Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 醡bito econ髆ico y para la protecci髇 de la salud p鷅lica

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  Seguridad y salud laboral en sectores con elevado riesgo de siniestralidad

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Sumario

La disposici髇 final primera del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.E.� 14 marzo), ratifica las medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las Administraciones P鷅licas. LE0000661797_20200604

V閍se la Res. de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 醡bito econ髆ico y para la protecci髇 de la salud p鷅lica (獴.O.E.� 30 marzo).LE0000662765_20200330

I

El presente real decreto-ley adopta un conjunto de medidas de car醕ter urgente dirigidas a dos 醡bitos espec韋icos, el econ髆ico y la salud p鷅lica que en este momento demandan una respuesta inmediata.

En particular se modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social, de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito, y del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci髇, supervisi髇 y solvencia de entidades de cr閐ito.

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, fue aprobada con el objeto de atender a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis econ髆ica y financiera, que produjo que numerosas personas que contrataron un pr閟tamo hipotecario para la adquisici髇 de su vivienda habitual se encontraron en dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Una de las medidas previstas por dicha ley fue la suspensi髇 de los lanzamientos que afectaban a las personas en situaci髇 de especial vulnerabilidad.

A pesar de haber transcurrido casi siete a駉s desde que se aprob� la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y se suspendieron por primera vez los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, muchos deudores y sus familias contin鷄n encontr醤dose en una situaci髇 de especial vulnerabilidad.

Por ello, resulta de extraordinaria necesidad desde el punto de vista econ髆ico, social y coyuntural ampliar el plazo de suspensi髇 de los lanzamientos cuatro a駉s m醩, hasta mayo del a駉 2024, y ajustar el concepto de colectivo vulnerable para que se proteja a deudores que, a pesar de encontrarse en una situaci髇 de especial vulnerabilidad, no eran beneficiarios hasta este momento de la suspensi髇.

De esta forma, cualquier proceso judicial de ejecuci髇 hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos queda afectado por esta medida. As�, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, impide que se proceda al lanzamiento que culminar韆 con el desalojo de personas vulnerables, sin alterar el procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria.

La suspensi髇 de los lanzamientos beneficia a las personas que se encuentren dentro de una situaci髇 de especial vulnerabilidad y que por dicho motivo requieren de una especial protecci髇, conforme a lo definido en el art韈ulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Estas personas son, con la norma actualmente en vigor, aquellas pertenecientes a familias numerosas, familias monoparentales con hijos a cargo o de las que forme parte un menor de edad, familias en las que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situaci髇 de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en situaci髇 de desempleo, familias en las que convivan una o m醩 personas unidas con el titular de la hipoteca o su c髇yuge por v韓culo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situaci髇 personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral y familias en las que exista una v韈tima de violencia de g閚ero. Tambi閚 se beneficia de dicha medida el deudor mayor de 60 a駉s.

Adem醩, este real decreto-ley ampl韆 el colectivo de posibles beneficiarios, por un lado, estableciendo entre los supuestos de especial vulnerabilidad a las familias monoparentales aunque tengan solo un hijo a cargo y, por otro, incrementando el l韒ite de ingreso m醲imo de la unidad familiar que sirve de referencia para determinar la vulnerabilidad en t閞minos del Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples en funci髇 del n鷐ero de hijos y de si es una familia monoparental. La norma tambi閚 extiende su aplicaci髇 de forma que la suspensi髇 produce sus efectos cualquiera que sea el adjudicatario de la vivienda, sea este persona f韘ica o jur韉ica, y no solo cuando se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier persona que actuase por su cuenta, como ocurr韆 hasta este momento.

II

Tambi閚 se modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en lo que al r間imen jur韉ico de la Sociedad de Gesti髇 de Activos Procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria, S.A. (SAREB), se refiere. Esta sociedad se constituy� en el a駉 2012 con la aprobaci髇 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito, posteriormente convalidado y sustituido por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, que ha sido desarrollada por el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos. SAREB se constituye como una sociedad an髇ima que presenta determinadas particularidades derivadas de su objeto social singular, que no es otro que el de la liquidaci髇 en las mejores condiciones posibles de la cartera de activos que le fueron transferidos, y del inter閟 p鷅lico derivado de su actividad. Ambas finalidades dan lugar a que SAREB, si bien se rige con car醕ter general por la normativa de las sociedades mercantiles de capital, presente necesariamente un r間imen jur韉ico especial en determinados aspectos que resultan imprescindibles para dar cumplimiento a su fin social.

Hasta el momento, SAREB est� cumpliendo su mandato. Adem醩, como parte de su responsabilidad social corporativa, SAREB cuenta con un programa de promoci髇 de vivienda social, con un parque habilitado de 4.000 viviendas para fines sociales, que pretende ser ampliado y complementado a corto plazo, lo que podr� realizarse siempre que la sociedad pueda seguir funcionando y desempe馻ndo su actividad.

A los efectos de la continuaci髇 de la consecuci髇 de sus objetivos y con el fin de que SAREB prosiga llevando a cabo su fundamental labor liquidatoria con normalidad, es necesario complementar de manera urgente el r間imen jur韉ico previsto para esta sociedad mediante la modificaci髇 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, a los efectos de la no aplicaci髇 de lo previsto en el art韈ulo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. El art韈ulo 363.1.e) regula la disoluci髇 por causa de reducci髇 del patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. La necesidad de la no aplicaci髇 de esta causa de resoluci髇 a SAREB viene exigida por el mandato legal de desinversi髇 en un determinado plazo, y maximizando la recuperaci髇 de valor, de todos los activos que le han sido transmitidos y que forman parte de su patrimonio neto. Esta particularidad hace imprescindible adaptar a su r間imen jur韉ico especial las causas de disoluci髇 previstas con car醕ter general a las sociedades mercantiles de capital que, por contraposici髇 al fin de SAREB, realizan su actividad con car醕ter indefinido en el tiempo, ajeno por tanto al car醕ter liquidador de sus activos que presenta el fin 鷏timo de SAREB.

III

Este Real Decreto-Ley modifica de igual forma el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se modifica la disposici髇 adicional cuarta de dicho real decreto para ampliar el tipo de entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su transformaci髇 en bancos. Con la redacci髇 actualmente en vigor, se permite la transformaci髇 en banco de dos tipos de entidades: las cooperativas de cr閐ito y los establecimientos financieros de cr閐ito. Sin embargo, resulta fundamental ampliar las categor韆s de entidades financieras que pueden solicitar la transformaci髇.

En primer lugar, se hace necesario por la incertidumbre derivada de la negociaci髇 y la posible falta de acuerdo que regule las relaciones entre la Uni髇 Europea y el Reino Unido despu閟 del periodo transitorio que vence el 31 de diciembre de 2020. Esta eventualidad supondr韆 que las entidades financieras tendr韆n que modificar su modelo de negocio e iniciar el proceso de autorizaci髇 para ampliar sus negocios financieros en Espa馻. Dentro de estas necesidades, destaca la posibilidad de transformarse en banco. En la evoluci髇 del sector financiero en los 鷏timos a駉s, se viene observando una misma tendencia clara en diversos pa韘es: cuando entidades de pago, dinero electr髇ico o empresas de servicios de inversi髇 alcanzan un cierto tama駉, optan por crecer transform醤dose en bancos, lo que les permite el acceso a la financiaci髇 del banco central o a la de los dep髎itos del p鷅lico, a cambio de unos requisitos m醩 exigentes. En un contexto en el que las entidades est醤 plante醤dose sus decisiones de relocalizaci髇, precisamente por la salida del Reino Unido de la Uni髇 Europea, resulta urgente y necesario eliminar la desventaja competitiva que supone que las entidades se vean avocadas a la adquisici髇 de filiales bancarias o la reestructuraci髇 en lugar del sometimiento a un procedimiento de transformaci髇 como ocurre en el resto de la Uni髇 Europea. N髏ese adem醩 que aunque no ser� hasta diciembre cuando finalice el per韔do transitorio de la salida del Reino Unido de la Uni髇 Europea, en la medida que las decisiones de localizaci髇 se ejecutan a lo largo de varios meses, resulta necesario acometer esta reforma de forma inmediata para que las entidades tengan tiempo suficiente para acometer su transformaci髇.

En segundo lugar, porque esta imposibilidad de transformaci髇 en banco es una peculiaridad dom閟tica que no existe en el resto de estados miembros de la Uni髇 Europea y que lastra significativamente la competitividad del sistema financiero espa駉l. En efecto, en un contexto de creciente movilidad geogr醘ica de estas empresas, muchas de las cuales est醤 valorando en la actualidad el traslado de su domicilio social a otros Estados miembros de la Uni髇 Europea, la existencia de un marco regulatorio cierto y estable deviene una condici髇 absolutamente imprescindible que determina sus decisiones de inversi髇.

En tercer lugar, la entrada en vigor de un nuevo r間imen prudencial para las empresas de servicio de inversi髇 tras la aprobaci髇 de la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 y el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 obliga a aplicar el r間imen prudencial de las entidades de cr閐ito o solicitar la autorizaci髇 como entidad de cr閐ito cuando se superen determinados umbrales.

Hay que tener en cuenta que la ampliaci髇 del tipo de entidades que pueden transformarse en bancos seguir� contando con las garant韆s necesarias para asegurar que la transformaci髇 no lesiona en modo alguno los derechos e intereses de los inversores y no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero espa駉l. En primer lugar, porque esta posibilidad se extiende a otros tipos de entidades financieras que, por su r間imen jur韉ico, tambi閚 est醤 en principio en condiciones de asumir el exigente r間imen legal de los bancos. Y en segundo lugar, porque, l骻icamente, las autoridades supervisoras continuar醤 autorizando la transformaci髇 鷑icamente si se cumplen todos los dem醩 requisitos legales y reglamentarios relativos a la autorizaci髇 aplicable en cada caso concreto.

IV

Desde que la Organizaci髇 Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situaci髇 en relaci髇 al COVID-19 supon韆 una emergencia de salud p鷅lica de importancia internacional, y seg鷑 han comenzado a aparecer los primeros casos en nuestro pa韘, se hace necesario adoptar una serie de medidas que no pueden demorarse para garantizar la protecci髇 social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad, as� como para garantizar el abastecimiento del material necesario en nuestro sistema nacional de salud.

En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propagaci髇 de la enfermedad y mantener la protecci髇 social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendr醤 la consideraci髇 de situaci髇 asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestaci髇 econ髆ica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

Por otro lado como medida para prever casos de posibles desabastecimientos, la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, prev� en su art韈ulo cuarto.a) que cuando un medicamento o producto sanitario se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribuci髇, la Administraci髇 Sanitaria del Estado, temporalmente, podr� establecer el suministro centralizado por la Administraci髇.

No obstante, las excepcionales dificultades de abastecimiento existentes en nuestro sistema nacional de salud, conllevan que la habilitaci髇 conferida al Estado para poder llevar a cabo el suministro centralizado de medicamentos y productos sanitarios sea insuficiente para poder garantizar el adecuado abastecimiento del material necesario para la prevenci髇 del COVID-19 en nuestro sistema nacional de salud, siendo preciso extender esta habilitaci髇 a otros productos necesarios para la protecci髇 de la salud que no tengan la naturaleza de producto sanitario, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Por ello, se hace necesario modificar dicha Ley Org醤ica.

V

Este real decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva, y se estructura en dos cap韙ulos que comprenden cinco art韈ulos y dos disposiciones finales.

El cap韙ulo primero comprende los art韈ulos primero, segundo y tercero. En el art韈ulo primero se modifica la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, a los efectos de la no aplicaci髇 a SAREB de lo previsto en el art韈ulo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

El art韈ulo segundo modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, ampl韆 el plazo y el colectivo beneficiado de la suspensi髇 de los lanzamientos. En este sentido, se prolonga la vigencia de la suspensi髇 de los lanzamientos por cuatro a駉s m醩 para personas que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecuci髇 hipotecaria se hubiera adjudicado la vivienda a cualquier persona, no s髄o al acreedor o a un tercero que act鷈 por cuenta de este, como ocurr韆 en el texto modificado. Al mismo tiempo, se incluye entre los colectivos vulnerables las familias monoparentales que tengan un solo hijo a cargo. Por 鷏timo, aumenta el l韒ite de ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales o en 0,10 veces el IPREM para el resto de familias.

El art韈ulo tercero modifica el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, ampliando el tipo de entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su transformaci髇 en bancos.

Por su parte, el cap韙ulo segundo est� constituido por el art韈ulo cuarto y el art韈ulo quinto. En el art韈ulo cuarto se modifica la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica para establecer el abastecimiento centralizado por el Estado de productos sanitarios distintos de los medicamentos. Finalmente, el art韈ulo quinto contempla, con el fin de proteger la salud p鷅lica, como situaci髇 asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestaci髇 econ髆ica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

La disposici髇 final primera mantiene el rango de las modificaciones realizadas en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, posibilitando que en el futuro puedan ser modificadas por real decreto. La disposici髇 final segunda recoge, por su parte, la entrada en vigor.

VI

La adopci髇 de medidas de car醕ter econ髆ico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura econ髆ica exige una r醦ida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilaci髇 en el tiempo de la adopci髇 de la medida de que se trate mediante una tramitaci髇 por el cauce normativo ordinario podr韆 generar alg鷑 perjuicio–.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Como se ha expuesto concurren en este caso circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobaci髇 de este real decreto-ley exigidas por el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la. En el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situaci髇 de aquellas familias que contin鷄n sufriendo la adversidad econ髆ica, lo que justifica que las modificaciones de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. El plazo previsto finalizar� el 15 de mayo de 2020 por lo que recurrir al real decreto-ley como veh韈ulo normativo para ampliar este plazo por otros cuatro a駉s, est� totalmente justificado. Asimismo, la falta de ajuste del umbral de vulnerabilidad desde que se aprob� la medida en 2012 puede estar provocando el lanzamiento injustificado de personas que en realidad formar韆n parte de este colectivo.

Igualmente concurren estas circunstancias en relaci髇 con la introducci髇 de la modificaci髇 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Transcurrido algo m醩 de la mitad del plazo para el que fue creada SAREB (el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, establece su duraci髇 en 15 a駉s, hasta el 28 de noviembre de 2027) y atendiendo al grado de desinversi髇 alcanzado en el momento actual, y ante los riesgos derivados de un mercado como el inmobiliario con cierto grado de volatilidad, hace necesario evitar que SAREB pudiera llegar eventualmente a encontrarse en una causa legal de disoluci髇, lo que impedir韆 el desarrollo normal de su actividad y, en definitiva, alcanzar en su totalidad los objetivos para los que fue creada la sociedad. Y, en particular, podr韆 verse frustrado el programa de promoci髇 de vivienda social que tiene previsto desarrollar en el corto plazo, cuyo desarrollo e implementaci髇 tiene un marcado inter閟 social en la situaci髇 del mercado inmobiliario actual.

Tambi閚 concurren las causas de extraordinaria y urgente necesidad en el nuevo r間imen establecido por el art韈ulo tercero, que permite una transformaci髇 y ampliaci髇 ordenada de las actividades de determinadas entidades financieras y sucursales en Espa馻 ante el riesgo de falta de acuerdo sobre las relaciones futuras entre la Uni髇 Europea y Reino Unido. Esta disposici髇 iguala el r間imen de transformaci髇 en bancos de cooperativas de cr閐ito, establecimientos financieros de cr閐ito, sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electr髇ico. La actual coyuntura econ髆ica con una fuerte competencia para atraer inversiones y empresas en el contexto de la retirada de la Uni髇 Europea del Reino Unido obliga a adoptar medidas con car醕ter inmediato. La tramitaci髇 de esta disposici髇 mediante la v韆 legislativa ordinaria supondr韆 situar en desventaja al sistema financiero espa駉l en un contexto con riesgos y oportunidades frente a los pa韘es de nuestro entorno. Reino Unido es, adem醩, el primer destino de nuestra inversi髇 extranjera directa, muy concentrada en el sector financiero, por lo que su retirada podr韆 afectar de manera notable a nuestro sistema financiero.

En lo que respecta a los art韈ulos cuarto y quinto de este real decreto-ley, en el actual escenario de contenci髇 y prevenci髇 del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagaci髇 para proteger la salud p鷅lica y la actual indefinici髇 de las bajas por aislamiento o contagio a efectos de las prestaciones econ髆icas sociales, pues supone un perjuicio para los ciudadanos y un riesgo para la salud p鷅lica. Igualmente, se ha detectado que el desabastecimiento de productos necesarios para la protecci髇 de la salud constituye un riesgo para la salud p鷅lica, cabe se馻lar que existen razones sanitarias que justifican la urgente y extraordinaria necesidad previstas en el art韈ulo 86.1 de nuestra Constituci髇, que fundamentan la modificaci髇 prevista del art韈ulo cuarto de la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n鷐. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur韉ica, la protecci髇 de los colectivos especialmente vulnerables de nuestra sociedad y la salud p鷅lica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning鷑 caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Debe se馻larse tambi閚 que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

Los motivos expuestos justifican cumplidamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciaci髇 que, en cuanto 髍gano de direcci髇 pol韙ica del Estado, le reconoce el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇. Concurren tambi閚 las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido para la tramitaci髇 parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).

VII

Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, este real decreto-ley es el instrumento 髉timo para mantener el nivel de protecci髇 de los deudores hipotecarios que se encuentran en situaci髇 de vulnerabilidad que, ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, fueron demandados por sus acreedores y fueron despojados de la propiedad de su vivienda. En efecto, en todos estos casos, la necesidad de que puedan continuar habitando la que fue su vivienda hace imprescindible que se prolongue la paralizaci髇 de los lanzamientos y se ajuste el umbral de vulnerabilidad. Asimismo, tambi閚 es el instrumento 髉timo en relaci髇 con la modificaci髇 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, dado que es necesaria para la consecuci髇 del objetivo fundamental de SAREB. Finalmente, tambi閚 lo es en relaci髇 con la modificaci髇 de la disposici髇 adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, ya que es necesaria para eliminar un obst醕ulo idiosincr醫ico de la normativa nacional que dificulta la transformaci髇 en bancos, que se ha constituido en un elemento de competitividad en un contexto global. La necesidad y eficacia de la modificaci髇 de la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, se revela en la medida que se ha detectado que el desabastecimiento de productos necesarios para la protecci髇 de la salud constituye un riesgo para la salud p鷅lica en el escenario actual de contenci髇 y prevenci髇 del COVID-19 y se propone una medida puntual y concreta para paliar esta situaci髇. Por 鷏timo, a trav閟 de este mecanismo normativo se puede atender la necesidad de asimilar de forma excepcional como accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 a los efectos de gozar de la prestaci髇 econ髆ica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

En cuanto al principio de proporcionalidad, se trata de una modificaci髇 puntual, precisa y clara de cinco aspectos que respectivamente requieren una acci髇 normativa inmediata a fin de garantizar la protecci髇 de los colectivos vulnerables, el mantenimiento de la actividad de SAREB, la transformaci髇 ordenada de las actividades de entidades financieras en el contexto de la salida del Reino Unido de la Uni髇 Europea y garantizar la salud p鷅lica en el contexto generado por el COVID-19 mediante la mejor alternativa posible. Debe destacarse tambi閚 que, respetando el principio de proporcionalidad, en lo que se refiere a la modificaci髇 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se ha optado precisamente por modificar el real decreto en lugar de elevar el rango, realizando la alteraci髇 m韓ima imprescindible del r間imen actual en el que dicho real decreto es quien regula los aspectos m醩 sustantivos de la autorizaci髇 de entidades de cr閐ito.

En cuanto al principio de seguridad jur韉ica, este real decreto-ley establece la regulaci髇 m韓ima imprescindible para el cumplimiento de sus fines, es coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, tanto nacional, como de la Uni髇 Europea y no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias. Las modificaciones que se introducen en la normativa de entidades de cr閐ito y de protecci髇 de los deudores hipotecarios permiten generar un marco normativo estable, integrado y claro.

En cuanto al principio de transparencia, la norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica que no son aplicables a la tramitaci髇 y aprobaci髇 de decretos-leyes. Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, y de los Ministros de Sanidad e Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 10 de marzo de 2020,

DISPONGO:

CAP蚑ULO I
Medidas en materia econ髆ica

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito

El apartado 3 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, queda redactado de la siguiente forma:

�3. Esta sociedad se constituir� por un periodo de tiempo limitado, que se determinar� reglamentariamente, y no le ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, reglamentariamente se podr� determinar o, en su caso, atribuir al FROB la determinaci髇 del importe inicial de capital social y la prima de emisi髇.�

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Art韈ulo segundo Modificaci髇 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social

Uno. El p醨rafo primero del apartado 1 del art韈ulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda redactado como sigue:

�1. Hasta transcurridos once a駉s desde la entrada en vigor de esta Ley, no proceder� el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecuci髇 hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona f韘ica o jur韉ica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias econ髆icas previstas en este art韈ulo.�

LE0000505327_20200312

Dos. La letra b) del apartado 2 del art韈ulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda redactada del siguiente modo:

• 玝) Unidad familiar monoparental con al menos un hijo a cargo.�

LE0000505327_20200312

Tres. La letra a) del apartado 1 del art韈ulo 3 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, queda redactada como sigue:

• 玜) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el l韒ite de tres veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas. Dicho l韒ite ser� de cuatro veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con par醠isis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad f韘ica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as� como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. El l韒ite definido para cada caso se incrementar� por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en:
  • i. 0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales;
  • ii. 0,10 veces el IPREM para el resto de familias.�

LE0000505327_20200312

Art韈ulo tercero Modificaci髇 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci髇, supervisi髇 y solvencia de entidades de cr閐ito

La disposici髇 adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero queda redactada como sigue:

獶isposici髇 adicional cuarta Autorizaci髇 para la transformaci髇 en bancos de sociedades ya constituidas

La autorizaci髇 para la transformaci髇 en un banco podr� otorgarse a sociedades ya constituidas 鷑icamente cuando se trate de cooperativas de cr閐ito, establecimientos financieros de cr閐ito, sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electr髇ico.

Para obtener la autorizaci髇 ser� necesario cumplir los requisitos previstos en el t韙ulo I, cap韙ulo I de este real decreto, pero en relaci髇 con el art韈ulo 4.b), se entender� cumplido siempre que la suma del patrimonio neto resultante del balance correspondiente al a駉 anterior a la solicitud de transformaci髇, que necesariamente habr� de estar auditado, y de las aportaciones en efectivo alcancen 18 millones de euros.

Adem醩, en la autorizaci髇 se podr� dispensar del cumplimiento de las limitaciones temporales previstas en el art韈ulo 8.�

LE0000546306_20220101

CAP蚑ULO II
Medidas para la protecci髇 de la salud p鷅lica

Art韈ulo cuarto Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica

Se modifica el art韈ulo cuarto de la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, que queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo cuarto

Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protecci髇 de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribuci髇, la Administraci髇 Sanitaria del Estado, temporalmente, podr�:

• a) Establecer el suministro centralizado por la Administraci髇.
• b) Condicionar su prescripci髇 a la identificaci髇 de grupos de riesgo, realizaci髇 de pruebas anal韙icas y diagn髎ticas, cumplimentaci髇 de protocolos, env韔 a la autoridad sanitaria de informaci髇 sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.�

LE0000008187_20200312

Art韈ulo quinto Consideraci髇 excepcional como situaci髇 asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricci髇 en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19

1. Al objeto de proteger la salud p鷅lica, se considerar醤, con car醕ter excepcional, situaci髇 asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestaci髇 econ髆ica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contra韉o con causa exclusiva en la realizaci髇 del trabajo en los t閞minos que se馻la el art韈ulo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso ser� calificada como accidente de trabajo.

Con el mismo car醕ter excepcional, con efectos desde el inicio de la situaci髇 de restricci髇 de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente parte de baja, se extender� esta protecci髇 a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma telem醫ica por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestaci髇 p鷅lica.

La acreditaci髇 del acuerdo de restricci髇 de la poblaci髇 donde el trabajador tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegaci髇 de la posibilidad de desplazamiento se realizar� mediante certificaci髇 expedida por el ayuntamiento del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricci髇 ante el correspondiente 髍gano del servicio p鷅lico de salud.

De igual forma, la imposibilidad de realizaci髇 del trabajo de forma telem醫ica se acreditar� mediante una certificaci髇 de la empresa o una declaraci髇 responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo 髍gano del servicio p鷅lico de salud.

En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, adem醩 de lo previsto en el p醨rafo anterior, se requerir� acreditar:

• a) El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.
• b) Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por la restricci髇, mediante la correspondiente certificaci髇 de la empresa.
• c) Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificaci髇 de la empresa.

2. La duraci髇 de esta prestaci髇 excepcional vendr� determinada por el parte de baja y la correspondiente alta.

Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el art韈ulo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la poblaci髇 en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se expedir� un parte de baja con efectos desde la fecha de inicio de la restricci髇 y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.

De tratarse de trabajadores por cuenta propia o aut髇omos, cuando la restricci髇 adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidi閚doles totalmente la realizaci髇 de su actividad, el derecho a la prestaci髇 comenzar� con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricci髇 y durar� hasta la fecha de finalizaci髇 de la misma, no pudiendo, en ning鷑 caso, durar m醩 all� de la fecha de finalizaci髇 del estado de alarma.

Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se hubieren percibido as� como con el derecho a cualquier otra prestaci髇 econ髆ica de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales. En estos supuestos se percibir� la prestaci髇 de la Seguridad Social distinta al subsidio previsto en el presente art韈ulo.

A efectos de lo previsto en el p醨rafo anterior, el trabajador deber� presentar ante el correspondiente 髍gano del servicio p鷅lico de salud, certificaci髇 de la empresa acreditativa de la no percepci髇 de salarios.

3. Podr� causar derecho a esta prestaci髇 la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situaci髇 de alta en cualquiera de los reg韒enes de Seguridad Social.

4. La fecha hecho causante ser� la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricci髇 o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

LE0000702807_20210711 Art韈ulo quinto redactado por la disposici髇 final d閏ima de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (獴.O.E.� 10 julio).Vigencia: 11 julio 2021

DISPOSICIONES FINALES