Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Org醤ica.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La Constituci髇, en sus art韈ulos 9.3 y 25, establece los principios de legalidad y tipicidad como fundamentos del ordenamiento jur韉ico penal, principios que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concretado y desarrollado de manera muy clara. Ambos principios tienen como finalidad garantizar la seguridad jur韉ica de los ciudadanos, a la que hace expresa menci髇 tambi閚 el art韈ulo 9.3 de la Constituci髇.

De acuerdo con ellos, el ciudadano tiene derecho a saber con certeza jur韉ica qu� es delito o falta y qu� no lo es. El mismo derecho tiene a saber cu醠 es la pena que le corresponde a la acci髇 tipificada en la norma penal como delito o falta.

Consecuencia l骻ica de estos derechos y exigencia necesaria del principio de seguridad jur韉ica que rige nuestro ordenamiento, es el derecho del ciudadano a conocer con certeza cu醠 es la forma en la que se van a aplicar las penas, a saber, en definitiva, en qu� se va a traducir en la pr醕tica la pena o sanci髇 impuesta.

La realidad diaria y la experiencia ponen de manifiesto c髆o en el cumplimiento de las penas existen amplios 醡bitos de discrecionalidad, 醡bitos variables en los que resulta oportuno, seg鷑 la mejor doctrina, establecer reglas para hacer un pron髎tico m醩 certero de la pena a cumplir.

Esta ley org醤ica se dirige a perfeccionar el ordenamiento jur韉ico con el fin de concretar la forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera 韓tegra y efectiva y, en consecuencia, dar mayor protagonismo al principio de seguridad jur韉ica en esta materia, siempre desde el escrupuloso respeto a los principios contenidos en el art韈ulo 25 de la Constituci髇.

II

Pero, adem醩 de asegurar este derecho, la ley persigue un claro objetivo, conforme con su propia naturaleza penal: el de lograr una lucha m醩 efectiva contra la criminalidad. Como ha se馻lado autorizada doctrina penal, el mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, de modo que la certeza de un castigo, aunque 閟te sea moderado, surtir� m醩 efecto que el temor de otro m醩 severo unido a la esperanza de la impunidad o de su incumplimiento.

La sociedad demanda una protecci髇 m醩 eficaz frente a las formas de delincuencia m醩 graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad, protecci髇 que el Estado de Derecho no s髄o puede sino que tiene la obligaci髇 de proporcionar. La flexibilidad en el cumplimiento de las penas y los beneficios penitenciarios tienen su raz髇 de ser en el fin de reinserci髇 y reeducaci髇 del delincuente constitucionalmente consagrado, pero, precisamente por ello, la legislaci髇 debe evitar que se conviertan en meros instrumentos al servicio de los terroristas y los m醩 graves delincuentes para lograr un fin bien distinto.

III

En primer lugar, se reforma el art韈ulo 36 del C骴igo Penal para introducir en nuestro ordenamiento el conocido como 玴er韔do de seguridad� en otros derechos europeos, el cual, en s韓tesis, significa que en determinados delitos de cierta gravedad el condenado no podr� acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la pena impuesta.

Esta reforma procede de las propuestas elevadas por la comisi髇 t閏nica para el estudio de la reforma del sistema de penas. Se considera necesaria la introducci髇 de esta figura en nuestro ordenamiento penal, que sirve de puente entre este ordenamiento y el penitenciario, ya que, a la hora de determinar la proporcionalidad de las penas, su concreta extensi髇 y su adecuaci髇 a los fines de prevenci髇 general y especial, no pueden hacerse propuestas al margen de la legislaci髇 penitenciaria. En efecto, el sistema de progresi髇 de grados, permisos, r間imen abierto y concesi髇 de libertad condicional puede hacer que la pena prevista por el C骴igo Penal y fijada en la sentencia quede muy distante de la efectivamente cumplida.

A fin de resolver esta situaci髇, al menos en lo tocante a los delitos de mayor gravedad, se establece en el art韈ulo 36 del C骴igo Penal la precisi髇 de que, cuando se imponga una pena de prisi髇 superior a cinco a駉s, el condenado no podr� ser clasificado en el tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta. Ello no obstante, se introduce la previsi髇 de que el juez de vigilancia podr� acordar bien su mantenimiento, bien la aplicaci髇 del r間imen general de cumplimiento.

IV

En segundo lugar, se reforma el art韈ulo 76 del C骴igo Penal para modificar el l韒ite m醲imo de cumplimiento de las penas elev醤dolo a 40 a駉s para los supuestos en que se cometan dos o m醩 delitos de terrorismo, estando alguno de ellos castigado con pena de prisi髇 superior a 20 a駉s, lo que encaja en los casos en que se cometen atentados terroristas causando la muerte de personas.

Igualmente se eleva a 40 a駉s el l韒ite m醲imo de cumplimiento de las penas en los supuestos de que se hayan cometido dos o m醩 delitos de especial gravedad, castigados por la ley con m醩 de 20 a駉s de prisi髇.

La reforma supone ampliar el l韒ite m醲imo de cumplimiento de penas a 40 a駉s, desde el respeto escrupuloso al principio de que el cumplimiento de todas las penas correspondientes a todos los delitos cometidos por el mismo autor podr韆 privar en algunos supuestos de efectos a los principios constitucionales de cumplimiento de las penas. Sin embargo, tambi閚 es cierto que existen determinados delitos que por su especial gravedad, la naturaleza del bien jur韉ico lesionado, la reincidencia con que los cometen sus autores, as� como por el hecho de que puedan llevarse a cabo por bandas organizadas con el 鷑ico fin de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz p鷅lica o atemorizar con estos fines a los habitantes de una poblaci髇 o a los miembros de un colectivo social, pol韙ico o profesional, exigen una respuesta m醩 contundente del ordenamiento jur韉ico penal.

M醩 a鷑 cuando, en la pr醕tica, las reglas que el C骴igo Penal estableci� con el fin constitucional de dar cumplimiento a principios generales del ordenamiento jur韉ico penal se est醤 utilizando, precisamente, para vulnerar dichos principios, convirti閚dose en instrumentos que los terroristas utilizan en su beneficio en su constante vulneraci髇 de las reglas y principios del Estado de Derecho.

V

La ley reforma el art韈ulo 78 del C骴igo Penal para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificaci髇 en tercer grado y el c髆puto de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de cr韒enes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

Se trata de activar una respuesta penal m醩 efectiva frente a los autores de cr韒enes muy graves, que adem醩 han cometido una pluralidad de delitos, es decir, frente a aquellos que se encuentren en los l韒ites m醲imos se馻lados por el art韈ulo 76 del C骴igo Penal (25, 30 � 40 a駉s de cumplimiento efectivo de condena a pena de prisi髇) y siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. Cuando no lleguen a entrar en juego estos l韒ites m醲imos, debe mantenerse plenamente la facultad decisoria del juez o tribunal ya se馻lada al principio.

Con esta regla y frente a supuestos de condenas a 100, 200 � 300 a駉s, el delincuente cumplir� en la pr醕tica de forma 韓tegra y efectiva el l韒ite m醲imo de condena.

Adem醩, se incorporan igualmente los per韔dos m韓imos de cumplimiento efectivo de las condenas que permitir韆n acceder a los beneficios penitenciarios, siempre que concurran las condiciones que con car醕ter general se precisan en la ley. En los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el juez de vigilancia penitenciaria podr� acordar la concesi髇 de un tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del l韒ite m醲imo de cumplimiento de la condena impuesta, y podr� acordar la concesi髇 de la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado l韒ite.

VI

Se modifican, igualmente, en el C骴igo Penal los art韈ulos 90 y 91 relativos a la libertad condicional. Con esta modificaci髇 se trata de mejorar t閏nicamente los supuestos de otorgamiento de dicha libertad condicional y su adaptaci髇 a las distintas modalidades delictivas.

As�, se refuerza la necesidad de valorar en su conjunto todas las circunstancias a las que hace referencia el art韈ulo antes de adoptar la decisi髇 de conceder la libertad condicional. De este modo, el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no es el 鷑ico requisito determinante, sino que debe ser valorado junto con las dem醩 circunstancias contempladas en el precepto. Igualmente, se introduce el criterio de la satisfacci髇 de las responsabilidades civiles en los supuestos y en los t閞minos previstos en la Ley Org醤ica General Penitenciaria. Por 鷏timo, tambi閚 se explicitan las circunstancias que deben considerarse a la hora de conceder la libertad condicional en los casos de delitos de terrorismo y criminalidad organizada.

Con todo ello se consigue dotar de una mayor seguridad jur韉ica a la virtualidad de este beneficio penitenciario.

Asimismo, se modifica el art韈ulo 93 del C骴igo Penal, con el fin de que en caso de incumplimiento de las condiciones y reglas de conducta que permitieron obtener la libertad condicional, cuando se trate de delitos de terrorismo, el penado cumpla el tiempo que reste del cumplimiento de condena con p閞dida del tiempo pasado en libertad condicional.

VII

Se introduce un nuevo apartado en la disposici髇 adicional quinta de la Ley Org醤ica del Poder Judicial, en el que se establece el efecto suspensivo del recurso contra resoluciones en materia de clasificaci髇 de penados o concesi髇 de libertad provisional para evitar la posibilidad de que la excarcelaci髇 se produzca sin la intervenci髇 del 髍gano jurisdiccional 玜d quem�, en los casos de delitos graves, para evitar que una excarcelaci髇 inmediata por una decisi髇 de libertad condicional haga ineficaz la resoluci髇 que en virtud de un recurso de apelaci髇 pueda dictarse.

No se desconoce con esta previsi髇 la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la eficacia inmediata de las resoluciones que acuerdan la libertad provisional. Sin embargo, el supuesto normado es distinto, pues no se parte de una situaci髇 de libertad que ha quedado interrumpida por una decisi髇 judicial que no ha reca韉o sobre el fondo, sino de una situaci髇 de cumplimiento de pena por resoluci髇 judicial de condena que puede verse interrumpida por un cambio en el r間imen de aplicaci髇 de la pena. La diferencia es que en este caso la falta de libertad es la consecuencia inherente a la pena impuesta y la libertad supone una excarcelaci髇 anticipada como consecuencia de una progresi髇 de grado o un acuerdo de libertad condicional. Por otro lado, con el fin de asegurar que el efecto suspensivo del recurso dure lo menos posible, se prev� que el 髍gano 玜d quem� pueda pronunciarse sobre la puesta en libertad y que la tramitaci髇 del recurso sea preferente y urgente.

VIII

En la Ley Org醤ica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se introducen dos nuevos apartados en el art韈ulo 72, en cuya virtud la clasificaci髇 o progresi髇 al tercer grado de tratamiento requerir�, adem醩 de los requisitos previstos por la ley, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que muestre signos inequ韛ocos de haber abandonado la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el terrorismo.

El primer apartado exige la satisfacci髇 de la responsabilidad civil como requisito para alcanzar el tercer grado, teniendo en cuenta que el pron髎tico favorable de reinserci髇 social que preside la concesi髇 de este grado de tratamiento debe considerar la conducta efectivamente observada por el penado en orden a restituir lo sustra韉o, reparar el da駉 e indemnizar los perjuicios materiales y morales, as� como las garant韆s de que las satisfaga con el patrimonio que pudiese llegar a adquirir en tanto no haya satisfecho su responsabilidad.

Esta exigencia se justifica plenamente en aquellos delitos que han permitido al culpable obtener un importante enriquecimiento il韈ito y no se satisfacen las responsabilidades pecuniarias fijadas en sentencia a causa de haber ocultado el penado su patrimonio. Por ello, se aplicar� esta norma, singularmente, cuando el interno hubiera sido condenado por la comisi髇 de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioecon髆ico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas, por delitos contra los derechos de los trabajadores, por delitos de terrorismo, por delitos contra la Hacienda P鷅lica y contra la Seguridad Social, as� como delitos contra la Administraci髇 p鷅lica comprendidos en los cap韙ulos V al IX del t韙ulo XIX del libro II del C骴igo Penal.

En el segundo apartado, la clasificaci髇 en el tercer grado penitenciario en el caso de penados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales exige que los terroristas hayan satisfecho su responsabilidad civil en los t閞minos del apartado anterior, as� como que hayan abandonado la actividad terrorista y hayan colaborado activamente con las autoridades para la obtenci髇 de pruebas o la identificaci髇 de otros terroristas, en los t閞minos previstos en la Decisi髇 marco del Consejo de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.

IX

Dentro de la misma filosof韆 de garantizar la seguridad jur韉ica en el cumplimiento efectivo del contenido de las sentencias penales, se reforma el art韈ulo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar a la Administraci髇 de Justicia de m醩 medios legales que le permitan una eficaz ejecuci髇 de las sentencias.

A tal fin, los jueces y tribunales podr醤 encomendar a la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigaci髇 patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presentes y que vaya adquiriendo en el futuro el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia.

X

Por 鷏timo, mediante la disposici髇 transitoria 鷑ica, la ley establece que los criterios objetivos de acceso a los beneficios penitenciarios se apliquen a quienes cumplen en el momento de su entrada en vigor penas de prisi髇 por delitos de terrorismo sin que se modifiquen, en estos casos, los plazos y dem醩 condiciones por las que hasta ese momento se reg韆n las condiciones de dichos beneficios.

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley org醤ica.