Art�culo 1

Las Instituciones Penitenciarias Militares reguladas en el presente Reglamento tienen como finalidad primordial la reeducaci�n de los internos en orden a su reincorporaci�n a las Fuerzas Armadas o, en su caso, a su reinserci�n social, as� como la retenci�n y custodia de los detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos.

Art�culo 2

Los condenados a penas privativas de libertad y los presos preventivos y detenidos gvzar�n de los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci�n y dem�s derechos que les conceda el resto del ordenamiento Jur�dico a excepci�n de los que se vean expresamente limitados por el contenido de la resoluci�n judicial, del fallo condenatorio y sus efectos.

El r�gimen de prisi�n preventiva tiene por objeto retener al interno a disposici�n de la autoridad judicial. El principio constitucional de la presunci�n de inocencia presidir� el r�gimen penitenciario de los internos preventivos o provisionales y de los detenidos.

Art�culo 3

Se garantiza la libertad ideol�gica y religiosa de los internos y su derecho al honor, a ser designados por su propio nombre, a la intimidad personal, a la informaci�n, a la educaci�n y a la cultura, al desarrollo integral de su personalidad y a elevar peticiones y recursos a las autoridades.

Los responsables de los establecimientos penitenciarios velar�n por la vida, integridad y salud de los internos y les facilitar�n el ejercicio de sus derechos civiles, pol�ticos, sociales, econ�micos y culturales, sin exclusi�n del derecho de sufragio, salvo que sean incompatibles con el objeto de su detenci�n, prisi�n o cumplimiento de la condena. Asimismo. velar�n por el ejercicio del derecho al trabajo y a las prestaciones del R�gimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y por el reconocimiento y respeto de cualesquiera otros que tuviera adquiridos.

Art�culo 4

Los establecimientos penitenciarios militares, sin perjuicio de su condici�n de Instituciones penitenciarias, ser�n unidades de Fuerzas Armadas que se acomodar�n a la estructura y r�gimen general de dichas unidades. Depender�n org�nica y administrativamente de la Secretar�a de Estado de Administraci�n Militar, quien determinar� su n�mero y ubicaci�n y facilitar� los medios personales, materiales y econ�micos para su adecuado funcionamiento.

Art�culo 4 derogado en cuanto se oponga a lo dispuesto en el R.D. 915/2002, de 6 de septiembre, sobre organizaci�n y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa (�B.O.E.� 7 septiembre).

Art�culo 5

El r�gimen de los establecimientos penitenciarios militares tendr� como finalidad conseguir una convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines previstos por la legislaci�n procesal penal para los detenidos y presos y llevar a cabo el tratamiento respecto a los penados.

Los internos recibir�n a su ingreso informaci�n escrita sobre el r�gimen del establecimiento, sus derechos y deberes, normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, reclamaciones, quejas o recursos. A quienes no puedan entender la informaci�n por el procedimiento indicado les ser� facilitada por otro medio adecuado.

La designaci�n del establecimiento penitenciario y, en su caso, el traslado o cambio de destino de los penados corresponder� al Director general de Personal del Ministerio de Defensa.

Art�culo 6

Los establecimientos penitenciarios militares se dividir�n en distintas secciones. unidades o departamentos, atendiendo al sexo, estado de salud, categor�a militar, condici�n de preventivos o penados y, dentro de �stos, en raz�n al grado de tratamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo anterior aquellas actividades que sean compatibles con la causa o motivo de la separaci�n o clasificaci�n podr�n realizarse en com�n.

Art�culo 7

Los internos ocupar�n habitaci�n o celda individual en la secci�n o unidad a que pertenezcan.

Existir�n celdas o secciones separadas de las dem�s para los reci�n ingresados en el establecimiento, para los preventivos incomunicados y para los sancionados con aislamiento. En todo caso, esas celdas o secciones ser�n de las mismas caracter�sticas que las del resto del establecimiento.

Cuando hayan de utilizarse habitaci�n o dormitorios colectivos por insuficiencia de alojamientos individuales, o por indicaci�n del m�dico o del Equipo de Observaci�n y Tratamiento, se cuidar� muy especialmente la selecci�n de los internos que hayan de ocuparlos, atendiendo al informe del mencionado equipo.

Art�culo 8

Todos los internos est�n obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente los de orden y disciplina, sanidad e higiene y correcci�n en sus relaciones, as� como a conservar cuidadosamente las instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que les sea entregado.

Los internos vendr�n igualmente obligados a las prestaciones personales necesarias para el buen orden, limpieza e higiene del establecimiento.

Art�culo 9

Por razones de urgencia y mediando mot�n, agresi�n f�sica con arma u otro objeto peligroso, toma de rehenes o intento de fuga, la Direcci�n General de Personal del Ministerio de Defensa podr� acordar el traslado del interno a otro establecimiento, a�n cuando el Juez de Vigilancia u �rgano judicial del que depende el interno no se hubiera pronunciado todav�a sobre el acuerdo adoptado por el Director en tal sentido.

Del traslado se dar� cuenta de inmediato al Juez de Vigilancia y al �rgano judicial del que dependa el interno, si es preventivo.

Art�culo 10

El ingreso de los detenidos y presos se har� mediante orden o mandamiento de la autoridad u �rgano judicial competente.

Los detenidos ser�n puestos en libertad por el Director del establecimiento si transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso no se hubiese recibido mandamiento u orden de prisi�n del �rgano judicial competente. En el supuesto que la orden de detenci�n a disposici�n de autoridad u �rgano judicial determinados no proceda de �stos. el Director del establecimiento lo comunicar� a quien sea competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso del detenido; si en el plazo de setenta y dos horas desde el ingreso no se recibiera orden o mandamiento judicial, proceder� el Director a ponerlo en libertad, comunic�ndoselo a la autoridad que orden� el ingreso y al �rgano judicial a cuya disposici�n fue puesto.

Art�culo 11

Si en la orden o mandamiento de ingreso se dispusiera la incomunicaci�n del preso o detenido, una vez practicada su identificaci�n y reconocido m�dicamente, pasar� a ocupar la celda que el Director disponga y s�lo podr� ser visitado por el M�dico, en su caso, por el personal encargado del incomunicado y por las personas que tengan expresa autorizaci�n del �rgano judicial. Mientras permanezca en esta situaci�n, el Director de establecimiento adoptar� las medidas encaminadas a la eficacia del aislamiento, de acuerdo con lo que dispongan las Leyes Procesales Penales, as� como las especiales indicaciones que en cada caso formule la autoridad u �rgano judicial competentes.

Art�culo 12

Los detenidos y presos que sean calificados, conforme a los criterios que para tal conceptuaci�n se establecen en la legislaci�n penitenciaria com�n, de peligrosidad extrema o inadaptados al r�gimen propio de las secciones de preventivos, ser�n ingresados en departamentos especiales, con r�gimen similar al se�alado para las secciones de r�gimen cerrado de los penados.

Art�culo 13

La libertad de los detenidos y presos s�lo podr� ser acordada por la autoridad u �rgano judicial competente, los cu�les librar�n al Director del establecimiento el mandamiento necesario para que aqu�lla tenga lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 10 de este Reglamento. Previamente a dictarse por el Director del establecimiento la orden de puesta en libertad, se proceder� a revisar el expediente personal del interesado para comprobar que el mismo no se halla sujeto a otras responsabilidades.

Tras proceder a la identificaci�n de quien hubiera de ser liberado, se le entregar� certificaci�n comprensiva del tiempo de privaci�n de libertad, facilit�ndole pasaporte o medios para incorporarse a la unidad de su destino o, en su caso, a su domicilio habitual.

Art�culo 14

El ingreso de los penados en el establecimiento que en cada caso designe el Director general de Personal del Ministerio de Defensa ser� ordenado por el �rgano judicial competente una vez que la sentencia condenatoria sea firme. No obstante, si en el momento de adquirir firmeza la referida sentencia, le restase al interno hasta su liberaci�n definitiva o condicional un tiempo de cumplimiento inferior a dos meses, podr� seguir destinado en la secci�n de preventivos o en el centro donde se encuentre.

Art�culo 15

El r�gimen aplicable a los penados estar� en funci�n del grado de tratamiento en que se encuentren. El primer grado, que ser� excepcional, se cumplir� en r�gimen cerrado; el segundo grado, en r�gimen ordinario, y el tercer grado, si ha lugar, en r�gimen abierto. Los pases de uno a otro grado se acordar�n por el Director del establecimiento a la vista de los expedientes personales y fichas clasificadoras, previo informe del Equipo de Observaci�n y Tratamiento.

Para pasar progresivamente de un grado a otro, los penados deber�n observar buena conducta, aplicaci�n en el trabajo, en las ense�anzas que se desarrollen y en la instrucci�n militar que se programa para los militares de reemplazo. A efectos del pase al tercer grado se tendr�n en cuenta, adem�s, las circunstancias que se�ala el segundo p�rrafo del art�culo 18 de este Reglamento.

Como consecuencia de mala conducta y del resultado y evoluci�n del tratamiento del interno, el Director del establecimiento podr� disponer el retroceso de �ste a grado inferior, con informe previo del Equipo de Observaci�n y Tratamiento.

Los acuerdos que el Director adopte en esta materia podr�n ser recurridos por los interesados ante el Juez de Vigilancia.

Art�culo 16

Cumplir�n las penas en r�gimen excepcional cerrado los penados que, por ser calificados de peligrosidad o aquellos cuya conducta sea calificada de inadaptaci�n extrema al r�gimen penitenciario ordinario o abierto, se les clasifique en primer grado de tratamiento. La calificaci�n de peligrosidad o inadaptaci�n se ajustar� a lo dispuesto en la legislaci�n com�n respecto a los factores valorables para su apreciaci�n y revisi�n de la resoluci�n clasificadora.

Art�culo 17

El r�gimen general de cumplimiento de las condenas ser� el ordinario correspondiente al segundo grado.

A su ingreso, los penados deber�n permanecer en la secci�n o unidad de ingreso el tiempo m�nimo necesario.

En el horario se se�alar�n las actividades preceptivas, optativas y el empleo de tiempo libre.

El trabajo tendr� la consideraci�n de actividad b�sica en la vida del establecimiento. Sin perjuicio de ello se programar�n actividades de formaci�n militar, culturales, deportivas o recreativas orientadas a evitar la inactividad.

Art�culo 18

Cumplir�n las penas en r�gimen abierto los penados clasificados en tercer grado, por estimar que, bien inicialmente, bien por evoluci�n favorable en segundo grado, puedan recibir tratamiento en r�gimen de libertad restringida.

No ser� de aplicaci�n el r�gimen abierto al penado que no tenga cumplida la cuarta parte de la totalidad de su condena o condenas, a no ser que concurran favorablemente calificadas las otras variables intervinientes en el proceso de calificaci�n, valor�ndose especialmente la primariedad delictiva, buena conducta y madurez o equilibrio personal. En este supuesto ser� necesario un tiempo de permanencia, no inferior a tres meses, internado en el establecimiento.

En ning�n caso se podr� clasificar a un penado en tercer grado si se encuentra en situaci�n de prisi�n preventiva en cualquier otro procedimiento.

Art�culo 19

Las comunicaciones orales, especiales, escritas y telef�nicas, as� como las que puedan mantener los internos con abogados, procuradores, autoridades y profesionales y la recepci�n o env�o de paquetes y encargos se regir�n por lo establecido en el Reglamento Penitenciario com�n, teniendo en cuenta las siguientes normas espec�ficas:

• 1.� El Director del establecimiento fijar� los d�as de semana en que pueden comunicar los internos con familiares y amistades, as� como el horario, lugar en que deban efectuarse y n�mero de visitas, que no podr�n exceder de cuatro por d�a, sin inclusi�n en este n�mero del c�nyuge y familiares de primer grado, que tendr�n preferencia y mayor tiempo de comunicaci�n.
• 2.� Las comunicaciones especiales de los internos con familiares o allegados �ntimos podr�n denegarse por razones de higiene y salud p�blica.
• 3.� Se autorizar�n las llamadas telef�nicas desde el exterior cuando procedan del c�nyuge o persona unida por an�loga relaci�n de afectividad y familiares de primer grado. En los dem�s casos corresponder� discrecionalmente al Director la concesi�n de la autorizaci�n pertinente. El Director podr� se�alar, asimismo, la duraci�n y l�mites de las comunicaciones telef�nicas.
• 4.� Las comunicaciones con abogados, procuradores y otros profesionales podr�n ser suspendidas o interrumpidas cuando lo exija una situaci�n extraordinaria de seguridad del establecimiento.
• 5.� El Director podr� limitar el n�mero de paquetes a recibir por los internos cuando lo requiera el buen orden del establecimiento.

Art�culo 20

En los establecimientos penitenciarios militares se aplicar�n las normas de r�gimen disciplinario del Reglamento Penitenciario com�n en materia de infracciones y sanciones, teniendo en cuenta que las competencias que en dicho Reglamento se atribuyen a la Junta de R�gimen y Administraci�n y a la Direcci�n corresponder�n al Director del centro.

Las sanciones impuestas en v�a disciplinaria penitenciaria lo ser�n sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pudiera corresponder y de la responsabilidad disciplinaria militar, siempre que esta �ltima sea compatible.

El procedimiento sancionador ser�, asimismo, el del Reglamento Penitenciario com�n, siendo recurribles las sanciones impuestas ante el Juez de Vigilancia.

Las sanciones no recurridas ante el Juez de Vigilancia, independientemente de que se hayan cumplido, podr�n ser anuladas o disminuidas por el Secretario de Estado de Administraci�n Militar, cuando se aprecie que la sanci�n impuesta no se ajusta a derecho.

Art�culo 21

Los internos, en defensa de sus derechos e intereses, podr�n dirigirse, por conducto del Director, a las autoridades competentes en relaci�n con las reclamaciones y peticiones que formulen. Las quejas o solicitudes se anotar�n en un libro-registro y las resoluciones que se adopten ser�n notificadas por escrito a los interesados, con expresi�n de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y �rganos ante los que se han de presentar.

Art�culo 22

Para los militares de reemplazo, la instrucci�n militar ser� la que corresponda a las circunstancias de aquellos, recibiendo adem�s clases del programa de instrucci�n y ense�anza que est� vigente en las unidades militares para el personal expresado. A estos efectos se se�alar�n horas compatibles con el r�gimen de trabajo.

Art�culo 23

1. El trabajo que realicen los internos estar� comprendido en alguna de las modalidades siguientes:

• a) Las de formaci�n profesional.
• b) Las dedicadas al estudio y formaci�n acad�mica.
• c) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento.
• d) Las artesanales, intelectuales y art�sticas.

2. El trabajo penitenciario, que constituye un derecho y un deber del interno, tendr� car�cter formativo y se ajustar� a las siguientes condiciones:

• a) No tendr� car�cter aflictivo ni ser� aplicado como medida de correcci�n.
• b) No atentar� a la dignidad del interno.
• c) Se organizar� atendiendo a las aptitudes y aspiraciones profesionales de los internos en cuanto sean compatibles con la organizaci�n y seguridad del establecimiento.
• d) Ser� facilitado por la Administraci�n.
• e) No se supeditar� al logro de intereses econ�micos por la Administraci�n.
• f) En su ejercicio, los internos estar�n amparados por las prestaciones del R�gimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

3. Los presos preventivos podr�n trabajar conforme a sus aptitudes y aspiraciones.

Art�culo 24

El Director del establecimiento, previo informe del Equipo de Observaci�n y Tratamiento, podr� solicitar del Juez de Vigilancia la concesi�n de hasta cuatro meses de adelantamiento del per�odo de la libertad condicional por cada a�o de cumplimiento de prisi�n efectiva, para los penados en quienes concurran durante dicho tiempo las circunstancias o requisitos siguientes:

• a) Buena conducta.
• b) Normal participaci�n en las actividades organizadas en el establecimiento, incluido el trabajo penitenciario, que se pueda considerar �til para su preparaci�n en la vida en libertad.
• c) Participaci�n en las actividades de reeducaci�n y reinserci�n social organizadas en el establecimiento.
• d) Haber cumplido su tiempo de servicio en filas. El c�mputo del tiempo adelantado se podr� realizar cada tres meses de prisi�n efectiva, correspondiendo la parte proporcional en los t�rminos expresados en el primer p�rrafo de este art�culo.

Dichos beneficios de adelantamiento no tendr�n ning�n efecto con respecto a la libertad definitiva.

Art�culo 25

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, se conceder� a los internos permiso de salida, por el tiempo imprescindible, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, c�nyuge o persona con quien se halle unido por an�loga relaci�n de afectividad, hijos o hermanos, nacimiento de hijo, as� como por importantes y comprobados motivos. Si se trata de penados calificados en primer grado ser� necesaria la autorizaci�n del Juez de Vigilancia; para los detenidos y presos, del �rgano judicial de quien dependan. En estos casos se recabar� la autorizaci�n con urgencia. Quienes no disfruten de los permisos se�alados en el siguiente p�rrafo saldr�n con las medidas de seguridad adecuadas.

A los penados en segundo o tercer grado de tratamiento podr�n tambi�n otorg�rseles permiso de salida, previo informe favorable del Equipo de Observaci�n y Tratamiento, hasta siete d�as seguidos y un l�mite de treinta y seis o cuarenta y ocho d�as por a�o, respectivamente, sin necesidad de adoptar con ellos medidas de seguridad. Estos permisos ser�n para localidad o localidades determinadas.

Para concederse los permisos que se�ala el p�rrafo anterior deber�n concurrir las siguientes circunstancias:

• a) Que hayan cumplido de manera efectiva la cuarta parte de su condena. En el tiempo efectivo se computar� la prisi�n preventiva o provisional.
• b) Que observen buena conducta habitual.
• c) Que no conste, por informaciones o datos fidedignos, la concurrencia de circunstancias peculiares que hagan presumir el quebrantamiento de la condena, la comisi�n de nuevos delitos o que el permiso pueda repercutir desfavorablemente para la adecuaci�n del penado, a su regreso, al r�gimen penitenciario.

Art�culo 26

La vigilancia y seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios militares corresponder� a la Polic�a Militar y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Art�culo 27

La vigilancia y seguridad en el interior de los establecimientos estar� directamente encomendada a los celadores, bajo la direcci�n y mando del Jefe de Servicio Interior, con arreglo a la instrucci�n del servicio ordenada por el Director.

El servicio interior se desempe�ar� con el uniforme reglamentario y sin armas.

No obstante, a petici�n del Director, en los supuestos de graves alteraciones del orden en el establecimiento, que obliguen a requerir la intervenci�n de las Fuerzas encargadas de la vigilancia exterior, o de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asumir� la direcci�n del establecimiento penitenciario. en cuanto a custodia, vigilancia y restauraci�n del orden, el Jefe de la fuerza interviniente, manteniendo el Director sus restantes competencias de direcci�n.

Salvo en el supuesto del p�rrafo anterior de este art�culo, las fuerzas de vigilancia y seguridad exterior no podr�n intervenir en el r�gimen y vigilancia interior.

Art�culo 28

Las salidas y, en su caso, los traslados de localidad de los internos preventivos para la pr�ctica de diligencias, celebraci�n de juicio oral, reconocimientos m�dicos o cualquier otra causa justificada, se realizar�n previa orden del �rgano judicial de que dependan, llev�ndose a cabo la conducci�n por personal militar o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el caso de que un �rgano judicial interese el traslado de un penado que no est� a su disposici�n para la pr�ctica de diligencias, el Director recabar� previamente autorizaci�n del Juez de Vigilancia.

Trat�ndose de Oficiales y Suboficiales, ya sean preventivos o penados, el Director general de Personal del Ministerio de Defensa solicitar� de la autoridad o mando militar que corresponda que designe a un militar para que les acompa�e.

La salida de los penados para recibir asistencia m�dica que no pueda ser prestada en el establecimiento en que se encuentren, ser� acordada por el Director, a propuesta razonada de los servicios m�dicos del mismo, dando cuenta al Juez de Vigilancia, cuya autorizaci�n previa ser� necesaria en el caso de que deban quedar ingresados en el centro hospitalario correspondiente, salvo en supuestos de urgencia, en que el Director, con igual propuesta, podr� conceder la autorizaci�n, dando cuenta a dicho Juez.

Cuando se trate de presos preventivos o de detenidos, en los mismos supuestos, deber� recabarse, previamente, la autorizaci�n del �rgano judicial o administrativo a cuya disposici�n se encuentren, salvo en supuestos de urgencia, en que el Director podr� autorizar el traslado dando cuenta a aqu�llos.

Las salidas y traslados se efectuar�n de forma que se respete la dignidad y derechos de los internos y la seguridad en su conducci�n y permanencia en el centro sanitario correspondiente.

Art�culo 29

Los penados que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena y re�nan los requisitos que se relacionan en el art�culo 98 del C�digo Penal cumplir�n el resto de la condena en situaci�n de libertad condicional.

A los efectos del citado art�culo del C�digo Penal, el �ltimo per�odo de la condena lo constituir� el tercer grado de tratamiento que se�ala el art�culo 15 de este Reglamento.

Art�culo 30

Recibida en el establecimiento la resoluci�n de poner en libertad condicional a un penado, el Director la cumplimentar� seguidamente, remitiendo copia al Director general de Personal del Ministerio de Defensa, y dando cuenta al Equipo de Observaci�n y Tratamiento en la primera sesi�n que se celebre. Si la orden de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, no se proceder� a hacer efectiva la libertad condicional hasta el mismo d�a en que se cumplan.

Art�culo 31

No obstante lo dispuesto en los dos art�culos anteriores, los penados que se hallen en el tercer grado de tratamiento y que hubieran cumplido la edad de setenta a�os, o la cumplan durante la extinci�n de la condena, y re�nan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aqu�lla, podr�n ser propuestos para la concesi�n de la libertad condicional. Asimismo, podr� proponerse la libertad condicional, seg�n informe m�dico, cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y se hallen en el tercer grado de tratamiento.

Art�culo 32

Decretada la libertad condicional, el Director del establecimiento expedir� una certificaci�n de declaraci�n de liberado condicional que entregar� al interesado, comunic�ndole aqu�lla al Jefe de la unidad donde haya de continuar su servicio militar o, en otro caso, a la autoridad o mando militar que designe el Director general de Personal del Ministerio de Defensa en la localidad en que establezca su residencia. si no ha de volver a las Fuerzas Armadas.

En todos los casos de este art�culo, la autoridad, o mando militar a quien corresponda, ordenar� la vigilancia en cuanto a conducta del liberado condicional.

La puesta en libertad condicional se comunicar� al Tribunal sentenciador, al Juez de Vigilancia y al Director general de Personal del Ministerio de Defensa.

Art�culo 33

Los Oficiales, Suboficiales y Tropa y Mariner�a profesionales ser�n pasaportados al lugar en que fijen su residencia.

Los militares de reemplazo que no hayan de volver al servicio activo ser�n pasaportados al lugar en que fijen su residencia.

Los militares de reemplazo que hayan de volver a la unidad de procedencia o a la que se Ies destine para cumplir el tiempo que Ies reste de servicio militar ser�n pasaportados o trasladados a su unidad, recab�ndose por el Director del establecimiento noticia de su licenciamiento y lugar en que fijen su residencia.

Art�culo 34

Para la puesta en libertad definitiva de los condenados a penas de prisi�n ser� precisa la aprobaci�n de dicha libertad por el Tribunal sentenciador. En caso de penas hasta un a�o de privaci�n de libertad se entender� aprobada la libertad definitiva con la remisi�n de la liquidaci�n de condena en que figure el d�a en que aquella quedar� cumplida, a excepci�n de cuando se adelante la fecha, por abono de beneficios penitenciarios.

Tres meses antes del cumplimiento de la condena, el Director del establecimiento formular� al Tribunal sentenciador propuesta de licenciamiento definitivo para el d�a en que el penado deje extinguida su condena con arreglo a la liquidaci�n practicada en el procedimiento y habida cuenta de los beneficios que puedan suponer acortamiento de la condena.

Si un mes antes del d�a se�alado para el cumplimiento de la pena no se hubiera obtenido contestaci�n se reproducir� la propuesta, haci�ndose constar que se cursa por segunda vez.

Si transcurridos quince d�as desde la segunda propuesta no se recibiese respuesta, el Director del establecimiento solicitar� la aprobaci�n de la libertad definitiva, y, caso de no obtener contestaci�n, proceder� a la excarcelaci�n del penado el d�a en que extinga definitivamente la pena, si no est� pendiente de otras responsabilidades.

Art�culo 35

El Director del establecimiento extender� la correspondiente nota en el expediente personal de quienes cumplan definitivamente la condena y, tanto si �sta se ha cumplido totalmente en el establecimiento como si se ha permanecido la �ltima parte de la misma en libertad condicional, expedir� certificaciones de libertad definitiva al Juez de Vigilancia y al Tribunal sentenciador a fin de que conste tal circunstancia en el procedimiento. Tambi�n se remitir� otra certificaci�n al Director general de Personal del Ministerio de Defensa. Cuando la liberaci�n definitiva de los penados no sea por cumplimiento total de las penas, sino por aplicaci�n de medidas de gracia, el Director del establecimiento se abstendr� de poner en libertad a ninguno de los internos hasta que reciba orden del Tribunal sentenciador.

Art�culo 36

El Juez de Vigilancia tendr� la competencia y funciones que le atribuyen la Ley Org�nica General Penitencia y la Ley Org�nica Procesal Militar.

Asimismo, le corresponde formular propuestas al Ministerio de Defensa, referentes a la organizaci�n, y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenaci�n de la convivencia interior de los establecimientos, a la organizaci�n y actividades de los talleres, escuela, asistencia m�dica y, en general, a las actividades regimentales, econ�mico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto.

Las visitas a los establecimientos penitenciarios militares, que al menos tendr�n periodicidad mensual, las podr� realizar el Juez de Vigilancia en cualquier momento, por propia iniciativa o cuando sea requerido para ello.

Las resoluciones que dicten los Jueces de Vigilancia en materia de su competencia, como tales, ser�n notificadas a los interesados y a los Fiscales de los Tribunales sentenciadores y comunicadas al Director del establecimiento para cumplimiento, cuando as� proceda.

Art�culo 37

En cada establecimiento penitenciario el Director ejercer� el mando directo del mismo y de todo el personal destinado en �l, teniendo las facultades que las Ordenanzas y Reglamentos Militares se�alan a los Jefes de unidad. Asimismo, le corresponder�n las atribuciones que la reglamentaci�n penitenciaria com�n determina para los Directores de establecimientos penitenciarios y para las Juntas de R�gimen y Administraci�n.

Art�culo 38

En cada establecimiento, si el n�mero de internos o las necesidades del servicio lo requieren, podr� nombrarse un Subdirector, que sustituir� al Director en caso de vacante o ausencia, presidir� el Equipo de Observaci�n y Tratamiento cuando no asista el Director, nombrar� los servicios diarios y ser� el principal apoyo del Director.

Art�culo 39

El Jefe del Servicio Interior es el mando inmediato de los celadores que asumir� las facultades del Director cuando, en ausencia de �ste y del Subdirector, se precise resolver alguna cuesti�n que no admita demora.

Art�culo 40

El servicio de vigilancia interior ser� prestado por celadores.

Por cada equipo de celadores habr� un Celador Mayor que, como principal colaborador del Jefe del Servicio Interior, llevar� relaci�n de los internos que desempe�en alg�n trabajo o actividad especial, as� como de los que diariamente sean nombrados para los servicios mec�nicos, distribuyendo el servicio de celadores y ordenanzas.

Art�culo 41

El Equipo de Observaci�n y Tratamiento estar� integrado por un jurista crimin�logo, un psic�logo, un m�dico y uno o varios asistentes sociales y educadores, y podr� completarse con un psiquiatra.

El Secretario de Estado de Administraci�n Militar determinar� aquellos establecimientos que tendr�n Equipo de Observaci�n y Tratamiento. Otro Equipo de Observaci�n y Tratamiento, dependiente directamente de dicha autoridad, atender� aquellos establecimientos que no lo tengan propio.

Art�culo 42

En cada establecimiento penitenciario militar existir� el n�mero de facultativos, personal militar profesional, administrativos, auxiliares y dem�s personal que las necesidades del servicio requieran.

Primera

La normativa sobre establecimientos penitenciarios militares la integrar�n el presente Reglamento, el r�gimen disciplinario contenido en el Reglamento que se cita en el segundo p�rrafo de esta disposici�n y las Instrucciones que el Ministro de Defensa dicte en desarrollo del presente Reglamento.

Ser� legislaci�n supletoria el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo.

Segunda

Las referencias que el Reglamento hace a las Fuerzas Armadas o a sus miembros comprenden al Cuerpo de la Guardia Civil o a sus miembros.

Tercera

En atenci�n al n�mero de internos y a las necesidades del servicio, el Secretario de Estado de Administraci�n Militar determinar� la plantilla de personal de cada uno de los establecimientos penitenciarios militares, dentro de los cr�ditos presupuestados.

El Secretario de Estado de Administraci�n Militar tambi�n se�alar� en la plantilla los puestos que han de ocupar militares, con expresi�n de su empleo militar, funcionarios civiles y personal Iaboral.

Cuarta

Para la aplicaci�n del tercer grado y concesi�n de permisos de salida, que no tuvieren car�cter extraordinario, a los autores de delitos contra la seguridad nacional y defensa nacional, contra las leyes y usos de la guerra, de rebeli�n militar para tiempo de guerra y a quienes est�n comprendidos en la disposici�n transitoria quinta de la Ley Org�nica 13/1985, de 9 de diciembre, del C�digo Penal Militar, ser� necesario que tengan efectivamente cumplida la mitad de la condena.

Disp. Transit. 1

Primera. Hasta que se constituyan los Equipos de Observaci�n y Tratamiento seguir�n funcionando las actuales Juntas Calificadoras de Conducta, a las que se incorporar�n transitoriamente el m�s antiguo de los Oficiales que act�e de Jefe del Servicio Interior y, si existen en el establecimiento, un psic�logo, un asistente social, un maestro y el Jefe de Taller.

Disp. Transit. 2

Segunda. En tanto contin�e la vigencia de lo dispuesto en el art�culo 100 del C�digo Penal sobre redenci�n de penas por el trabajo, continuar� en vigor la normativa militar espec�fica establecida en el Decreto-ley de 1 de febrero de 1952, modificado por la Ley 175/1965, de 21 de diciembre, y sus normas de desarrollo. En lo no regulado en la anterior normativa y en cuanto no se oponga a lo en ella previsto ser�n aplicables los art�culos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956.

Deber� entenderse al efecto que las competencias sobre concesi�n de los beneficios de redenci�n de penas que en dichas normas se atribuyen a los �rganos extinguidos, corresponder�n a los Jueces Togados Militares Territoriales con funciones de vigilancia penitenciaria. En todo caso, dicha redenci�n de penas por el trabajo ser� incompatible con los beneficios penitenciarios regulados en el art�culo 24 de este Reglamento.