Sumario

--> Ley 39/2003, 17 noviembre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (�B.O.E.� 30 septiembre) el 1 de octubre de 2015. Orden FOM/2893/2005, de 14 de septiembre, por la que se delegan competencias en materia ferroviaria (�B.O.E.� 19 septiembre).-->

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

El ferrocarril es un modo de transporte esencial en la sociedad espa�ola actual, seguro y con escasa incidencia sobre el medio ambiente y el consumo energ�tico. Conviene, por ello, potenciarlo, favoreciendo su desarrollo y atribuy�ndole una misi�n de mayor entidad en la sociedad y en la actividad econ�mica espa�olas.

La decidida voluntad del Gobierno espa�ol de impulsar el ferrocarril como transporte r�pido, moderno y seguro, capaz de competir con otros modos de transporte y de convertirse en elemento vertebrador del pa�s y en instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hace imprescindible una reforma de la actual legislaci�n.

Tradicionalmente, la explotaci�n del ferrocarril ha abarcado la de la infraestructura y la de los servicios de transporte ferroviario. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, consider� que, en los transportes por ferrocarril, el conjunto camino-veh�culo constitu�a una unidad de explotaci�n, atribuyendo la explotaci�n unitaria de las l�neas y de los servicios de la denominada Red Nacional Integrada a Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles (RENFE).

La necesidad de convertir el ferrocarril en un modo de transporte competitivo y de abrir los mercados ferroviarios nacionales al transporte internacional de mercanc�as realizado por las empresas ferroviarias establecidas en cualquier Estado miembro de la Uni�n Europea, hizo preciso aprobar un conjunto de Directivas dirigidas a dinamizar el sector ferroviario europeo. As�, la Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, modificada por la Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, establece la necesidad de separar, al menos contablemente, la explotaci�n de los servicios de transporte ferroviario y la administraci�n de la infraestructura. Esta Directiva exige a los Estados miembros la apertura de sus redes ferroviarias a las empresas y a las agrupaciones empresariales internacionales que presten determinados servicios de transporte internacional, principalmente de mercanc�as. Por su parte, la Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesi�n de licencias a las empresas ferroviarias, estableci� la necesidad de licencia para las empresas que prestan los servicios a que se refiere la Directiva 91/440/CEE. Dado que determinados Estados miembros ampliaron los derechos de acceso m�s all� de lo previsto en la Directiva 91/440/CEE, la Directiva 2001/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001 modific� la Directiva 95/18/CE en el sentido de generalizar los principios de concesi�n de licencias a todas las empresas activas en el sector con objeto de garantizar a �stas un trato justo, transparente y no discriminatorio. La Directiva 2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicaci�n de capacidad de infraestructuras ferroviarias, aplicaci�n de c�nones por su utilizaci�n y certificaci�n de la seguridad, pretende garantizar a las empresas ferroviarias el acceso a la infraestructura en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias y garantizar la seguridad en la prestaci�n de los servicios de transporte ferroviario. Por �ltimo, la Directiva 2001/16/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional, pretende fijar las condiciones que deben cumplirse para lograr, en el territorio comunitario, la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. Dichas condiciones se refieren al proyecto, a la construcci�n, a la puesta en servicio, a la rehabilitaci�n, a la renovaci�n, a la explotaci�n y al mantenimiento de los elementos de dicho sistema que entren en servicio despu�s de la fecha de entrada en vigor de la referida Directiva (el d�a de su publicaci�n en el �Diario Oficial de las Comunidades Europeas�), as� como a las cualificaciones profesionales y a las condiciones de salud y de seguridad del personal que contribuye a su explotaci�n.

Los ejes sobre los que gira la reforma son la separaci�n de las actividades de administraci�n de la infraestructura y de explotaci�n de los servicios y la progresiva apertura del transporte ferroviario a la competencia. La consecuci�n de estos objetivos requiere una profunda modificaci�n de las estructuras y funciones de los actuales agentes del sector ferroviario, as� como la creaci�n de otros nuevos que velen por la debida aplicaci�n de la nueva normativa.

La nueva regulaci�n del r�gimen aplicable al sector ferroviario mantiene la vigencia de las normas generales sobre transporte terrestre contenidas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres. Esta ley s�lo deroga, expresamente, la secci�n 2.� del cap�tulo II, y los cap�tulos III, IV y V del t�tulo VI de la Ley 16/1987 y otras normas incompatibles con ella.

La reforma podr�a haberse limitado a incorporar al derecho interno las normas comunitarias mencionadas. Sin embargo, esta ley pretende reordenar por completo el sector ferroviario estatal y sentar las bases que permitan la progresiva entrada de nuevos actores en este mercado. Para alcanzar estos objetivos, la ley regula la administraci�n de las infraestructuras ferroviarias y encomienda �sta a la entidad p�blica empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles (RENFE) que pasa a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e integra, adem�s, al actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). La entidad p�blica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias podr� construir, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Fomento, las infraestructuras ferroviarias con cargo a sus propios recursos o a recursos ajenos. Asimismo, administrar� las infraestructuras de su titularidad y aquellas cuya administraci�n se le encomiende mediante el oportuno convenio.

Asimismo, nace una nueva entidad p�blica empresarial denominada RENFE-Operadora, como empresa prestadora del servicio de transporte ferroviario cuyo cometido es, b�sicamente, ofrecer a los ciudadanos la prestaci�n de todo tipo de servicios ferroviarios. RENFE-Operadora asume, en los plazos y en la forma que la ley prev�, los medios y activos que RENFE ha tenido afectos a la prestaci�n de servicios ferroviarios.

Finalmente, la eventual existencia de una multitud de actores en el mercado ferroviario hace necesaria, por otro lado, la creaci�n de un Comit� de Regulaci�n Ferroviaria que resuelva los conflictos que se planteen entre ellos y que garantice un correcto funcionamiento del sistema.

Desde la entrada en vigor de esta ley, se abre a la competencia la prestaci�n del servicio de transporte de mercanc�as por ferrocarril en el �mbito nacional y se permite el acceso de todas las empresas ferroviarias que lleven a cabo transporte internacional de mercanc�as a las l�neas de la Red Ferroviaria de Inter�s General que formen parte de la denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercanc�as.

En Espa�a coexisten diversas redes ferroviarias de titularidad p�blica, tanto en el �mbito de la competencia estatal como en el de la auton�mica. La Constituci�n expresa, en su art�culo 149.1.21.� y 24.�, que el Estado ostenta competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de m�s de una comunidad aut�noma y el r�gimen general de comunicaciones as� como en materia de obras p�blicas de inter�s general o cuya realizaci�n afecte a m�s de una comunidad aut�noma. Igualmente el Estado tiene facultad para regular las condiciones b�sicas que garanticen la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art�culo 149.1.1.�), para establecer las bases y la coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica (art�culo 149.1.13.�) y para regular la Hacienda General y la deuda del Estado (art�culo 149.1.14.�). Por su parte, el art�culo 148.1.5.� expresa que las comunidades aut�nomas podr�n asumir competencias en materia de ferrocarriles cuyo itinerario se desarrolle �ntegramente en el territorio de la comunidad aut�noma y en los mismos t�rminos respecto del transporte desarrollado por este medio. Sobre esta base, la ley construye el ya mencionado concepto de Red Ferroviaria de Inter�s General sobre la que el Estado tiene competencias plenas, de igual manera que tienen competencia plena las comunidades aut�nomas sobre las redes de su titularidad.

El t�tulo I de la ley establece las disposiciones generales, determinando el objeto y los fines que se persiguen con la nueva regulaci�n.

El t�tulo II regula la infraestructura ferroviaria, concretamente, la Red Ferroviaria de Inter�s General. Se ha previsto un r�gimen flexible de planificaci�n, proyecto y construcci�n.

Asimismo, este t�tulo establece la regulaci�n en materia de establecimiento de zonas de servicio ferroviario, desarrolla la incidencia de su construcci�n sobre el planeamiento urban�stico y regula las limitaciones a la propiedad mediante la determinaci�n de una zona de dominio p�blico, otra de protecci�n y de un l�mite de edificaci�n respecto de la infraestructura ferroviaria.

Por otra parte, el referido t�tulo dise�a el r�gimen de administraci�n de las infraestructuras ferroviarias. La nueva configuraci�n del sector ferroviario estatal atribuye un papel esencial al administrador de infraestructuras ferroviarias. A �ste le corresponden, entre otras funciones, la construcci�n y administraci�n de l�neas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura ferroviaria, que formen parte de la red de la que, con arreglo a esta ley, es titular y, previo el oportuno convenio, de la de titularidad del Estado, la elaboraci�n de las declaraciones sobre la red y la adjudicaci�n de la capacidad de red necesaria para la prestaci�n de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de mercanc�as. Finalmente y dentro de este mismo t�tulo, la nueva ley regula el r�gimen aplicable a las infraestructuras ferroviarias en los Puertos y Aeropuertos y a las infraestructuras ferroviarias de titularidad privada.

El t�tulo III de la ley dedica su contenido a la regulaci�n de los servicios adicionales, complementarios y auxiliares, determinando tanto el r�gimen que les resulta aplicable como los sujetos facultados para su prestaci�n.

En materia de transporte ferroviario, el t�tulo IV parte de su consideraci�n como servicio de inter�s general y esencial para la comunidad que se presta en r�gimen de libre competencia, en los t�rminos previstos en la ley. El acceso por una empresa al mercado del transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercanc�as, debe hacerse mediante la obtenci�n de la correspondiente licencia, acreditando, previamente, el cumplimiento de una serie de requisitos. Una vez obtenida por la empresa la correspondiente licencia, ser� preciso que el administrador de infraestructuras ferroviarias le adjudique la capacidad de red necesaria para que pueda prestar servicios. No obstante, el Consejo de Ministros, de oficio o a instancia de las comunidades aut�nomas o corporaciones locales correspondientes, podr� declarar de inter�s p�blico la prestaci�n de determinados servicios de transporte ferroviario sobre las l�neas o los tramos que integran la Red Ferroviaria de Inter�s General cuando dicha prestaci�n resulte deficitaria o no se produzca en las adecuadas condiciones de frecuencia y calidad, y sea necesaria para garantizar la comunicaci�n entre distintas localidades del territorio espa�ol. Una vez declarada de inter�s p�blico la prestaci�n de un determinado servicio de transporte ferroviario, las empresas ferroviarias, �nicamente, podr�n prestarlo previa la obtenci�n de la correspondiente autorizaci�n, que ser� otorgada por el Ministerio de Fomento. Igualmente, se prev� la posibilidad de que el Gobierno, con car�cter excepcional y transitorio, pueda acordar la asunci�n, por la Administraci�n General del Estado, de la gesti�n de determinados servicios de transporte por ferrocarril o la explotaci�n de ciertas infraestructuras ferroviarias para garantizar la seguridad p�blica y la defensa nacional. Asimismo, se permite al Ministerio de Fomento la adopci�n de las medidas que resulten necesarias para la correcta prestaci�n de los servicios de transporte de viajeros declarados de inter�s p�blico o de los servicios adicionales, complementarios o auxiliares a los mismos.

Finalmente, la ley pretende clarificar el r�gimen jur�dico aplicable al transporte ferroviario con el fin de aportar seguridad jur�dica a los usuarios. A estos efectos, se determina el derecho a acceder al servicio de transporte, en las adecuadas condiciones de calidad y de seguridad, sujetando a las empresas ferroviarias a la obtenci�n del correspondiente certificado de seguridad que se otorgar� por el Ministerio de Fomento o por el ente que �ste determine. Particularmente, se prev� la posibilidad de crear, si as� se estableciere en la normativa comunitaria, un �rgano administrativo espec�fico que tenga por finalidad el otorgamiento de los referidos certificados y, en su caso, otro que tenga por objeto la investigaci�n de accidentes. Asimismo, se garantiza a los usuarios la oportuna indemnizaci�n en caso de que el servicio no llegare a prestarse o se prestare inadecuadamente.

Para completar la regulaci�n en materia de transporte ferroviario, el cap�tulo IV de dicho t�tulo IV recoge el r�gimen del Registro Especial de Empresas Ferroviarias y el correspondiente al personal ferroviario.

El r�gimen econ�mico y tributario de la ley, que aparece recogido en el t�tulo V, establece las bases para que las entidades p�blicas empresariales y, en general, el sistema ferroviario espa�ol, sean viables econ�micamente. Adem�s de las tasas por el otorgamiento de licencias y certificados de seguridad, por la seguridad del transporte ferroviario de viajeros, por la homologaci�n de centros de formaci�n de personal ferroviario y de certificaci�n de material rodante y por el otorgamiento de t�tulos a dicho personal, la ley prev� la existencia de dos tasas adicionales. La primera por utilizaci�n de l�neas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Inter�s General que podr� exigirse con ocasi�n de la adjudicaci�n de la capacidad de red necesaria para la prestaci�n de los distintos servicios ferroviarios, y la segunda por la utilizaci�n de estaciones y otras instalaciones ferroviarias. Finalmente, la ley prev� un r�gimen de tarifas o precios privados por la prestaci�n, por el administrador de infraestructuras ferroviarias o por terceros, de servicios adicionales, complementarios y auxiliares y por el uso comercial de sus instalaciones y espacios de los que aqu�l sea titular.

Por su parte, el t�tulo VI regula la administraci�n ferroviaria, racionalizando el sistema del que son piezas clave el Gobierno y el Ministerio de Fomento. Dentro de �ste, se crea el Comit� de Regulaci�n Ferroviaria con competencias para salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestaci�n de los servicios sobre la Red Ferroviaria de Inter�s General y para resolver los conflictos entre empresas ferroviarias, entre otras.

El r�gimen sancionador es objeto de espec�fico tratamiento en el t�tulo VII, supera el r�gimen de determinaci�n de tipos infractores en blanco y especifica los incumplimientos normativos sancionables. Adem�s, se actualiza y adapta a la nueva realidad nacida de la ley el r�gimen tradicional de infracciones y sanciones, y se regula detalladamente el procedimiento sancionador y la eventual adopci�n de medidas provisionales.

Cierran el texto de la ley nueve disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria, tres finales y el anexo de definiciones. A trav�s de estas normas, se regulan los nuevos entes que actuar�n en el sector ferroviario estatal y se establece un r�gimen escalonado y paulatino de apertura del mercado de transporte ferroviario. Adem�s, se prev� un r�gimen transitorio para el transporte ferroviario de viajeros, reconoci�ndose a RENFE-Operadora el derecho a explotar los servicios que se presten, en la fecha de entrada en vigor de la ley, sobre la Red Ferroviaria de Inter�s General. La ley deroga expresamente determinadas normas, entre ellas, la secci�n 2.� del cap�tulo II y los cap�tulos III, IV y V del t�tulo VI de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, quedando en vigor el resto de los preceptos de esta ley. Por �ltimo, dada la complejidad de los cambios que es preciso realizar, se ha previsto una �vacatio legis� de seis meses para la entrada en vigor de la ley, contados desde su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. En dicho plazo, el Gobierno y el Ministerio de Fomento deber�n adoptar todas las medidas que sean precisas para el funcionamiento del nuevo modelo, especialmente, la aprobaci�n de los Estatutos de las entidades p�blicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y RENFE-Operadora.