Sumario

T�ngase en cuenta que todas las referencias que se hacen en la presente Ley a la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia se entender�n realizadas a la conselleria competente en materia de cultura, seg�n dispone la disposici�n adicional de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 7/2004, 19 octubre, de Modificaci�n de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (�D.O.G.V.� 21 octubre).

Seas notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a, en nombre del rey, promulgo la siguiente ley:

PRE�MBULO

I

El patrimonio cultural valenciano es una de las principales se�as de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribuci�n a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservaci�n y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes p�blicos que los representan.

El Estatuto de Autonom�a de la Comunidad Valenciana, en su art�culo 31, atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre el patrimonio hist�rico, art�stico, monumental, arquitect�nico, arqueol�gico y cient�fico y sobre los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y dem�s centros de dep�sito cultural que no sean de titularidad estatal, sin perjuicio de la reserva de competencia en favor del Estado sobre la defensa del patrimonio cultural, art�stico y monumental contra la exportaci�n y la expoliaci�n, establecida por el art�culo 149. 1, 28.� de la Constituci�n Espa�ola; y el art�culo 33 le atribuye la ejecuci�n de la legislaci�n del Estado en materia de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, cuya ejecuci�n no se reserve al Estado. Por otra parte, el art�culo 46 del texto constitucional dispone que los poderes p�blicos garantizar�n la conservaci�n y promover�n el enriquecimiento del patrimonio hist�rico, cultural y art�stico de los pueblos de Espa�a y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su r�gimen jur�dico y su titularidad.

El Estado, bas�ndose en esta reserva y en el t�tulo competencial del art�culo 149.2 de la Constituci�n, ha promulgado la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist�rico Espa�ol y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente, modificado este �ltimo por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, para adaptarlo a la interpretaci�n dada por el Tribunal Constitucional a determinados preceptos de la Ley. Normativa �sta que ha sido hasta ahora, en su integridad, de aplicaci�n directa en la Comunidad Valenciana.

El pleno ejercicio por la Generalitat de su competencia propia en materia de patrimonio cultural exige, sin embargo, el establecimiento en el �mbito de la Comunidad Valenciana de una norma con rango de ley que d� cumplida respuesta a las necesidades que presenta la protecci�n de este patrimonio, superando las insuficiencias del marco legal hasta ahora vigente.

En el ejercicio, pues, de esta competencia, y con este objetivo, se promulga la presente Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

II

La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano constituye el marco legal de la acci�n p�blica y privada dirigida a la conservaci�n, difusi�n, fomento y acrecentamiento del patrimonio cultural en el �mbito de la Comunidad Valenciana, determinando las competencias de los poderes p�blicos en la materia, las obligaciones y derechos que incumben a los titulares de los bienes y las sanciones que se derivan de las infracciones a sus preceptos. Sin embargo no se concibe la Ley, tal como ha sido frecuente en materia de patrimonio hist�rico, como un conjunto de normas predominantemente prohibitivas al lado de algunas otras que establecen en favor de los titulares de los bienes ciertos derechos, de car�cter m�s te�rico que real al no contar con mecanismos precisos para su ejercicio ni correlativas obligaciones de la Administraci�n. Por el contrario, el legislador parte del hecho, tantas veces confirmado por la experiencia, de que sin la colaboraci�n de la sociedad en la conservaci�n, restauraci�n y rehabilitaci�n del ingente n�mero de bienes del patrimonio cultural, en su gran mayor�a de titularidad privada, la acci�n p�blica en esta materia est� abocada al fracaso por falta de medios suficientes para afrontar una tarea de tales proporciones.

Por ello la Ley trata, en primer lugar, de fomentar el aprecio general del patrimonio cultural, a trav�s de la educaci�n y la informaci�n, como el medio m�s eficaz de asegurar la colaboraci�n social en su protecci�n y conservaci�n. Y pretende tambi�n, de modo especial, promover el inter�s de los propietarios de los bienes en la conservaci�n, restauraci�n y rehabilitaci�n de �stos a trav�s de medidas concretas, cuya aplicaci�n se concibe en muchos casos como un derecho del propietario, legalmente exigible, establecido como contraprestaci�n a las inevitables limitaciones dominicales que la Ley impone. A este mismo prop�sito responde el principio general establecido en el art�culo 9, que obliga a la Administraci�n a favorecer la incorporaci�n de los bienes del patrimonio cultural a usos activos, adecuados a su naturaleza.

Si ambos objetivos se logran, contando adem�s con la acci�n de los poderes p�blicos, en sus tres aspectos de conservaci�n del propio patrimonio, vigilancia y fomento, el cumplimiento de los fines de la Ley estar� en gran parte asegurado.

III

La Ley adopta en su denominaci�n el t�rmino cultural por considerarlo el m�s ajustado a la amplitud de los valores que, seg�n lo dispuesto en el art�culo 1, definen el patrimonio que constituye su objeto, cuya naturaleza no se agota en lo puramente hist�rico o art�stico. Sin embargo, no obstante esta amplitud con que se concept�a el patrimonio cultural, se diferencian ya en el art�culo 2 las tres categor�as de bienes que forman parte del mismo seg�n la importancia de los valores que incorporan, a las que se relacionan distintos grados de protecci�n, pormenorizados a lo largo del articulado de la Ley. Se trata as� de distinguir los bienes que tienen alguno de los valores se�alados en el art�culo 1, que son obviamente innumerables y cuya regulaci�n se dirige en buena medida a facilitar su acceso a un nivel superior de protecci�n cuando sean acreedores a ello, de aquellos otros que por su mayor valor cultural exigen la concentraci�n de los esfuerzos p�blicos y privados en las tareas de su conservaci�n y fomento, mediante su previa inclusi�n en el Inventario.

IV

El Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, al que se dedica el primer cap�tulo del t�tulo II, es la instituci�n b�sica en torno a la cual se configura el sistema legal de clasificaci�n y protecci�n de los bienes de naturaleza cultural que merecen especial amparo. La Ley concibe el Inventario como un instrumento unitario, adscrito a la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia, que evite la dispersi�n derivada de la existencia de distintos instrumentos de catalogaci�n seg�n se refieran a bienes muebles o inmuebles. En �l se inscriben toda clase de bienes, muebles, inmuebles o inmateriales, clasificados seg�n dos niveles de protecci�n: El correspondiente a los bienes declarados de inter�s cultural y el asignado a los bienes inventariados que no sean objeto de esta declaraci�n. A los primeros se destina la Secci�n Primera del Inventario y el resto se inscribir�n en alguna de las dem�s secciones, reserv�ndose, por raz�n de su especialidad, la Secci�n Cuarta para los bienes del patrimonio documental, bibliogr�fico y audiovisual que tengan relevancia cultural y la Quinta a los bienes inmateriales del patrimonio etnol�gico.

La Ley tiene entre sus objetivos fundamentales el de impulsar la formaci�n de un Inventario lo m�s completo posible de todos aquellos bienes del patrimonio cultural valenciano que merezcan una protecci�n especial, pues el legislador es consciente de que de ello depende en buena medida el �xito de la pol�tica de conservaci�n y fomento de esta riqueza cultural. Prev� distintos procedimientos para la inclusi�n de los bienes en el Inventario, seg�n la categor�a de protecci�n a la que accedan y la naturaleza, mueble, inmueble o inmaterial, de los mismos. Y ha preferido, antes que establecer obligaciones gen�ricas de dif�cil cumplimiento, promover el inter�s de los titulares de bienes de valor cultural en la inscripci�n de los mismos en el Inventario. Para ello se prev� la aplicaci�n de las medidas de fomento del T�tulo VI con car�cter general a todos los bienes incluidos en el Inventario, a los que se equiparan los que tengan iniciado expediente para su inclusi�n; se constri�e la posibilidad de daci�n de bienes culturales en pago de deudas a los previamente incluidos en el Inventario; se reconoce a toda persona la condici�n de interesado para promover la aprobaci�n o modificaci�n de los Cat�logos de Bienes y Espacios Protegidos a los efectos de la inclusi�n en ellos de bienes inmuebles con la calificaci�n de Bienes de Relevancia Local y se establece la preferencia en los concursos de ayudas p�blicas de los Ayuntamientos que hayan aprobado los mencionados Cat�logos.

El segundo de los cap�tulos del t�tulo II contiene el r�gimen com�n a todos los bienes del Inventario. Se establecen los derechos de tanteo y retracto en favor de la Generalitat respecto de los bienes inventariados, y tambi�n sobre determinados bienes muebles que se vendan en subasta, y se reconoce el mismo derecho a los Ayuntamientos respecto de los bienes inmuebles inventariados situados en su t�rmino municipal. Se declara el inter�s social para la expropiaci�n, en determinadas circunstancias, de todos los bienes inventariados, no s�lo de los declarados de inter�s cultural, y se proclama respecto de todos los bienes inventariados de titularidad de los entes p�blicos territoriales el car�cter de inalienables e imprescriptibles.

V

El cap�tulo III del mismo t�tulo se dedica a los Bienes de Inter�s Cultural, a los que se reserva el grado m�ximo de protecci�n legal, regul�ndose en la secci�n primera el procedimiento especial para la declaraci�n de inter�s cultural, con plazos para resolver diferentes en funci�n de la naturaleza de los bienes que sean objeto del expediente. La secci�n segunda contiene el r�gimen especial de los bienes inmuebles de inter�s cultural, que contempla los efectos de la declaraci�n sobre las licencias municipales y el planeamiento urban�stico. Se establece, con car�cter general, la necesidad de autorizaci�n de la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia para las intervenciones sobre estos bienes, fij�ndose los criterios a los que han de ajustarse tanto dichas intervenciones como los Planes Especiales de protecci�n, cuya elaboraci�n es obligatoria cuando se produzca la declaraci�n de inter�s cultural de un bien inmueble, salvo en el caso de los Monumentos y los Jardines Hist�ricos.

El r�gimen de los bienes muebles de inter�s cultural se regula en la secci�n tercera, estableci�ndose el r�gimen de las intervenciones y los traslados y la prohibici�n de disgregar las colecciones sin autorizaci�n de la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia. Y, finalmente, se dedica la secci�n cuarta de este cap�tulo a los bienes inmateriales de inter�s cultural, cuyo r�gimen espec�fico de protecci�n vendr� establecido por el Decreto que los declare como tales.

VI

El cap�tulo IV se refiere a los dem�s bienes del Inventario General. Los primeros de ellos son los Bienes de Relevancia Local, es decir aquellos bienes inmuebles incluidos con esta calificaci�n en los Cat�logos de Bienes y Espacios Protegidos regulados por la legislaci�n urban�stica. La Ley no hace una recepci�n en bloque en el Inventario General de todos los inmuebles incluidos en los referidos Cat�logos, ni de los que se puedan incluir en el futuro, pues lo cierto es que la mayor parte de ellos tienen un valor cultural relativo, significativo �nicamente para el �mbito humano o el entorno en que se sit�an. Por ello se establece la mencionada categor�a de Bienes de Relevancia Local dentro de los niveles de protecci�n que han de determinar los Cat�logos, en la cual se incluir�n los inmuebles que tengan en s� mismos un valor hist�rico, art�stico, arqueol�gico, paleontol�gico o etnol�gico suficiente para justificar la aplicaci�n del r�gimen de protecci�n, las limitaciones y las medidas de fomento que la Ley reserva a los bienes inventariados.

En este punto, respet�ndose la competencia que la normativa urban�stica atribuye a la Conselleria de Obras P�blicas, Urbanismo y Transportes respecto de la aprobaci�n definitiva de los Cat�logos y el procedimiento establecido para su tramitaci�n, se da car�cter vinculante al informe de la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia en cuanto se refiere a la calificaci�n de Bienes de Relevancia Local dentro de los Cat�logos, asegur�ndose as�, en consonancia con el sistema general establecido por la Ley, la intervenci�n del �rgano competente en materia de patrimonio cultural en la decisi�n sobre el acceso de estos bienes al Inventario General.

Se trata, en definitiva, de distinguir los bienes inmuebles de valor hist�rico, art�stico, arqueol�gico, paleontol�gico o etnol�gico significativo, que tienen acceso al Inventario, del patrimonio arquitect�nico simplemente catalogado, cuyo r�gimen propio, sin perjuicio de las normas de esta Ley que le son de aplicaci�n, se encuentra en la normativa urban�stica y en la de fomento de la rehabilitaci�n de edificios. Con ello se evita la dispersi�n de los recursos destinados a la protecci�n y fomento del patrimonio cultural y se delimitan con claridad los campos de actuaci�n de los �rganos competentes en materia de patrimonio cultural y de vivienda.

Las dos �ltimas secciones del cap�tulo IV se refieren, respectivamente, a los bienes muebles e inmateriales del Inventario, constituidos estos �ltimos por las actividades y conocimientos de valor etnol�gico, estableci�ndose las particularidades de los respectivos procedimientos para su inscripci�n y el r�gimen de protecci�n que les es aplicable.

VII

El t�tulo III se dedica al patrimonio arqueol�gico y paleontol�gico, cuya especialidad exige determinar no s�lo el r�gimen de autorizaciones y licencias al que han de sujetarse las actuaciones arqueol�gicas y paleontol�gicas, sino tambi�n el de las obras afectadas por �stas, el destino de los productos de dichas actuaciones y el r�gimen de los hallazgos casuales. La Ley precept�a la intervenci�n de la Conselleria de Cultura, Educaci�n y Ciencia tanto en la autorizaci�n de actuaciones arqueol�gicas y paleontol�gicas, como en la de obras que resulten afectadas por la existencia de restos de esta naturaleza, pero dispone la participaci�n de la Generalitat en la financiaci�n de los trabajos arqueol�gicos o paleontol�gicos que, en este �ltimo caso, hayan de hacerse cuando se trate de obras en las que no pudiera preverse la existencia de aquellos restos. En cuanto al r�gimen de los hallazgos casuales, se regula el derecho a la recompensa en met�lico de los descubridores y propietarios.

VIII

El t�tulo IV se dedica al r�gimen de los museos, a los que se equiparan las colecciones museogr�ficas permanentes. La Ley establece el contenido m�nimo de los expedientes para la creaci�n o reconocimiento de ambas categor�as de instituciones muse�sticas y prev� su integraci�n, ya sean de titularidad p�blica o privada, en el Sistema Valenciano de Museos, configurado como una estructura organizativa que se crea para facilitar la coordinaci�n y tutela por parte de la Generalitat de los museos y colecciones museogr�ficas permanentes que se integren en ella. Se establecen los mecanismos legales para la inclusi�n de los fondos de los museos y colecciones en el Inventario General, con la calificaci�n incluso de Bienes de Inter�s Cultural, as� como el r�gimen general de los dep�sitos y las salidas temporales de fondos. Se prohibe la disgregaci�n de los fondos de los museos y colecciones museogr�ficas permanentes sin autorizaci�n expresa del �rgano competente en materia de patrimonio cultural y se garantiza el acceso p�blico a los museos, salvo las restricciones que la propia Ley prev�.

Se contemplan, asimismo, medidas especiales de protecci�n de los fondos ante situaciones excepcionales de los propios centros que los albergan y que pudieran afectar de forma negativa a la preservaci�n de aqu�llos. Para ello, se condiciona el aumento de fondos en un museo o colecci�n museogr�fica a la acreditaci�n de la capacidad de la instituci�n para atender debidamente los fines que le son propios en relaci�n a tales fondos, garantiz�ndose en �ltima instancia la exposici�n p�blica de los mismos. Se establece tambi�n un r�gimen excepcional para el dep�sito de los fondos de un museo en otro u otros centros de dep�sito cuando se ponga en peligro la conservaci�n, seguridad o accesibilidad de los mismos. Y, por �ltimo, se tutela el destino de los fondos de un museo en el supuesto de disoluci�n o clausura de �ste, al objeto de que el traslado no desvirt�e la naturaleza de los bienes culturales expuestos.

IX

El t�tulo V se refiere al patrimonio documental, bibliogr�fico, audiovisual e inform�tico y al r�gimen general de los archivos y bibliotecas. Se define aqu�l como integrante del patrimonio cultural valenciano y se ordena la formaci�n del Censo del Patrimonio Documental Valenciano y del Cat�logo del Patrimonio Bibliogr�fico y Audiovisual Valenciano, pero se prev� el acceso al Inventario General, con la categor�a incluso de Bienes de Inter�s Cultural, s�lo para los bienes incluidos en dichos Censo y Cat�logo que tengan valor cultural significativo, con objeto de no extender abusivamente las medidas y limitaciones que la Ley establece para los bienes del Inventario al ingente n�mero de documentos y obras bibliogr�ficas que integran el mencionado patrimonio. Por otra parte, se determinan las l�neas generales del r�gimen de los archivos y bibliotecas, cre�ndose el Sistema Archiv�stico Valenciano, y se ordena el establecimiento por v�a reglamentaria de las normas sobre conservaci�n y vigencia administrativa de los documentos de las administraciones p�blicas.

X

El t�tulo VI contiene las medidas de fomento del patrimonio cultural, dirigidas, por una parte, a compensar a los titulares de bienes del patrimonio cultural de las cargas y limitaciones en sus derechos que la Ley les impone. Significativamente, la Ley sit�a al frente de este t�tulo el reconocimiento del inter�s p�blico de las actividades de conservaci�n y promoci�n del patrimonio cultural y su car�cter de fuente de riqueza econ�mica colectiva, estableciendo la consecuente obligaci�n de la Administraci�n de cooperar a las mismas cuando sean llevadas a cabo por los particulares. Se configuran as� las ayudas p�blicas previstas en la Ley como un derecho de los particulares derivado del cumplimiento de las obligaciones que la propia Ley les impone, superando la concepci�n de mera concesi�n graciosa con que en la pr�ctica se las ha venido regulando. Se trata con ello de fomentar el inter�s de los titulares de estos bienes en su conservaci�n y mantenimiento, no por la v�a, tantas veces inoperante por s� misma, de la obligaci�n, la prohibici�n y la sanci�n, sino preferentemente mediante la cooperaci�n p�blica al sostenimiento de las cargas que la naturaleza cultural de los bienes conlleva para sus propietarios.

Se prev�n tres tipos de medidas en relaci�n con los titulares de los bienes. El primero se centra en la ayuda directa a las actuaciones de conservaci�n y acrecentamiento del patrimonio cultural, mediante la financiaci�n del coste de dichas actuaciones con cargo a las consignaciones presupuestarias que a tal efecto se har�n anualmente en la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Se establece el derecho de los titulares de bienes inmuebles de inter�s cultural de recibir ayuda p�blica para el sostenimiento de la carga que supone la visita p�blica de dichos bienes. Y se opta por concentrar los recursos que la Generalitat destina a la conservaci�n y fomento del patrimonio cultural mediante la obligaci�n de consignar anualmente para dicho fin en la Ley de Presupuestos una cantidad equivalente al 1% del importe del cap�tulo de inversiones reales de los presupuestos del ejercicio anterior, en lugar del denominado uno por ciento cultural del presupuesto de cada obra p�blica que se ejecute, sistema este �ltimo que la pr�ctica ha demostrado de dif�cil control y escaso cumplimiento.

El segundo tipo de medidas se refiere al acceso al cr�dito oficial o subsidiado con fondos p�blicos de los titulares de bienes del patrimonio cultural y su objeto es fomentar el inter�s de �stos en la conservaci�n y rehabilitaci�n de dichos bienes, situ�ndolos en este aspecto en condiciones de igualdad, cuando menos, con las viviendas de nueva construcci�n.

Y, por �ltimo, el tercer tipo de medidas hace referencia a los beneficios fiscales de que gozan estos bienes. En este punto la Ley ha de contentarse con una declaraci�n general como la contenida en el art�culo 95, cuyo desarrollo queda condicionado necesariamente a la ampliaci�n de la capacidad normativa de las Comunidades Aut�nomas en materia tributaria. No obstante, se incentiva la aplicaci�n por parte de las corporaciones locales de los beneficios fiscales previstos por la legislaci�n estatal y se establece la posibilidad del pago con bienes inscritos en el Inventario General de toda clase de deudas con la Hacienda de la Generalitat.

En otra direcci�n, las medidas previstas en el t�tulo VI hacen referencia a la acci�n p�blica encaminada a promover en la sociedad el aprecio a los valores del patrimonio cultural, a trav�s de la ense�anza, en todos sus niveles, y del reconocimiento oficial de las actuaciones destacadas llevadas a cabo por particulares en defensa de este patrimonio. No es ajena a este mismo fin la obligaci�n, que se establece con car�cter general para los entes p�blicos valencianos, de destinar con preferencia los inmuebles de que sean titulares a una actividad p�blica que no desvirt�e sus valores art�sticos, hist�ricos o culturales, lo que, por un lado, favorece su conservaci�n y, por otro, familiariza a los ciudadanos con dichos bienes y fomenta su aprecio por ellos. Y, en el mismo sentido, se prev� la cesi�n a los particulares, bajo determinadas condiciones, del uso de los inmuebles de titularidad p�blica cuando ello redunde en su mejor conservaci�n y apreciaci�n p�blica.

XI

La Ley dedica su �ltimo t�tulo a las infracciones y sanciones, que se tipifican en la mayor parte de los casos atendiendo a la importancia del da�o causado al bien. Las actividades constitutivas de infracci�n no podr�n ser nunca fuente de lucro para el infractor. Se consagra adem�s el principio de necesidad de reparaci�n del da�o causado y se aumenta notablemente, en relaci�n con la normativa aplicable hasta ahora, el l�mite m�ximo de la sanci�n por infracciones graves.

La innecesariedad de la aplicaci�n del r�gimen sancionador previsto en la Ley ser� la mejor prueba del cumplimiento de la voluntad colectiva de la que ella misma es expresi�n: El prop�sito decidido de los valencianos de conservar y acrecentar la riqueza insustituible de su patrimonio cultural.