Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La regulaci�n existente en el C�digo Civil y en la Ley del Registro Civil en materia de orden de inscripci�n de apellidos ha venido a establecer hasta el momento presente la regla general de que, determinando la filiaci�n los apellidos, el orden de estos ser� el paterno y materno; se reconoce tambi�n la posibilidad de modificar esta situaci�n por el hijo una vez que haya alcanzado la mayor�a de edad.

Esta situaci�n, que ya intent� ser cambiada con ocasi�n de la modificaci�n del C�digo Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, es la que se pretende modificar a la luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constituci�n y en atenci�n a distintas decisiones de �mbito internacional adoptadas sobre esta materia. Baste recordar, en este punto, que el art�culo 16 de la Convenci�n de Naciones Unidades de 18 de diciembre de 1979 prev� que los Estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer toda disposici�n sexista en el derecho del nombre; que el Comit� de Ministros del Consejo de Europa, desde 1978, establece en la Resoluci�n 78/37 la recomendaci�n a los Estados miembros de que hicieran desaparecer toda discriminaci�n entre el hombre y la mujer en el r�gimen jur�dico del nombre y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado, en la sentencia de 22 de febrero de 1994 en el caso Burghartz C. Suisse, las discriminaciones sexistas en la elecci�n de los apellidos.

Es, por tanto, m�s justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres de com�n acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos, en el bien entendido de que su decisi�n para el primer hijo habr� de valer tambi�n para los hijos futuros de igual v�nculo, lo cual no impide que, ante el no ejercicio de la opci�n posible, deba regir lo dispuesto en la Ley.

Por otra parte, transcurridos m�s de veinte a�os desde la aprobaci�n de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del art�culo 54 de la Ley del Registro Civil, que establec�a la posibilidad de sustituir el nombre propio por su equivalente onom�stico en cualquiera de las lenguas del Estado espa�ol, nos encontramos con que cualquier ciudadano que alcance la mayor�a de edad y tenga inscrito su nombre en lengua castellana en el Registro Civil, se ve privado de la posibilidad de que su nombre propio sea traducido a otra lengua espa�ola oficial.

Por todo ello, la Ley que se aprueba facilita el uso normal de las diferentes lenguas del Estado espa�ol y la obtenci�n de un estatuto jur�dico que respete su riqueza idiom�tica.

Asimismo, y por las mismas razones, la Ley permite regularizar ortogr�ficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el Registro no se adecue a la gram�tica y fon�tica de la lengua espa�ola correspondiente.

Por lo dem�s, la presente Ley se completa con una disposici�n transitoria que prev� el supuesto de existencia de hijos menores de edad en el momento de la entrada en vigor de aqu�lla. La alteraci�n del orden de sus apellidos se subordina a la necesaria audiencia, si tuvieran suficiente juicio.

Por tanto,

Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.