Sumario

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 31 marzo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 27 diciembre).

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

El Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, declaró bien de interés cultural el conjunto histórico de Valencia, el cual fue delimitado, a los efectos de protección, en tres ámbitos distintos: el recinto amurallado (Ciutat Vella); el primer ensanche delimitado por las grandes vías y el cauce del Turia; y el núcleo original del ensanche del Cabanyal.

Mediante Resolución de 2 de abril de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se aprobó definitivamente la Homologación y el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar de Valencia. Varias sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, confirmadas en sede casacional por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, han declarado la plena conformidad a derecho del citado Plan Especial de Protección y de Reforma Interior.

En especial, en estas sentencias se puso fin al debate acerca de si la alteración de parte de la estructura urbana y arquitectónica del barrio del Cabanyal, que prevé el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior, es o no conforme con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y, en particular, con su artículo 39.2. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana entendió que sí que era conforme con el citado precepto, el cual preveía en su redacción originaria que en los conjuntos históricos se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística, añadiendo que no se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto.

A pesar de estas resoluciones judiciales, que años después serían confirmadas por el Tribunal Supremo, Les Corts quisieron reforzar la acción regeneradora de las administraciones públicas con relación a los conjuntos históricos y las posibilidades de que, mediante el ejercicio de potestades urbanísticas, se pudieran lograr simultáneamente los objetivos de poner en valor el patrimonio cultural valenciano, proteger mejor los conjuntos históricos y evitar que dicha protección fuera un obstáculo a la mejora de los equipamientos y comunicaciones de los conjuntos históricos y la calidad de vida de sus vecinos.

Por ello, mediante la Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, se modificó la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, siendo uno de los ejes de la reforma la puesta en valor de los bienes de interés cultural, especialmente aquellos cuyo valor está residenciado en buena medida en la existencia de un uso social de éstos, del mantenimiento de las tradiciones y las actividades que lo caracterizan. Para lograr esta finalidad, la Ley 7/2004 previó la introducción de modulaciones en las medidas de protección que, con las debidas garantías, algunas de ellas mayores de las que exigen la mayoría de legislaciones comparadas, permiten que estos bienes no se conviertan en piezas de museo inanimadas, carentes de vida, lo que no sólo generaría su degradación, sino la pérdida de usos y costumbres que son parte de nuestro patrimonio inmaterial, en última instancia.

A consecuencia de lo anterior, la Ley 7/2004 introdujo un nuevo apartado en el artículo 39.2 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, precepto en torno al cual ha pivotado la controversia jurídica respecto de la validez del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, nuevo apartado que permite que el Consell pueda autorizar que los planes especiales de protección de los conjuntos históricos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica en el caso de que se produzca una mejora de su relación con el entorno territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio conjunto o se trate de actuaciones de interés general para el municipio o de proyectos singulares relevantes.

Todos estos preceptos respaldan suficientemente la actuación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias urbanísticas y de protección del patrimonio cultural valenciano con relación al barrio del Cabanyal, plasmadas en su Plan Especial de Protección y de Reforma Interior.

Con todo, y a pesar de la claridad de la ley y de las sentencias judiciales que avalaron la plena conformidad a derecho de este plan especial, seguían existiendo voces contrarias al mismo.

Por ello el Tribunal Supremo tuvo que dar respuesta a estas manifestaciones, y especialmente en lo relativo al alegato de expoliación.

Así, en el fundamento jurídico décimo de su sentencia de 12 de marzo de 2008, reiterado por las sentencias de 13 de marzo y 16 de diciembre de 2008, afirmó rotundamente que en el caso del barrio del Cabanyal de Valencia, el reproche de expoliación se dirige contra un instrumento de planeamiento que ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación y aprobación han intervenido las administraciones local y autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias, produciendo todo ello como resultado un plan especial de protección cuyas determinaciones, se compartan o no, no puedan ser tachadas de irracionales o arbitrarias. Ese modo de proceder de las dos administraciones actuantes y el resultado que de ello se ha derivado no tienen encaje, por tanto, en el concepto de expoliación, por amplio que sea el sentido que quiera darse a este término.

Sin embargo, tampoco esta tajante, explícita y contundente manifestación del más alto Tribunal de España ha sido suficiente para aquietar los ataques jurídicos contra el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, de forma que la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, en contra de lo expresamente afirmado por el Tribunal Supremo y de la voluntad patente de Les Corts, ha declarado que el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar determina la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, y ha requerido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat para que suspendan cualquier actuación de ejecución del referido Plan.

Con independencia de las medidas que puedan adoptar el Ayuntamiento de Valencia y la administración de la Generalitat para que se respeten las competencias que corresponden a la Generalitat conforme al artículo 49.1.5ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, se anule la indicada Orden del Ministerio de Cultura, se restablezca la legalidad y se dé pleno cumplimiento a lo ya resuelto por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo, el Consell estima que es preciso que mediante una norma con rango de ley específicamente dirigida a tutelar la situación del Cabanyal se ponga definitivamente de relieve que la protección del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, declarado bien de interés cultural por el Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, es compatible con la ejecución plena del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, aprobado definitivamente por Resolución de 2 de abril de 2001, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y que dicho plan mejora la protección del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, siendo instrumento eficaz para la mejor consecución de los generales fines proteccionistas del artículo 11 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y los específicos del Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell.

Esta ley se fundamenta en la competencia prevista en el artículo 49.1.5.ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, por el cual la Generalitat asume competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, el cual atribuye al estado competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación.

Siendo el conjunto histórico de Valencia un bien de interés cultural por haberlo declarado así la Generalitat, es a la Generalitat a la que le compete definir los valores que lo hacen acreedor de la protección que le otorga su declaración como bien de interés cultural. De esta forma, no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores.

Y, desde luego, la peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de las antiguas barracas que presenta el barrio del Cabanyal y la arquitectura de raigambre eclecticista del mismo no son valores lo suficientemente trascendentes como para prevalecer, de un modo absoluto, sobre actuaciones urbanísticas que producen una mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno territorial o urbano y evitan usos degradantes para el propio conjunto, como las que prevé el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal- Canyamelar, especialmente si se tiene presente que la trama reticular del barrio permanecerá en gran parte tras la ejecución del plan especial, que todas las antiguas barracas han desaparecido y que los elementos arquitectónicos singularmente importantes del barrio gozan de una protección patrimonial específica y concreta a través de su catalogación.

Además, el Consell entiende que existen razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de la presente ley.

Extraordinaria necesidad, en primer lugar, porque el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar no es un instrumento de planeamiento cualquiera, sino que es el plan que mayor controversia jurídica, política y social ha suscitado en la historia de la Comunitat Valenciana, hasta el punto de haber sido objeto de nueve sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, confirmadas en sede casacional por tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. A ello se une que dicho plan es elemento básico y vertebrador de la acción protectora de la Generalitat respecto del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, el cual constituye el patrimonio cultural más importante de la Comunitat Valenciana, según declara con toda expresividad el anexo I del Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, por lo que tratándose de un conjunto histórico extraordinariamente importante -el más importante-, es del todo consecuente que la necesidad de mejorar la protección del mismo a través de las específicas medidas legales contenidas en esta ley sea también extraordinaria.

Urgente necesidad, en segundo lugar, porque el Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar se encuentra ya en una fase avanzada de ejecución, estando comprometidos grandes recursos presupuestarios tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia, y siendo apremiante la necesidad de completar su ejecución, regenerando un entorno urbano muy degradado, estructurando las comunicaciones y conexiones del barrio del Cabanyal con el resto de la ciudad de Valencia, dando a Valencia una nueva salida al mar, y finalizando los equipamientos sociales, culturales y dotacionales que dicho plan prevé. Paralizar la ejecución del plan daría lugar a una situación de incertidumbre, de dejar las cosas a medias, que ahondaría la degradación del Cabanyal con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y del resto de ciudadanos de Valencia, menoscabando los enormes esfuerzos puestos en dicho barrio por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat durante la última década.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley