Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias, en las Illes Balears

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Sumario

Véase D [BALEARES] 1/2005, 14 enero, por el cual se determinan las acreditaciones, el vestuario y los vehículos que debe utilizar el personal de la Dirección General de Emergencias («B.O.I.B.» 15 enero).LE0000209024

Véase D [BALEARES] 8/2004, de 23 enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Ordenación de Emergencias en las Illes Balears («B.O.I.B.» 5 febrero).LE0000197341

Exposición de Motivos

I.

La Constitución Española, en su artículo 9.2, dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo 9, impone a las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de los fines que les son propios, promover la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre los ciudadanos de las Illes Balears, como principios de la Constitución, así como su participación en la vida política, cultural, económica y social. Igualmente, inspirarán la función de poder público en el sentido de consolidar y desarrollar las características de nacionalidad comunes de los pueblos de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y de Formentera, así como las peculiaridades de cada una de ellas, como vínculo de solidaridad entre todas las islas.

Sentados los anteriores principios, un aspecto sustancial en la lucha por la consecución de la libertad efectiva de los individuos y de los grupos en los que se integran, es el del aseguramiento de su integridad personal y colectiva ante cualquier situación hipotética o real de riesgos para la colectividad o los individuos concretos.

En el sentido expresado, la prevención contra los riesgos, catástrofes y la emergencia ordinaria, así como la adecuada respuesta que los poderes públicos deben tener en el caso de que se produzcan tales circunstancias, al objeto de obtener una efectiva protección de personas y bienes, resultan ser elementos multidisciplinarios que requieren, ante todo, una perfecta coordinación y una imprescindible rapidez y eficacia en su ejecución.

Consecuentemente, resultan múltiples los títulos competenciales que inciden sobre esta materia y serán, igualmente, diversas las fuentes normativas que se deberán tener en cuenta a la hora de la regulación que se aprueba.

En concreto, las referencias a tener en cuenta provienen, en primer lugar, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears que, en su artículo 10, concreta aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas y, de dicho artículo, cabe resaltar el contenido de los puntos 7, 12, 14 y 25 que, respectivamente, se refieren a los títulos sobre montes y aprovechamientos forestales, sanidad e higiene, vigilancia y protección de edificios e instalaciones, así como la coordinación y otras funciones en relación con las policías locales y, finalmente, los espectáculos públicos.

Asimismo, el artículo 11.13 del Estatuto de Autonomía, que contiene el listado de materias en las que la Comunidad Autónoma posee competencias de ejecución y de desarrollo legislativo de la normativa básica estatal, resulta ser un título atributivo de competencias en relación a la elaboración de normas adicionales de protección del medio ambiente.

Por otro lado, las sentencias número 123/1984, de 18 de diciembre; número 133/1990, de 19 de julio, del Tribunal Constitucional; así como la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, y el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de protección civil, proporcionan a las Illes Balears auténticos títulos habilitadores para la intervención activa en materia de desarrollo normativo relativo a protección civil respetando, lógicamente, los ámbitos correspondientes a otras administraciones públicas concurrentes.

II.

En el concreto marco normativo expuesto, la presente Ley aborda la formalización efectiva de la respuesta organizada de los poderes públicos autonómicos ante eventos dañosos, peligrosos o catastróficos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, para ello, se realiza una detallada regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento; asimismo, se regulan los servicios de rescate y emergencia sanitaria extrahospitalaria, englobando, en un mismo texto, los servicios que pueden calificarse de emergencia no policial. Finalmente, se establece la regulación y la organización funcional de los centros de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma.

El título I de esta Ley contiene las disposiciones generales y se refiere a todas aquellas cuestiones de fundamental interés que inciden de modo genérico en la materia regulada. En especial, cabe destacar la fijación de los principios básicos de actuación que incumben a los diferentes servicios de emergencias y al personal adscrito a los mismos; califica a los servicios públicos de emergencias como servicio esencial de la Administración de la Comunidad Autónoma y establece las pautas de la necesaria colaboración que debe prestarse tanto a los ciudadanos como a los diversos poderes públicos. Finalmente se concreta, en este título I, cuáles son las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia regulada.

En el título II se procede a la enumeración y regulación de los distintos servicios de emergencias: Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, Servicios de Rescate y Servicios de Emergencias Sanitarias Extrahospitalarias. Asimismo, se especifican las funciones de cada uno y el Estatuto del personal a su servicio, así como su forma de acreditación.

La regulación relativa al personal voluntario y de empresa adquiere capital importancia en el contexto legal y tiene por objetivo la precisión del papel que debe jugar este tipo de personal, en relación con las emergencias que puedan producirse.

En este título, se crean formalmente los centros de gestión de emergencias del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como servicios públicos encaminados a la recepción de llamadas y a su gestión ante los servicios que correspondan y a articular la adecuada coordinación de las intervenciones que deban producirse.

En el título III se crea el Instituto Balear de Seguridad Pública, órgano que nace con vocación de constituirse en centro de formación y de investigación en todos aquellos temas que tengan relación con esta materia. Especial atención merecen aquellas cuestiones derivadas de la coordinación de las policías locales y la voluntad expresa de que su formación haya de realizarse, en el futuro, por ese conducto.

La financiación de los servicios de emergencia es el objeto del título IV del texto legal, contemplando los diversos recursos que puedan destinarse a tal fin y se prevé la creación de tasas por la prestación de servicios y las que se derivan de las actividades propias del Instituto Balear de Seguridad Pública.

En el título V se incluye la regulación de la prevención en espectáculos públicos o actividades recreativas, las actividades temporales y las actividades extraordinarias, singulares o excepcionales. Es necesario precisar al respecto que, hasta que la Comunidad Autónoma apruebe su normativa propia, de conformidad con lo que disponen los puntos 1 y 2 de la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el concepto jurídico de espectáculos públicos o actividades recreativas es el definido por la normativa estatal de 27 de agosto de 1982; esto es, los espectáculos, las actividades deportivas y recreativas y los establecimientos destinados al público enumerados en el anexo de la citada normativa estatal, con independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas. Asimismo, se regula la obligatoriedad de la cuantía mínima de las pólizas de responsabilidad civil, su acreditación y la inspección tanto del servicio de prevención de incendios como la de los funcionarios de la Administración autonómica, siempre respetando la competencia municipal para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Por último, el título VI regula las infracciones y sanciones en esta materia y cumple el objetivo de observar el principio de reserva de ley y de sentar las bases de una futura actividad coactiva al respecto que garantice un adecuado cumplimiento de las obligaciones legales.