• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo primero 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
• Art韈ulo segundo 燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燫eferencias en las normas de fecha anterior
  • Disposici髇 adicional segunda 燙riterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica 燦ormativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 de normas
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Disposici髇 final segunda 燤odificaci髇 del apartado 2 del art韈ulo 59 bis de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social
  • Disposici髇 final tercera 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero
  • Disposici髇 final cuarta 燙ar醕ter org醤ico y t韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final quinta 燦o incremento del gasto
  • Disposici髇 final sexta 燤odificaciones y desarrollos reglamentarios
  • Disposici髇 final s閜tima 燛ntrada en vigor

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica la r鷅rica del cap韙ulo I del t韙ulo I, que queda redactada como sigue:

  獵AP蚑ULO I
  
  羗bito e inter閟 superior del menor�

  
• Dos. Se modifica el art韈ulo 2, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 2 Inter閟 superior del menor

  1. Todo menor tiene derecho a que su inter閟 superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 醡bito p鷅lico como privado. En la aplicaci髇 de la presente ley y dem醩 normas que le afecten, as� como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, p鷅licas o privadas, los Tribunales, o los 髍ganos legislativos primar� el inter閟 superior de los mismos sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pudiera concurrir.

  Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretar醤 de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el inter閟 superior del menor.

  2. A efectos de la interpretaci髇 y aplicaci髇 en cada caso del inter閟 superior del menor, se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislaci髇 espec韋ica aplicable, as� como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

  • a) La protecci髇 del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacci髇 de sus necesidades b醩icas, tanto materiales, f韘icas y educativas como emocionales y afectivas.
  • b) La consideraci髇 de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, as� como su derecho a participar progresivamente, en funci髇 de su edad, madurez, desarrollo y evoluci髇 personal, en el proceso de determinaci髇 de su inter閟 superior.
  • c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizar� la permanencia en su familia de origen y se preservar� el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protecci髇, se priorizar� el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su n鷆leo familiar, se valorar醤 las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evoluci髇 de la familia desde que se adopt� la medida protectora y primando siempre el inter閟 y las necesidades del menor sobre las de la familia.
  • d) La preservaci髇 de la identidad, cultura, religi髇, convicciones, orientaci髇 e identidad sexual o idioma del menor, as� como la no discriminaci髇 del mismo por 閟tas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo arm髇ico de su personalidad.

  3. Estos criterios se ponderar醤 teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

  • a) La edad y madurez del menor.
  • b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminaci髇 por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientaci髇 e identidad sexual, su condici髇 de refugiado, solicitante de asilo o protecci髇 subsidiaria, su pertenencia a una minor韆 閠nica, o cualquier otra caracter韘tica o circunstancia relevante.
  • c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
  • d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integraci髇 y desarrollo del menor en la sociedad, as� como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situaci髇 material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
  • e) La preparaci髇 del tr醤sito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
  • f) Aquellos otros elementos de ponderaci髇 que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

  Los anteriores elementos deber醤 ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el inter閟 superior del menor no restrinja o limite m醩 derechos que los que ampara.

  4. En caso de concurrir cualquier otro inter閟 leg韙imo junto al inter閟 superior del menor deber醤 priorizarse las medidas que, respondiendo a este inter閟, respeten tambi閚 los otros intereses leg韙imos presentes.

  En caso de que no puedan respetarse todos los intereses leg韙imos concurrentes, deber� primar el inter閟 superior del menor sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pudiera concurrir.

  Las decisiones y medidas adoptadas en inter閟 superior del menor deber醤 valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

  5. Toda medida en el inter閟 superior del menor deber� ser adoptada respetando las debidas garant韆s del proceso y, en particular:

  • a) Los derechos del menor a ser informado, o韉o y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
  • b) La intervenci髇 en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formaci髇 suficiente para determinar las espec韋icas necesidades de los ni駉s con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contar� con el informe colegiado de un grupo t閏nico y multidisciplinar especializado en los 醡bitos adecuados.
  • c) La participaci髇 de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
  • d) La adopci髇 de una decisi髇 que incluya en su motivaci髇 los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre s� y con otros intereses presentes y futuros, y las garant韆s procesales respetadas.
  • e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisi髇 adoptada que no haya considerado el inter閟 superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisi髇 hagan necesario revisarla. Los menores gozar醤 del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita en los casos legalmente previstos.�
  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 3, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 3 Referencia a Instrumentos Internacionales

  Los menores gozar醤 de los derechos que les reconoce la Constituci髇 y los Tratados Internacionales de los que Espa馻 sea parte, especialmente la Convenci髇 de Derechos del Ni駉 de Naciones Unidas y la Convenci髇 de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los dem醩 derechos garantizados en el ordenamiento jur韉ico, sin discriminaci髇 alguna por raz髇 de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religi髇, lengua, cultura, opini髇 o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

  La presente ley, sus normas de desarrollo y dem醩 disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretar醤 de conformidad con los Tratados Internacionales de los que Espa馻 sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convenci髇 de los Derechos del Ni駉 de Naciones Unidas y la Convenci髇 de Derechos de las Personas con Discapacidad.

  Los poderes p鷅licos garantizar醤 el respeto de los derechos de los menores y adecuar醤 sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 9, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 9 Derecho a ser o韉o y escuchado

  1. El menor tiene derecho a ser o韉o y escuchado sin discriminaci髇 alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el 醡bito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediaci髇 en que est� afectado y que conduzca a una decisi髇 que incida en su esfera personal, familiar o social, teni閚dose debidamente en cuenta sus opiniones, en funci髇 de su edad y madurez. Para ello, el menor deber� recibir la informaci髇 que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

  En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendr醤 car醕ter preferente, y se realizar醤 de forma adecuada a su situaci髇 y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para 閘, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias inform醤dole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opini髇, con pleno respeto a todas las garant韆s del procedimiento.

  2. Se garantizar� que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por s� mismo o a trav閟 de la persona que designe para que le represente. La madurez habr� de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce a駉s cumplidos.

  Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por s� mismo ser� asistido, en su caso, por int閞pretes. El menor podr� expresar su opini髇 verbalmente o a trav閟 de formas no verbales de comunicaci髇.

  No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inter閟 del menor se podr� conocer la opini髇 del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a trav閟 de otras personas que, por su profesi髇 o relaci髇 de especial confianza con 閘, puedan transmitirla objetivamente.

  3. Siempre que en v韆 administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resoluci髇 ser� motivada en el inter閟 superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando expl韈itamente los recursos existentes contra tal decisi髇. En las resoluciones sobre el fondo habr� de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, as� como su valoraci髇.�

  
• Cinco. Se modifica el p醨rafo c) y se introduce un nuevo p醨rafo e) en el apartado 2 del art韈ulo 10, que quedan redactados como sigue:
  • 玞) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones auton髆icas hom髄ogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se har� cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores facilit醤doles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantiz醤doles la confidencialidad.�
  • 玡) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protecci髇 y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podr� actuar en defensa de los derechos de los menores.�
  
• Seis. Se introduce un cap韙ulo IV, en el t韙ulo II, comprensivo de los art韈ulos 25 a 35, ambos inclusive, que queda redactado como sigue:

  獵AP蚑ULO IV
  
  Centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta

  Art韈ulo 25 Acogimiento residencial en centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta

  1. Se someter醤 a las disposiciones previstas en este cap韙ulo, los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta dependientes de las Entidades P鷅licas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en los que est� prevista la utilizaci髇 de medidas de seguridad y de restricci髇 de libertades o derechos fundamentales.

  Estos centros, sometidos a est醤dares internacionales y a control de calidad, estar醤 destinados al acogimiento residencial de menores que est閚 en situaci髇 de guarda o tutela de la Entidad P鷅lica, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando adem醩 as� est� justificado por sus necesidades de protecci髇 y determinado por una valoraci髇 psicosocial especializada.

  2. El acogimiento residencial en estos centros se realizar� exclusivamente cuando no sea posible la intervenci髇 a trav閟 de otras medidas de protecci髇, y tendr� como finalidad proporcionar al menor un marco adecuado para su educaci髇, la normalizaci髇 de su conducta, su reintegraci髇 familiar cuando sea posible, y el libre y arm髇ico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas espec韋icos en el marco de un proyecto educativo. As� pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en el mismo se utilizar醤 como 鷏timo recurso y tendr醤 siempre car醕ter educativo.

  3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el art韈ulo 19, ser� necesario el compromiso de la familia a someterse a la intervenci髇 profesional.

  4. Estos centros dispondr醤 de una ratio adecuada entre el n鷐ero de menores y el personal destinado a su atenci髇 para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.

  5. En el caso de menores con discapacidad, se continuar� con los apoyos especializados que vinieran recibiendo o se adoptar醤 otros m醩 adecuados, incorporando en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a cabo.

  Art韈ulo 26 Ingreso en centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta

  1. La Entidad P鷅lica que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, estar醤 legitimados para solicitar la autorizaci髇 judicial para el ingreso del menor en los centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de ingreso estar� motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protecci髇 de menores.

  2. No podr醤 ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento espec韋ico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atenci髇 a las personas con discapacidad.

  3. Para el ingreso de un menor en estos centros ser� necesario que la Entidad P鷅lica o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorizaci髇 judicial, garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser o韉o seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 9. Dicha autorizaci髇 se otorgar� tras la tramitaci髇 del procedimiento regulado en el art韈ulo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deber� pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, as� como de limitarles temporalmente el r間imen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

  No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la inmediata adopci髇 del ingreso, la Entidad P鷅lica o el Ministerio Fiscal podr� acordarlo previamente a la autorizaci髇 judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificaci髇 del mismo para lo que deber� aportar la informaci髇 de que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolver� en el plazo m醲imo de setenta y dos horas desde que reciba la comunicaci髇, dej醤dose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

  4. Los menores recibir醤 a su ingreso en el centro, informaci髇 escrita sobre sus derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organizaci髇 general, el r間imen educativo, el r間imen disciplinario y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Dicha informaci髇 se transmitir� de forma que se garantice su comprensi髇 en atenci髇 a la edad y a las circunstancias del menor.

  5. Los menores no permanecer醤 en el centro m醩 tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades espec韋icas. El cese ser� acordado por el 髍gano judicial que est� conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad P鷅lica o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar� fundamentada en un informe psicosocial.

  Art韈ulo 27 Medidas de seguridad

  1. Las medidas de seguridad podr醤 consistir en la contenci髇 mec醤ica o en la contenci髇 f韘ica del menor, en su aislamiento o en registros personales y materiales.

  Estas medidas tendr醤 una finalidad educativa y deber醤 responder a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibici髇 del exceso, aplic醤dose con la m韓ima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y se llevar醤 a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor.

  2. Las medidas de seguridad deber醤 aplicarse por personal especializado y con formaci髇 en materia de protecci髇 de menores. Este personal s髄o podr� usar medidas de seguridad con los menores como 鷏timo recurso, en defensa propia o en casos de intentos de fuga, resistencia f韘ica a una orden o riesgo directo de autolesi髇, de lesiones a otros o da駉s graves a la propiedad.

  3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la adopci髇 de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deber醤 ser motivadas y habr醤 de notificarse con car醕ter inmediato a la Entidad P鷅lica y al Ministerio Fiscal y podr醤 ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad P鷅lica, ante el 髍gano judicial que est� conociendo del ingreso, el cual resolver� tras recabar informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

  4. Las medidas de seguridad aplicadas deber醤 registrarse en el Libro Registro de Incidencias, que ser� supervisado por parte de la direcci髇 del centro.

  Art韈ulo 28 Medidas de contenci髇

  1. Las medidas de contenci髇 podr醤 ser de tipo verbal y emocional, de tipo f韘ico y de tipo mec醤ico, en atenci髇 a las circunstancias en presencia.

  2. El personal de los centros 鷑icamente podr� utilizar medidas de contenci髇 f韘ica o mec醤ica, previo intento de contenci髇 verbal y emocional, sin uso de la fuerza f韘ica, si la situaci髇 lo permite.

  3. La contenci髇 f韘ica solo podr� consistir en la interposici髇 entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricci髇 f韘ica de espacios y movimientos y, en 鷏tima instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilizaci髇 f韘ica.

  4. La contenci髇 mec醤ica solo ser� admisible para evitar grave riesgo para la vida o la integridad f韘ica del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estr閟 o de trastorno del menor por otros medios. Deber� realizarse con equipos homologados de contenci髇 mec醤ica, bajo un estricto protocolo.

  Art韈ulo 29 Aislamiento del menor

  1. El aislamiento de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida solo podr� utilizarse en prevenci髇 de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, as� como de da駉s graves a sus instalaciones. Se aplicar� puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ning鷑 caso como medida disciplinaria y se cumplir� preferentemente en la propia habitaci髇 del menor, y en caso de que esto no sea posible, se cumplir� en otro espacio de similar habitabilidad y dimensiones.

  2. El aislamiento no podr� exceder de seis horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estar� acompa馻do o supervisado por un educador.

  Art韈ulo 30 Registros personales y materiales

  1. Los registros personales y materiales se llevar醤 a cabo con el respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona.

  2. El registro personal y cacheo del menor se efectuar� por el personal indispensable que requerir� al menos dos profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Cuando implique alguna exposici髇 corporal, se realizar� en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en todo lo posible la intimidad del menor.

  Se utilizar醤 preferentemente medios electr髇icos.

  3. El personal del centro podr� realizar el registro de las pertenencias del menor, pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesi髇 que pudieran ser de il韈ita procedencia, resultar da駃nos para s�, para otros o para las instalaciones del centro o que no est閚 autorizados para menores de edad. Los registros materiales se deber醤 comunicar previamente al menor siempre que no pudieran efectuarse en su presencia.

  Art韈ulo 31 R間imen disciplinario

  1. El r間imen disciplinario en estos centros se fundar� siempre en el proyecto socio-educativo del centro y en el individualizado de cada menor, al cual se informar� del mismo.

  2. El procedimiento disciplinario ser� el 鷏timo recurso a utilizar, dando prioridad a los sistemas restaurativos de resoluci髇 de conflictos e interacci髇 educativa. No podr醤 establecerse restricciones de igual o mayor entidad que las previstas en la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

  3. En ning鷑 caso podr醤 utilizarse las medidas contenidas en los art韈ulos 27 a 30 con fines disciplinarios.

  4. La regulaci髇 auton髆ica sobre r間imen disciplinario deber� ser suficiente y adecuada a los principios de la Constituci髇, de esta ley y del t韙ulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, garantizando al menor la asistencia legal de un abogado independiente, respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los menores y sin que en ning鷑 caso se les pueda privar de los mismos.

  Art韈ulo 32 Supervisi髇 y control

  Con independencia de las inspecciones de los centros que puedan efectuar el Defensor del Pueblo, las instituciones auton髆icas equivalentes y el Ministerio Fiscal, la medida de ingreso del menor en el centro de protecci髇 espec韋ico deber� revisarse al menos trimestralmente por la Entidad P鷅lica, debiendo remitir al 髍gano judicial competente que autoriz� el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del Libro de Registro de Incidencias.

  A los efectos de las inspecciones e informes a los que se refiere el p醨rafo anterior, el Libro de Registro de Incidencias deber� respetar, respecto a los cesionarios de datos, la adopci髇 de las medidas de seguridad de nivel medio establecidas en la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

  Art韈ulo 33 Administraci髇 de medicamentos

  1. La administraci髇 de medicamentos a los menores, cuando sea necesario para su salud, deber� tener lugar de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las disposiciones sobre consentimiento informado, y en los t閞minos y condiciones previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica.

  2. En todo caso, deber� ser un facultativo m閐ico autorizado quien recete medicamentos sujetos a prescripci髇 m閐ica y realice el seguimiento de su correcta administraci髇 y de la evoluci髇 del tratamiento. A estos efectos se llevar� un registro con la historia m閐ica de cada uno de los menores.

  Art韈ulo 34 R間imen de visitas y permisos de salida

  1. Las visitas de familiares y otras personas allegadas s髄o podr醤 ser restringidas o suspendidas en inter閟 del menor por el Director del centro, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso.

  El derecho de visitas no podr� ser restringido por la aplicaci髇 de medidas disciplinarias.

  2. El Director del centro de protecci髇 espec韋ico de menores con problemas de conducta podr� restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo, siempre en inter閟 del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso.

  3. Las medidas limitativas del r間imen de visitas y de los permisos de salida deber醤 ser notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la legislaci髇 aplicable.

  Dichas medidas podr醤 ser recurridas por el Ministerio Fiscal y por el menor al que se garantizar� asistencia legal de abogado independiente, ante el 髍gano judicial que est� conociendo el ingreso, el cual resolver� tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

  Art韈ulo 35 R間imen de comunicaciones del menor

  1. Los menores ingresados en los centros tendr醤 derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones auton髆icas hom髄ogas. Este derecho no podr� ser restringido por la aplicaci髇 de medidas disciplinarias.

  2. Las comunicaciones del menor con familiares y otras personas allegadas ser醤 libres y secretas.

  S髄o podr醤 ser restringidas o suspendidas por el Director del centro en inter閟 del menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje y conforme a los t閞minos recogidos en la autorizaci髇 judicial de ingreso. La restricci髇 o suspensi髇 del derecho a mantener comunicaciones o del secreto de las mismas deber� ser adoptada de acuerdo con la legislaci髇 aplicable y notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podr醤 recurrirla ante el 髍gano jurisdiccional que autoriz� el ingreso, el cual resolver� tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.�

  
• Siete. Se modifica la disposici髇 final vig閟ima tercera, que queda redactada como sigue:

  獶isposici髇 final vig閟ima tercera

  Tienen car醕ter de ley ordinaria los art韈ulos 1; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, apartado 2, p醨rafo c; 9 bis; 9 ter; 9 qu醫er; 9 quinquies; 10, apartados 1, 2, p醨rafos a, b, d y f, 3, 4 y 5; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 22 qu醫er, 22 quinquies, 23 y 24; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposici髇 transitoria; la disposici髇 derogatoria, y las disposiciones finales primera a vig閟ima segunda y vig閟ima cuarta.

  Los preceptos relacionados en el p醨rafo anterior se aplicar醤 seg鷑 lo previsto en la disposici髇 final vig閟ima primera.�

  

Art韈ulo segundo Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se introduce un nuevo art韈ulo 778 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 778 bis Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protecci髇 espec韋icos

  1. La Entidad P鷅lica, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal estar醤 legitimados para solicitar la autorizaci髇 judicial para el ingreso del menor en los centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta a los que se refiere el art韈ulo 25 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompa馻r a la solicitud la valoraci髇 psicosocial que lo justifique.

  2. Ser醤 competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.

  3. La autorizaci髇 judicial ser� obligatoria y deber� ser previa a dicho ingreso, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopci髇 de la medida. En este caso, la Entidad P鷅lica o el Ministerio Fiscal deber醤 comunicarlo al Juzgado competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificaci髇 de dicha medida, que deber� efectuarse en el plazo m醲imo de setenta y dos horas desde que llegue el ingreso a conocimiento del Juzgado, dej醤dose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no sea autorizado.

  En los supuestos previstos en este apartado, la competencia para la ratificaci髇 de la medida y para continuar conociendo del procedimiento ser� del Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el centro del ingreso.

  4. El Juzgado, para conceder la autorizaci髇 o ratificar el ingreso ya efectuado, deber� examinar y o韗 al menor, quien deber� ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles y en t閞minos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la Entidad P鷅lica, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitir� informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabar�, al menos, dictamen de un facultativo por 閘 designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada. La autorizaci髇 o ratificaci髇 del ingreso 鷑icamente proceder� cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en unas condiciones menos restrictivas.

  5. Frente a la resoluci髇 que el Juzgado adopte en relaci髇 con la autorizaci髇 o ratificaci髇 del ingreso podr� interponerse recurso de apelaci髇 por el menor afectado, la Entidad P鷅lica, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo legitimaci髇 para oponerse a las resoluciones en materia de protecci髇 de menores. El recurso de apelaci髇 no tendr� efecto suspensivo.

  6. En la misma resoluci髇 en que se acuerde el ingreso se expresar� la obligaci髇 de la Entidad P鷅lica y del Director del centro de informar peri骴icamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los dem醩 informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente.

  Los informes peri骴icos ser醤 emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida la naturaleza de la conducta que motiv� el ingreso, se馻le un plazo inferior.

  Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad P鷅lica y del Director del centro, el Juzgado, previa la pr醕tica de las actuaciones que estime imprescindibles, y o韉o el menor y el Ministerio Fiscal, acordar� lo procedente sobre la continuaci髇 o no del ingreso.

  El control peri骴ico de los ingresos corresponder� al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de protecci髇 espec韋ico de menores con problemas de conducta, no ser� necesaria una nueva autorizaci髇 judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique el nuevo centro. La decisi髇 de traslado ser� notificada a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podr醤 recurrirla ante el 髍gano que est� conociendo del ingreso, el cual resolver� tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.

  7. Los menores no permanecer醤 en el centro m醩 tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades espec韋icas.

  El cese ser� acordado por el 髍gano judicial competente, de oficio o a propuesta de la Entidad P鷅lica o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estar� fundamentada en un informe psicol骻ico, social y educativo.

  8. El menor ser� informado de las resoluciones que se adopten.�

  
• Dos. Se introduce un art韈ulo 778 ter, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 778 ter Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecuci髇 forzosa de las medidas de protecci髇 de menores

  1. La Entidad P鷅lica deber� solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio, autorizaci髇 para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecuci髇 forzosa de las medidas adoptadas por ella para la protecci髇 de un menor. Cuando se trate de la ejecuci髇 de un acto confirmado por una resoluci髇 judicial, la solicitud se dirigir� al 髍gano que la hubiera dictado.

  2. La solicitud se iniciar� por escrito en el que se har醤 constar, al menos, los siguientes extremos:

  • a) La resoluci髇 administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud.
  • b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.
  • c) La justificaci髇 de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se har� constar dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la aportaci髇 de la referida justificaci髇.
  • d) La necesidad de dicha entrada para la ejecuci髇 de la resoluci髇 de la Entidad P鷅lica.

  3. Presentada por la Entidad P鷅lica la solicitud, el Secretario Judicial, en el mismo d韆, dar� traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorizaci髇.

  No obstante, cuando la Entidad P鷅lica solicitante as� lo pida de forma razonada y acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora en la ejecuci髇 de la resoluci髇 administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor, o bien porque exista afectaci髇 real e inmediata de sus derechos fundamentales, el Juez podr� acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el plazo m醲imo de las 24 horas siguientes a la recepci髇 de la solicitud, previo informe del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonar� por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin o韗 al interesado.

  4. Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Juez acordar� o denegar� la entrada por auto en el plazo m醲imo de las 24 horas siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos mencionados en el apartado 3 de este art韈ulo, la competencia de la Entidad P鷅lica para dictar el acto que se pretende ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de protecci髇.

  5. En el auto en el que se autorice la entrada se har醤 constar los l韒ites materiales y temporales para la realizaci髇 de la misma, que ser醤 los estrictamente necesarios para la ejecuci髇 de la medida de protecci髇.

  6. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada ser� entregado a la Entidad P鷅lica solicitante para que proceda a realizarla. El auto ser� notificado sin dilaci髇 a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificaci髇 antes de la realizaci髇 de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial proceder� a su notificaci髇 al practicar la diligencia.

  7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorizaci髇, aun cuando se hubiera dictado sin previa audiencia del interesado, cabr� recurso de apelaci髇, sin efecto suspensivo, que deber� ser interpuesto en el plazo de los tres d韆s siguientes, contados desde la notificaci髇 del auto, al que se dar� una tramitaci髇 preferente.

  Aun denegada la solicitud, la Entidad P鷅lica podr� reproducir la misma si cambiaran las circunstancias existentes en el momento de la petici髇.

  8. La entrada en el domicilio ser� practicada por el Secretario Judicial dentro de los l韒ites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza p鷅lica, si fuera preciso, y siendo acompa馻do de la Entidad P鷅lica solicitante. Finalizada la diligencia, se decretar� el archivo del procedimiento.�

  
• Tres. Se modifica la disposici髇 adicional primera, que queda redactada como sigue:

  獶isposici髇 adicional primera Car醕ter ordinario y T韙ulo competencial

  1. La presente ley es ordinaria a excepci髇 de los art韈ulos 763, 778 bis y 778 ter que tienen car醕ter org醤ico y se dictan al amparo del art韈ulo 81 de la Constituci髇.

  2. La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al art韈ulo 149.1.6.a de la Constituci髇, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Aut髇omas.�

  

Disposici髇 adicional primera Referencias en las normas de fecha anterior

Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a la presente ley a Entidad P鷅lica de protecci髇 de menores competente territorialmente se entender醤 hechas a Entidad P鷅lica, expresi髇 que se utilizar� en los sucesivos textos legales.

Disposici髇 adicional segunda Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad

El Gobierno fomentar� con las Comunidades Aut髇omas el establecimiento de criterios comunes y m韓imos est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci髇 de esta ley en todo el territorio, y, en todo caso, en lo relativo a los centros de protecci髇 de menores con problemas de conducta.

Disposici髇 transitoria 鷑ica Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados

Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regir醤 por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 de normas

Se consideran derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 91 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del apartado 2 del art韈ulo 59 bis de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 59 bis de la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero

La Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, queda modificada en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 1, que queda redactado como sigue:

  �2. Por esta ley se establecen medidas de protecci髇 integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, v韈timas de esta violencia.�

  
• Dos. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 61, que queda redactado como sigue:

  �2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de g閚ero, el Juez competente deber� pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las v韈timas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administraci髇 de la que dependan los servicios de atenci髇 a las v韈timas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopci髇 de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este cap韙ulo, especialmente sobre las recogidas en los art韈ulos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su r間imen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 65, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 65 De las medidas de suspensi髇 de la patria potestad o la custodia de menores

  El Juez podr� suspender para el inculpado por violencia de g閚ero el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de 閘.

  Si no acordara la suspensi髇, el Juez deber� pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercer� la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptar� las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperaci髇 de los menores y de la mujer, y realizar� un seguimiento peri骴ico de su evoluci髇.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 66, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 66 De la medida de suspensi髇 del r間imen de visitas, estancia, relaci髇 o comunicaci髇 con los menores

  El Juez podr� ordenar la suspensi髇 del r間imen de visitas, estancia, relaci髇 o comunicaci髇 del inculpado por violencia de g閚ero respecto de los menores que dependan de 閘.

  Si no acordara la suspensi髇, el Juez deber� pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercer� el r間imen de estancia, relaci髇 o comunicaci髇 del inculpado por violencia de g閚ero respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptar� las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperaci髇 de los menores y de la mujer, y realizar� un seguimiento peri骴ico de su evoluci髇.�

  

Disposici髇 final cuarta Car醕ter org醤ico y t韙ulos competenciales

1. La presente ley org醤ica se dicta al amparo del art韈ulo 81 de la Constituci髇 Espa駉la, teniendo el car醕ter de org醤ico todos sus art韈ulos y las disposiciones finales primera, segunda y tercera

2. La presente Ley Org醤ica se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 civil atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 Espa駉la, salvo el art韈ulo segundo, la disposici髇 transitoria 鷑ica, la disposici髇 final primera y la disposici髇 final tercera, que se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 procesal.

3. La disposici髇 final segunda, que modifica la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.2.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de extranjer韆.

Disposici髇 final quinta No incremento del gasto

Las medidas incluidas en esta norma no podr醤 suponer incremento de gasto p鷅lico.

Disposici髇 final sexta Modificaciones y desarrollos reglamentarios

1. El Gobierno llevar� a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicaci髇 de la presente ley.

2. El Estado y las Comunidades Aut髇omas adoptar醤, en el 醡bito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta ley.

Disposici髇 final s閜tima Entrada en vigor

La presente ley org醤ica entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.