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Sumario

La disposicin transitoria primera del Estatuto, de Autonoma de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, establece la aplicacin de las leyes y disposiciones del Estado en materias no reguladas por la Asamblea de Madrid, circunstancia que junto con las reiteradas, y expresas remisiones de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administracin de la Comunidad de Madrid, ha determinado la aplicacin directa e indiscriminada al mbito de nuestra administracin de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Por otra parte, es esta una materia sobre la que la doctrina y la jurisprudencia han abrigado dudas y planteamientos, dispares acerca de la naturaleza de bsicos de ciertos preceptos de la citada norma y, por ende, del mbito de actuacin reservado a las Comunidades Autnomas, cuestin que puede considerarse clarificada por la sentencia del Tribunal Constitucional 14/1986, de 31 de enero, a cuyos principios interpretativos se acomoda la presente Ley.

Resulta necesaria, por tanto, la regulacin expresa del rgimen de la Hacienda de la Comunidad de Madrid coordinandose, con la legislacin del Estado en las materias reservadas a la normalizacin, bsica y desarrollando armnicamente aquellos otros aspectos propios de la Administracin Autnoma en la forma que ms convenga a sus intereses peculiares, respetando en todo caso el marco normativo institucional superior establecido por la Constitucin y las Leyes Orgnicas, de desarrollo, principalmente la 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas.

La organizacin del Estado de las Autonomas que consagra la Constitucin Espaola de 1978 ha supuesto un giro radical, al configurarse las Comunidades Autnomas con unas peculiaridades que en el transcurso, del tiempo la experiencia va poniendo de manifiesto en un doble sentido. Con respecto al Estado y, adems, entre cada una de ellas, aunque en muchos casos no sean sustanciales.

En este escenario, en los ltimos aos se viene produciendo una acelerada evolucin de la doctrina de la Hacienda, a la que contribuyen el fenmeno apuntado anteriormente y en la que las aportaciones de las Comunidades Autnomas adquieren un peso relevante. La jurisprudencia tampoco es ajena al cambio.

En el mbito de la Comunidad de Madrid se viene configurando un sector pblico bajo una concepcin integradora y uniforme, cohesionado en su actividad econmico-financiera, a pesar de la diversidad de sus agentes y sus peculiaridades estructurales y jurdicas. A partir de este fenmeno, sin duda intencionado en aras de una racionalizacin de la Administracin autnoma, puede comprenderse una filosofia que trata de plasmar la presente Ley los agentes del sector pblico no son compartimentos estancos, ni ajenos a una Administracin de los Servicios Centrales. con independencia de las finalidades y objetivos concretos que persiga cada uno de ellos.

El sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas, y en particular los recursos de la Comunidad de Madrid, requieren unos instrumentos de gestin y soportes legales adaptados a sus necesidades. El problema no es cuantitativo, sino cualitativo. La diversidad de figuras y la interdependencia existente en la gestin de los recursos, entre distintas Administraciones financieras, hace necesario contemplar herramientas presupuestarias, de gestin y contables, giles y eficaces.

La instrumentacin del endeudamiento y de la tesorera es claramente distinta a la que utiliza la Administracin del Estado: La apelacin al Banco de Espaa o la poltica monetaria, son dos claros ejemplos, que en definitiva ilustran lo que en el fondo responde a dos concepciones diferentes: Tesoro Pblico-Tesorera, Deuda Pblica-Endeudamiento.

Sera prolijo explicar al detalle cada matiz que, en definitiva, podemos encontrar al profundizar en la materia. La experiencia diaria en la gestin de la actividad econmico-financiera es el fiel reflejo de esta afirmacin.

La Ley General Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid pretende, por otra parte, dar un contenido amplio con dos finalidades: mantener su vocacin de permanencia, y servir de referencia nica a la gestin econmico-financiera, en la medida de sus posibilidades.

La terminologa tradicional de la Administracin financiera y la complejidad de sus procedimientos ha propiciado a lo largo de la historia una ignorancia y rechazo a la formacin de una cultura hacendstica, tarea slo para especialistas, que, en parte, puede considerarse la causante de la dificultad en la gestin. De ah, que se haya buscado una metodologa, que no descuide este aspecto, en especial lo referente a normalizacin de trminos y definiciones.

La Ley est compuesta por un ttulo preliminar de carcter general y siete ms con el siguiente contenido:

  • Ttulo I. Del rgimen de la Hacienda de la Comunidad.
  • Ttulo II. De los Presupuestos.
  • Ttulo III. De la Intervencin.
  • Ttulo IV. Del Endeudamiento y los Avales.
  • Ttulo V. De la Tesorera.
  • Ttulo VI. De la Contabilidad Pblica.
  • Ttulo VII. De las Responsabilidades.

El ttulo preliminar define el contenido y mbito de aplicacin de la Hacienda, en el marco de la Ley. Frente al tradicional concepto jurdico, se da un paso hacia el concepto econmico al incluir los bienes, sin perjuicio de una remisin a la legislacin correspondiente en cuanto a su rgimen se refiere. La extensin al sector pblico de la Comunidad es una caracterstica derivada de la filosofa apuntada anteriormente.

Para la Asamblea de Madrid contempla la Ley la aplicacin del rgimen econmico-financiero general con carcter supletorio al particular que, de acuerdo con la normativa especfica y sus peculiaridades le corresponda.

La normalizacin de conceptos como Administracin de la Comunidad, Organismos autnomos administrativos, Organismos autnomos mercantiles, Empresas pblicas y Entes pblicos, son fundamentales para determinar el alcance que luego, en cada caso concreto, tendr la aplicacin de la Ley.

Explcitamente se consagran, como no poda ser menos, los tradicionales principios de legalidad, unidad de Caja, presupuesto anual, nico y universal, contabilidad, control y responsabilidad as como la distribucin de competencias, materias reservadas a la Ley y prerrogativas de la Hacienda de la Comunidad, as como los preceptivos controles parlamentarios del gasto.

I

El ttulo primero establece el rgimen jurdico al que debe someterse la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en su doble vertiente de acreedora y deudora.

Habindose incluido en el artculo 2. de la Ley a los bienes como factor integrante del citado concepto, es necesario la remisin que por el captulo 1 se hace a la Ley de Patrimonio de la Comunidad, integrando mediante esta tcnica jurdica la regulacin de dicha materia.

En cuanto a los derechos de la Hacienda de la Comunidad, se enumeran en primer lugar los mismos de conformidad con el artculo 53 del Estatuto de Autonoma, recogiendo a continuacin el principio de su no afectacin, salvo por ley, as como las prohibiciones que histricamente han sido acuadas en el tratamiento de los derechos econmicos de la Hacienda Pblica.

Tras sealar, las prerrogativas de la Hacienda de la Comunidad y regular la prelacin de crditos y la va de apremio, contina el captulo atendiendo a las recientes reformas habidas en cuanto al devengo y cmputo de los intereses de demora y representacin en juicio, para terminar regulando el instituto de la prescripcin. En este punto es de sealar la recepcin del principio de eficiencia en la recaudacin de los derechos econmicos de la Comunidad.

Asimismo cabe resaltar la innovacin que supone la repercusin sobre las disposiciones de este ttulo del concepto amplio dado por la Ley al titulo Hacienda de la Comunidad, lo que implica la extensin de varios de sus preceptos a las Empresas y Entes pblicos de la Comunidad, en la lnea integradora seguida por todo el sector pblico comunitario.

En cuanto al captulo II, la Ley determina las fuentes de las que nacen las obligaciones econmicas de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y su exigibilidad, haciendo especial hincapi en la de las obligaciones nacidas de sentencia judicial firme, para las que se establecen mecanismos extraordinarios, en cumplimiento de la teora constitucional de la separacin de poderes.

Se contempla tambin en la Ley el supuesto de contratos sometidos al derecho privado, cuya aceptacin y elaboracin doctrinal ha pugnado contra la obsolescencia de la Ley General Presupuestaria en este campo, cuya regulacin se supla por va de interpretacin de la laguna legal existente.

En justa correspondencia con el tratamiento dado a los recursos econmicos, se recoge en la Ley el derecho de los acreedores de la Comunidad al devengo de intereses a su favor, terminando el captulo con la regulacin de la prescripcin de las obligaciones econmicas a cargo de la Hacienda de la Comunidad.

II

El ttulo II, de los Presupuestos, parte de una concepcin globalizadora de los Presupuestos Generales de la Comunidad, como integrantes de la totalidad de los ingresos y gastos de su sector pblico. Es, en definitiva, la plasmacin y desarrollo de principio de universalidad y del principio de unidad, al concebirlo como documento nico, mxima expresin de la actividad econmico-financiera del Sector pblico de la Comunidad, todo ello sin perjuicio de las particularidades de las Empresas pblicas y dems Entes pblicos, a los que dedica el captulo II.

Comienza el ttulo definiendo el contenido y mbito de aplicacin del Presupuesto. El principio de temporalidad tiene su reflejo en el concepto de ejercicio presupuestario, que se define acotandolo al ao natural. Para las Empresas pblicas y Entes pblicos que tengan un ciclo productivo distinto es vlido el perodo definido, al permitir realizar los ajustes necesarios para presentar magnitudes homogneas.

El equilibrio presupuestario inicial es otra caracterstica que recoge la Ley, para todos y cada uno de los presupuestos que integran los generales de la Comunidad.

Las normas y criterios de elaboracin no quedan determinados en sus detalles concretos, por considerarlo propio de normativa de inferior rango, que permitir adaptarlos a cada ejercicio en funcin de los objetivos, medios y dems parmetros y, en definitiva, del escenario presupuestario previamente diseado.

El mecanismo de la prrroga presupuestaria permite la realizacin de la actividad econmico-financiera con solucin de continuidad, en el caso de que comience un ejercicio presupuestario y no estn aprobados los presupuestos correspondientes. Para facilitar la conversin contable de los ingresos y gastos ejecutados durante el perodo de prrroga a los nuevos presupuestos, se faculta al Consejero de Hacienda a realizar las operaciones pertinentes. Estas vendrn definidas en funcin de los cambios estructurales, de cuantas de previsiones y crditos, y de criterios contables, que se produzcan entre el presupuesto prorrogado y el nuevo que se apruebe. No hay que olvidar que los efectos econmicos de las previsiones y crditos sern desde el da primero del ejercicio presupuestario. Todas estas actuaciones deben estar sometidas a los correspondientes controles parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Se cierra la seccin primera de este captulo con la plasmacin del principio de presupuesto bruto, al regular que los derechos y obligaciones reconocidas debern aplicarse al presupuesto por su importe ntegro.

La seccin segunda est dedicada al rgimen de los crditos y sus modificaciones, en el mbito de la Administracin de la Comunidad y sus Organismos autnomos.

Queda fielmente plasmado el principio de especialidad, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa. La primera limitando el destino de los gastos a la finalidad para la que hayan sido autorizados. La segunda, limitndolos en su cuanta, al no poder gastar por importe superior al consignado. En este caso, se sanciona con todo rigor, mediante la nulidad de pleno derecho, todo acto o disposicin general con rango inferior a ley que infrinja lo preceptuado.

El presupuesto se estructura mediante diversas clasificaciones. El estado de ingresos y el estado de gastos distinguir los recursos previstos y los crditos para gastos autorizados.

Los recursos se agrupan en masas homogneas de la misma naturaleza econmica: Corrientes y de capital. La desagregacin de cada una de ellas quedar recogida a travs de captulos, artculos, conceptos, etc., en funcin del grado de desarrollo que adquieran. Esta es, en definitiva, la descripcin de la clasificacin econmica.

Los crditos para gastos tendrn una clasificacin orgnica, econmica, por programas y funcional. La Ley queda abierta a otras posibles clasificaciones como la territorial, que no contempla expresamente pero tampoco excluye.

Tradicionalmente ha sido la clasificacin econmica el eje donde ha recado el mayor peso especfico de la elaboracin, discusin, aprobacin y ejecucin del presupuesto. Le evolucin del presupuesto de medios hacia el de objetivos ha dado paso a la clasificacin por programas, que adquiere as el protagonismo que le corresponde. La Ley la describe en primer lugar en un intento de plasmar esta concepcin, relegando a un segundo plano la econmica. En la Comunidad de Madrid esta tcnica se viene empleando desde su nacimiento, y sus races se extienden a la anterior Diputacin Provincial.

El principio de especialidad antes descrito tiene su aplicacin en los crditos para gastos. Nace as el concepto de vinculacin jurdica plasmado en la Ley como su mxima expresin. Con carcter general, son vinculantes los crditos clasificados por programas, orgnica y econmicamente.

Dado que cada una de estas clasificaciones se traduce en una expresin contable con diversas posibilidades de grado de desarrollo, la vinculacin determinar hasta qu nivel de disgregacin se considera aplicable el principio de especialidad. Esta determinacin debe hacerse anualmente a travs de cada Ley de Presupuestos, en funcin de las peculiaridades propias del ejercicio presupuestario, y dado su carcter variable, no hay razn para determinarla en una Ley General como la presente, que tiene vocacin de permanencia.

Razones similares a la expuesta avalan que otros tantos parmetros se dejen a la Ley anual de Presupuestos para su concrecin. Es el caso de los compromisos de gasto plurianuales, o de otros limites no contemplados en las modificaciones presupuestarias.

La excepcin al principio de especialidad cuantitativa recae en los crditos denominados ampliables. Por ello, deber determinarse de una manera taxativa, en cada ejercicio presupuestario, cules tiene esta naturaleza.

La adaptacin de los crditos iniciales autorizados, de carcter limitativo, a las variaciones de la realidad administrativa en el transcurso de la ejecucin presupuestaria, se instrumentan a travs de las modificaciones presupuestarias. Estas se configuran con la tipificacin tradicional, si bien las peculiaridades propias de la Comunidad son recogidas en cuanto a la competencia y requisitos de aprobacin se refiere la configuracin finalista de muchos recursos, y su interdependencia respecto a otras Administraciones, encuentran su plasmacin en la figura de las generaciones de crdito. Como singularidad a destacar se regulan los crditos provisionales como sustitutos de los anticipos de Tesorera, de confusa terminologa y donde se ha optado por la que la propia Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, inicialmente y en su exposicin de motivos as consta, se conceban. No obstante, se amplan los supuestos, acordes con aquellas situaciones de imperativo cumplimiento para la Hacienda, cuando los mecanismos generales no son lo suficientemente giles y eficaces. En todo caso, se trata de una situacin provisional, de carcter transitorio, y de ah la eleccin de esta terminologa.

La ejecucin y liquidacin de los presupuestos ocupa la seccin tercera del captulo I. Como metodologa utilizada se distingue el proceso del gasto del proceso del pago, concibiendo la ejecucin de los crditos para gastos dentro del primero, y, definiendo a su vez las diferentes fases en que se materializa. Anlogamente ocurre con la ejecucin del presupuesto de ingresos.

La ejecucin de ingresos y gastos, as pues, termina desde un punto de vista presupuestario con el nacimiento de los derechos y obligaciones reconocidas, es decir con el nacimiento de los deudores y acreedores, por derechos y obligaciones reconocidas, respectivamente, de la Hacienda de la Comunidad.

La propuesta de pago es el enlace entre los procesos diferenciados: Gasto y pago. Este ltimo se configura en el ttulo de la Tesorera.

Entre las fases de ejecucin del presupuesto de ingresos destaca la figura del compromiso de ingreso, como hecho que la realidad refleja cada da, quedando esta figura, plasmada en el texto legal, por las repercusiones contables y financieras que tiene.

Como final de 1a ejecucin presupuestaria, se definen los mecanismos de cierre y liquidacin, canalizando los diversos remanentes existentes al cierre del ejercicio, y determinando el destino de los deudores y acreedores pendientes de cobro y pago respectivamente as como todo aquello no afectado a estas situaciones. Finalmente quedar la determinacin del resultado del ejercicio y de los remanentes, que tienen la consideracin de recursos propios.

El captulo II esta dedicado exclusivamente a las, Empresas pblicas y Entes pblicos de la Comunidad en concordancia con la parte del captulo I que se dedica a la Administracin de la Comunidad y sus Organismos autnomos. Las caractersticas de estos agentes, as como su finalidad y objetivos, aunque integrados en la Comunidad de Madrid, requieren unas tcnicas diferenciadas. En definitiva se recoge el rgimen establecido en la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 y sus reformas posteriores, as como la regulacin que la Comunidad ha realizado en su propia normativa, a travs de la Ley Reguladora de la Administracin Institucional.

III

El titulo tercero, referido a la Intervencin, recoge el instituto jurdico de la fiscalizacin, en su triple vertiente de previa, formal y material, as como la comprobacin de la inversin. Esta funcin se ejercer con el alcance y contenido tradicionales, mediante prescripciones o reparos escritos, todo ello en cumplimiento de los principios de control y seguridad.

No obstante, y sin detrimento de ambos principios, se ha atendido tambin a las nuevas directrices de la teora y de la prctica legislativa encaminadas a proporcionar una mayor agilidad y eficacia al proceso del gasto. Ello se ha traducido en la recepcin en esta Ley del contenido del artculo 95 de la Ley General Presupuestaria, segn la redaccin dada a tal precepto por la Ley 33/19 87, de 23 de diciembre, que se refiere al alcance limitado de la fiscalizacin previa en determinados casos y que se completa con el control pleno a posteriori a travs de tcnicas de auditoria, en la lnea ms progresiva y reciente de la doctrina.

Si a la fiscalizacin previa, en la forma que ha sido configurada, aadimos la intervencin formal y la material, la comprobacin de la aplicacin de los caudales pblicos y los controles financieros y de eficacia regulados en el artculo 17 de la Ley, queda puesta de manifiesto la inclinacin de la misma hacia un sistema de control moderno que apuesta por conseguir una mayor agilidad en la ejecucin presupuestaria y consecucin, por tanto, de los objetivos programados, sin menoscabo de la fiabilidad y seguridad en el manejo de los fondos pblicos, punto cardinal del sistema democrtico.

IV

El ttulo IV, denominado del Endeudamiento y los Avales, consta de dos captulos, uno para el endeudamiento y otro para los avales.

El captulo del Endeudamiento agrupa las operaciones de crdito en funcin de su plazo, segn lo establecido en el artculo 14 de la LOFCA (Ley 8/1980) y en concordancia con sta distingue operaciones por plazo superior a un ao y operaciones de plazo inferior a un ao, estableciendo tambin que, estas ltimas, tendrn por objeto financiar necesidades transitorias de Tesorera y las de plazo superior a un ao financiar gastos de inversin.

Asimismo se establece que su creacin habr de ser autorizada por Ley y que la amortizacin y los gastos por intereses se aplicarn siempre a presupuesto.

Podrn estar representados en ttulos, valores o anotaciones en cuenta, no siendo necesaria la intervencin de fedatario pblico en todas las operaciones.

Es necesario resaltar que conforme a lo establecido en la LOFCA, los ttulos que emita la Comunidad gozarn de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado, pudiendo estar denominados en pesetas o en cualquier otra moneda.

Tambin recoge este primer captulo el rgimen de la prescripcin de dichas operaciones.

En el captulo segundo se trata de los avales de la Comunidad, pudiendo sta avalar obligaciones derivadas de crditos concertados en el interior o en el exterior. Se establece como lmite para los avales a las operaciones de crditos que realicen los Organismos autnomos y Empresas dependientes de Comunidad el importe de las operaciones de crdito que figuran en las Leyes de Presupuestos.

El Consejero de Hacienda, dentro de los lmites establecidos, puede convenir las clusulas que resulten usuales en el mercado financiero. Tambin se recoge que los avales otorgados podrn devengar las comisiones que se establezcan. Como mecanismo de control, la Consejera de Hacienda podr inspeccionar las inversiones financiadas con crditos avalados par la Comunidad, dando cuenta de los resultados de la referida inspeccin a la Comisin de Presupuestos y Haciendas de la Asamblea.

V

El ttulo V, de la Tesorera, define el mbito de aplicacin, y delimita el contenido, constituyndolo todos los recursos financieros ya sean de dinero, valores o crditos, tanto de la Administracin de la Comunidad como de sus Organismos autnomos.

El principio de caja nica queda plasmado en el ttulo, con la filosofa de una superior autoridad, bajo cuya dependencia operan y funcionan las posibles Tesoreras que puedan existir. Esta figura la encarna la Tesorera General a travs de su titular, el Tesorero general.

Dado el alcance del concepto Tesorera de la Comunidad, que se desprende de la definicin contenida en la Ley, no solo las disponibilidades lquidas son una parte importante de su actividad, sino que los derechos reconocidos pendientes de cobro, o relacin de deudores de la Hacienda, as como la relacin de acreedores u obligaciones reconocidas pendientes de pago, integran tambin otra parte importante de dicha actividad. Todo ello sin perjuicio de los restantes ttulos, valores, etc., u operaciones descritos en la Ley.

La Tesorera General es la responsable del proceso del pago, que, con metodologa anloga al del gasto, se incluye y describe en este ttulo. La funcin adquiere uniformidad al hacer coincidir la figura del Ordenador general de Pagos con el Tesorero general.

En el proceso del pago se con figura la Ordenacin del Pago como primera fase, con unas connotaciones distintas a las tradicionales. Su objeto es adecuar el ritmo del cumplimiento de las obligaciones del Plan de Disposicin de Fondos, asegurando las disponibilidades lquidas de Caja en cada momento y controlando el seguimiento de dicho Plan.

Los controles clsicos de la Ordenacin del Pago, en lo referente al examen documental de los justificantes del gasto, as como de su legalidad en general, se consideran propios del proceso del gasto comprendido en el ttulo II de la presente Ley, y su realizacin propia de la funcin interventora en lo referente al control del proceso del gasto.

Se detallan las funciones de Tesorera y sus mecanismos de actuacin sobre la base de una actividad con peculiaridades que la distinguen del Tesoro Pblico.

Aunque se trata de fondos pblicos en su carcter, su relacin con Instituciones financieras y mercados financieros es consecuencia de la propia naturaleza de esta figura en la Comunidad. El recurso de apelacin al Banco de Espaa, o la plasmacin de una poltica monetaria mediante los instrumentos del Tesoro Pblico no son actividades de su competencia. De ahi que las competencias, funciones y fines regulados en el titulo presente, vayan encaminadas a la realizacin de cobros y pagos y a la optimizacin de los recursos dentro de las reglas del mercado.

Las existencias de Caja han de permanecer en Instituciones financieras, y stas se rigen por las reglas del mercado, de carcter privado, con lo que esto conlleva. Establecer garantas y mecanismos de control son actuaciones que se regulan en el ttulo.

El sometimiento al rgimen de contabilidad pblica y al rgimen de intervencin son, por ltimo, los controles que lleva a cabo la Intervencin General y Delegada de la Tesorera, como rgano externo a la Tesorera de la Comunidad.

VI

El ttulo VI regula el rgimen de Contabilidad Pblica de la Comunidad de Madrid: Todos los Agentes que integran su Sector Pblico estn sometidos a dicho rgimen, as como los perceptores de transferencias con cargo a los Presupuestos Generales en cuanto a su empleo o aplicacin; esto, en virtud de legislacin estatal de carcter bsico.

El sometimiento al rgimen de contabilidad pblica conlleva la obligacin de rendir cuentas. El Tribunal de Cuentas, como supremo rgano fiscalizador de la actividad econmico-financiera, y a la Asamblea de Madrid, como la institucin parlamentaria que en su da habr autorizado el ejercicio de tal actividad mediante la correspondiente Ley anual de Presupuestos.

Tradicionalmente la contabilidad pblica ha tenido como finalidad principal la rendicin de cuentas, habiendo relegado a un segundo plano el proporcionar la informacin necesaria a la gestin, y a los rganos de gobierno para la toma de decisiones. La creciente demanda de informacin y la importancia que tiene una correcta planificacin de la actividad econmico-financiera, hacen de la contabilidad pblica una herramienta indispensable para la gestin presupuestaria. As, gestin y control, se convierten en las dos finalidades principales que se canalizan a travs de la informacin que proporciona la contabilidad, y de la Cuenta General de la Comunidad.

Se regulan, pues, la contabilidad pblica en dos captulos. El primero sobre Disposiciones Generales y el segundo dedicado a la Cuenta General de la Comunidad.

Las Disposiciones Generales describen los fines de la contabilidad pblica, as como el rgimen de organizacin relativo a la direccin y gestin. El Plan General de Contabilidad de la Comunidad y los parciales o sectoriales que se aprueben, constituyen junto a los sistemas de informacin las herramientas ms importantes para proporcionar la informacin necesaria a la gestin y para la toma de decisiones.

El captulo II regula la Cuenta General de la Comunidad. Esta supone el nico eslabn de una cadena, que comenzar con la elaboracin del Presupuesto y su aprobacin, y que, una vez fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, y aprobada por la Asamblea de Madrid, cerrar el ciclo presupuestario.

Se describe el contenido bsico de la Cuenta General, dejando a la va reglamentaria el desarrollo de las cuentas de los Organismos autnomos y Empresas y Entes pblicos, debido a las peculiaridades propias de cada Agente del Sector Pblico.

El plazo de envo al Tribunal de Cuentas que la Le determina es de diez meses. Es un plazo realista, dada la complejidad de las cuentas a rendir y, a su vez, viene a coincidir con el plazo de presentacin del proyecto de Ley anual de Presupuestos para el ejercicio siguiente al que se elaboran dichas cuentas; dado que parte de la documentacin anexa al mencionado proyecto tambin debe formar parte de la Cuenta General, es razonable su coincidencia en el tiempo. Por otro lado, con plazos ms cortos la experiencia de todas las Administraciones viene demostrando que se entra en una dinmica de incumplimiento sistemtico.

VII

Por ltimo, el ttulo VII establece las responsabilidades de las Autoridades y personal al servicio de la Comunidad de Madrid por infracciones a las disposiciones de la presente Ley.

En efecto, de poco servirn los mandatos, prohibiciones y cautelas de la Ley si la misma careciese de herramientas suficientes de compulsin dirigidas a quienes tienen que aplicar sus preceptos.

En este sentido, y como quiera que la Ley General Presupuestaria despliega un sistema de responsabilidades perfectamente aceptable y completo, se ha optado por su recepcin ntegra, cuya aplicacin en la prctica se ver completada por la Ley Orgnica 2/1982, de l2 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y normas de desarrollo.

Unicamente cabe resaltar la sustitucin del trmino funcionarios por la personal, a fin de evitar dudas en la aplicatoriedad del rgimen de responsabilidades a la totalidad de las personas que mantengan con la Comunidad de Madrid cualquier tipo de vinculo de dependencia, laboral o estatutaria.