone el artículo 23 de este Reglamento y se atendrá a la documentación técnica, que, en su caso, hubiere formulado la administración.

Artículo 49 Ejecución de obras por particulares y colaboración

1. Las entidades locales podrán autorizar a los particulares la ejecución de obras locales ordinarias cuando se constituyan legalmente en asociaciones administrativas de contribuyentes.

2. Los propietarios o titulares de derechos afectados por la realización de las obras podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes, en el plazo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.

3. Las mencionadas asociaciones se regirán por sus estatutos.

4. Las asociaciones administrativas podrán formular sugerencias a la entidad local sobre la ejecución de las obras en las cuales tengan interés, auxiliarla en la vigilancia de su realización, denunciar los defectos que observen y proponer las medidas para el más correcto desarrollo de aquéllas.

Artículo 50 Ejecución de obras en colaboración con otras administraciones

Los compromisos de ayuda para la ejecución de las obras mediante fórmulas de colaboración con otras administraciones tendrán que ser previos a la ejecución. En el supuesto de que la obra se realice por contrato o por concesión, el compromiso de ayuda tendrá que formalizarse antes de la tramitación del expediente licitatorio.

Artículo 51 Afectación y registro de las obras

La obra ejecutada quedará afectada al uso o al servicio público al que la entidad local la destine y será anotada en el inventario general de los bienes y derechos de la entidad local y, cuando corresponda, se inscribirá en el registro de la propiedad, conforme a la normativa sobre el patrimonio de las entidades locales y la legislación hipotecaria.

Artículo 52 Dirección facultativa

1. La ejecución de las obras locales exige una dirección facultativa, que estará a cargo del técnico competente de la corporación, o de otro con titulación adecuada y suficiente que la entidad local designe mediante concurso o libremente. La dirección de obra comportará la comprobación y la vigilancia de su correcta realización.

2. La duración del contrato de asistencia no excederá del plazo de dos años, salvo en los supuestos de prórroga o por tratarse de trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal.

3. El director facultativo será el responsable de la dirección de la obra, con independencia de que cuente con colaboradores, y asumirá frente a la administración la responsabilidad final de la ejecución del proyecto.

Artículo 53 Facultades de la dirección

1. El director de la obra coordinará el equipo técnico que eventualmente intervenga en su ejecución, realizará la interpretación técnica del proyecto, adoptará las medidas técnicas necesarias para llevar a cabo su desarrollo y propondrá las adaptaciones, los detalles complementarios y las modificaciones que sean necesarias para realizar totalmente la obra, de acuerdo con lo que establezca el proyecto.

2. Corresponderán al director de las obras las facultades que le confiera la normativa que sea de aplicación y, en especial, las siguientes:

• a) Dictar órdenes de obra, escritas y gráficas, que serán de cumplimiento obligatorio para el contratista.
• b) Inspeccionar y emitir informes sobre el estado de ejecución de las obras y las incidencias que se produzcan. El contratista debe facilitar el cumplimiento de la función inspectora.
• c) Suscribir el acta de la recepción provisional de las obras e informar previamente la recepción definitiva de las mismas.
• d) Expedir las certificaciones de obras correspondientes y formular la liquidación y el estado económico final.

Artículo 54 Libro de órdenes

En la realización de las obras locales ordinarias que ejecuten un proyecto será obligatorio llevar un libro de órdenes, en el cual el director o el colaborador tendrán que reseñar las asistencias, las órdenes que se dicten y las incidencias que se produzcan en su desarrollo.

Artículo 55 Modalidades

1. La actividad de intervención de las entidades locales se podrá llevar a cabo por los siguientes medios:

• a) Ordenanzas y bandos.
• b) Instrumentos de planeamiento.
• c) Sumisión a licencia y actos de control preventivos.
• d) Ordenes individuales de mandato o de prohibición.

2. La intervención de las entidades locales mediante instrumentos de planeamiento se desarrollará a través de los de carácter urbanístico y sectorial, en los términos que prevé la normativa vigente.

Artículo 56 Efectos

Los actos de intervención producirán efectos entre la entidad local y la persona sujeta a la actividad, sin que de dichos actos se derive ninguna alteración de las situaciones jurídicas privadas entre aquélla y las otras personas.

Artículo 57 Medidas provisionales

El órgano competente para resolver podrá adoptar en el procedimiento las medidas provisionales que crea oportunas para asegurar la eficacia de la resolución. Estas medidas serán justificadas y proporcionadas al fin previsto, sin que en ningún caso su aplicación pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de los derechos amparados en las leyes.

Artículo 58 Aplicación

Las disposiciones de carácter general aprobadas por las entidades locales se someterán al resto del ordenamiento jurídico y serán de aplicación directa, de acuerdo con los principios de competencia y jerarquía.

Artículo 59 Modalidades

Además de las ordenanzas de edificación, industriales, medioambientales y otras que regulen materias de la competencia local, los municipios podrán aprobar ordenanzas de buen gobierno, que incorporen las normas peculiares de la localidad encaminadas a ordenar la actividad y la convivencia de los ciudadanos en el medio urbano y rural, así como, en su caso, la costumbre local.

Artículo 60 Régimen aplicable

1. La aprobación y modificación de las ordenanzas se efectuará de conformidad con lo establecido por el artículo 162.2 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, otra legislación aplicable y este Reglamento.

2. Para la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales y las de edificación y de uso del suelo se seguirá el procedimiento previsto en la legislación específica que sea aplicable.

Artículo 61 Iniciativa

1. Podrán ejercer la iniciativa para la formación o modificación de ordenanzas los órganos de las entidades locales, en la forma establecida por la legislación que los regula, y en los municipios, además, los vecinos por su cuenta y/o mediante las entidades o asociaciones legalmente constituidas, que tengan por objeto la defensa y la protección de los intereses de los ciudadanos.

2. La iniciativa de los vecinos no será procedente en materias ajenas a las competencias de la entidad local ni en las de carácter tributario.

3. El número mínimo de vecinos para ejercer la iniciativa será el mismo que el que establece el artículo 144.2 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

4. El escrito que contenga la iniciativa se referirá a las líneas básicas de la norma que se proponga elaborar y se acompañará una memoria justificativa.

5. El Pleno de la corporación admitirá a trámite o rechazará la iniciativa, motivando, en todo caso, la decisión que se adopte.

Artículo 62 Formación del anteproyecto

1. Acordada la formación o modificación de una ordenanza, se designará una comisión de estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de la norma.

2. Dicha comisión estará integrada por miembros de la corporación y personal técnico, propio o ajeno a ésta, bajo la presidencia de uno de aquéllos. La comisión podrá proponer que se encomienden a dicho fin estudios, informes o dictámenes a profesionales ajenos a la entidad.

3. La corporación podrá solicitar al consejo comarcal al que pertenezca, a la diputación o a la Administración de la Generalidad en la función de asistencia a las entidades locales la elaboración del texto del anteproyecto de la ordenanza, y la colaboración técnica necesaria hasta su aprobación definitiva, que deberán prestarse siempre que se justifique su necesidad.

Artículo 63 Aprobación inicial, información pública y audiencia

1. Corresponde al pleno de la corporación aprobar inicialmente el anteproyecto de ordenanza.

2. El acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de la norma, se someterán a información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en uno de los medios de comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la corporación, por el plazo mínimo de treinta días, para la formulación de reclamaciones y alegaciones.

3. En todo caso se concederá audiencia a los vecinos o las asociaciones que hayan ejercido la iniciativa.

Artículo 64 Propuesta de aprobación

1. Las reclamaciones y alegaciones presentadas se remitirán a la comisión informativa que corresponda o que se constituya a este efecto, la cual propondrá la estimación o desestimación total o parcial de aquéllas y formulará la propuesta de aprobación de la ordenanza.

2. La composición y el funcionamiento de dicha comisión se regirá por el Reglamento orgánico de la corporación, en su caso, y por la normativa de régimen local aplicable.

Artículo 65 Aprobación definitiva y envío a la Administración del Estado y de la Generalidad

1. La aprobación definitiva de las ordenanzas corresponde al pleno de la corporación, el cual no podrá delegar en otro órgano esta atribución. En caso de haberse presentado reclamaciones o alegaciones durante el trámite de información pública y de audiencia, se resolverán de forma razonada en el mismo acuerdo de aprobación. Cuando no se hayan presentado reclamaciones o alegaciones el acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo.

2. Las ordenanzas se aprobarán por mayoría simple, por regla general. Solamente requerirá mayoría absoluta la aprobación y modificación de las normas y ordenanzas que formen parte de los planes y de los instrumentos de ordenación urbanística, las ordenanzas fiscales y el reglamento orgánico de la corporación.

3. Las entidades locales remitirán a la Administración del Estado y a la de la Generalidad de Cataluña, en el plazo de quince días, el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza y copia íntegra y fehaciente de la misma.

Artículo 66 Publicación, edición y consulta de las ordenanzas

1. Las ordenanzas y reglamentos locales se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto en el mismo y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Igualmente se publicarán en el boletín informativo local, cuando exista, se insertarán, en todo caso, en el tablón de anuncios de la corporación y se anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referencia del Boletín Oficial de la provincia en que se haya publicado íntegramente el texto.

2. Las entidades locales editarán el texto de sus ordenanzas, en la forma que les permita su capacidad económica. El consejo comarcal y las administraciones con competencia en la función de asistencia local prestarán ayuda técnica y económica para el cumplimiento de esta prescripción, cuando se justifique su necesidad.

3. Las ordenanzas y reglamentos locales aprobados, junto con los respectivos acuerdos de aprobación, podrán ser consultados en cualquier momento por todos los ciudadanos, dentro del tiempo hábil dispuesto para la atención al público.

Artículo 67 Objeto

1. Los bandos locales tienen por objeto entre otros, hacer un recordatorio a la población del cumplimiento de los deberes ciudadanos contenidos en disposiciones generales o resoluciones dictadas, la aclaración de las mismas cuando sea necesario o efectuar convocatorias populares con motivo de acontecimientos ciudadanos.

2. Mediante los bandos, no se pueden aprobar normas de carácter general, salvo en los casos de reconocida urgencia mientras dure esta situación.

Artículo 68 Competencia

La aprobación de los bandos corresponde al presidente de la corporación, que no podrá delegar esta competencia en ningún miembro de la misma.

Artículo 69 Supuestos de urgencia

1. Los decretos de los presidentes de las entidades locales adoptados en casos de catástrofe o infortunio públicos o de grave peligro de éstos se dictarán en forma de bandos.

2. Se utilizará cualquier medio audiovisual o escrito para dar a conocer a la población las disposiciones adoptadas.

3. De los decretos así dictados se dará cuenta inmediata al pleno de la corporación, al efecto de que sean ratificados o para que sigan el trámite procedente.

Artículo 70 Publicidad

Los bandos se publicarán en los boletines informativos de las entidades locales, cuando existan, y, en todo caso, en el tablón de anuncios de la corporación, y se dará la máxima publicidad según el uso o costumbre del lugar.

Artículo 71 Potestad de control

Las entidades locales podrán exigir a los ciudadanos y a las administraciones públicas la obtención de autorización o licencia previa al ejercicio de su actividad en los supuestos previstos por la ley y las normas que la desarrollen.

Artículo 72 Competencia

1. La competencia para el otorgamiento de autorizaciones y licencias corresponderá al presidente de la corporación salvo que la legislación sectorial o las ordenanzas la atribuyan a otro órgano.

2. El ejercicio de esta competencia podrá ser delegado y ésta, en su caso, desconcentrada, conforme a lo previsto en la legislación de régimen local y en el reglamento orgánico de la entidad.

Artículo 73 Situaciones jurídicas particulares y responsabilidad

1. Las autorizaciones o licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y no será necesario acreditar su titularidad ante la administración para solicitarlas, salvo que su otorgamiento pueda afectar a la protección y garantía de bienes de titularidad pública.

2. No podrá ser invocado el otorgamiento de una licencia para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieren incurrido sus beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

Artículo 74 Control de la actividad

1. Las actividades autorizadas que afecten al interés general estarán sujetas a control por el órgano que otorgó la licencia.

2. Cuando, a consecuencia de la aprobación de una disposición de carácter general, se modifiquen las condiciones para el ejercicio de la actividad autorizada, la modificación deberá resultar proporcionada y congruente con el interés general que se trate de proteger. En este supuesto, el titular autorizado adaptará la actividad a las nuevas condiciones de acuerdo con las cláusulas transitorias que la mencionada disposición y otra normativa prevean y será de aplicación, cuando proceda, el régimen de indemnización que establezca la legislación administrativa general.

Artículo 75 Solicitud

1. Las solicitudes de licencia, que se documentarán de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable y las ordenanzas, precisarán el objeto y condiciones de la obra o de la actuación proyectada, con el detalle suficiente para su debida verificación con las mencionadas normativa y ordenanzas.

2. ...

Número 2 del artículo 75 derogado por el apartado 2 de la disposición derogatoria única del D [CATALUÑA] 64/2014, 13 mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística («D.O.G.C.» 15 mayo).Vigencia: 4 junio 2014

3. Asimismo, será necesaria la presentación de proyecto suscrito por técnico competente para la obtención de licencia de instalaciones o de establecimientos destinados al ejercicio de actividades clasificadas, cuando así lo disponga la normativa específica aplicable.

4. Sin perjuicio de lo que establecen los apartados anteriores, será necesaria igualmente la presentación de proyecto cuando lo exija la normativa urbanística y para las actuaciones que, conforme a su normativa reguladora, lo requieran.

5. En los supuestos de sustitución de licencia por la comunicación previa, regirá lo que dispone el artículo 96 de este Reglamento.

Artículo 76 Expediente único en diversidad de licencias

1. Cuando sean necesarias diferentes licencias municipales para diversas actuaciones directamente relacionadas entre sí, se tramitarán, en su caso, en un solo expediente, sin perjuicio de que tenga que presentarse la documentación técnica que corresponda a cada una de ellas.

2. El interesado podrá instar la iniciación del expediente en cualquiera de las oficinas con competencia en la tramitación de alguna de las licencias y se le indicará la oficina única con la que en lo sucesivo deberá relacionarse.

3. Cuando para el otorgamiento de una licencia sea preciso contar con certificaciones, informes u otros documentos previos que emanen de la misma corporación, la oficina que trámite el expediente principal los recabará directamente, comunicándolo así al interesado.

4. Cuando una licencia o autorización sea condición necesaria para el otorgamiento de otra posterior, el plazo para la concesión de ésta se iniciará una vez haya sido otorgada la primera.

Artículo 77 Licencia de edificación para usos y actividades determinadas

1. Si la edificación para cuya construcción se solicita licencia estuviera destinada al ejercicio de actividades igualmente sujetas a autorización de la misma corporación, por virtud de norma local o sectorial, en el expediente se acreditarán las condiciones urbanísticas del suelo y de la edificación, las relativas a la localización y características de la actividad y los requisitos de las instalaciones proyectadas.

2. El interesado presentará la documentación técnica necesaria a que se refiere el artículo 79.a), relativa a la edificación, actividades e instalaciones, para la debida comprobación de las condiciones y los requisitos enunciados en el apartado anterior.

3. En la tramitación del expediente se dará cumplimiento a lo dispuesto por la legislación y normativa urbanísticas, las normas referentes a la instalación y ejercicio de actividades, incluidas las clasificadas, y demás de carácter sectorial, cuando proceda.

4. En ningún caso se otorgará la licencia de obras sin la concesión previa o simultánea de la relativa a la actividad.

Artículo 78 Licencia de edificación para el ejercicio de actividades no determinadas

1. Cuando la edificación pueda ser destinada a diversas actividades de acuerdo con los usos que establezca la ordenación urbanística y aquellas no se determinen en el proyecto, éste tendrá que prever los elementos de infraestructura comunes teniendo en cuenta las actividades permitidas en su categoría e intensidad máximas.

2. La instalación de la actividad y su puesta en funcionamiento estarán sujetas, respectivamente, a la obtención de la correspondiente licencia y a la debida comprobación, de acuerdo con la legislación sectorial y este Reglamento.

Artículo 79 Tramitación

Las solicitudes de licencia o autorización se tramitarán, sin perjuicio de los procedimientos específicos establecidos en las diferentes regulaciones de la intervención local, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

• a) Se presentarán acompañadas del número de ejemplares de la documentación técnica que precise la actuación, según determinen las ordenanzas de la corporación y, en su caso, la legislación sectorial, junto con la copia de otras autorizaciones administrativas previamente otorgadas por otras administraciones en relación con aquélla.
• b) La entidad local requerirá simultáneamente los informes internos o externos, preceptivos o facultativos que se tengan que obtener. La corporación podrá solicitar al consejo comarcal y a las administraciones con competencia para la asistencia a las entidades locales que emitan los citados informes, cuando justifiquen su necesidad.
• c) Los informes se emitirán diez días antes, como máximo, de la fecha en que se cumplan los plazos previstos en el artículo 81 de este Reglamento para resolver el expediente de la licencia, sin perjuicio, en otro caso, de la responsabilidad en que pueda haber incurrido el funcionario que ha ocasionado la demora.
• d) Si antes de expirar el plazo mencionado se apreciare la existencia de deficiencias subsanables que afecten a la solicitud o documentación presentadas, se requerirá al interesado para su subsanación en el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al de la notificación del requerimiento.

Artículo 80 Otros interesados

Los interesados que puedan resultar afectados por el otorgamiento de la licencia podrán comparecer en el procedimiento y formular alegaciones y presentar los documentos que crean oportunos. La entidad local concederá audiencia de las actuaciones a los interesados que resulten identificados en el expediente o que lo hayan sido por los que se han personado, para que en el plazo de diez días puedan formular alegaciones.

Artículo 81 Resolución

1. Las licencias de obras previstas en el artículo 75.2 y 75.4 de este Reglamento para actuaciones respecto de las que su normativa reguladora exija proyecto se otorgarán o denegarán de forma motivada en el plazo de dos meses, y las de las restantes en el de un mes. Estos plazos comenzarán a contarse a partir del primer día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud. No obstante, cuando previamente a la concesión de la licencia sea necesario el informe preceptivo de otra administración pública, el cómputo se interrumpirá durante el plazo establecido en la normativa sectorial de aplicación para la emisión del informe.

2. Las licencias para el ejercicio de actividades clasificadas a las que se refiere el artículo 75.3 de este Reglamento tendrán que otorgarse o denegarse de forma motivada, en el plazo y conforme al procedimiento establecidos por la legislación sectorial aplicable en Cataluña.

3. El cómputo de los plazos anteriores quedará suspendido durante el tiempo que se conceda al solicitante para subsanación de deficiencias a que se refiere el artículo 79.d) de este Reglamento.

4. Las entidades locales podrán reducir los plazos señalados en este artículo respecto de las actuaciones de su competencia.

Artículo 82 Licencias presuntas

1. Transcurridos los plazos señalados en el artículo 81 de este Reglamento, y, en su caso, el de subsanación de deficiencias sin haberse notificado la resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de la licencia o autorización, salvo que la solicitud tuviere como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público, o al servicio público o que tratándose de obras de nueva planta no se hayan cumplido los deberes exigidos por la normativa urbanística aplicable y el planeamiento, o por la falta de informes preceptivos y vinculantes de otras administraciones que sean determinantes del otorgamiento de la licencia, en cuyos casos se entenderá desestimada.

2. Cuando la licencia tuviere por objeto otra actuación distinta de las previstas en el artículo 81 de este Reglamento se entenderá estimada la solicitud transcurrido el plazo establecido en la normativa aplicable, y en su defecto el de tres meses, siempre que el acto presunto no transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en cuyo caso se entenderá desestimada.

3. Para la eficacia de la licencia o autorización presunta los interesados deberán acreditarla mediante certificación. Cuando aquélla corresponda a un órgano colegiado, la certificación la emitirá el secretario del mismo, de orden del presidente, quien resolverá que sea extendida inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que fue solicitada, salvo que en este plazo se haya dictado resolución expresa.

4. La expedición, contenido, condiciones y efectos de la certificación de las licencias y autorizaciones presuntas se regirán por lo establecido por la legislación general aplicable sobre procedimiento administrativo.

Artículo 83 Forma, notificación e impugnación

1. El documento en que se formalice la licencia y sus posibles transmisiones será expedido por el secretario de la corporación.

2. Las licencias se notificarán a su titular y a los interesados a que se refiere el artículo 80 de este Reglamento, en los plazos y en la forma establecidos por la ley.

3. Las licencias serán impugnables en la forma que dispone la normativa sobre régimen jurídico de las entidades locales y la general sobre procedimiento administrativo.

Artículo 84 Publicidad

1. Los acuerdos o resoluciones de otorgamiento de las licencias serán publicados en la forma prevista por la ley y por las ordenanzas de la corporación. En todo caso, se tendrán que insertar en el tablón de anuncios y publicarse, cuando exista, en el boletín informativo municipal.

2. Cuando se trate de obras de edificación o instalaciones a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 75 de este Reglamento, las ordenanzas locales podrán prever el deber del titular de la licencia de colocar en lugar visible desde la vía pública un anuncio normalizado que informe sobre el órgano otorgante, la fecha y las principales características urbanísticas de la licencia.

Artículo 85 Ejecución y variaciones del proyecto

1. Las obras y las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con el proyecto aprobado y las condiciones impuestas en la licencia.

2. Si durante la ejecución de la obra o instalación fuere necesario introducir alguna variación en el proyecto, se distinguirá si las modificaciones son substanciales o si se trata de variaciones de detalle, sin que en ningún caso puedan afectar al uso o destino proyectado.

3. Si las modificaciones fueren substanciales deberá solicitarse nueva licencia, con los mismos requisitos que para su otorgamiento. A este efecto, se considerarán variaciones substanciales las actuaciones incluidas en el artículo 75.2 de este Reglamento y las que definiere la normativa urbanística u otra de carácter local.

4. Si se tratare de modificaciones de detalle, y las ordenanzas lo previeren, el titular de la licencia tendrá que ponerlo en conocimiento del órgano que la otorgó, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de este Reglamento, declarando bajo su responsabilidad que las variaciones introducidas se adecuan a la normativa urbanística, circunstancia que deberá justificarse mediante certificación del técnico director de las obras.

5. Los actos de edificación o de uso de suelo que no se ajusten a la licencia otorgada se regirán por lo que dispone la normativa urbanística.

Artículo 86 Transmisión

1. Las licencias o autorizaciones serán transmisibles salvo que el número de las que puedan otorgarse se encuentre limitado, o cuando se hayan concedido teniendo en cuenta las características particulares del sujeto autorizado.

2. Los sujetos que intervengan en la transmisión de la licencia deberán comunicarlo por escrito al órgano que la otorgó, quien comprobará que no está comprendida en los casos anteriores. Transcurrido el plazo de un mes desde la comunicación sin haberse notificado la no procedencia de la transmisión, se considerará ésta plenamente eficaz. En defecto de comunicación, los sujetos intervinientes en la transmisión serán responsables solidarios de los daños que puedan derivarse de su actuación.

Artículo 87 Caducidad de licencias

1. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras e instalaciones que se autoricen, de conformidad, en su caso, con la normativa aplicable.

2. En defecto de regulación específica, regirá el plazo de seis meses para el inicio de la actuación, y el de tres meses para su interrupción.

3. La caducidad de las licencias urbanísticas se regirá por lo que establece el Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística.

Artículo 88 Anulación y revocación de licencias

1. Las autorizaciones o licencias quedarán resueltas y sin efecto cuando el beneficiario incumpla las condiciones impuestas por causas que le sean imputables.

2. Los supuestos en que sea procedente la anulación de la licencia serán los previstos y regulados en la legislación administrativa general sobre procedimiento administrativo, sin perjuicio, respecto de las licencias urbanísticas, de los supuestos específicos previstos en la legislación sobre la materia. No procederá en ningún caso indemnización cuando el otorgamiento de la licencia o autorización sea debido a dolo, culpa o negligencia grave imputable al interesado.

3. Procederá la revocación de las licencias, por cambio o desaparición de las circunstancias que determinaron su otorgamiento o por sobrevenir otras nuevas que en caso de haber existido entonces hubieran justificado su denegación, en los términos dispuestos por la normativa general aplicable. También podrán revocarse las licencias cuando la corporación adoptare nuevos criterios de apreciación recogidos en la correspondiente normativa aplicable.

4. La extinción de la licencia se tramitará concediendo audiencia al interesado. En los expedientes de anulación y de revocación se cuantificará la indemnización a satisfacer por la Administración, cuando legalmente proceda.

5. El expediente para dejar sin efecto la licencia, iniciado de oficio, se resolverá en el plazo de tres meses, a contar del inicio de las actuaciones en el caso de la revocación, y desde la recepción del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, en los supuestos de anulación.

Artículo 89 Licencias urbanísticas

1. Estarán sujetos a licencia previa los actos de edificación y el uso del suelo definidos en la legislación urbanística vigente en Cataluña, salvo que la legislación sectorial establezca otra cosa.

2. Estas licencias se otorgarán de acuerdo con las prescripciones contenidas en la legislación urbanística, en las normas y ordenanzas municipales y en el planeamiento.

3. El procedimiento para otorgar las licencias urbanísticas se ajustará a lo que regula con carácter general este Reglamento.

4. Antes de comenzar la ejecución de las obras o instalaciones, en su caso, se fijarán sobre el terreno por la entidad local las alienaciones y rasantes que sean procedentes.

5. Cuando se tratare de edificios que cuenten con protección especial y admitan su parcial demolición, la licencia de derribo se tramitará simultáneamente a la de la nueva construcción. En caso de ruina inminente o peligro para las personas se aplicarán las disposiciones de la legislación urbanística y la de conservación del patrimonio artístico o histórico, cuando proceda.

Artículo 90 Licencia de primera utilización

...

Artículo 91 Procedimiento

...

Artículo 92 Licencia de apertura de establecimientos

1. Están sujetos a licencia la apertura y traslado de establecimientos industriales o mercantiles y de las instalaciones, cuando se destinen al ejercicio de actividades clasificadas como molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

2. Las ordenanzas municipales podrán establecer que para el ejercicio o el cambio de actividades no clasificadas o inocuas, y los traspasos y las novaciones subjetivas de las actividades en general, sea suficiente la comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 96 y 97 de este Reglamento.

3. En el procedimiento para el otorgamiento de la licencia se verificará si los locales o instalaciones y actividades reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y las demás exigidas por las normas y ordenanzas municipales.

4. Esta intervención se realizará de conformidad con lo establecido por la normativa sobre actividades clasificadas y demás legislación sectorial procedente y, en lo que sea aplicable, de acuerdo con los preceptos de este Reglamento sobre procedimiento de concesión de licencias. Asimismo, se tendrá en cuenta lo previsto en los planes y ordenanzas municipales en relación con el emplazamiento y demás requisitos que condicionen estas actividades.

Artículo 93 Puesta en funcionamiento de instalaciones y actividades

Ejecutada la edificación y las instalaciones destinadas al ejercicio de actividades clasificadas, se instruirá un expediente único para comprobar el efectivo cumplimiento de las condiciones urbanísticas de la construcción, y la debida instalación de las actividades de acuerdo con las medidas correctoras y las condiciones impuestas en la licencia, de conformidad con lo dispuesto por la normativa en vigor en Cataluña sobre actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

Artículo 94 Licencia de modificación de uso

1. La modificación del uso de las edificaciones y el de la actividad que se ejerza en los establecimientos industriales y mercantiles estará sujeta a licencia.

2. A la solicitud de licencia se acompañará el proyecto de las obras y de las instalaciones que dicha modificación comporte, y se instruirá un expediente de acuerdo con el procedimiento general de otorgamiento de licencias establecido en este Reglamento y el de apertura de establecimientos.

Artículo 95 Instalaciones eléctricas y servicio de gas

1. Las instalaciones y líneas eléctricas de transporte aéreo, subterráneo o mixto, se sujetarán a lo que dispongan las ordenanzas de policía urbana y de carácter urbanístico del municipio.

2. El suministro de gas se regulará por la normativa sectorial del servicio.

Artículo 96 Sustitución de la licencia

1. Las ordenanzas municipales, salvo que una disposición legal establezca lo contrario, podrán sustituir la necesidad de obtención de licencia por una comunicación previa, por escrito, del interesado a la administración municipal, para la ejecución de determinadas obras para las cuales no sea necesaria la presentación de proyecto o para el ejercicio de actividades no clasificadas y otras actuaciones que prevean las ordenanzas.

2. A la comunicación se acompañará la documentación que las ordenanzas determinen, para su debida comprobación.

Artículo 97 Procedimiento

1. Si en el plazo de un mes a contar de la presentación de la comunicación, la administración no manifiesta de forma motivada su disconformidad, la actuación comunicada quedará legitimada y podrá realizarse, siempre que sea conforme con la normativa aplicable.

2. Durante dicho plazo la administración requerirá, en su caso, al titular de las obras o de la actividad a los siguientes efectos:

a) Para que subsane las deficiencias observadas en la documentación presentada, o

b) Para su adaptación a la normativa aplicable, impidiendo la ejecución de las obras o el ejercicio de la actividad hasta que haya obtenido la preceptiva licencia, cuyo otorgamiento se sujetará al procedimiento que establecen los artículos 75 y siguientes de este Reglamento.

3. En los supuestos anteriores, la notificación del requerimiento al interesado suspenderá el cómputo del plazo señalado en el apartado 1.

Artículo 98 Potestad administrativa

Las entidades locales, sin perjuicio de la potestad de ejecución forzosa de sus actos administrativos, podrán dictar órdenes individuales que impongan a sus destinatarios una obligación o prohibición, cuando así estuviere previsto en el ordenamiento jurídico.

Artículo 99 Competencia y procedimiento

1. La competencia para dictar la orden individual corresponde al presidente de la entidad local, salvo que las ordenanzas la atribuyan a otro órgano.

2. El procedimiento de la orden de ejecución o de prohibición puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte y en su trámite se concederá audiencia al interesado.

3. La orden deberá ser clara, formalizada por escrito y motivada. Sólo podrá adoptar la forma verbal cuando se base en una situación de urgencia o de necesidad que no admita demora.

Artículo 100 Licencia eventualmente necesaria

El cumplimiento de las órdenes individuales de ejecución no podrá condicionarse a la obtención de la licencia previa, respecto de las obras o actividades que constituyan su objeto, salvo que éstas requieran proyecto técnico, en cuyo caso tendrá que presentarse éste para su trámite en forma reglamentaria. No obstante, aquellas actuaciones que por razones de urgencia o necesidad no admitan demora, deberán ejecutarse de modo inmediato y bajo la correspondiente dirección técnica, según lo determine la propia orden.

Artículo 101 Ejecución subsidiaria y multas coercitivas

1. El órgano que ordene la ejecución de un acto concederá a su destinatario un plazo suficiente para su cumplimiento, con la advertencia de que si no lo cumple dentro del mismo se procederá a la ejecución subsidiaria conforme a la normativa de procedimiento administrativo.

2. Para el cumplimiento de la orden, la administración podrá imponer multas coercitivas, en los supuestos, forma y cuantía que determinen las leyes, y se podrán reiterar si no se cumpliere la orden en los plazos que se concedieren al efecto.

3. La imposición de multas coercitivas será independiente de la sanción que, en su caso, proceda aplicar de acuerdo con la ley.

Artículo 102 Casos de necesidad

1. En los casos de urgencia o necesidad extraordinaria, debidamente acreditados, la administración acordará de inmediato la actividad coactiva, tanto para imponer una conducta como para impedirla. En todo caso, la medida será proporcionada a los fines previstos y deberá respetar la dignidad de la persona.

2. En estos casos la eficacia de la medida cesará de forma automática cuando desaparezcan las causas que la justificaron.

Artículo 103 Ordenación sectorial

El ejercicio por los particulares de actividades de interés general se sujetará a la ordenación del sector a que pertenezcan, de conformidad con la legislación correspondiente, y se someterá a las medidas de control, de policía y de autorización que legalmente correspondan.

Artículo 104 Contenido de la ordenación

La ordenación de la actividad por sectores se llevará a cabo por la entidad local mediante una ordenanza, en la que se regularán, al menos, los siguientes extremos:

• a) Con referencia a la actividad, las condiciones técnicas de la base material de ésta, las modalidades de su prestación y las garantías para el interés público.
• b) Con referencia a los usuarios, los derechos y deberes, las tarifas y los precios aplicables.
• c) Con relación al sujeto autorizado, su situación jurídica en relación con la administración, las sanciones aplicables por las infracciones en que pueda incurrir y los supuestos de revocación de la autorización.

Artículo 105 Efectos

La entidad local que realice la ordenación del sector no asumirá la titularidad de la actividad que se preste y no será responsable de los daños causados a terceros por las personas autorizadas o de los que se deriven por la no prestación de aquella actividad.

Artículo 106 Autorización reglamentada

1. La autorización se otorgará de acuerdo con el procedimiento que prevea la ordenanza o reglamento que ordene el sector y la legislación del mismo que sea de aplicación y, en su caso, por la normativa que regula la concesión de licencias.

2. La resolución se dictará en el plazo de tres meses a contar de la petición, y la inactividad de la administración en este plazo producirá efectos desestimatorios de la solicitud.

3. Podrá limitarse el número de autorizaciones cuando así lo exijan motivos de interés general. En este supuesto, se otorgarán por el orden de petición y, en su caso, por sorteo cuando todos los posibles autorizados hayan de reunir las mismas condiciones, y en caso contrario, por licitación.

4. En ningún caso la autorización creará una relación contractual con la administración.

Artículo 107 Modificación de la reglamentación

La administración podrá modificar unilateralmente en cualquier momento la reglamentación del sector, conforme a legislación aplicable al mismo, exigiendo a los autorizados la adecuación de su actividad a las condiciones resultantes de la nueva ordenación.

Artículo 108 Autorizaciones que afecten al uso de bienes demaniales

Las autorizaciones que afecten a bienes demaniales se otorgarán de acuerdo con el presente Reglamento y subsidiariamente por la legislación reguladora del patrimonio de las entidades locales cuando constituyan la base material necesaria para la prestación de una actividad de interés general.

Artículo 109 Facultades de intervención de la comarca

1. La comarca podrá asumir las facultades de intervención administrativa que correspondan a los municipios para regular y establecer el régimen de autorizaciones de los servicios de interés público prestados por particulares, de conformidad con lo que establece la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre organización comarcal de Cataluña.

2. Para que la comarca pueda asumir las citadas facultades de intervención, será de aplicación lo que se establece en los artículos 176 y siguientes de este Reglamento, en lo que proceda, respecto de la conversión de las competencias municipales en comarcales, siempre que se prevea en el programa de actuación comarcal.

Artículo 110 Objeto

1. Las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones y establecer sanciones cuando figuren en las leyes, para completar y adaptar las previsiones que se contengan en ellas sin constituir otras nuevas ni alterar la naturaleza o los límites de las que regule la legislación sectorial o el artículo 221 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

2. Las ordenanzas también pueden prever la aplicación de medidas provisionales, positivas o negativas, proporcionadas a la finalidad perseguida, para asegurar la eficacia de la resolución sancionadora. Estas medidas tendrán, en todo caso, los límites a que se refiere el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, y serán susceptibles de recurso por sí mismas.

3. En las relaciones por razón de la prestación de un servicio, la potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con el procedimiento previsto en la reglamentación o en la norma de funcionamiento de aquél aplicable, dictada en uso de la potestad local de autoorganización.

Artículo 111 Competencia

1. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá al presidente de la entidad local, salvo que las respectivas normas de atribución de competencias la otorguen a otro órgano de la corporación.

2. Mediante la correspondiente disposición de carácter general, incluidos los reglamentos que regulen los servicios, el presidente podrá desconcentrar en los miembros de la corporación, y el pleno en el presidente, en la comisión de gobierno, en su caso, y en los miembros corporativos, las competencias sancionadoras que tengan atribuidas, las cuales no podrán ser a su vez desconcentradas.

3. La norma de desconcentración se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y una referencia de esta publicación se anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y, en todo caso, en el tablón de anuncios de la entidad local.

Artículo 112 Sanciones

1. De acuerdo con el artículo 221 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña la infracción de ordenanzas, reglamentos y bandos dictados por razón de urgencia los cuales completarán y adaptarán las previsiones legales, serán objeto de sanción administrativa en los supuestos y cuantía que en ellos se establezca.

2. La sanción deberá ser adecuada a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.

3. Las sanciones se graduarán de acuerdo con los criterios siguientes:

• a) Existencia de intencionalidad o reiteración.
• b) Naturaleza de los perjuicios ocasionados.
• c) La reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.

4. El establecimiento de sanciones pecuniarias en las ordenanzas y otras disposiciones locales preverán que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 113 Exacción subsidiaria

Para la exacción de las sanciones que tengan un contenido pecuniario, en defecto de pago voluntario, se seguirá el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 114 Prescripción

Las infracciones y sanciones administrativas prescribirán conforme a lo dispuesto en las leyes que las regulen. Cuando éstas no fijen plazos de prescripción regirán los establecidos en la legislación general de procedimiento administrativo.

Artículo 115 Procedimientos coincidentes. Concurrencia de sanciones

1. No podrán tramitarse simultáneamente un procedimiento penal y un expediente administrativo sancionador cuando se dé entre ambos identidad de personas, hechos y fundamento. En este caso, se interrumpirá el expediente administrativo hasta que se resuelva lo que sea procedente en el proceso penal.

2. La administración estará, en todo caso, vinculada por los hechos probados en un proceso penal en el que haya recaído resolución firme.

3. No podrán ser sancionados administrativamente los hechos que lo hayan sido por la administración o por los tribunales del orden penal en los supuestos en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho o fundamento.

4. Cuando no haya una sanción penal, y los hechos se encuentren tipificados como ilícito administrativo, podrá exigirse la correspondiente responsabilidad administrativa.

Artículo 116 Procedimiento

1. Los procedimientos sancionadores específicos que regulen las ordenanzas locales se instrumentarán de acuerdo con los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador, así como de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de lo que establecen los apartados siguientes.

2. Es de aplicación supletoria a las entidades locales el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en los supuestos a que se refiere el artículo 1 de aquel reglamento en las materias de competencia normativa plena del Estado.

3. Es aplicable supletoriamente a las entidades locales el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre sobre el procedimiento sancionador en los ámbitos de competencia de la Generalidad, en defecto total o parcial de los procedimientos sancionadores específicos previstos en el ordenamiento sectorial o en las ordenanzas locales.

Este Decreto se aplicará directamente por las entidades locales en los procedimientos sancionadores sobre las materias de la competencia de la Generalidad, cuyo ejercicio se les haya delegado.

4. Las entidades locales podrán solicitar al consejo comarcal al cual pertenezcan, a otra Corporación local y excepcionalmente a la administración de la Generalidad el nombramiento de instructor del procedimiento sancionador que tramiten, cuando justifiquen su necesidad.

5. La carga de la prueba del hecho constitutivo de la infracción corresponderá en todo caso a la administración.

Artículo 117 Caducidad

Se produce la caducidad del procedimiento sancionador, con archivo de las actuaciones, en los supuestos siguientes:

• a) Cuando la infracción o la sanción hayan prescrito de acuerdo con lo que establecen las leyes.
• b) Si han transcurrido dos meses desde la resolución de la iniciación del procedimiento sin que se haya notificado aquélla al imputado.
• c) Cuando transcurridos seis meses desde la iniciación no se haya resuelto el procedimiento, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las interrupciones por causa imputable al presunto infractor o cuando se sustancie un procedimiento penal con identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 118 Objeto

La subvención tiene por objeto la disposición gratuita de fondos públicos que las entidades locales o sus organismos autónomos otorguen a personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 121 de este Reglamento.

Artículo 119 Finalidad y aceptación

1. Las subvenciones están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione su otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio de su reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de su concesión.

2. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo sanción de nulidad.

3. La subvención tiene que ser aceptada por el beneficiario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones fijadas para su aplicación. A estos efectos, tiene la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitime su concesión.

4. El otorgamiento de subvenciones se ajustará al régimen de incompatibilidades vigente, debiéndose tener en cuenta las vinculaciones derivadas del derecho comunitario europeo sobre esta materia.

Artículo 120 Modalidades

1. Las subvenciones pueden ser propias o impropias.

2. La subvención propia supone una atribución efectiva, dineraria o en especie, evaluable económicamente.

3. La subvención impropia no implica desplazamiento o transmisión dineraria o patrimonial y consiste en incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, avales en operaciones de crédito, anticipos reintegrables, créditos subvencionados u otros análogos.

Artículo 121 Supuestos excluidos

Quedan fuera del ámbito de este capítulo:

• a) El otorgamiento al concesionario de un servicio público de subvenciones procedentes de dotaciones presupuestarias financieras que reciba como contraprestación del funcionamiento del servicio.
• b) Las cesiones de uso de bienes inmuebles en favor de entidades o instituciones públicas, las cuales se regirán por las normas reguladoras de aquéllas.
• c) Las subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial aplicable.
• d) Las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias que satisfagan finalidades de carácter social.

Artículo 122 Competencia

1. Las entidades locales podrán otorgar subvenciones y ayudas a entidades, organismos o particulares cuyas actividades suplan o complementen los servicios atribuidos a la competencia local o sean de interés local.

2. Los organismos autónomos locales podrán otorgar subvenciones cuando así se haya previsto en sus estatutos o en el reglamento del servicio que gestionen. En otro caso, será necesario que lo autorice la entidad que los haya instituido.

Artículo 123 Carácter, efectos y cuantía

1. Las subvenciones tienen carácter voluntario y eventual, salvo que legal o reglamentariamente se disponga otra cosa.

2. El reintegro por incumplimiento de las cargas impuestas se hará previa la revocación de la subvención.

3. El beneficiario no podrá exigir el aumento o revisión de la subvención.

4. Las subvenciones no excederán, normalmente, del 50% del coste de la actividad a que se apliquen.

Artículo 124 Bases para el otorgamiento

1. Se elaborarán unas bases reguladoras de la concesión de subvenciones, cuyo contenido incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:

• a) Objeto de la subvención.
• b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos.
• c) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad por la cual se concede la subvención.
• d) Garantías en favor de los intereses públicos, cuando proceda.
• e) Supuestos de revisión de las subvenciones concedidas.
• f) Forma de concesión de las subvenciones y plazo para su otorgamiento, que no excederá de tres meses desde la solicitud. La falta de resolución dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios, salvo que las bases prevean otra cosa.

2. Las bases se someterán a información pública como mínimo por un plazo de veinte días y se publicarán en el BOP y en el tablón de anuncios de la corporación. Una referencia de este anuncio se insertará en el DOGC.

3. La aprobación de las bases corresponde al pleno de la corporación o al órgano superior del organismo autónomo conforme a su normativa reguladora.

Artículo 125 Forma de otorgamiento de las subvenciones

1. Cuando la finalidad o naturaleza de la subvención lo exija, las subvenciones se concederán mediante la convocatoria de concurso público. En este supuesto la propuesta de concesión de las subvenciones la formulará un órgano colegiado con la composición que establezcan las bases reguladoras de aquéllas. En todo caso, se respetarán los principios contenidos en el artículo 5 de este Reglamento.

2. Las subvenciones podrán otorgarse directamente en los siguientes supuestos:

• a) Cuando estuvieran previstas singularmente en el presupuesto de la entidad.
• b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la administración por norma de rango legal.
• c) Las que sean consecuencia de un instrumento aprobado con carácter general o de un acto, contrato o concierto que haya cumplido las exigencias de publicidad y concurrencia.

Artículo 126 Disposición de créditos

1. Los créditos globales destinados a subvenciones que figuren en los presupuestos se irán aplicando en función de los planes, programas aprobados y acuerdos adoptados, en su caso, enumerándose las subvenciones concedidas, para facilitar su control.

2. En el otorgamiento de las subvenciones se tendrán en cuenta los criterios, directrices y prioridades que establezcan los planes sectoriales de coordinación a que se refiere el artículo 225 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

3. Cuando las bases lo hayan previsto se podrán efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida.

Artículo 127 Pago

Aceptada la subvención por el beneficiario y cumplida la carga jurídica impuesta en su otorgamiento, la entidad local quedará obligada a su pago.

Artículo 128 Revocación, modificación, renuncia y nulidad

1. La revocación de la subvención por la administración concedente por motivos de oportunidad o de cambio de criterio podrá comportar el deber de indemnizar los daños y perjuicios, en su caso, causados al beneficiario.

2. La alteración de las condiciones que determinaron la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución de otorgamiento.

3. El beneficiario podrá renunciar a la subvención y quedará liberado del cumplimiento de la carga o afectación a que se encuentre sometida aquélla con pérdida del derecho a exigirla. La renuncia será previa al inicio de la actividad subvencionada o a su cobro. En otro caso, el beneficiario deberá proceder al reintegro de las cantidades percibidas.

4. La obligación de satisfacer la subvención podrá devenir nula de pleno derecho si el acto que la otorgó se hubiera dictado sin la correspondiente cobertura presupuestaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley general presupuestaria.

Artículo 129 Control e incumplimiento

1. El beneficiario de la subvención acreditará en la forma que establezcan las bases para el otorgamiento la realización de la actividad y las condiciones que determinaron la concesión de la subvención o ayuda.

2. La entidad local deberá comprobar por los medios que considere oportunos, que las cantidades otorgadas se invierten en los fines a que se halla condicionada la subvención, derivándose, en otro caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Artículo 130 Objeto

1. La acción concertada tiene por objeto el fomento y la promoción por una entidad local de actividades sociales o económicas de interés público, con carácter plurisubjetivo y de interés común para el sector concertado.

2. Esta acción podrá referirse a fines de política del suelo o localización industrial, saneamiento ambiental o hidráulico, entre otros.

Artículo 131 Procedimiento

La acción concertada se ajustará al siguiente procedimiento:

• a) Elaboración de las bases del concierto, que deberán ser aprobadas por el pleno de la corporación.
• b) Publicidad de las bases y convocatoria pública.
• c) Solicitud de los interesados y formulación de propuestas específicas que, en su caso, mejoren las condiciones fijadas en las bases.
• d) Selección de ofertas.
• e) Aprobación de las actas de concertación.

Artículo 132 Bases

1. Las bases de la concertación se referirán entre otros, a los siguientes extremos:

• a) Al conjunto de los agentes económicos radicados en el ámbito territorial de la entidad que estén comprendidos en el sector o subsector objeto de concertación o protección, sin referirse de forma individualizada a ninguno de ellos.
• b) Al contenido y requisitos de las solicitudes de los interesados.
• c) A las ayudas y otros estímulos que se ofrezcan, obligaciones y cargas que comporte la concertación y otras condiciones que la entidad considere conveniente establecer.
• d) A los criterios de selección.
• e) A la duración y motivos de extinción de la concertación.
• f) A la suspensión de beneficios en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.

2. Las bases expresarán el plazo del procedimiento, que no excederá de tres meses. La falta de resolución dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios, salvo que las bases prevean otra cosa.

Artículo 133 Selección de ofertas

1. Admitida la solicitud por el órgano gestor, se concretarán los compromisos respectivos entre la entidad local y el solicitante, en el marco fijado por las bases.

2. La concertación, de la cual se derivarán los respectivos derechos y obligaciones, se formalizará en un documento administrativo que vinculará a ambas partes.

Artículo 134 Ejecución y control

Corresponde a la entidad local hacer el seguimiento de la ejecución del programa y ejercer el control, en este sentido, de la actividad de las empresas y personas acogidas a la acción concertada.

Artículo 135 Suspensión y revocación

1. El incumplimiento por las empresas y los particulares de los compromisos asumidos determinará, previa audiencia al interesado, la suspensión de la aplicación de los beneficios establecidos y el reintegro, en su caso, de las ayudas económicas recibidas.

2. En ningún caso podrán dejarse de satisfacer los beneficios reconocidos en el programa, salvo en los supuestos de revocación de la concertación por incumplimiento de los compromisos contraídos.

Artículo 136 Iniciativa de actividades económicas

1. Las entidades locales pueden ejercer la iniciativa para el desarrollo de actividades económicas en régimen de libre concurrencia en el marco de la economía de mercado.

2. Dicha actividad tendrá que responder en todo caso, al interés público local.

Artículo 137 Forma jurídica y régimen aplicable

1. Las actividades económicas que realicen las Entidades locales en régimen de libre concurrencia podrán llevarse a cabo mediante la forma de organismo autónomo de carácter industrial, comercial o financiero, sociedad mercantil de capital público o mixto o sociedad cooperativa, según determine la memoria justificativa de la actividad, de conformidad con lo que establece el artículo 146.d) de este Reglamento.

2. El régimen aplicable a la entidad que se constituya será el establecido en el título 6 de este Reglamento sobre las formas de gestión de los servicios públicos locales, según el tipo de entidad, con las debidas adaptaciones a la naturaleza de la actividad de que se trate.

3. En todo caso, la entidad o el organismo creado tendrá que contar con autonomía financiera y de gestión, sin perjuicio de los controles y de las medidas de coordinación que prevea ejercer la entidad local, de acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 138 Respeto al principio de libre concurrencia

1. Las entidades jurídicas que, en su caso, se constituyeren para el ejercicio de actividades económicas, se someterán a las mismas reglas y condiciones que las demás empresas concurrentes en el mercado, no pudiendo percibir ningún tipo de ayuda o ventaja económica gratuita, ya sea en forma de prestaciones positivas o mediante intervenciones que rebajen o minoren las cargas que graven el presupuesto de la entidad jurídica que supongan preferencia respecto de las demás empresas del sector, ni utilizar prerrogativas de la administración.

2. No obstante, cuando la entidad tenga una minoración de los ingresos de explotación y un aumento de los costes de producción como consecuencia de la imposición de obligaciones de interés público por parte de la entidad local de la cual dependan que supongan una desventaja respecto del resto de empresas del sector, se le concederá algún tipo de ayuda económica para compensar la diferencia.

Artículo 139 Objeto

1. Los estatutos de la entidad determinarán, de forma específica y concreta, la actividad o las actividades que se hayan de desarrollar que constituyan el objeto de aquélla.

2. Podrá, no obstante, ampliarse su objeto social a otras materias conexas, complementarias o accesorias respecto de las cuales se justifique su conveniencia y oportunidad sin otro límite que el que las empresas entorpezcan o menoscaben el ejercicio de la libre concurrencia.

Artículo 140 Constitución de nuevas sociedades y participación en otras constituidas

1. Las sociedades constituidas o participadas por las entidades locales o por sus organismos autónomos, cuando sus estatutos lo prevean, podrán fundar y participar en el capital de otras, con la autorización expresa y la aprobación de los estatutos de la nueva sociedad por la entidad local de la cual dependan.

2. En todo caso, las sociedades constituidas y las participadas habrán de tener por objeto materias conexas, complementarias o accesorias del objeto de la sociedad originaria.

3. La entidad local aprobará el programa de actuación de inversiones y de financiación de la sociedad de capital total o mayoritariamente público, en los términos que establece el artículo 210 de este Reglamento.

Artículo 141 Agrupaciones de interés económico

1. Las sociedades y los organismos autónomos de carácter industrial, comercial o financiero dependientes de las entidades locales podrán constituir, entre sí o con sociedades y organismos dependientes de otra entidad local o administración, agrupaciones de interés económico, sin ánimo de lucro, para facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de su actividad.

2. El objeto de la agrupación habrá de referirse a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen los miembros de aquélla.

La agrupación no podrá tener directa o indirectamente participaciones en sus miembros ni dirigir ni controlar las actividades de éstos o de terceros.

3. En los aspectos no fijados, se aplicará la legislación sobre las agrupaciones de interés económico.

Artículo 142 Expediente previo

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las entidades locales en régimen de libre concurrencia, salvo que se trate de la simple administración o explotación de su patrimonio, se formará un expediente previo en el que habrán de acreditarse, según se regula en este capítulo, los siguientes aspectos:

• a) La conveniencia y la oportunidad de la iniciativa.
• b) La concurrencia del interés público.

2. Asimismo, será necesario tramitar el expediente previo en el caso de que la entidad local, por sí misma o mediante un ente de ella dependiente, adquiera acciones o participaciones de sociedades mercantiles ya constituidas que representen la mayoría de su capital social y, en todo caso, si cuenta con la dirección o el control de los órganos de gobierno de la sociedad.

3. El régimen del apartado anterior también será aplicable cuando la entidad local o ente dependiente constituyan una sociedad de economía mixta para gestionar la actividad económica.

Artículo 143 Tramitación del expediente

1. La tramitación del expediente se ajustará al siguiente procedimiento:

• a) Acuerdo inicial del pleno de la corporación, en el que se designará también una comisión de estudio integrada por miembros de la corporación y personal técnico.
• b) Redacción de la memoria justificativa por dicha comisión.
• c) Toma en consideración de la memoria por el pleno si resulta debidamente justificada, y sometimiento a información pública.
• d) Aprobación final del expediente por el pleno.

2. El procedimiento anterior regirá también, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 183 de este Reglamento, en el supuesto de la gestión de servicios esenciales reservados por la Ley, cuando se preste en régimen de monopolio.

Artículo 144 Comisión de estudio

1. La composición de la comisión de estudio será paritaria entre técnicos, con la debida cualificación, y miembros de la corporación. El número de miembros que la integren será el que determine la entidad local, y les será aplicable el régimen general de abstención y recusación por interés directo o indirecto en la actividad.

2. El nombramiento podrá recaer en personal de la propia entidad o en profesionales de libre designación.

Artículo 145 Plazo para presentar la memoria

1. La memoria deberá entregarse por la comisión en el plazo que fije el pleno al designar sus miembros o en el de la prórroga que el mismo haya acordado y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses.

2. La sustitución razonada de miembros de la comisión tendrá que acordarse por el pleno.

3. El incumplimiento de los plazos previstos para la redacción de la memoria y, en todo caso, del máximo establecido en el apartado 1 de este artículo, supondrá el cese automático de los miembros de la comisión. En este supuesto, la corporación podrá nombrar otra con la misma finalidad, y de no hacerlo el procedimiento se considerará caducado.

Artículo 146 Contenido de la memoria

La comisión dará a la memoria el contenido que crea más adecuado según la naturaleza de la actividad de que se trate y la importancia de la misma pero, en todo caso, contendrá:

• a) El anteproyecto, en su caso, de las obras e instalaciones necesarias para la implantación de la actividad propuesta.
• b) La justificación de la conveniencia y oportunidad de la iniciativa y del interés público que concurra en la actividad, valorándose, entre otras, las ventajas sociales derivadas de los bienes o servicios a producir o de la actividad a prestar, los puestos de trabajo a crear de forma directa o indirecta, el apoyo a otras actividades locales, la difusión de tecnología y cualesquiera otras.
• c) El presupuesto financiero y el plan de puesta en funcionamiento de la actividad económica proyectada, la rentabilidad prevista y el análisis coste-beneficio.
• d) La forma jurídica, las normas reguladoras y los Estatutos de la sociedad u organismo que se haya de instituir.
• e) El ámbito de actuación de la sociedad u organismo.
• f) Los supuestos de finalización de la actividad.

Artículo 147 Sometimiento de la memoria a consideración del pleno

Redactada la memoria por la comisión de estudio, se someterá a consideración del pleno de la corporación, que podrá:

• a) Tomarla en consideración y acordar la apertura de información pública.
• b) No aceptar la memoria presentada, acordando el archivo del expediente o su devolución a la comisión redactora para que la complete o aclare, o bien proceder a la designación, mediante decisión razonada, de otra comisión para la redacción de una nueva memoria en el plazo que se establezca.

Artículo 148 Información pública

La memoria se someterá a información pública por un período no inferior a treinta días hábiles, durante los cuales se podrán presentar alegaciones y reclamaciones. Dicho trámite se anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la provincia, en uno de los medios de comunicación escrita y en el tablón de anuncios de la corporación.

Artículo 149 Aprobación del proyecto de la iniciativa

1. La aprobación definitiva de la memoria justificativa del ejercicio de la actividad económica corresponde al pleno. Previamente a aquélla se tendrán que resolver las alegaciones y reclamaciones que eventualmente se hubieren presentado, y aprobar, en su caso, la consiguiente modificación de la memoria, que tendrá que someterse nuevamente a información pública cuando aquélla afecte de manera substancial a su contenido.

2. En caso de ser impugnado el acuerdo de aprobación definitiva de la iniciativa, se adoptarán las medidas provisionales correspondientes y, en su caso, las que afecten al presupuesto de la corporación.

Artículo 150 Iniciativa común

1. Por iniciativa común de diversas entidades locales, cualquiera que sea su nivel territorial, podrán ejercerse actividades económicas en régimen de libre concurrencia.

2. En este caso, las entidades locales interesadas podrán establecer, por convenio, la administración encargada de realizar o coordinar los estudios, trabajos de gestión y trámites pertinentes, así como el grado de participación en la nueva entidad jurídica. Cuando se cree un organismo autónomo se hará constar en el convenio previo la entidad local a la cual quedará adscrito, a los efectos de control y responsabilidad.

Artículo 151 Procedimiento

Será de aplicación a este tipo de iniciativa económica el procedimiento establecido en el capítulo anterior, con las particularidades siguientes:

• a) El acuerdo inicial deberá ser adoptado por todas las entidades locales interesadas en la iniciativa.
• b) En este acuerdo podrá delegarse en uno de los entes participantes la realización o la coordinación de los estudios, trabajos de gestión y trámites pertinentes hasta la constitución de la persona jurídica que haya de desarrollar la actividad.
• c) La comisión de estudio a la que se refieren los artículos 143 y 144 de este Reglamento para la redacción de la memoria será única, aunque sus miembros serán designados por todas las entidades locales en el acuerdo inicial.
• d) El pleno de cada una de las corporaciones acordará lo que sea procedente sobre la toma en consideración de la memoria. Las entidades que acuerden no aceptarla quedarán automáticamente separadas de la iniciativa, la cual seguirá, no obstante, su tramitación respecto a las restantes.
• e) La información pública de la memoria se efectuará en un solo anuncio, por un período de treinta días y en el mismo deberán constar las entidades participantes en la iniciativa.
• f) El pleno de cada corporación aprobará, si procediere, la propuesta definitiva.
• g) La no aprobación del proyecto por alguna o algunas de las entidades interesadas, transcurridos tres meses desde la finalización del plazo de información pública, las excluirá automáticamente del proyecto de la iniciativa y las restantes tendrán que adoptar nuevos acuerdos de aprobación con las modificaciones que requiera la nueva composición de las entidades participantes.

Artículo 152 Formas jurídicas de la iniciativa colectiva

1. La entidad instituida por la iniciativa común de diversas entidades locales podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en el artículo 137 de este Reglamento, según proceda.

2. En todo caso, podrán constituirse consorcios u otras fórmulas convencionales coparticipadas para la gestión de actividades de interés local o común.

Artículo 153 Potestad

1. Las entidades locales tienen plena potestad para crear, modificar y suprimir los servicios de su competencia, de acuerdo con la legislación vigente.

2. Las entidades locales establecerán los servicios públicos mínimos obligatorios y garantizarán la continuidad de su prestación.

3. En el supuesto de gestión de servicios delegados o asignados por otra administración serán aplicables las normas especiales reguladoras de la materia de que se trate.

Artículo 154 Participación de los usuarios

Cuando las características o la naturaleza del servicio lo permitan, las entidades locales establecerán las formas de participación de los usuarios en la prestación del servicio, por sí mismos y/o mediante las asociaciones y organizaciones debidamente constituidas y reconocidas que, en su caso, se determinen, que tengan por objeto la defensa de los intereses de los usuarios, para garantizar el adecuado funcionamiento y la mejora del servicio.

Artículo 155 Uso obligatorio del servicio

Mediante una disposición de carácter general, las entidades locales podrán declarar obligatoria la recepción y uso de los servicios locales por parte de los usuarios, cuando ello sea necesario para garantizar la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadana, de conformidad con lo previsto en el artículo 231.2 de la Ley municipal, y de régimen local de Cataluña y demás normas legales de aplicación.

Artículo 156 Arbitraje

Las entidades locales procurarán que las personas, organismos y sociedades de ellas dependientes que gestionen servicios públicos establezcan en sus contratos la acogida a un sistema de arbitraje para resolver los conflictos y las reclamaciones derivadas de la prestación de servicios o actividades a los consumidores.

Artículo 157 Información a los consumidores

Las entidades locales, los organismos y las entidades que dependen de ellos que gestionen servicios públicos y los contratistas, cualquiera que sea la forma de gestión indirecta de aquéllos, deberán facilitar a los consumidores, en la lengua propia de la entidad local, las informaciones pertinentes para el uso de los servicios. En esta lengua también deberán expresarse los contratos de adhesión o con cláusulas tipo, los reglados, y las condiciones generales y la documentación a que hagan referencia o que se desprendan de dichos contratos.

Artículo 158 Iniciativa para el establecimiento del servicio

1. Podrán ejercer la iniciativa para el establecimiento de los servicios los órganos competentes de las entidades locales y los vecinos, por sí mismos y/o mediante las entidades o asociaciones legalmente constituidas para velar por los intereses vecinales, cuando actúen en defensa de los que les sean propios. En este caso, se acompañará a la petición una memoria justificativa que acredite la necesidad o conveniencia del establecimiento del servicio.

2. Los vecinos podrán exigir la prestación y, si procede, el establecimiento del servicio público correspondiente cuando constituya competencia propia de carácter obligatorio.

Artículo 159 Expediente para la implantación del servicio

1. La creación de un servicio se instrumentará mediante una memoria justificativa, un proyecto de establecimiento y un reglamento que establezca el régimen jurídico de la prestación del servicio.

2. El proyecto de establecimiento y de prestación del servicio contendrá los extremos siguientes:

• a) Características del servicio.
• b) Forma de gestión.
• c) Obras, bienes e instalaciones necesarias para su prestación, con indicación, cuando proceda, de las que deba realizar el contratista.
• d) Estudio económico financiero y, en su caso, las tarifas a percibir de los usuarios.
• e) En el supuesto de prestación por gestión indirecta, el canon o la participación a percibir por la entidad local y la compensación económica que, en su caso, ésta deba satisfacer.

El proyecto de establecimiento y de prestación del servicio contendrá los extremos siguientes:

• a) Características del servicio.
• b) Forma de gestión.
• c) Obras, bienes e instalaciones necesarias para su prestación, con indicación, cuando proceda, de las que deba realizar el contratista.
• d) Estudio económico financiero y, en su caso, las tarifas a percibir de los usuarios.
• e) En el supuesto de prestación por gestión indirecta, el canon o la participación a percibir por la entidad local y la compensación económica que, en su caso, ésta deba satisfacer.
• f) Régimen estatutario de los usuarios.

3. El reglamento que regule el servicio declarará expresamente que la actividad de que se trate queda asumida por la entidad local como propia y determinará el alcance de las prestaciones en favor de los ciudadanos.

4. Para la elaboración de los citados documentos, la entidad local, cuando justifique la necesidad, podrá contar con la asistencia técnica y jurídica del consejo comarcal, de la diputación y de la Administración de la Generalidad por medio de los respectivos servicios de asistencia local.

Artículo 160 Procedimiento para el establecimiento de los servicios

1. El expediente instruido con los documentos a que se refiere el artículo anterior se someterán a información pública por el plazo de treinta días, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la provincia, DOGC y en el tablón de anuncios de la Corporación. Simultáneamente se dará audiencia a los interesados y a las entidades que, si procede, hayan ejercido la iniciativa.

2. El Pleno de la Corporación, previa la resolución de las sugerencias, en su caso formuladas, acordará el establecimiento del servicio aprobará el proyecto de establecimiento y el reglamento que regule su prestación, y preverá los efectos económicos que se deriven de su implantación, en especial, en el presupuesto.

Artículo 161 Prestación

1. Los servicios locales se prestarán de conformidad con la legislación sectorial aplicable y el reglamento que los regule.

2. os servicios se prestarán con la continuidad y regularidad que su funcionamiento exija, sin otras interrupciones que las que se producirían si el servicio fuera prestado directamente por la entidad titular de los mismos.

Artículo 162 Régimen de prestación

1. Los servicios locales podrán prestarse en régimen de libre concurrencia y los servicios esenciales reservados, además, en régimen de monopolio.

2. Para la prestación en régimen de libre concurrencia bastará el acuerdo de aprobación definitiva del pleno de la corporación, adoptado en base al expediente aprobado para el establecimiento del servicio a que se refieren los artículos 159 y 160 de este Reglamento.

3. Cuando la ley declare expresamente reservados a los municipios los servicios esenciales y aquéllos opten por su prestación en régimen de monopolio, tendrá que instruirse un expediente de acuerdo con el procedimiento que establecen los artículos 183 y concordantes de este Reglamento, sin perjuicio del procedimiento para el establecimiento del servicio.

Artículo 163 Supresión

1. Los servicios locales que no constituyan competencia propia de carácter obligatorio podrán ser suprimidos, por motivos de interés público documentalmente justificados, de oficio o a instancia de los vecinos, por acuerdo del pleno de la entidad local.

2. El acuerdo de supresión será objeto de información pública previa a la terminación de la prestación del servicio y se dará trámite de audiencia, antes de la adopción del acuerdo, cuando proceda, a las entidades y asociaciones referidas en el artículo 158.1 de este Reglamento, a las administraciones concurrentes y, en particular, a los que tengan encomendada la gestión del servicio. El acuerdo les será notificado.

Artículo 164 Establecimiento de servicios comarcales

1. El establecimiento de un servicio comarcal requiere la justificación de la implantación en los aspectos técnico, jurídico y económico, que se contendrá en una memoria, salvo que aquélla figure en el programa de actuación de la comarca.

2. El establecimiento y la prestación de los servicios comprendidos en el ámbito de las competencias de las comarcas requerirá el acuerdo del pleno del consejo comarcal, el cual deberá determinar, al menos, y en lo que proceda, los aspectos siguientes:

• a) Las obras necesarias, en su caso, para establecer el servicio.
• b) El coste económico de la creación y el funcionamiento del servicio, y, en su caso, el sistema de financiación.
• c) La forma de gestión.
• d) Las medidas a adoptar para establecer y mantener el servicio.
• e) Las formas de intervención municipal en la prestación, en su caso.
• f) Los criterios y los sistemas de coordinación con los servicios municipales de la misma o análoga naturaleza.

3. El apartado 2 de este artículo regirá sin perjuicio de lo que dispone el artículo 159 de este Reglamento, en lo que sea de aplicación.

4. Para que la comarca pueda establecer o prestar un servicio que incida en el ámbito material en el que los municipios tengan atribuidas competencias, se requerirá que esté expresamente previsto en el programa de actuación comarcal.

Artículo 165 Ambito

1. Los servicios comarcales, de acuerdo con sus características y naturaleza, se podrán referir:

• a) A todo el ámbito territorial de la comarca.
• b) A partes diferenciadas de aquél.
• c) Sólo a algunos municipios.

2. En los supuestos b) y c) del apartado anterior los servicios podrán prestarse mediante organismos descentralizados o subcomarcales.

Artículo 166 Servicios complementarios de los servicios municipales

1. La comarca podrá establecer y prestar servicios supramunicipales complementarios de los municipales, de acuerdo con lo que determine el programa de actuación.

2. Para el establecimiento de estos servicios se dará cumplimiento a lo que disponen los artículos 164 y 159 de este Reglamento, en lo que proceda.

Artículo 167 Prestación por la comarca de servicios municipales

1. La comarca, de conformidad con lo que establezca el programa de actuación, podrá prestar servicios de competencia municipal en los siguientes supuestos:

• a) En caso de dispensa de la prestación de los servicios mínimos o en los supuestos especiales establecidos por la legislación de régimen local.
• b) En virtud de delegación o convenio.

2. Los supuestos de dispensa de servicios mínimos municipales y de intervención de la comarca en casos especiales se regirán por lo que dispone la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y por lo que establecen los artículos 170 y siguientes de este Reglamento.

Artículo 168 Objeto

1. Los municipios, independientemente o asociados, prestarán, como mínimo, los servicios enumerados en el artículo 64 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, según los niveles de población establecidos.

2. Cuando un municipio alcance el nivel de población que implique la ampliación de los servicios mínimos tendrá la obligación de implantarlos en la anualidad siguiente a aquélla en la que el número de habitantes haya superado el límite poblacional según la última rectificación anual del padrón. Los gastos que sean necesarios para esta finalidad tendrán carácter preferente.

Artículo 169 Régimen de prestación

Serán de aplicación al régimen de prestación de los servicios mínimos municipales las previsiones y los procedimientos a los que se refiere el artículo 162 de este Reglamento.

Artículo 170 Supuestos

1. Los municipios podrán solicitar la dispensa del establecimiento o de la prestación de los servicios mínimos cuando sea imposible o muy difícil su cumplimiento.

2. La dispensa también podrá fundarse en la innecesariedad de la prestación del servicio.

3. La solicitud de dispensa se formulará al Gobierno de la Generalidad, previa instrucción del correspondiente expediente, en la forma establecida en la legislación aplicable y en este Reglamento.

Artículo 171 Criterios e intervención supletoria de la comarca

1. La solicitud de dispensa se adaptará a los criterios que determine el Programa de actuación de la comarca respectiva.

2. Corresponde a la comarca, de acuerdo con los criterios fijados en dicho Programa, y sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diputaciones, establecer los servicios mínimos deficitarios o asegurar la adecuada prestación de los que lo requieran, siempre que la legislación sectorial aplicable no establezca lo contrario, y también, en su caso, garantizar el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

Artículo 172 Dispensa por imposible o difícil cumplimiento

1. Las causas de imposibilidad o dificultad del cumplimiento de los servicios mínimos podrán ser técnicas o de naturaleza económica.

2. Para la dispensa de la prestación de los servicios mínimos, por ser imposible o muy difícil su cumplimiento, tendrá que instruirse un expediente de acuerdo con el siguiente procedimiento:

• a) Se elaborará una memoria justificativa de la imposibilidad o dificultad de la prestación del servicio, con el análisis de las causas técnicas o económicas que impidan o dificulten su establecimiento o prestación.
• b) El expediente se someterá a información pública, por un plazo no inferior a veinte días mediante un anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en uno de los principales medios de comunicación escrita y en el tablón de anuncios de la corporación.
• c) Corresponderá al pleno municipal aprobar, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, la memoria, si procediere, y solicitar la dispensa de prestación del servicio. En caso de haberse formulado alegaciones o reclamaciones en el trámite de información pública, serán resueltas de forma razonada.
• d) El expediente instruido se remitirá al Departamento de Gobernación de la Generalidad, el cual solicitará al consejo comarcal y a la diputación provincial correspondientes que informen en el plazo de un mes. En los citados informes se determinarán en todo caso las características económicas, financieras y técnicas del servicio, para prestarlo adecuadamente. El Departamento de Gobernación, sin perjuicio de los informes anteriores, podrá solicitar otros que estime necesarios para la determinación de aquellas características.
• e) Corresponderá al Gobierno de la Generalidad dictar la resolución del procedimiento en el plazo de tres meses desde la remisión del expediente. El otorgamiento de la dispensa deberá determinar:

  La administración que tenga que asumir el servicio.

  Las aportaciones económicas municipales para cubrir la totalidad del coste del servicio, cuando la dispensa sea debida a causas técnicas, o para atender parcialmente su coste, cuando la dispensa obedezca a razones de naturaleza económica.

  La participación municipal, en su caso, en la organización y gestión del servicio asumido por la Administración correspondiente.

• f) La no resolución por el Gobierno dentro del plazo citado en el apartado 2.e) de este artículo tendrá efectos desestimatorios.

Artículo 173 Innecesariedad

1. La dispensa de servicios mínimos por no ser necesaria su prestación, deberá basarse en las características particulares del municipio.

2. A este efecto, deberá instruirse un expediente, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo anterior, con las siguientes particularidades:

• a) En la memoria se justificará la no necesidad del servicio como consecuencia de las características peculiares del municipio, en base a los correspondientes informes técnicos que deberán acompañarse.
• b) El acuerdo del pleno municipal adoptado en la forma que establece el artículo 112.3 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, que declare la innecesariedad del servicio mínimo resolverá las alegaciones y reclamaciones que, en su caso, se hayan formulado, y se remitirá al Departamento de Gobernación a los efectos prevenidos en el artículo 172.2.d) de este Reglamento.
• c) Corresponde al Gobierno de la Generalidad dictar la resolución que declare, en su caso, la innecesariedad del servicio, en el plazo y con los efectos del artículo 172.2.e) y f) de este Reglamento.

3. La dispensa tendrá vigencia mientras subsistan las características particulares determinantes que la hayan justificado.

Artículo 174 Supuestos de dispensa a propuesta de la comarca

1. La dispensa de la prestación de servicios mínimos municipales será procedente, a propuesta de la comarca y sin necesidad de otra justificación, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

• a) Que se trate de municipios que, por insuficiencia de capacidad financiera, por la especial estructura del territorio y de los asentamientos de la población o por otras causas técnicas, no puedan establecer o prestar adecuada o eficientemente los servicios mínimos de su competencia.
• b) Que se refiera a municipios en los que las partidas presupuestarias para retribuir las funciones públicas necesarias constituyan más del 50% de su capacidad financiera.
• c) c) Que sean municipios de población diseminada o configurados por diversos núcleos de población, siempre que ninguno de ellos agrupe más de cincuenta habitantes.

2. La propuesta de la comarca para la dispensa de los servicios mínimos en los supuestos del apartado 1 de este artículo se tramitará de acuerdo con el procedimiento siguiente:

• a) El consejo comarcal elaborará una memoria en la que se acreditará el supuesto o los supuestos en que se base la dispensa, a la que se adjuntará la documentación fehaciente necesaria.
• b) Se otorgará consulta previa al municipio correspondiente, cuyo pleno, en el plazo de un mes, acordará, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, que no se opone a la prestación por la comarca de los servicios mínimos objeto del expediente. La oposición municipal se basará en razones e informes que justifiquen que no se da el supuesto o supuestos establecidos en la memoria de la comarca.
• c) Si no hay oposición municipal el pleno del consejo comarcal acordará, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, en su caso, la propuesta de dispensa, que elevará al Departamento de Gobernación para que la someta a la aprobación del Gobierno de la Generalidad.
• d) Corresponderá al Gobierno de la Generalidad resolver la propuesta de la comarca, encomendándole, si la aprueba, el establecimiento de los servicios mínimos deficitarios o la adecuada prestación de los que lo requieran y, en su caso, el ejercicio de las funciones públicas necesarias, sin perjuicio de las competencias que correspondan por Ley a las diputaciones.
• e) La resolución del Gobierno se producirá en el plazo de tres meses desde la remisión de la propuesta de la comarca. La falta de resolución dentro de dicho plazo tendrá efectos estimatorios de la solicitud.

Artículo 175 Prestación de servicios por delegación o convenio

1. La comarca podrá prestar servicios municipales en virtud de delegación o convenio de conformidad con las previsiones establecidas en el programa de actuación comarcal.

2. En estos supuestos deberá garantizarse la intervención de los municipios correspondientes en la prestación del servicio.

Artículo 176 Conversión de servicios municipales en comarcales

1. Cuando se justifique el interés supramunicipal, los servicios municipales podrán ser convertidos en servicios comarcales, de acuerdo con los criterios que establezca el programa de actuación de la comarca.

2. Asimismo son susceptibles de conversión los servicios municipales prestados de forma mancomunada o mediante un consorcio.

3. Para que pueda realizarse directamente la conversión será necesario:

• a) Que una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña lo establezca de manera expresa o atribuya la competencia alternativamente al municipio o a la comarca.
• b) Que no se trate de servicios municipales calificados por la ley como mínimos.
• c) Que la mayoría de los municipios afectados o el número de éstos que represente más de la mitad de la población afectada no formulen oposición.

4. La justificación del interés supramunicipal tendrá que figurar en la memoria del establecimiento del servicio a que se refiere el artículo 164 y concordantes de este Reglamento.

Artículo 177 Procedimiento

1. Para la conversión de los servicios municipales en comarcales, deberá seguirse el procedimiento siguiente:

• a) Aprobación inicial del pleno del consejo comarcal acordada por mayoría absoluta de sus miembros.
• b) Audiencia a los municipios afectados y, en su caso, a los consorcios, por un plazo mínimo de treinta días. El acuerdo del pleno de cada municipio afectado o del órgano superior del consorcio será adoptado por mayoría absoluta.
• c) Aprobación definitiva por el pleno del consejo comarcal con la misma mayoría del apartado a).

2 El procedimiento se resolverá en el plazo de seis meses desde la aprobación inicial, transcurrido el cual sin resolución se entenderá caducado, con el archivo de las actuaciones dentro de treinta días.

Artículo 178 Intervención de los municipios

1. En el acuerdo de conversión de servicios municipales en comarcales, se establecerán las garantías de intervención de los municipios afectados por la prestación del servicio de que se trate.

2. En todo caso, se dará audiencia a los municipios afectados:

• a) Previamente a la aprobación del reglamento de ordenación del servicio y de las tarifas aplicables.
• b) En caso de modificación o extinción del servicio.

3. El municipio o municipios afectados por la conversión podrán mantener las funciones que les delegue la comarca en la gestión del servicio.

Artículo 179 Efectos de la conversión

1. . La conversión del servicio comportará la modificación del órgano gestor, pero no alterará el régimen establecido con el concesionario y con los usuarios.

2. La conversión implicará, en su caso, la fijación de las medidas compensadoras adecuadas para los municipios u otros entes afectados.

3. También comportará, cuando proceda, la transferencia de los bienes, créditos, recursos y personal adscrito a aquél.

4. Los funcionarios municipales en activo transferidos como consecuencia de la conversión del servicio quedarán en la situación de servicios en otras administraciones públicas. El personal en general transferido se regirá por lo que dispone el artículo 308 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y demás normativa aplicable.

5. Con la conversión se extinguirán la mancomunidad o el consorcio que, en su caso, gestionen el servicio.

6. El servicio comarcal objeto de conversión podrá ser prestado por cualquiera de las formas de gestión previstas en la Ley y en este Reglamento.

Artículo 180 Conversión de servicios de municipios que pertenecen a otra comarca

1. La conversión de servicios que se presten mediante una mancomunidad o un consorcio y de los que sean miembros municipios que pertenezcan a otra comarca no alterará la relación asociativa preexistente respecto de los derechos y obligaciones contraídas por dichos municipios.

2. El procedimiento aplicable para la conversión de servicios en el supuesto del apartado anterior será el que regula el artículo 177 de este Reglamento, con las especialidades siguientes:

• a) Se dará audiencia, por un plazo no inferior a treinta días, a las comarcas afectadas.
• b) Si no hay acuerdo en este trámite entre las entidades interesadas sobre la utilización del servicio, se remitirán al Departamento de Gobernación las actuaciones para que, en el plazo de tres meses dicte la resolución definitiva sobre la conversión del servicio.
• c) Esta resolución podrá condicionar la conversión del servicio a la constitución de consorcios o al establecimiento de convenios entre las comarcas afectadas.

Artículo 181 Contenido

1. La reserva de servicios esenciales declarada por Ley en favor de las entidades locales las habilita para prestarlos en régimen de monopolio, mediante la instrucción del preceptivo expediente en el que se deberá justificar la conveniencia y oportunidad de este régimen, por razones de interés general.

2. Sin perjuicio de otros servicios esenciales que la ley reserve a las entidades locales, dicha reserva comprende los servicios siguientes, establecidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: abastecimiento y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, suministro de gas y calefacción, mataderos, mercados y lonjas centrales, transporte público de viajeros y servicios mortuorios.

Artículo 182 Régimen de prestación

1. Los servicios esenciales reservados por Ley a las entidades locales se podrán prestar en régimen de libre concurrencia o de monopolio.

2. Cuando se presten en régimen de libre concurrencia se seguirá, cuando proceda, el procedimiento regulado en el artículo 162.2 de este Reglamento.

3. Para la prestación de servicios esenciales reservados se podrá utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios locales y, en el caso de cambio de éstas, se cumplirá lo que se establece en el artículo 188.5 de este Reglamento.

Artículo 183 Procedimiento para la prestación en régimen de monopolio

1. Para la prestación del servicio esencial reservado en régimen de monopolio se seguirá el procedimiento regulado en los artículos 143 a 149 de este Reglamento, con las particularidades siguientes:

• a) La Comisión de estudio será designada por la corporación local y estará integrada por miembros de la misma, por el personal técnico necesario y por los representantes de los usuarios, designados éstos por las asociaciones locales afectadas en la materia, si existieren.
• b) En la memoria que redacte la comisión se justificará suficientemente la conveniencia y oportunidad de su prestación en régimen de monopolio, por exigencia del interés general, y determinará la forma de gestión del servicio y un proyecto de tarifas.

2. El acuerdo de aprobación del expediente por el pleno de la corporación tendrá que adoptarse por mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

Artículo 184 Aprobación por el Gobierno de la Generalidad

1. El expediente tramitado se remitirá al Departamento de Gobernación, que lo someterá al Gobierno de la Generalidad, para que lo apruebe definitivamente o lo deniegue en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído decisión alguna, se entenderá desestimada la petición.

2. La decisión del Gobierno versará sobre la conveniencia y oportunidad del monopolio de la prestación del servicio, en relación con los intereses de la Generalidad.

Artículo 185 Efectos de la aprobación del monopolio

1. La aprobación por el Gobierno de la Generalidad del expediente para la prestación del servicio en régimen de monopolio comportará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectos al servicio.

2. Cuando se requiera la expropiación de empresas se notificará a los interesados con seis meses de anticipación, por lo menos. La expropiación afectará a los elementos de aquéllas que se encuentren directamente relacionados con el funcionamiento del servicio o que fueren necesarios para su normal desarrollo.

3. El rescate de las concesiones, en su caso, se regulará por lo establecido en los artículos 263 y siguientes de este Reglamento.

Artículo 186 Iniciación y trámite del expediente expropiatorio

1. El expediente expropiatorio de empresas, cuando sea procedente, se iniciará tras haberse aprobado definitivamente el expediente de prestación del servicio en régimen de monopolio.

2. La tramitación del expediente se efectuará conforme a la legislación sobre expropiación forzosa con las especialidades que ésta establece respecto a la expropiación por las entidades locales. En todo caso, el secretario de la corporación emitirá los informes jurídicos preceptivos en el procedimiento.

Artículo 187 Transformación del régimen de prestación del servicio

1. Las entidades locales que presten en régimen de libre concurrencia servicios esenciales reservados por Ley y decidan prestarlos de acuerdo con ella, en monopolio, deberán tramitar el correspondiente expediente, conforme a los artículos 183 y 184 de este Reglamento.

2. La transformación del régimen de monopolio por el de libre concurrencia para prestar los servicios esenciales reservados por ley, los aprobará el pleno de la corporación. En este caso será suficiente el acuerdo de la mayoría simple.

Artículo 188 Formas de gestión

1. Los servicios públicos locales se podrán gestionar directa o indirectamente.

2. La gestión directa podrá adoptar las formas siguientes:

• a) Gestión a través de la misma organización ordinaria de la entidad local.
• b) Por medio de una organización especial desconcentrada.
• c) Organismo autónomo.
• d) Sociedad mercantil con capital social íntegramente público.

3. La gestión indirecta se podrá realizar por las formas siguientes:

• a) Concesión.
• b) Gestión interesada.
• c) Concierto.
• d) Arrendamiento.
• e) Sociedad mercantil o cooperativa con capital social mixto.

4. La facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos corresponderá a las entidades locales, en ejercicio de su potestad organizativa, salvo los servicios a que se refiere el artículo 189 de este Reglamento y lo que establezca, en su caso, la legislación sectorial.

5, El cambio de la forma de gestión de un servicio exigirá la instrucción del expediente y la tramitación del procedimiento, en los aspectos aplicables, a los que se refieren los artículos 159 y 160 de este Reglamento.

Artículo 189 Servicios de prestación directa

1. Los servicios que comporten el ejercicio de potestades indeclinables y de coacción administrativa deberán ser prestados por la entidad local en la forma de gestión directa.

2. En cualquier caso, en los supuestos de prestación directa, por sí misma o mediante entes dependientes, la entidad local asumirá el servicio y ejercerá de forma exclusiva la potestad de dirección y de gestión sobre el servicio.

Artículo 190 Objeto

1. En la gestión directa por la misma organización indiferenciada de la entidad local, ésta asume y centraliza el servicio, ejerce de manera exclusiva las potestades de dirección y de gestión sobre aquél y utiliza personal directamente dependiente de la propia corporación, asumiendo ésta el riesgo derivado de la gestión.

2. Los medios personales y materiales del servicio se adscriben e integran en el presupuesto de la entidad local.

3. La gestión económica de los servicios gestionados de manera centralizada quedará sujeta a la función de intervención y del control interno financiero y de eficacia.

Artículo 191 Dirección y administración del servicio

1. La dirección superior de los servicios corresponderá al presidente de la corporación o al miembro de la misma en que delegue, o en que se desconcentre mediante una disposición general a propuesta de aquél, sin perjuicio de la dirección técnica que corresponde a la jefatura del servicio respectivo.

2. Para la gestión del servicio se podrá designar un administrador, cuyas funciones serán de mera gestión, quedando excluidas las de disposición de caudales y las de carácter resolutorio.

Artículo 192 Organización especial

1. La gestión directa de servicios por la entidad local se podrá realizar por medio de una organización especial, sin personalidad jurídica, compuesta por un consejo de administración y una gerencia, sin perjuicio de que la naturaleza del servicio exija la adopción de otra forma de organización, mediante la creación de otros órganos complementarios.

2. El acuerdo por el cual se establece que un servicio lo gestiona directamente la entidad local mediante una organización especial incluirá los aspectos orgánicos y de funcionamiento y, en su caso, la desconcentración de funciones de acuerdo con la reglamentación del propio servicio.

Artículo 193 Consejo de administración

1. El consejo de administración es nombrado por el pleno de la entidad local entre personas profesionalmente cualificadas y deberá contar con una representación de los usuarios.

2. El presidente del consejo será miembro de la entidad local.

3. Actuará de secretario del consejo el que lo sea de la corporación, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar legalmente.

4. Corresponderá al consejo de administración el gobierno y dirección superior del servicio. El consejo actuará con sujeción a las directrices del pleno corporativo y, en general, bajo las orientaciones de los órganos locales de gobierno dentro de sus respectivas competencias.

5. Son funciones del consejo las que le atribuya el acuerdo de establecimiento de la organización especial o el reglamento del servicio y, en general, las que de manera expresa no hayan sido atribuidas a otro órgano.

6. Los actos del consejo de administración podrán ser impugnados mediante recurso ordinario ante el correspondiente órgano de la entidad local, salvo que el acuerdo de creación disponga otro régimen.

Artículo 194 Gerente

1. El gerente será designado por el presidente de la entidad local a propuesta del consejo de administración. Su relación con aquélla se regulará por lo dispuesto por la legislación sobre personal al servicio de las Entidades locales.

2. Serán funciones del gerente:

• a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del consejo de administración.
• b) Gestionar, dirigir de forma inmediata e inspeccionar el servicio.
• c) Las que le asignen las normas reguladoras del servicio y de su organización especial o que le encomiende el consejo de administración.

Artículo 195 Régimen contractual

La contratación de obras y suministros se acomodará a lo previsto en la legislación de contratación aplicable a la entidades locales, teniendo en cuenta las características derivadas del Reglamento de organización del servicio y del acuerdo de su creación.

Artículo 196 Personal

El personal adscrito a la organización especial que gestione el servicio será el propio de la entidad local, sea funcionario o laboral, el cual mantendrá la relación de dependencia con la corporación.

Artículo 197 Bienes

Los bienes adscritos a la organización especial no constituirán patrimonio propio y los que se adquieran con motivo de la gestión del servicio se incorporarán al patrimonio general de la entidad local.

Artículo 198 Sección presupuestaria y contabilidad. Cuenta y fiscalización

1. La organización especial del servicio contará con una sección propia en el presupuesto de la entidad local y con una contabilidad especial.

2. El consejo de administración de la organización rendirá anualmente una memoria y una cuenta de la gestión del servicio, sin perjuicio de lo que establece la legislación de haciendas locales.

3. La función interventora, de control financiero y de eficacia del servicio, se ejercerá de conformidad con lo que establece asimismo la legislación aplicable de haciendas locales.

Artículo 199 Supuestos de creación

1. Las entidades locales podrán gestionar directamente los servicios públicos de su competencia, mediante el correspondiente organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y que tendrá plena capacidad para el cumplimiento de los fines determinantes de su constitución.

2. La entidad local podrá crear el organismo autónomo. También podrá constituirse adquiriendo bienes de particulares adscritos a una determinada finalidad por compra, donación o disposición fundacional, en este caso de acuerdo con la voluntad del fundador.

3. En cualquiera de estos supuestos deberá seguirse el procedimiento que se regula en la legislación aplicable y en esta sección.

Artículo 200 Estatutos

1. Los organismos autónomos locales se regirán por sus estatutos, que aprobará el pleno de la corporación, por las normas contenidas en el reglamento del servicio y por las de carácter imperativo de derecho interno y comunitario.

2. Los estatutos se referirán, entre otros a los siguientes extremos:

• a) Organos de gobierno y sus atribuciones.
• b) Recursos económicos que se le asignen.
• c) Bienes que se adscriban al organismo.
• d) Facultades de tutela por parte de la entidad local titular del servicio.
• e) Funciones sobre la organización y administración del servicio.
• f) Extinción del organismo y efectos de ésta.

Artículo 201 Procedimiento de constitución y aprobación de los estatutos

1. La constitución del organismo autónomo local y la aprobación de sus estatutos se ajustará al procedimiento siguiente:

• a) Corresponderá al pleno de la corporación la aprobación inicial.
• b) El acuerdo de constitución y los estatutos se someterán a información pública por un plazo mínimo de 30 días para examen y presentación de alegaciones y sugerencias.
• c) El pleno resolverá las alegaciones formuladas y, en su caso, procederá a la aprobación definitiva en el plazo de tres meses, contados desde el acuerdo de aprobación inicial.
• d) El texto de los Estatutos se publicará íntegramente en el BOP, y se insertará una referencia de esta publicación en el DOGC.
• e) El organismo autónomo se inscribirá en la sección complementaria del registro de entes locales que lleva el Departamento de Gobernación.

2. Se exceptúa de la tramitación que establece el apartado 1 de este artículo el caso en que el organismo autónomo tuviere por objeto la gestión de un servicio público económico de carácter esencial y reservado para prestarlo en régimen de monopolio, siempre que en el procedimiento establecido en el artículo 183 y concordantes se prevea la creación del organismo y se incluyan sus estatutos.

3. El organismo de carácter económico no podrá tener a la vez como objeto un servicio público y una actividad económica que no tenga la consideración de servicio público.

Artículo 202 Organos de gobierno

1. Los estatutos establecerán los órganos de gobierno del organismo, que contará, en todo caso, con un presidente, una junta de gobierno y un gerente.

2. Corresponde al pleno de la entidad local la designación, cese o sustitución de los órganos de gobierno. Los estatutos podrán prever la presencia de representantes sociales en la junta de gobierno, si la índole del servicio o el número de trabajadores lo hiciera aconsejable.

3. En defecto de regulación estatutaria, regirá, en lo que sea procedente, lo dispuesto en la sección segunda del capítulo 2 de este título.

Artículo 203 Hacienda

La hacienda de los organismos autónomos se regirá por lo que establece la legislación aplicable sobre haciendas locales, y en este sentido se tendrán en cuenta, entre otras, las reglas siguientes:

• a) El organismo elaborará anualmente un presupuesto adaptado a las normas sobre estructura presupuestaria de las entidades locales, que se integrará en el presupuesto general de la entidad. A este fin, el presupuesto del organismo se remitirá a la entidad local de que dependa antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación establecida en la legislación sobre haciendas locales.
• b) El presupuesto del organismo no podrá incluir aumentos de personal sin autorización de la entidad local.
• c) Los beneficios que se obtuvieren con sus operaciones comerciales, industriales o análogas, en su caso, se integrarán en el presupuesto del organismo.
• d) El procedimiento de cobro de los créditos será de carácter administrativo y la recaudación ejecutiva se realizará por los servicios recaudatorios de la entidad local, de acuerdo con las reglas aplicables a ella.
• e) Las operaciones de crédito y de tesorería tendrán que ser aprobadas por la entidad local de la que dependan dentro de los límites legalmente establecidos. Los créditos concertados por los mencionados organismos computan en la carga financiera de las entidades locales de las que dependen, de acuerdo con lo que establece la normativa de haciendas locales.
• f) El organismo podrá proponer que determinados créditos se consideren ampliados automáticamente en la medida en que se produzcan los ingresos correlativos.
• g) Las funciones de fiscalización y control de la gestión económica, financiera y presupuestaria y las de contabilidad, tesorería y recaudación se realizarán por la intervención y la tesorería de la entidad local, de acuerdo con sus respectivas competencias, bien directamente o a través de delegaciones.

Artículo 204 Patrimonio

1. Los organismos autónomos poseerán patrimonio especial electo a los fines específicos para los que se constituyan. Los bienes que la entidad local les adscriba para el cumplimiento de sus fines conservarán su calificación jurídica originaria.

2. El organismo formará un inventario de los bienes y derechos en la forma que establece la normativa sobre patrimonio de las entidades locales. El inventario se integrará en el inventario general de la entidad local, mediante un anexo.

3. Los bienes inmuebles adquiridos por los organismos autónomos a cargo de sus presupuestos se inscribirán en el Registro de la propiedad a su nombre, con mención asimismo de la Corporación local de que dependan.

4. Los organismos autónomos no podrán enajenar los bienes afectados de forma directa y permanente al cumplimiento de sus fines. La enajenación de otros bienes de carácter patrimonial exigirá autorización previa de la entidad local y se sujetará al procedimiento establecido por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, y normas reglamentarias aplicables, salvo la enajenación de los bienes adscritos por la propia entidad local para ser transformados, y la de los bienes que adquiera el organismo autónomo para ser devueltos al tráfico jurídico, por constituir el objeto de su actividad, cuando así se haya previsto en los estatutos.

5. Los beneficios que se obtengan de la prestación del servicio, una vez cubiertos los gastos, se destinarán de la forma y a las finalidades que determine la junta de gobierno del propio organismo, de acuerdo con los estatutos.

Artículo 205 Régimen contractual

1. La contratación de las obras y de los servicios necesarios para el funcionamiento del organismo autónomo y la de suministros se acomodará a lo previsto en la legislación de contratación administrativa que rija para la entidad local, sin perjuicio de lo que establece el artículo 210 de este Reglamento para los organismos autónomos de carácter económico. No obstante, los estatutos podrán determinar las características propias de contratación que, respecto del régimen general, se deriven de la peculiar organización administrativa del organismo.

2. Los actos adoptados por el órgano que adjudique el contrato podrán ser recurridos por motivo de infracción del Derecho comunitario europeo en materia de contratos públicos o de las normas nacionales de transposición de aquél, para que se dé cumplimiento a los criterios de eficacia y rapidez, de acuerdo con lo que establece la Directiva de la CEE de 21 de diciembre de 1989.

3. La mesa de contratación la integrarán el presidente de la Junta de Gobierno, el gerente y el secretario de la corporación.

Artículo 206 Personal

Los funcionarios de la entidad local que presten servicios en los organismos autónomos que dependan de ella mantendrán la situación de servicio activo en aquélla, salvo que se integren en la función pública propia de los mismos. En cualquier caso, el organismo autónomo asumirá todas las obligaciones de la entidad local de que dependa, respecto de dicho personal.

Artículo 207 Recursos

Contra los actos administrativos de los organismos autónomos se podrá interponer recurso ordinario ante el órgano que corresponda de la entidad local, salvo que los estatutos prevean otra cosa.

Artículo 208 Extinción

El organismo autónomo local se extinguirá:

• a) Por acuerdo del pleno de la corporación cuando se considere conveniente gestionar el servicio por otra modalidad diferente, entre las previstas legalmente.
• b) Por transcurso del plazo de duración señalado en el acuerdo de constitución.
• c) Por la consecución del fin o la imposibilidad de su cumplimiento en el caso de organismo autónomo fundacional, previo acuerdo de su órgano de gobierno superior.

Artículo 209 Efectos de la extinción

1. La extinción del organismo autónomo comportará que sus bienes, derechos y obligaciones se incorporen al patrimonio de la entidad local, la cual le sucederá universalmente.

2. Los bienes que forman parte del activo, dada su naturaleza, se incorporarán al dominio público o a los bienes patrimoniales de la entidad local.

3. Los bienes procedentes de donación o fundación recibirán el destino previsto por los donantes o fundadores.

Artículo 210 Especialidades de los organismos autónomos de carácter económico

1. La actividad y forma de contratación de los organismos autónomos que presten servicios de carácter económico se sujetarán a las normas de derecho mercantil, civil o laboral, sin perjuicio de las materias que exceptúen los estatutos y la normativa de contratación pública. Las relaciones de tutela con la corporación local de la que dependan, así como los actos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas tendrán, en todo caso, carácter administrativo.

2. Este tipo de organismos autónomos deberá elaborar anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación que responda a los objetivos plurianuales que justifiquen su existencia que habrá de contener:

• a) El detalle de las inversiones a ejecutar durante el ejercicio.
• b) La especificación de las aportaciones de las administraciones públicas y otras fuentes de financiación de las inversiones. Las aportaciones respetarán las reglas de la libre concurrencia que se contienen en el ordenamiento nacional y en el Derecho comunitario europeo, en especial en lo referente a las ayudas públicas.
• c) Los objetivos a alcanzar durante el ejercicio, entre los que figurarán los ingresos que se espera generar por medio de ventas, en su caso.
• d) Una memoria sobre la evaluación económica de las inversiones a acometer durante el ejercicio.

3. El programa de actuación se remitirá al presidente de la corporación antes del 1 de junio de cada año. El programa se aprobará simultáneamente con el presupuesto general por el pleno de la entidad local, conforme a la normativa reguladora de las haciendas locales, y se incluirá como anexo del mismo presupuesto.

Artículo 211 Régimen

1. Los servicios locales de carácter económico se podrán gestionar directamente por medio de una sociedad mercantil.

2. En este caso, el servicio se ejercerá en régimen de empresa privada y el capital social pertenecerá íntegramente a la entidad local.

3. La sociedad deberá adoptar la forma de responsabilidad limitada o de sociedad anónima y actuará con sujeción a las normas de derecho mercantil, sin perjuicio de las materias exceptuadas par el acuerdo de creación, las referentes a las funciones de dirección y vigilancia que ejerza la entidad local sobre la misma, y de las de contratación y demás de carácter administrativo a que se refieren los artículos 217 y 225 de este Reglamento.

Artículo 212 Formas de creación y procedimiento

1. Estas sociedades se podrán instituir:

• a) Por fundación simultánea por la entidad local.
• b) Por la adquisición por la entidad local de todas las acciones o las participaciones de otra sociedad.
• c) Por la adquisición de todas las acciones o participaciones de titularidad privada de una sociedad mercantil con capital parcialmente público del cual sea titular la entidad local.

2. El régimen específico de estas sociedades será aplicable a partir de la constitución e inscripción de la sociedad y, en su caso, de la adquisición de las acciones.

3. Cuando la sociedad de capital íntegramente público provenga de la transformación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, inicialmente privadas, no se podrá modificar el objeto social. En este caso, tendrá que justificarse debidamente en el expediente la adquisición de las acciones si la sociedad que las transmite no presenta saneado su estado financiero.

4. El capital social deberá estar totalmente desembolsado desde el momento de la constitución de la sociedad y no podrá transferirse, sin perjuicio de lo que establece el artículo 283.1.d) de este Reglamento.

5. El acto previo de la constitución de la sociedad y la aprobación de los estatutos por la entidad local se tramitarán de acuerdo con el procedimiento que se regula en el artículo 201 de este Reglamento.

6. La sociedad legalmente constituida se inscribirá en la sección complementaria del Registro de entidades locales que lleva el Departamento de Gobernación.

Artículo 213 Acciones sin derecho a voto

1. La sociedad podrá emitir acciones sin derecho a voto, de acuerdo con lo que establece la legislación societaria aplicable.

2. Los titulares de este tipo de acciones quedarán excluidos del derecho de participar en la designación de los vocales del consejo de administración y de la gestión y toma de decisiones de la sociedad.

3. La sociedad podrá emitir acciones sin derecho a voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social y tendrá que garantizar a los titulares de las acciones el derecho a percibir un dividendo mínimo anual, de acuerdo con lo que establece la legislación de sociedades, y establecerá las garantías que les confiera la normativa mercantil, en especial, frente a la reducción del capital social por pérdidas y el derecho a percibir el reembolso del valor desembolsado, con carácter preferente, en caso de disolución.

Artículo 214 Bienes

1. Los bienes de dominio público adscritos por las entidades locales a este tipo de sociedades para el cumplimiento de sus fines conservarán su calificación jurídica originaria y la adscripción no implicará transmisión del dominio ni desafectación.

2. Los bienes patrimoniales aportados se incorporarán directamente al patrimonio de la sociedad. La aportación en especie será objeto de valoración, conforme a la legislación mercantil aplicable al tipo de sociedad de que se trate.

3. Podrán constituirse derechos reales de aprovechamiento sobre los bienes de dominio público en favor de la sociedad.

4. Los bienes patrimoniales adquiridos posteriormente por la sociedad se integrarán en su patrimonio.

5. Antes de que el pleno de la corporación apruebe la aportación de los bienes patrimoniales, se solicitará, cuando proceda, el informe previo al Departamento de Gobernación y, en todo caso, se le dará cuenta, a los efectos que establece la normativa sobre el patrimonio de las entidades locales.

Artículo 215 Inventario y registro

1. Los bienes de dominio público adscritos a las sociedades constarán con esta circunstancia en el inventario de bienes de la corporación y se extenderá nota informativa de la misma en el Registro de la propiedad.

2. Se formará un inventario de los bienes y derechos de la sociedad, el cual se integrará en el inventario general consolidado de la entidad local de que dependa mediante un anexo.

Artículo 216 Contabilización de bienes y derechos

El valor de los bienes de dominio público adscritos a la sociedad no aparecerá reflejado en la contabilidad de aquélla. En el supuesto de que la sociedad sea titular de un derecho de aprovechamiento sobre aquellos bienes el valor estimado de éste será contabilizado en el activo de la sociedad, así como el de los bienes patrimoniales de que sea titular.

Artículo 217 Normas reguladoras de carácter administrativo

1. Se regirán por las normas de derecho administrativo el acto previo de la constitución de la sociedad, los de la coordinación de ésta con la entidad local, el de la supresión del servicio público correspondiente, así como los supuestos a que se refiere el artículo 225.2 de este Reglamento.

2. Tendrán igual carácter los actos de aplicación de las normas reglamentarias del servicio, ya sean de ámbito estatal, de Cataluña o de la propia entidad local, de acuerdo con las respectivas competencias, y los derivados de la potestad expropiatoria y de otras potestades de derecho público que ejerza la entidad local que afecten a la sociedad.

3. Los otros actos de la sociedad quedarán sujetos al derecho privado.

Artículo 218 Carácter de las relaciones con terceros

1. Los contratos y relaciones con terceros por parte de estas sociedades tendrán carácter mercantil, sin perjuicio de lo que establece el artículo 225.2 de este Reglamento en relación con la adquisición de bienes y contratación de obras.

2. Son de aplicación a la actividad de estas sociedades las normas generales de responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 219 Organos de la sociedad

1. La dirección y la administración de la sociedad se ejercerá por los siguientes órganos:

• a) La junta general, asumida por el pleno de la entidad local.
• b) El consejo de administración
• c) La gerencia

2. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación mercantil sobre la materia, la sociedad tendrá un secretario, que podrá ser el de la corporación y al cual, entre sus funciones, corresponderá extender las actas de los órganos colegiados.

Artículo 220 Atribuciones y funcionamiento de los órganos de la sociedad

1. Los estatutos de la sociedad determinarán las atribuciones, la forma de designación y el régimen de funcionamiento de sus órganos.

2. El pleno de la corporación, cuando actúe como junta general de la sociedad, se regirá en cuanto a la forma de celebración de reuniones y adopción de acuerdos por la legislación de régimen local, y respecto de las demás cuestiones comprendidas dentro del objeto social, por la legislación mercantil y por los estatutos de la sociedad.

3. Los estatutos podrán prever que la junta general tenga una composición inferior a la del pleno de la corporación, y en este caso determinarán el número de sus miembros y la ponderación del voto en función de los grupos políticos que la integren.

Artículo 221 Designación de los administradores

1. La junta general nombrará los miembros del consejo de administración, en los términos que establezcan los estatutos, en favor de personas profesionalmente cualificadas.

2. Los estatutos podrán prever la designación de uno o más administradores en representación de los usuarios.

3. La duración del cargo será fijada por los estatutos, conforme al régimen societario procedente.

Artículo 222 Gerencia y personal

1. La gerencia será designada por la junta general.

2. En el supuesto de que sea ocupada por persona física, el puesto que ocupe el gerente y los del resto del personal de la sociedad tendrán carácter laboral y no adquirirán en ningún caso la condición de funcionario. Para la selección de este personal regirán los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito.

Artículo 223 Ayudas económicas y control financiero

1. Las entidades locales no podrán conceder a las sociedades ayudas que supongan ventajas económicas gratuitas, con cargo a sus fondos, que falseen o amenacen falsear la libre concurrencia.

2. La función interventora y las de control financiero y de eficacia de la sociedad se realizarán de acuerdo con lo que prevé la legislación reguladora de las haciendas locales y normas mercantiles aplicables.

Artículo 224 Coordinación presupuestaria y financiera y contabilidad

1. Este tipo de sociedades estarán sujetas a la programación y coordinación presupuestaria y financiera y a la tesorería de la entidad local, a través de los planes y programas comunes que apruebe el pleno de la corporación.

2. Los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad se integrarán en el presupuesto general de la entidad local.

3. La sociedad se someterá al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapte a la legislación mercantil aplicable y al plan general de contabilidad vigente para las empresas españolas.

Artículo 225 Programa de actuación y régimen de contratación

1. La sociedad elaborará anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación en los términos que establece el artículo 210.2 y 3 de este Reglamento.

2. La adquisición de bienes inmuebles y la contratación de obras se someterán a un procedimiento que se adapte a los principios de publicidad y concurrencia de la contratación.

3. Los bienes aportados por la propia entidad local para ser transformados por la sociedad, y los adquiridos por ésta para ser devueltos al tráfico jurídico podrán enajenarse directamente, si así lo requiere el objeto social y lo han previsto los estatutos.

Artículo 226 Disolución de la sociedad

1. La sociedad se disuelve por las causas que establezca la legislación societaria mercantil aplicable y por la supresión del servicio por la entidad local titular.

2. Cuando las pérdidas excedieren de la mitad del capital social se convocará la junta general, en el plazo de dos meses desde que el consejo de administración tenga conocimiento de esta situación, para que adopte las medidas procedentes.

3. En caso de disolución de la sociedad la entidad local tendrá que resolver sobre la continuidad y, en su caso, la forma de gestión del servicio.

Artículo 227 Sociedades mercantiles con capital íntegramente público perteneciente a diversas corporaciones locales

1. En el caso de que se constituya una sociedad con capital íntegramente público aportado por diversas corporaciones locales, cada una de ellas deberá cumplir los trámites procedentes para su constitución y disolución, en su caso, previstos en este Reglamento. En el supuesto de disolución, se resolverá, además, sobre la continuidad y la forma de la prestación del servicio.

2. La distribución de la representación respectiva en los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hará de acuerdo con lo que prevean los estatutos.

Artículo 228 Objeto

Podrán ser gestionados de forma indirecta, por cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 188.3 de este Reglamento, los servicios de competencia de la entidad local que tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por los empresarios.

Artículo 229 Potestad sobre el servicio

La entidad local mantendrá sobre los servicios cuya gestión se contrate la titularidad y las potestades de dirección y de control que se deriven de la propia ordenación legal del servicio y de este Reglamento, para preservar su buen funcionamiento.

Artículo 230 Actuaciones administrativas previas

La contratación de la gestión de los servicios deberá ir precedida de las siguientes actuaciones:

• a) El proyecto de obras, cuando sea necesario.
• b) El pliego de cláusulas de explotación.
• c) El expediente de contratación administrativa y, en su caso, la aprobación del gasto correspondiente:

Artículo 231 Proyecto de obras

El proyecto de obras necesarias, cuando proceda, se redactará por la propia entidad local, por los empresarios que opten a la adjudicación del servicio o mediante convocatoria de concurso de proyectos, según determine el órgano competente de la contratación.

Artículo 232 Pliego de cláusulas de explotación

1. En la contratación de la gestión de servicios locales se harán constar, en lo que sea procedente, las cláusulas siguientes:

• a) Servicio cuya gestión se contrata y sus características.
• b) Obras e instalaciones, en su caso, que deba realizar el contratista sujetas a reversión, y las garantías precisas para que al finalizar el contrato las instalaciones, bienes y material integrante del servicio reviertan al patrimonio de la entidad en condiciones normales de uso.
• c) Bienes e instalaciones de la entidad, en su caso, cuya explotación se entregue al contratista.
• d) Plazo del contrato, según las características del servicio y las inversiones que se hubieren de realizar. Este plazo no podrá ser superior a cincuenta años, incluidas las prórrogas que, en su caso, pudieren concederse.
• e) Tarifas que, en su caso, se deban percibir de los usuarios y procedimiento para su revisión, cuando proceda.
• f) Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al contratista, cuando se otorgue.
• g) Canon o participación que deba satisfacer, en su caso, el contratista a la entidad local.
• h) Obligación del contratista de mantener en buen estado las obras e instalaciones.
• i) Fianza provisional y definitiva que deba prestar el empresario.
• j) Relaciones con los usuarios.
• k) Supuestos de incumplimiento y establecimiento de las sanciones correspondientes.
• l) Supuestos de extinción del contrato.
• m) Mención del reglamento regulador del servicio.

2. El pliego de cláusulas de explotación se someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días.

Artículo 233 Nulidad de cláusulas

Serán nulas las cláusulas siguientes:

• a) Las que confieran al gestor derecho de preferencia para prestar el servicio después de la extinción del contrato.
• b) Las que establezcan la no revisión de las tarifas durante la vigencia del contrato, en caso de retribución del gestor mediante las que haya de percibir de los usuarios.
• c) Aquellas por las que la entidad local renuncia a fiscalizar el servicio o, en su caso, a imponer modificaciones al mismo, a declarar la resolución del contrato o a no hacer uso de las potestades del rescate y, cuando proceda, la intervención de la concesión.
• d) Las que dispongan la no reversión a la entidad local de los bienes e instalaciones que hayan sido amortizados durante la vigencia del contrato, cuando estén afectos al servicio y sean necesarios para su funcionamiento.

Artículo 234 Expediente de contratación

1. Los contratos de gestión indirecta de servicios públicos locales se adjudicarán de conformidad con el procedimiento y las normas establecidas por la legislación de contratación aplicable a las entidades locales, por la normativa de régimen local y por este Reglamento.

2. En especial, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

• a) La publicidad y libre concurrencia de la contratación, referente tanto al anuncio indicativo del volumen total de contratos que se prevea adjudicar durante los doce meses siguientes, como al del contrato concreto y al resultado.
• b) La no discriminación de los empresarios por razón de la nacionalidad, incluido lo referente a las especificaciones técnicas.
• c) El procedimiento para la selección de los contratistas mediante el sistema abierto, restringido o negociado, y los supuestos en que podrá aplicarse este procedimiento.
• d) La reglas de la justificación de la capacidad técnica de los contratistas.
• e) Los criterios de adjudicación de los contratos por ofrecer el precio más bajo o constituir la oferta más ventajosa, supuesto éste en el que se valorarán diferentes aspectos en función del contrato, como la calidad, la perfección técnica, las características estéticas y funcionales, la asistencia y el servicio técnico, la fecha o el plazo de entrega.

3. El contrato de gestión de servicios se adjudicará ordinariamente, por el procedimiento abierto o restringido, mediante concurso, conforme a la normativa reguladora de la contratación administrativa. En el supuesto de la concesión deberán tenerse en cuenta las especialidades contenidas en el artículo 246 de este Reglamento.

4. La adjudicación negociada sólo podrá efectuarse en los supuestos previstos y autorizados por la propia legislación de contratos aplicable a las entidades locales.

5. La adjudicación del contrato se publicará conforme a lo establecido en la normativa de régimen local y de contratación.

Artículo 235 Obligaciones del contratista

Sin perjuicio de las obligaciones específicas que se estipulen en el contrato, serán obligaciones del contratista:

• a) Prestar el servicio con la continuidad y regularidad que haya acordado la entidad local contratante sin otras interrupciones que las que se producirían si la gestión se prestare de forma directa. En caso de extinción normal del contrato, el contratista tendrá que prestar el servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión.
• b) Admitir a toda persona que cumpla los requisitos establecidos reglamentariamente en la utilización del servicio.
• c) Responder de los daños que se deriven del funcionamiento del servicio, salvo que hubieran sido producidos por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la corporación con carácter ineludible.
• d) No enajenar bienes que tengan que revertir a la entidad local, en su caso, ni gravarlos salvo autorización expresa de ésta.
• e) Informar a la administración del funcionamiento del servicio, y, cuando proceda, de la ejecución de las obras e instalaciones a su cargo, así como de las cuentas de explotación y de la situación patrimonial en relación con la gestión del servicio.
• f) Prestar el servicio por sí mismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242 de este Reglamento.
• g) Las otras obligaciones derivadas del ejercicio de las potestades que corresponden a la administración.

Artículo 236 Derechos del empresario

El empresario tendrá los derechos derivados del contrato específico que se suscriba según la forma de gestión de que se trate y, en especial, el de percibir las prestaciones económicas previstas y el de su revisión, en su caso, en los términos que el propio contrato establezca.

Artículo 237 Obligaciones de la administración

La administración contraerá las obligaciones que se deriven del contrato, y en general, las siguientes:

• a) Satisfacer al contratista las prestaciones económicas en la cuantía y en los plazos convenidos, y su revisión, cuando proceda.
• b) Indemnizar al empresario en caso de asumir directamente la administración la gestión del servicio o de la supresión de éste.
• c) Poner a disposición del contratista los bienes e instalaciones que se haya convenido.
• d) Otorgar al contratista la protección adecuada para la prestación del servicio.
• e) Responder ante terceros, con carácter subsidiario, de los daños derivados del funcionamiento del servicio, en caso de insolvencia del contratista.

Artículo 238 Potestades de la administración

Corresponde a las entidades locales la potestad de dirección y control del servicio público, en virtud de la cual lo pueden modificar y suprimir, y, en la concesión, también ejercer las facultades que establece el artículo 248 de este Reglamento.

Artículo 239 Incumplimiento por parte de la administración

1. El incumplimiento del contrato por la administración tendrá los efectos que se determinan en este Reglamento, en el ordenamiento jurídico y en las estipulaciones contractuales.

2. Con carácter general, la administración indemnizará los perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato, los cuales se fijarán de acuerdo con lo convenido y, en su defecto, por lo establecido en la Ley de expropiación forzosa.

Artículo 240 Incidencias

Con carácter general, salvo el procedimiento establecido para los casos específicamente regulados, las incidencias surgidas entre la entidad local y el contratista que gestione el servicio derivadas de la diferente interpretación o de la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán en un expediente contradictorio que comprenderá las siguientes actuaciones:

• a) Propuesta de la unidad administrativa de la entidad local de la que dependa el servicio.
• b) Audiencia al gestor e informe del técnico, en el plazo de diez días.
• c) Informe jurídico y sucesivo de la intervención de fondos en el plazo de diez días.
• d) Resolución del órgano competente para la contratación en el plazo de veinte días. El procedimiento se resolverá en el plazo de dos meses a contar del inicio, y la falta de resolución dentro de dicho plazo producirá efectos desestimatorios de la pretensión.

Artículo 241 Extinción del contrato

Son causas de extinción del contrato de gestión de servicios locales:

• a) El cumplimiento del plazo establecido en el contrato.
• b) La resolución de éste por el incumplimiento de las obligaciones esenciales del empresario o de la administración.
• c) El rescate del servicio por la administración.
• d) La supresión del servicio por razones de interés público.
• e) La declaración de quiebra, muerte o incapacidad del empresario individual. No obstante en caso de muerte o incapacidad de éste, podrá continuar el contrato, de acuerdo con lo que disponga la legislación administrativa, siempre que se cumplan las garantías técnicas y económicas necesarias.
• f) La declaración de quiebra o extinción de la persona jurídica gestora.
• g) La suspensión de pagos cuando imposibilite la prestación del servicio. En otro caso, la entidad local de forma potestativa, podrá continuar el contrato si el contratista prestare garantías suficientes, a criterio de la administración, para su ejecución.
• h) El mutuo acuerdo entre la administración y el empresario.
• i) Las actuaciones del empresario que impidan o menoscaben las potestades de dirección y de control del servicio público que correspondan a la entidad local.
• j) No prestar el gestor directamente el servicio, salvo los supuestos del artículo 242 de este Reglamento, y si se trata de una sociedad mercantil, cuando la transmisión de las acciones o participaciones sea relevante y determine la alteración de la dirección o del control de la sociedad o la modificación sustancial de las condiciones del otorgamiento del contrato.
• k) Las otras causas específicas que establece este Reglamento para cada contrato y las que se establezcan en el propio contrato y en el pliego de cláusulas de explotación.

Artículo 242 Subcontratación

1. Salvo que el contrato disponga otra cosa o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la gestión ha de realizarse en forma total y directa por el mismo empresario y se haya previsto en la convocatoria del procedimiento de adjudicación, aquél podrá concertar con terceros la ejecución de prestaciones accesorias, los cuales quedan obligados respecto del empresario principal, único responsable de la gestión del servicio ante la entidad local.

2. Los subcontratos que se suscriban tendrán que ser autorizados por la entidad local titular del servicio.

Artículo 243 Objeto

1. La concesión de servicios locales comporta que el concesionario asume la gestión y la explotación del servicio bajo su propio riesgo, aportando los medios personales, materiales y técnicos necesarios. La concesión también podrá comprender la realización de las obras necesarias para establecer el servicio.

2. Corresponde exclusivamente a la entidad local el otorgamiento de la concesión de servicios de su competencia en su territorio.

Artículo 244 Ordenación jurídica

1. En la ordenación jurídica de la concesión es principio básico que el servicio concedido sigue ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la corporación local a cuya competencia estuviere atribuido.

2. En el régimen de la concesión se diferenciará:

• a) El servicio objeto de la misma, cuyas características serán libremente modificables por el poder concedente por motivos de interés público.
• b) La retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para el otorgamiento de la concesión, deberá mantenerse, en todo caso, en función de la necesaria amortización, durante el plazo de aquélla, del coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, de los gastos de explotación y del beneficio industrial normal.

3. Los actos de los concesionarios realizados en el ejercicio de las funciones otorgadas serán susceptibles de recurso ordinario ante el órgano que corresponda de la corporación concedente.

Artículo 245 Solicitud de la concesión

1. Cuando un particular solicitare por su propia iniciativa la concesión de un servicio local deberá presentar una memoria sobre el servicio que se trate de gestionar, en la que se justificará la conveniencia de prestarlo en régimen de concesión.

2. La entidad local examinará la petición y, considerando la conveniencia para los intereses generales de su gestión por concesión, la admitirá a trámite o la rechazará.

3. Si se solicitare compensación económica, la corporación deberá expresar, en el supuesto de admisión, si se acepta o se rechaza, en principio. En caso afirmativo, determinará la partida presupuestaria a cuyo cargo hubiere de imputarse.

Artículo 246 Licitación y adjudicación

1. Aprobado por la entidad local, en su caso, el proyecto de obras y el pliego de cláusulas de explotación que habrán de servir de base a la concesión del servicio de acuerdo con el artículo 232 de este Reglamento, y cumplidos los trámites a que se refiere la sección 1 de este capítulo, se convocará licitación pública para su adjudicación.

2. El procedimiento licitatorio se ajustará a las normas generales de la contratación administrativa, correspondiendo a la entidad establecer los criterios con arreglo a los cuales se ha de adjudicar el concurso. Entre estos criterios figurarán los que comporten mejores ventajas para los usuarios y entre ellas las rebajas de las tarifas, sin perjuicio de la posibilidad de otras mejoras, como la rebaja de la subvención, en su caso, ventaja para la administración en forma de canon o participación en los beneficios, la anticipación del plazo de reversión o los que establece el artículo 234.2.e) de este Reglamento.

3. En los supuestos en que la competencia corresponda al pleno de la corporación local, el acuerdo se adoptará, cuando proceda, con el quórum establecido en el artículo 112.3 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

Artículo 247 Garantías y formalización de la concesión

1. Las garantías se constituirán en la forma, plazos y efectos establecidos en la normativa de contratación administrativa y en la cuantía que se fije en el pliego de cláusulas administrativas, de acuerdo con las reglas generales de aquella normativa.

2. En el supuesto de que la concesión incluyere en su objeto la ejecución de obras revertibles a la entidad local, la garantía definitiva referente a éstas podrá devolverse al concesionario cuando acreditare haberlas realizado por el valor equivalente a la tercera parte de las mismas.

3. Constituida la garantía definitiva y, en su caso, pagado o consignado el valor del proyecto, se formalizará la concesión, según lo establecido en la normativa sobre contratación aplicable.

Artículo 248 Potestades de la entidad concedente

Potestades de la entidad concedente.

La entidad concedente ostentará las siguientes potestades:

• a) Ordenar discrecionalmente las modificaciones que el interés público exija, de igual forma que cuando se gestionase directamente el servicio y, entre otras, la variación de la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que consista el servicio, y la alteración de la retribución del concesionario, sin perjuicio del régimen específico en este supuesto, en especial cuando la modificación de las tarifas dependa de la autorización de otra administración.
• b) Fiscalizar la gestión del concesionario. A este efecto, la entidad local podrá inspeccionar el servicio, las obras, instalaciones y locales, y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la prestación correspondiente.
• c) Asumir temporalmente la gestión directa del servicio en los casos en que no lo prestare o no lo pudiera prestar el concesionario por circunstancias que le sean o no imputables.
• d) Imponer al concesionario las sanciones pertinentes por razón de las infracciones que hubiere cometido en la prestación del servicio.
• e) Rescatar la concesión.
• f) Suprimir el servicio.
• g) Extinguir el contrato por cualquiera de las causas previstas en el ordenamiento.

Artículo 249 Deberes de la entidad concedente

La entidad local titular del servicio objeto de concesión deberá:

• a) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestarlo debidamente.
• b) Mantener el equilibrio financiero de la concesión, a cuyo efecto tendrá que compensar económicamente al concesionario, por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el servicio que incrementen los costos o disminuyan la retribución, y tendrá que revisar las tarifas y subvenciones cuando, aunque no hubiera modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e imprevisibles sobrevenidas determinaren, en cualquier sentido, la ruptura del equilibrio económico.
• c) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción directa de la gestión del servicio si ésta se produjere por motivos de interés público determinante del rescate de la concesión con independencia de la culpa del empresario, o en caso de supresión del servicio.

Artículo 250 Derechos y obligaciones del concesionario

1. La concesión otorgará al concesionario las facultades necesarias para prestar el servicio.

2. Son derechos del concesionario:

• a) Percibir la retribución económica que corresponda por la prestación del servicio.
• b) Obtener la compensación económica que mantenga el equilibrio económico de la concesión en los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias a que hacen referencia los apartados b) y c) del artículo anterior.
• c) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
• d) Recabar de la entidad local el ejercicio de los poderes de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o uso de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio, sin perjuicio de las facultades que la legislación le confiere en su condición de beneficiario de la expropiación.

3. La administración podrá otorgarle la posibilidad de aplicar el procedimiento de apremio para la percepción de las tarifas.

4. Si la entidad concedente fuere un municipio, podrá otorgar al concesionario el reconocimiento de vecindad a su persona, dependientes y operarios.

5. Serán obligaciones del concesionario las estipuladas en el contrato, sin perjuicio de las generales establecidas en el artículo 235 de este Reglamento.

Artículo 251 Retribución del concesionario

1. El concesionario percibirá como retribución las tarifas autorizadas reglamentariamente.

2. Si como forma de retribución, total o parcial, se hubiere acordado el otorgamiento de subvención, ésta no podrá revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible de estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la entidad concedente.

3. En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el coste del establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación, y obtener un margen normal de beneficio industrial, sin perjuicio del fondo de reversión que se haya establecido.

4. La retribución será revisable, cuando proceda, en los casos a que se refiere el artículo 249 de este Reglamento.

Artículo 252 Vía de apremio

1. Si la corporación otorgare al concesionario la utilización de la vía de apremio para percibir las prestaciones económicas de los usuarios derivadas de la concesión, concretará el concepto o conceptos a los que sea aplicable la ejecución.

2. Cuando el concesionario hubiere de ejercitar la vía de apremio, notificará al interventor de la corporación el descubierto de forma fehaciente, y éste tras comprobarlo expedirá la correspondiente certificación. Si las deudas fueren única y exclusivamente por los conceptos a los que se refiere el apremio y se hubiere agotado el plazo de recaudación voluntaria, el tesorero de la entidad local dictará providencia de apremio.

3. Decretado el apremio, la providencia será entregada a la agencia ejecutiva de la corporación para el desarrollo de las ulteriores fases del procedimiento.

Artículo 253 Régimen sancionador

El régimen sancionador para el contratista incumplidor será el siguiente:

• a) Las faltas leves serán sancionadas con multa, en la forma y cuantía previstas en el pliego de cláusulas.
• b) A las graves corresponderá la imposición de sanciones económicas o, en caso de perturbación del servicio que ponga en peligro su adecuada gestión o lesione los intereses de los usuarios, la intervención de la concesión, si la administración no decidiera, cuando proceda legalmente, la resolución del contrato.
• c) Las faltas muy graves se sancionarán con la resolución del contrato.

Artículo 254 Intervención del servicio

1. Si del incumplimiento del contrato por parte del empresario se derivare perturbación del servicio o se produjere lesión a los intereses de los usuarios y la administración no decidiere la resolución del contrato, ésta podrá acordar intervenir el servicio hasta que aquellas causas desaparezcan.

2. La intervención del servicio tendrá carácter sancionador cuando suponga una reacción de la entidad concedente frente a un incumplimiento contractual grave imputable al concesionario.

3. Cuando el servicio se perturbare por causas fortuitas o de fuerza mayor que el concesionario no pudiera superar por sus propios medios, la actuación sustitutoria de la entidad local no tendrá carácter sancionador.

4. En virtud de la intervención sustitutoria, la entidad local concedente se encargará directamente, de forma temporal, del funcionamiento del servicio.

Artículo 255 Procedimiento de la intervención

1. La circunstancia o hecho determinante de la intervención del servicio deberá acreditarse en un informe técnico que advierta de la situación de perturbación del servicio o de la lesión que ponga en peligro la buena prestación del mismo.

2. Este informe, junto con la resolución del presidente de la corporación de iniciación del expediente, se trasladará al concesionario para que alegue, en el plazo de quince días, lo que estime conveniente a sus intereses.

3. Si el pleno de la corporación estimara las circunstancias técnicas y jurídicas determinantes de la intervención, como consecuencia del incumplimiento del concesionario, se le advertirá que, en caso de no corregir la situación irregular en el plazo de tiempo adecuado y suficiente que para ello se fije, se llevará a cabo la intervención.

Artículo 256 Alcance de la intervención del servicio

La intervención del servicio por la entidad podrá tener alcance parcial o total respecto de las obligaciones incumplidas por el concesionario.

Artículo 257 Infracciones que determinan la intervención

1. Las infracciones graves que impliquen la intervención del servicio por la entidad son las fijadas, a este efecto, en el pliego de cláusulas de la concesión.

2. Con carácter general y a dicho efecto, se entenderán como faltas graves:

• a) Las infracciones en la prestación del servicio que lo perturbaren o alteraren gravemente en su volumen o calidad sin llegar a paralizarlo.
• b) La desobediencia por el concesionario de las disposiciones de la corporación sobre conservación de las instalaciones cuando pusiera en peligro su prestación o la seguridad de los usuarios.
• c) La resistencia del concesionario a la realización de reformas preceptivas ordenadas por la corporación.
• d) Las que causen lesiones a la seguridad, a la salubridad y a los legítimos intereses de los usuarios.

Artículo 258 Efectos de la intervención

1. Durante el tiempo que esté intervenido el servicio, la entidad local percibirá los derechos establecidos de los usuarios y utilizará el mismo personal y material adscrito a aquél, sin alterar las condiciones de prestación del servicio según su ordenación jurídica.

2. Con este fin, la entidad local designará un interventor técnico que sustituirá total o parcialmente los elementos directivos de la empresa concesionaria.

3. La explotación temporal se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se le entregará, al finalizar la intervención, el saldo activo que resulte después de haberse satisfecho todos los gastos, incluidas las retribuciones y emolumentos del interventor.

4. En todo caso, el empresario abonará a la administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

Artículo 259 Duración de la intervención

1. La intervención del servicio durará hasta que el concesionario esté en condiciones, a criterio de la entidad concedente, de proseguir la gestión normal de la empresa.

2. El concesionario podrá solicitar el fin de la intervención cuando acreditare estar en condiciones de gestionar normalmente el servicio y así lo aceptare la corporación

3. En todo caso, la duración máxima de la intervención será:

• a) La que se hubiera establecido en el pliego de cláusulas.
• b) En defecto de lo anterior, la que determinare la entidad local interesada, sin que pueda exceder de dos años ni de la tercera parte del plazo que restare para finalizar la concesión.

Artículo 260 Extinción de la concesión

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 239 y 241, la concesión se extingue:

• a) Por el transcurso del plazo y de las prórrogas concedidas, en su caso.
• b) Por la demora superior a seis meses por parte de la administración en la entrega al empresario de la subvención o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
• c) Por la imposibilidad sobrevenida en la prestación por causa no imputable a las partes.
• d) Por el mutuo disenso.
• e) Por incumplimiento muy grave de obligaciones esenciales señaladas en el pliego de cláusulas que afecten a la continuidad y regularidad de la prestación.
• f) Cuando no preste el concesionario el servicio por sí mismo, incluido el supuesto de transmisión de acciones o participaciones cuando aquél sea una sociedad mercantil, en los términos establecidos por el artículo 241.j) de este Reglamento.
• g) Si, levantada la intervención de la concesión, el contratista volviera a incurrir en las infracciones que la hubieran determinado o en otras similares.

2. La extinción del contrato requerirá el trámite previo de audiencia al concesionario. La notificación que a este efecto se le curse fijará las concretas deficiencias advertidas y determinará, de acuerdo con la naturaleza de las mismas, un plazo suficiente para poderlas subsanar.

3. En este supuesto, la extinción del contrato podrá declararse cuando, transcurrido el plazo anteriormente citado, no se hubieran corregido las expresadas deficiencias por causas imputables al concesionario.

Artículo 261 Efectos de la extinción de la concesión

1. La extinción del contrato de concesión como consecuencia del transcurso del plazo, comportará la reversión en la forma que establece el artículo 262, la devolución de la garantía prestada, la declaración del correcto cumplimiento del contrato y la liquidación de las relaciones económicas derivadas de su ejecución.

2. Cuando la extinción sea consecuencia de causa imputable a la administración concedente, se producirán los efectos de indemnización que correspondan y, en su caso, la que establecen los artículos 263 y siguientes de este reglamento.

3. La extinción de la concesión por causa imputable al concesionario corresponde acordarla al pleno de la corporación y comportará la terminación del contrato y la consiguiente finalización de la gestión del concesionario, y, en su caso, la inhabilitación de éste, derivándose los siguientes efectos:

• a) La incautación de los elementos de la empresa afectos al servicio para asegurar su prestación, y la convocatoria de licitación para adjudicar nuevamente la concesión.
• b) En el plazo de un mes desde que la extinción se hubiera acordado, la corporación incoará expediente de tasación de la concesión sin modificar ninguna de sus cláusulas y con intervención del concesionario, la cual se decidirá en defecto de acuerdo, por el Jurado Provincial de Expropiación y conforme al procedimiento de la Ley de expropiación forzosa.
• c) El valor actual de la concesión, a efectos de determinación del justiprecio, se fijará atendiendo el plazo de vigencia restante y el deterioro experimentado por las instalaciones, bienes y elementos y su situación, habida cuenta de su carácter revertible o no.
• d) Acordada la tasación o aprobada en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación, la corporación convocará, en el plazo de un mes licitación sobre dicha base, para adjudicar nuevamente la concesión con arreglo al mismo pliego de cláusulas que viniere rigiendo anteriormente, y el producto de la licitación se entregará al concesionario.
• e) Si la primera licitación quedase desierta, se convocará una segunda con una baja del 25% del precio de tasación y, si también quedase desierta los bienes e instalaciones pasarán definitivamente a la entidad local sin pago de indemnización.

Artículo 262 Reversión

1. Los bienes y elementos afectados al servicio concedido que sean necesarios para su prestación y que hayan sido objeto de amortización durante el plazo de la concesión, revertirán al finalizar éste a la entidad contratante sin perjuicio de lo previsto en el pliego de cláusulas de la contratación.

2. Con anterioridad a la reversión, en el plazo que se señalare en el pliego de cláusulas y, en todo caso, como mínimo, en el de un mes por cada año de duración de la concesión, la gestión del servicio se regulará de la forma siguiente:

• a) La entidad local designará un interventor técnico en la empresa concesionaria, el cual vigilará la conservación de las obras y el material e informará a la corporación sobre las reparaciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas.
• b) La desobediencia sistemática del concesionario a las instrucciones dadas por la entidad local sobre la conservación de las obras e instalaciones o la mala fe en su ejecución se considerarán faltas graves a los efectos establecidos en el artículo 253 y siguientes de este Reglamento.

Artículo 263 El rescate

La entidad local podrá extinguir la concesión antes del vencimiento del plazo estipulado, de manera unilateral, por razón del interés público y mediante la correspondiente indemnización, asumiendo la gestión directa del servicio por si o por medio de un ente dependiente.

Artículo 264 Efectos

Serán efectos del rescate:

• a) La transferencia de las obras e instalaciones a la entidad local.
• b) El deber de indemnizar al concesionario el valor de las que no hubieren de revertir a la entidad local, teniendo en cuenta su grado de amortización y los daños y perjuicios, en su caso, irrogados a aquélla, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir.
• c) La determinación por la entidad local de la modalidad de gestión del servicio y del destino de las instalaciones afectadas al mismo.

Artículo 265 Procedimiento

1. El interés público en que se funde el rescate de la concesión tendrá que estar justificado técnica y jurídicamente antes de que el presidente de la corporación ordene el inicio del expediente.

2. De los informes técnicos y jurídicos emitidos se dará traslado al concesionario para que formule las alegaciones que crea conveniente en defensa de sus derechos, en un plazo de quince días.

3. El rescate de la concesión deberá ser aprobado por acuerdo plenario de la corporación, la cual fijará un plazo de ejecutividad no inferior a seis meses e instará al contratista a que formule una valoración de la indemnización que crea que le corresponde percibir.

4. En el mismo acuerdo se nombrará un interventor técnico para que las obras y las instalaciones afectadas pasen a la corporación en las condiciones que señale el pliego de cláusulas o, en su defecto, el acuerdo plenario.

5. Si la corporación aceptare la valoración, se cerrará el expediente por lo que respecta a la indemnización. Si hubiere desacuerdo, el trámite de determinación del justiprecio se seguirá en pieza separada, conforme al procedimiento de expropiación forzosa, no afectando a la ejecutividad del acuerdo de rescate.

6. Una vez ejecutivo el acuerdo de rescate, la Corporación prestará el servicio mediante cualquiera de las fórmulas de gestión directa que prevé la legislación aplicable, sin perjuicio de la posibilidad de suprimirlo.

Artículo 266 Objeto

1. La prestación de servicios de competencia local no reservados a las formas directas de gestión podrá realizarse en forma de gestión interesada, en la que se contrata la explotación del servicio con participación del empresario en los resultados de aquélla, en la proporción fijada en el contrato.

2. La participación en los resultados por parte de la empresa gestora del servicio podrá sustituirse por una remuneración, que puede consistir en asignaciones fijas, en consignaciones proporcionales al gasto o en otras primas de diferente naturaleza.

3. En ningún caso el gestor podrá asumir la condición de funcionario, y la relación con la entidad local o ente dependiente no podrá ser considerada como societaria o de capital compartido.

4. Son de aplicación a esta forma de gestión, en lo que proceda, lo dispuesto en la sección primera del capítulo 3 de este título y, en todo caso, las reglas generales sobre la selección de contratistas en relación con la publicidad y libre concurrencia y, respecto de la adjudicación del contrato, a lo que establece el artículo 234 de este Reglamento.

Artículo 267 Personalidad ante terceros

La empresa gestora girará ante terceros exclusivamente bajo su nombre o denominación y bajo su exclusiva responsabilidad.

Artículo 268 Pliego de cláusulas y duración

1. El pliego de cláusulas se referirá, entre otras, al modo de selección del contratista, con publicidad y libre concurrencia, a la adjudicación del contrato, al régimen de la gestión, a las garantías que haya de prestar el gestor para atender las responsabilidades que puedan derivarse de la prestación del servicio, y a las que sean de aplicación previstas en el artículo 232 de este Reglamento.

2. La duración del contrato de la gestión interesada no podrá exceder de cincuenta años.

Artículo 269 Normas aplicables

En lo que sea aplicable a esta forma de gestión regirán las disposiciones generales de la sección 1 de este capítulo y las normas sobre la concesión de servicios.

Artículo 270 Ambito

1. Los servicios locales cuya prestación no esté reservada a las formas de gestión directa podrán prestarse mediante concierto con otras entidades públicas o privadas o con particulares, utilizando sus servicios o instalaciones.

2. El concierto se podrá establecer con personas o entidades radicadas fuera del territorio del ámbito de la entidad local.

Artículo 271 Carácter y duración

1. El contrato en virtud del cual se establece el concierto tendrá carácter administrativo.

2. La duración del concierto no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio de lo que se establece en el siguiente apartado.

3. El plazo del concierto podrá prorrogarse por períodos que no podrán exceder de la misma duración, sin que en ningún caso el plazo por las sucesivas prórrogas pueda sobrepasar el máximo de cincuenta años. En todo caso, antes de adoptarse el acuerdo de prórroga tendrá que justificarse en una memoria técnica la imposibilidad o no conveniencia de instalar el servicio por la propia entidad y las ventajas técnicas o económicas de esta forma de gestión para los usuarios.

4. El plazo del concierto y la posibilidad de prórrogas han de ser objeto de publicidad.

Artículo 272 Precio

1. El precio a cargo de la entidad que encomiende la prestación del servicio podrá consistir en una cantidad global predeterminada por la totalidad del servicio o por unidades o actos.

2. En el contrato se podrán prever fórmulas de actualización en función de las circunstancias objetivas expresamente fijadas en él.

Artículo 273 Normas de aplicación

Serán de aplicación al contrato del concierto las normas de contratación administrativa y las contenidas en la sección primera de este capítulo que procedan.

Artículo 274 Extinción

Serán causas de extinción del contrato las previstas en el artículo 241 que sean de aplicación, y de manera específica, cuando la entidad tenga instalado y esté en disposición de prestar un servicio análogo al concertado.

Artículo 275 Objeto

1 Las entidades locales podrán prestar los servicios públicos de su competencia mediante el arrendamiento de las instalaciones que les pertenezcan para ser utilizadas por el arrendatario y con ellas prestar el servicio contratado.

2. Están excluidos de esta forma de gestión los servicios de asistencia social y los que comporten el ejercicio de potestades de coacción administrativa.

Artículo 276 Cláusulas

Las cláusulas del contrato se referirán, en lo que sea necesario, a los extremos que establece el artículo 232 de este Reglamento y, en todo caso, los siguientes:

• a) Objeto del servicio.
• b) Obras e instalaciones arrendadas.
• c) Precio o canon a satisfacer por el arrendatario y criterios para su actualización, en su caso.
• d) Efectos del contrato.
• e) Derechos y obligaciones de las partes.
• f) Tarifas a satisfacer por los usuarios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 298 de este Reglamento.
• g) Causas específicas de extinción del contrato.

Artículo 277 Derechos y obligaciones del arrendatario

1. El arrendatario tendrá los derechos que se deriven del contrato y, en especial, el de percibir el producto de la aplicación de las tarifas del servicio o la contraprestación estipulada en el supuesto del artículo 281 de este Reglamento.

2. Además de las obligaciones generales, a que se refiere el artículo 235 de este Reglamento, el arrendatario tendrá las siguientes:

• a) Respecto de las instalaciones, tendrá que conservarlas en perfecto estado, repararlas por su cuenta y devolverlas al finalizar el contrato en la misma condición de uso que las recibió.
• b) En relación con la explotación del servicio, el arrendatario habrá de satisfacer los gastos de la explotación, asumir el riesgo de la misma y pagar a la entidad local el precio o canon del arrendamiento.

Artículo 278 Garantía

1. El régimen de garantías se regulará, en general, por la legislación de contratación administrativa aplicable a las entidades locales.

2. La garantía definitiva a prestar por el arrendatario no será inferior al importe de un trimestre del canon, sin exceder de una anualidad.

Artículo 279 Extinción y duración del contrato

1. Serán causas de extinción del contrato, además de las generales que establece el artículo 241 que sean de aplicación, la demora en el pago del precio del arrendamiento por más de treinta días a contar de la denuncia de aquélla y el incumplimiento por el contratista de las obligaciones a que se refiere el artículo 277 de este Reglamento.

2. La duración del contrato de arrendamiento para la prestación del servicio no será superior a cincuenta años.

Artículo 280 Normas subsidiarias aplicables

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, serán aplicables a este sistema de gestión las disposiciones correspondientes a la concesión que no sean incompatibles con la naturaleza del mismo.

Artículo 281 Aportación de medios por el gestor

1. Las entidades locales podrán arrendar la gestión de servicios con aportación por el gestor del personal indispensable y otros medios necesarios para aquélla, conforme a lo previsto en el artículo 246 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

2. El arrendatario estará obligado a prestar el servicio con las aportaciones convenidas y en la forma estipulada, estando a su cargo todos los gastos que ello implique.

3. El contrato determinará la contraprestación económica a que tendrá derecho el contratista, la cual no podrá consistir en la percepción de precios o tasas de los usuarios, debiendo ser abonada directamente por la entidad local mediante un precio cierto.

Artículo 282 Ambito

1. Los servicios locales de carácter económico se podrán gestionar por medio de sociedades mercantiles de economía mixta en las cuales el capital social sólo pertenece parcialmente a la entidad local.

2. En este caso, el servicio se gestionará en régimen de sociedad privada, que adoptará la forma de responsabilidad limitada o de sociedad anónima.

Artículo 283 Procedimientos de creación

1. Las sociedades de economía mixta podrán instituirse por alguno de los siguientes procedimientos:

• a) Por la adquisición por la entidad local de acciones o participaciones de sociedades ya constituidas o por suscripción de ampliaciones de capital.
• b) Mediante el convenio con una empresa única ya existente, en el que se establecerán las modificaciones estatutarias que sean necesarias o, en su caso, los requisitos y las condiciones convenientes para la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima cuando la sociedad preexistente tuviera otra forma jurídica.
• c) Por la fundación de la sociedad con participación de la entidad local, mediante suscripción pública o por concurso de iniciativas, en cuyos casos se asegurará la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado.
• d) Por la transformación de la sociedad de capital social íntegramente público en otra en la cual éste sólo pertenezca parcialmente a la entidad local.

2. En cualquiera de los procedimientos del apartado anterior, la participación de la entidad local en la sociedad podrá ser directa o a través de un organismo autónomo o de una sociedad de capital público.

3. La adquisición de acciones o participaciones de sociedades ya constituidas se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 190 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y demás legislación aplicable.

4. Para transformación de la sociedad a que se refiere el apartado 1.d) anterior se deberá cumplir lo establecido en el artículo 188.5 de este Reglamento en lo que se refiere al cambio de la forma de gestión del servicio.

Artículo 284 Adaptación y duración

1. En los supuestos del artículo anterior el pliego de cláusulas establecerá, en su caso, la necesidad de modificar los estatutos de la sociedad originaria para adaptarlos a sus previsiones y, en todo caso, a la Ley y a este Reglamento.

2. Las sociedades de economía mixta se constituirán por un período igual al previsto para la gestión del servicio sin que la duración pueda exceder de cincuenta años.

Artículo 285 Aportaciones

1. En la escritura de constitución de la sociedad o de ampliación de capital tendrá que fijarse el valor de la aportación de la entidad local.

2. El capital social será desembolsado completamente en el momento de la constitución de la sociedad, o cuando se modifiquen los estatutos como consecuencia de la incorporación de la entidad local o en el de la ampliación del capital.

3. Las entidades locales podrán aportar exclusivamente la concesión del servicio debidamente valorada u otra clase de derechos o bienes que tengan la calificación de patrimoniales. En este último caso tendrá que instruirse previamente el expediente de enajenación directa de bienes, de acuerdo con la normativa local aplicable.

Artículo 286 Transmisión de acciones

En la escritura de constitución de la sociedad o en los estatutos se establecerán las atribuciones, modalidades y límites para la transmisión de acciones. También se podrá prever la intervención de la entidad local en las ventas de la participación privada mediante el ejercicio de un derecho de adquisición preferente en favor de la propia entidad o del órgano o sociedad pública que se determine.

Artículo 287 Necesidad del voto de la entidad local y autorización administrativa previa

1. En el acuerdo de constitución de la sociedad o en los estatutos podrá preverse la necesidad de un quórum especial que, en todo caso, exija el voto de la entidad local para la adopción de acuerdos sobre emisión de obligaciones, aumento o reducción del capital social, transformación, fusión o disolución de la sociedad y, en general, para cualquier modificación de los Estatutos sociales.

2. El pleno de la entidad local, a propuesta de la comisión de gobierno y previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, podrá establecer mediante ordenanza la necesidad de autorización previa para los actos sociales y de disposición a los que se refiere la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.

3. La concesión de avales por la entidad local a las sociedades mercantiles y cooperativas que dependan de ella está sometida al régimen de autorización establecido por la normativa de haciendas locales.

Artículo 288 Representación

1. La representación de la entidad local responderá por regla general a su cuota participativa. En cualquier caso, será necesaria autorización de aquélla para las modificaciones estatutarias que alteren su posición participativa en el capital social.

2. El pleno de la entidad local designará, en el supuesto de participación directa en el capital de la sociedad, su representación en la junta general.

3. La escritura de constitución consignará las facultades reservadas a quienes representen a la entidad local en la sociedad.

4. En el supuesto de participación por medio de un organismo autónomo o de una sociedad de capital íntegramente público, corresponderá a sus órganos competentes efectuar las designaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

5. Las designaciones para la junta general recaerán en personas profesionalmente cualificadas sean o no miembros de la corporación. El mismo criterio regirá para la designación de los miembros del consejo de administración, que se hará de acuerdo con lo que establece la legislación mercantil.

6. La renovación de las corporaciones locales supondrá también la de sus representantes en los órganos de la sociedad salvo, en su caso, los administradores, a no ser que los estatutos previeran otra cosa.

Artículo 289 Amortización del capital privado

1. En el acuerdo de constitución de la sociedad o en los estatutos deberá preverse la forma de amortización del capital privado durante el período de gestión del servicio.

2. .Finalizado el período fijado, revertirá íntegramente a la entidad local el activo y el pasivo de la sociedad, en condiciones normales de uso respecto de las instalaciones, bienes y material afectos al servicio, sin que ello comporte derecho a indemnización alguna.

3. El capital privado a amenizar estará integrado por las aportaciones de capital realizadas, ya inicialmente o como consecuencia de posibles ampliaciones efectuadas, proporcionalmente a su participación.

4. En el acuerdo de constitución o en los estatutos de la sociedad constarán los criterios para la amortización del capital privado, la cual se fundará en la valoración de las acciones. Esta valoración se efectuará en función del balance y de los beneficios de la sociedad de los últimos cinco años.

Artículo 290 Indemnización por cese

La modificación o supresión por la entidad local del servicio público que preste la sociedad, que supongan el cese de su actividad o la disolución de la misma antes del plazo fijado, producirán los efectos previstos en el artículo anterior. En este caso se indemnizará el capital privado pendiente de amortización.

Artículo 291 Responsabilidad, rendición de cuentas y contabilidad

1. La responsabilidad de la entidad local por razón de las actividades de la sociedad de economía mixta se limitará al capital aportado.

2. A las sociedades de economía mixta les será aplicable lo previsto en el artículo 198 de este Reglamento en relación con la cuenta de gestión del servicio.

3. Las sociedades mercantiles en cuyo capital la entidad local tenga participación mayoritaria estarán sujetas al régimen de contabilidad pública en los términos que establece el artículo 224.3 de este Reglamento.

Artículo 292 Programa

Cuando la entidad local participe mayoritariamente en el capital social, la sociedad elaborará anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación, de acuerdo con lo que establecen la legislación aplicable y el artículo 210.2 y 3 de este Reglamento.

Artículo 293 Control externo

1. Los Estatutos de la sociedad podrán prever, cuando la entidad local tuviere una participación minoritaria en el capital social, la designación de un delegado, con las funciones que en los mismos se establezca.

2. Los estatutos incorporarán, de conformidad con lo que establece la legislación mercantil, la facultad de la entidad local de fiscalizar e inspeccionar la contabilidad y las instalaciones de la sociedad.

Artículo 294 Sociedades laborales de economía mixta

1. Las sociedades anónimas laborales con participación minoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades locales tienen el carácter de sociedades de economía mixta.

2. Les será de aplicación, además de la normativa administrativa y mercantil procedente, la reguladora de este tipo de sociedades.

Artículo 295 Cooperativas

1. Las entidades locales podrán prestar los servicios públicos de su competencia promoviendo la creación de cooperativas o participando en las ya constituidas que cumplan actividades de interés público.

2. Serán de aplicación a esta forma de gestión, además de las prescripciones de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, las normas que regulen estas sociedades y, subsidiariamente, las correspondientes a las sociedades mercantiles en general y las disposiciones de este Reglamento.

3. Los representantes, funcionarios o personal laboral, de la entidad local, de un organismo autónomo o de una sociedad local socio de la cooperativa, podrán ser miembros de sus órganos directivos.

4. La entidad local podrá ejercer el control de la cooperativa en la que participe, mediante la designación de un delegado, cuando así se haya previsto en los estatutos.

Artículo 296 Revisión de cuentas

1. La intervención de fondos y tesorería de la entidad local ejercerán la fiscalización de la gestión económica y de las operaciones contables de las sociedades mercantiles, laborales y cooperativas, de acuerdo con las normas generales que regulan la materia.

2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado anterior y bajo la supervisión de la intervención de fondos de la entidad, las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad serán revisados mediante auditorías de cuentas, en la forma legalmente establecida.

Artículo 297 Modalidades

Las tarifas de los servicios públicos locales adoptarán la modalidad de tasa o precio público en los términos de la normativa reguladora de las haciendas locales, y de lo que prevén el artículo 251 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y este Reglamento.

Artículo 298 Cuantificación

1. Las entidades locales y, en su caso, la autoridad que haya de autorizar las tarifas y el gestor respetarán la regla de la Unión Europea que prohíbe el establecimiento de precios o tarifas no equitativas.

2. Las tarifas deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio. No obstante, si concurrieren circunstancias que aconsejaren mantener la cuantía de las tarifas con módulos inferiores, la entidad local lo podrá acordar así, autorizando simultáneamente las compensaciones económicas pertinentes.

3. La cuantificación de la tasa, efectuada de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa de haciendas locales, adoptará el límite máximo del coste real o previsible del servicio.

4. La cuantificación del precio público revestirá el carácter mínimo del coste del servicio prestado, en los términos previstos en la mencionada normativa de Haciendas Locales, salvo que se trate de servicios de primera necesidad o relativos a la alimentación, en cuyo caso las tarifas no excederán del precio necesario para su financiación.

5. Dichos límites máximo y mínimo revestirán carácter general, y no excluirán su ponderación en función de la capacidad económica del usuario o por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público debidamente justificadas que así lo aconsejen.

6. Los precios se adecuarán a las condiciones del mercado, de acuerdo con el derecho privado.

Artículo 299 Procedimiento para la aprobación

1. Corresponde al pleno de la entidad local aprobar definitivamente la creación y modificación de las tarifas de los servicios de su competencia, siempre que no estén sujetas a autorización, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 301.2 de este Reglamento.

2. Las tarifas que, de acuerdo con la legislación sobre la política general de precios deban ser autorizadas por la Comisión de Precios de Cataluña, deberán ser previamente informadas por el pleno de la corporación local en el plazo de treinta días naturales contados a partir del siguiente a la presentación de la solicitud, en base a la documentación exigida al solicitante por las disposiciones vigentes sobre el régimen procedimental de los precios autorizados y comunicados. El informe, debidamente motivado, se elevará a la Comisión de Precios de Cataluña en el plazo de tres días, contados a partir de los treinta mencionados, acompañado del estudio económico que justifique las tarifas.

3. Cuando el servicio sea prestado por concesión o por sociedad de economía mixta, el concesionario o la sociedad deberán intervenir en el expediente de modificación de las tarifas, aunque lo hayan iniciado.

4. Transcurridos tres meses desde la fecha de entrada del expediente en la Administración de la Generalidad sin que haya recaído resolución expresa, las tarifas se entenderán autorizadas, siempre que no excedieren de las que consten en el informe de la entidad local, cuando se trate de servicios gestionados de forma indirecta.

Artículo 300 Estructura

1. Las tarifas podrán revestir, en su caso, la naturaleza de tarifa binomia que comprenderá una cantidad alzada uniforme o modulada con criterios objetivos y una parte variable en función de la intensidad del uso del servicio.

2. Los mínimos de consumo en servicios de recepción obligatoria deberán ser proporcionados a su naturaleza.

Artículo 301 Regulación

1. En la reglamentación del servicio se preverá, entre otros aspectos, la participación de los usuarios en la fijación de los precios públicos, y el mecanismo de cobertura en caso de insuficiencia, sin perjuicio del régimen de intervención por la administración competente, cuando proceda, por razón de la política de precios.

2. Las tasas se regularán por las correspondientes ordenanzas fiscales y los precios públicos por lo que acuerde el pleno de la corporación o, en su caso, por la comisión de gobierno y por el órgano competente de los organismos autónomos y de los consorcios en los supuestos y en la forma que establece la Ley reguladora de las haciendas locales

3. En los servicios de gestión indirecta mediante concesión, se tendrá en cuenta también lo que se establece en la sección 2 del capítulo 3 de este título, en especial el artículo 251, y el resto de dicho capítulo, en lo que proceda.

Artículo 302 Revisión

1. Las tarifas de los servicios locales que se presten por concesión se entenderán sujetas, en su caso, a revisión periódica y extraordinaria, de acuerdo con lo que establece el artículo 249 de este Reglamento.

2. La revisión periódica se efectuará en los plazos que se señalen en el pliego de cláusulas, que no excederán de cinco años.

3. La revisión extraordinaria procederá, de oficio o a solicitud del concesionario, en caso de desequilibrio económico de la concesión, por circunstancias que sean independientes de la buena gestión del contratista, mediante compensación económica o a través de la revisión de las tarifas y de las subvenciones, en su caso.

Artículo 303 Objeto

1. Por el convenio se establece una relación de cooperación consensuada entre las entidades locales o entre éstas y otras administraciones públicas, para la prestación de servicios o para el desarrollo de las competencias legalmente atribuidas a ellas, en cuya satisfacción tengan un interés común. También podrán formular convenios las sociedades y entes dependientes de las entidades locales en los términos que prevé el artículo 306.2 de este Reglamento.

2. Asimismo el convenio podrá tener por objeto la creación ulterior de una entidad o un órgano de composición plural y de gestión común.

3. A través de los convenios se podrá realizar la cooperación interadministrativa, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, en la forma y en los términos previstos en las leyes reguladoras de las materias en que este interés exista.

Artículo 304 Carácter

1. Los convenios interadministrativos tienen carácter voluntario y base negocial y se estipularán en plano de igualdad entre las administraciones intervinientes, no pudiendo ninguna de ellas ejercitar potestades ejecutivas o coactivas frente a las restantes, sin perjuicio de lo que establece el artículo 310 de este Reglamento.

2. Quedan excluidos de la regulación de este capítulo los contratos, acuerdos o convenios de colaboración que celebren las entidades locales con personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, cuyo objeto se halle comprendido en el ámbito de la legislación de contratación administrativa o del derecho privado.

Artículo 305 Normativa aplicable

1. Los convenios de cooperación se regularán por sus propias cláusulas, por la legislación común de régimen local y sectorial, en su caso, y subsidiariamente, por las normas de contratación administrativa.

2. Los convenios que tengan por objeto la delegación o asignación de funciones administrativas se regirán por las normas reguladoras de las correspondientes competencias y, en todo caso, por las relativas a las relaciones interadministrativas.

Artículo 306 Sujetos

1. Podrán establecer convenios las entidades locales, sean o no de carácter territorial.

2. Quedan excluidas para formular estos convenios las sociedades y entidades dependientes de las entidades locales, salvo que cuenten con autorización expresa de éstas.

Artículo 307 Objeto y contenido

1. Constituyen el objeto del convenio los servicios o las actividades de interés común de las Administraciones intervinientes.

2. En virtud del convenio, una entidad o administración podrá gestionar un servicio de competencia de otra sin que ésta pierda su titularidad.

3. Las facultades y obligaciones de cada administración serán las que resulten de las cláusulas del convenio, sin que directamente afecten a terceros.

Artículo 308 Elementos del convenio

El documento en que se formalice el convenio se referirá, cuando proceda, a los aspectos siguientes:

• a) Entidades y administraciones que lo suscriban.
• b) Actuaciones objeto del convenio.
• c) Obligaciones que contrae cada una de las partes.
• d) Financiación de la actuación convenida.
• e) Previsiones sobre la gestión de esta actuación.
• f) Plazo de vigencia del convenio y, si procede, prórroga del mismo.
• g) Formas de extinción.

Artículo 309 Aprobación

1. La entidad local aprobará las cláusulas de los convenios en que intervenga o participe. El acuerdo y copia del convenio se enviarán a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Gobernación.

2. En el supuesto de transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas por medio de convenio, el acuerdo deberá adoptarse por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo 310 Incumplimiento

1. Las cláusulas del convenio podrán prever las medidas que, en caso de incumplimiento o morosidad de alguna de las administraciones que lo hayan suscrito, podrán adoptar las restantes.

2. El convenio también podrá prever la creación de una comisión mixta de seguimiento, con carácter ejecutivo, para la resolución de las cuestiones que se planteen con motivo de la interpretación y el cumplimiento de sus cláusulas.

Artículo 311 Extinción

1. Los convenios se extinguirán por las causas previstas en los mismos y, en todo caso, por la denuncia y por el incumplimiento de cualquiera de las administraciones que los hayan suscrito, bajo las condiciones y con las consecuencias que se hayan estipulado.

2. Mediante la denuncia una administración ejerce la opción de oponerse a la prórroga automática del convenio. La denuncia se notificará a las otras administraciones intervinientes en el plazo que el convenio establezca.

Artículo 312 Objeto y carácter

1. El consorcio es una entidad pública de carácter asociativo, que pueden constituir las entidades locales con otras administraciones públicas para finalidades de interés común, o con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes con las de las entidades locales.

2. El consorcio tiene naturaleza voluntaria y personalidad jurídica propia y capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común.

3. El carácter local en su caso, del consorcio, se determinará en los estatutos.

Artículo 313 Constitución. Procedimiento

1. Los consorcios se constituyen por el acuerdo de los órganos competentes de las entidades locales, de las administraciones y de los otros miembros que los integren, o por adhesión posterior, según lo establecido en la legislación aplicable y los estatutos que los regulen.

2. El acuerdo de las entidades locales para crear, adherirse, modificar, separarse o disolver los consorcios, así como para aprobar y modificar sus estatutos se adoptará con el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de la corporación.

3. El acuerdo mencionado, junto con los estatutos, se someterá a información pública por el plazo de treinta días, en la forma que establece el artículo 160 de este Reglamento.

4. El procedimiento para la constitución del consorcio, cuando tenga por objeto la gestión de servicios locales, no excederá del plazo de seis meses. El incumplimiento de dicho plazo comportará la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones dentro de los treinta días.

5. Los acuerdos de los miembros del consorcio, junto con los estatutos, se enviarán a la Dirección General de Administración Local, para la inscripción del consorcio en la sección complementaria correspondiente del Registro de las Entidades Locales de Cataluña, que se producirá en el plazo de treinta días a contar desde su recepción.

6. Cuando se considere que los estatutos aprobados por las entidades locales infrinjan el ordenamiento jurídico, la Dirección General, dentro del citado plazo, formulará el requerimiento a que se refiere el artículo 165.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, en relación con el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y, en su caso, interpondrá recurso contencioso administrativo.

Artículo 314 Régimen y formas de gestión

1. A los consorcios que tengan por objeto la cooperación entre diferentes administraciones públicas, les serán aplicables, en todo caso, las normas reguladoras de las relaciones interadministrativas.

2. El consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas de gestión de servicios previstas en la Ley.

Artículo 315 Comarcas diferentes

Los municipios no podrán participar en los consorcios en que intervengan comarcas diferentes a la que pertenezca si el objeto de aquéllos es coincidente con una actividad o con un servicio declarado de interés comarcal en el programa de actuación de la comarca respectiva, salvo autorización del consejero de Gobernación si se demuestra objetivamente la necesidad o conveniencia de su participación.

Artículo 316 Estatutos

1. Los estatutos del consorcio determinarán las peculiaridades de su régimen orgánico, funcional y financiero en relación con el general de las entidades locales y el de las otras administraciones públicas que lo constituyan.

2. Los estatutos se referirán, entre otros, a los siguientes extremos del consorcio:

• a) Entes públicos y privados, en su caso, que lo integren o que se incorporen.
• b) Denominación y domicilio.
• c) Objeto, finalidades y carácter, en su caso local, del consorcio.
• d) Duración.
• e) Organos de gobierno y de gestión y forma de designación de los representantes de los miembros en aquéllos.
• f) Normas de funcionamiento.
• g) Recursos económicos y aportaciones de los miembros consorciados.
• h) Presupuesto, contabilidad y cuentas.
• i) Modificación de los estatutos y separación de los miembros.
• j) Previsiones sobre la disolución y liquidación.

Artículo 317 Organos

1. Los órganos del consorcio serán los establecidos por los estatutos.

2. El órgano decisorio superior estará integrado por representantes de todos los miembros consorciados.

3. La representación de los miembros del consorcio en los órganos decisorios mantendrá la proporción que fijen los estatutos.

Artículo 318 Funcionamiento y régimen de impugnación

1. Las normas sobre funcionamiento de los órganos del consorcio local se acomodarán a lo dispuesto en la normativa de las entidades locales en todo aquello que le sea aplicable, sin perjuicio de las peculiaridades fijadas en los estatutos.

2. Los acuerdos y resoluciones de dichos órganos serán impugnables en vía administrativa y jurisdiccional de conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local y general.

Artículo 319 Régimen financiero

La hacienda de los consorcios locales estará constituida por los recursos que les confiere la Ley reguladora de las haciendas locales y por las aportaciones de las entidades, administraciones y otros miembros consorciados, en la forma y cuantía que se establezca en los estatutos.

Artículo 320 Programa, presupuesto y contabilidad

1. El consorcio local desarrollará su actuación conforme a un programa de actividades cuya vigencia se extenderá al período que se señale en los estatutos.

2. Se aprobará un presupuesto anual de explotación y de inversiones y, cuando gestione servicios públicos locales, se ajustará a lo establecido en la legislación de régimen local.

3. El régimen de contabilidad y de aprobación y rendición de cuentas será el de contabilidad pública y se acomodará a la propia normativa de régimen local y general.

4. El consorcio podrá asumir la recaudación unificada de los recursos que hayan establecido las entidades consorciadas.

Artículo 321 Patrimonio

1. Los bienes de dominio público y los patrimoniales que las entidades asociadas adscriban al consorcio para el cumplimiento de sus fines conservarán su calificación originaria.

2. El consorcio tendrá sobre las obras, los bienes y las instalaciones cedidas por sus miembros facultades de disposición limitadas a sus finalidades estatutarias.

Artículo 322 Modificación de los estatutos

La modificación de los estatutos del consorcio, previo acuerdo de su órgano superior de gobierno, deberá ser ratificada por las entidades, administraciones y demás entidades consorciadas y acordada con las mismas formalidades que para su aprobación.

Artículo 323 Separación de miembros del consorcio

Cualquier entidad consorciada podrá separarse del consorcio siempre que cumpla las siguientes condiciones:

• a) Formular el preaviso en el plazo señalado por los estatutos.
• b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores y garantizar el de los que queden pendientes.

Artículo 324 Disolución y liquidación

1. El consorcio podrá disolverse, entre otras causas que figuren en sus estatutos, por alguna de las siguientes:

• a) Por cumplimiento de su finalidad.
• b) Por mutuo acuerdo de las entidades consorciadas.
• c) Por imposibilidad de continuar su funcionamiento.
• d) Por la separación de alguno de sus miembros si con ello deviene inoperante el consorcio.
• e) Por el incumplimiento de su objeto.
• f) Por transformación del consorcio en otra entidad.

2. El acuerdo de disolución lo adoptará el órgano superior de gobierno del consorcio, por la mayoría que establezcan los estatutos, y habrá de ser ratificado por los órganos competentes de sus miembros. Dicho acuerdo determinará la forma en que haya de procederse para la liquidación de los bienes del consorcio y la reversión de las obras e instalaciones existentes a las administraciones consorciadas.

DISPOSICION ADICIONAL

Este Reglamento es de aplicación al municipio de Barcelona en todo lo que su régimen especial no prevea, así como respecto de las materias reguladas insuficientemente en él.

Primera

Hasta que no se apruebe la normativa específica prevista en el artículo 75 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, este Reglamento se aplicará al municipio de Barcelona en las materias en que el vigente régimen especial se oponga, contradiga o resulte incompatible a la mencionada Ley o a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Segunda

El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos en curso, a partir de su entrada en vigor, respecto de los trámites que hayan de cumplimentarse según sus preceptos.