Sumario

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, tiene como objetivo hacer frente al problema de la creciente generación de residuos de esta tipología por parte del sector de la construcción que, en los últimos años, ha sido el pilar sobre el que se ha sustentado la economía española.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria no existía normativa que regulara los residuos procedentes de la actividad de la construcción, respondiendo la decisión de la aprobación del presente Decreto que encuentra su fundamento en la competencia recogida en el artículo 25.7 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobado mediante la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre al interés por aplicar correctamente las estipulaciones contenidas en el Real Decreto estatal, mediante la concreción de determinados aspectos, con el fin de adecuarlo a las especiales características de nuestro territorio, sentando así las bases, junto al Real Decreto 105/2008, de una gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Así, de una parte, debe destacarse que, a pesar de que el Real Decreto estatal las ha excluido de su ámbito de aplicación y con un fin absolutamente garantista y proteccionista, se ha regulado un mecanismo de control que asegure el origen y destino de las tierras y piedras no contaminadas que se empleen para obras de acondicionamiento, relleno o restauración, tanto mediante la inclusión de esta información en el estudio de gestión que ha de presentar el productor de tales residuos, como mediante el certificado que debe extender el titular de la obra o emplazamiento donde vayan a emplearse las mismas. Todo lo anterior pretende ser acorde con la legislación vigente, fomentando la reutilización de las tierras y piedras en una misma obra o en otra distinta o espacio adecuado. Es decir, cuando las tierras y piedras se utilicen para estas finalidades no será necesaria la intervención de un gestor de residuos, precisamente, porque en este supuesto no tendrán la consideración de residuo. Ello no significa que, en todos los casos, las tierras y piedras no tengan dicha calificación, ya que si no se utilizan para esas actividades de restauración, acondicionamiento o relleno, deberán ser entregadas a vertedero autorizado para su eliminación.

Asimismo, y dado el importante papel desempeñado por las Entidades Locales en la adecuada gestión de estos residuos, se ha introducido un artículo en que se refleja la distribución competencial entre los ámbitos local y autonómico, y en la que rige, como no podía ser de otra manera, el espíritu colaborador que ha de impregnar siempre las relaciones entre Administraciones Públicas.

Particularmente destacable es la competencia que ostenta la Comunidad Autónoma en relación con la aprobación del Plan de Residuos de Construcción y Demolición de Cantabria, en el que podrán recogerse los objetivos cuantitativos y cualitativos de reducción, separación de materiales, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los residuos de construcción y demolición, en el marco de los objetivos que se establezcan en la legislación comunitaria y estatal.

A la entrada en vigor del presente Decreto, Cantabria cuenta ya con un Plan de Residuos de Construcción y Demolición. Así, en desarrollo del Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria, el Decreto 15/2010, de 4 de marzo, ha aprobado, entre otros, el Plan de Residuos del Sector Industrial, Construcción y Minería, fijando una serie de objetivos para la Comunidad Autónoma durante el período 20102014.

Otra importante novedad prevista en el Decreto es, en desarrollo de la previsión estatal, la obligatoriedad de la constitución de una garantía financiera, que permita responder de las obligaciones derivadas de la gestión de estos residuos, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras.

Por otro lado, el Decreto también regula la utilización de residuos inertes en obras de acondicionamiento, restauración y relleno, donde, además de los requisitos establecidos en la normativa estatal, también se exige que hayan sido sometidos previamente a una operación de valorización.

Por su parte, en la Disposición Adicional Segunda se contemplan diversas medidas medioambientales de apoyo, como la celebración de contratos públicos para lograr un mayor aprovechamiento de esta tipología de residuos, y el fomento de la suscripción de acuerdos entre los productores para la creación de sistemas organizados de gestión.

Por último, debe destacarse que con el objetivo de facilitar la aplicación de esta normativa, el Decreto incluye una serie de Anexos con modelos a emplear por los productores y gestores, para el cumplimiento de algunas de sus obligaciones de carácter documental.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, oído el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria, habiéndose obtenido el preceptivo informe del Consejo Económico y Social y de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 28 de octubre de 2010.

DISPONGO