Sumario

Juan Carlos I Rey de Espa馻

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Exposici髇 de Motivos

I

El proceso de ordenaci髇 de las tasas en la historia fiscal espa駉la no puede decirse que haya sido sencillo ni siquiera que se encuentre terminado.

Ello se debe a causas complejas y sobradamente conocidas, derivadas de la g閚esis, caracter韘ticas y peculiar funci髇 que estos tributos cumplieron en el sistema tributario, en la financiaci髇 de los entes p鷅licos dotados de cierta autonom韆 dentro de la estructura del sector p鷅lico e, incluso, en la pol韙ica retributiva de los funcionarios p鷅licos.

A partir de 1958 aparecen, sin embargo, una serie de disposiciones de muy diversa naturaleza que avanzan notablemente en la reconducci髇 de la tasa y de su utilizaci髇 a los par醡etros propios de la t閏nica presupuestaria y Fiscal. Entre ellas cabe destacar la Ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de Diciembre de 1958, la Ley de reforma del sistema tributario de 11 de Junio de 1964 y la fundamental Ley de retribuciones de los funcionarios de la administraci髇 civil del Estado, de 4 de Mayo de 1965, que acabaron con la parafiscalidad espa駉la al establecer la aplicaci髇 de los principios de legalidad e integraci髇 presupuestaria de los tributos y exacciones parafiscales.

Posteriormente, el Real Decreto-Ley 26/1977, de 24 de Marzo, suprimi� una treintena de antiguas tasas o exacciones parafiscales, transvas� otras diez al r間imen de precios o recursos propios de Organismos Aut髇omos y realiz� algunas refundiciones.

Tambi閚, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto Sobre el Valor A馻dido, se han derogado otras diez antiguas exacciones o c醤ones parafiscales.

En esta misma l韓ea de racionalizaci髇 y simplificaci髇 del sistema de tasas hay que anotar la supresi髇 en los 鷏timos tiempos de una serie de ellas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, as� como la supresi髇 de las tasas judiciales por la Ley 25/1986, de 24 de Diciembre.

II

El importante esfuerzo realizado en los a駉s citados para refundir, sistematizar y ordenar la presencia de estos tributos en nuestro sistema tributario no ha podido impedir, sin embargo, que la regulaci髇 de las tasas contin鷈 ofreciendo una dispersi髇 y complejidad que dificulta su conocimiento y aplicaci髇, incidiendo, por tanto, en la seguridad jur韉ica de los administrados, ni tampoco que se arrastren todav韆 ciertas manifestaciones parafiscales.

Es patente, adem醩, que nuestra entrada en la comunidad econ髆ica europea y las exigencias derivadas de ello para nuestro pa韘, en materia de armonizaci髇 Fiscal, han influido directamente en el peculiar mundo de las tasas y sobre todo en sus relaciones de compatibilidad y exclusi髇 con el Impuesto Sobre el Valor A馻dido que rechaza las tasas de estructura equivalente a la de un impuesto sobre ventas.

La entrada en vigor de la Constituci髇 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad tributaria han incidido notablemente en la configuraci髇 del sistema tributario espa駉l implantado a partir de 1979, pero no han tenido proyecci髇 apenas en la regulaci髇 de las tasas, cuya legislaci髇 b醩ica es preconstitucional.

Por todo ello resulta conveniente afrontar la revisi髇 de esta legislaci髇, insert醤dola en el nuevo marco jur韉ico creado por la Constituci髇 espa駉la, de forma que las tasas puedan ocupar un lugar efectivo entre los ingresos no financieros de los entes p鷅licos, absolutamente concentrados en estos momentos m醩 que en la figura del tributo en general, en la del impuesto. S髄o de esta manera puede aspirarse a conseguir una estructura m醩 diferenciada de los ingresos p鷅licos coactivos, que haga recaer sobre los beneficiarios directos de ciertos servicios y actividades p鷅licos el coste de su prestaci髇, en lugar de financiarlos con impuestos generales aplicables a todos los ciudadanos. Con esta asociaci髇 del principio b醩ico de capacidad econ髆ica y del de equivalencia o beneficio para articular determinados tributos, se espera mejorar no s髄o la suficiencia del sistema en su conjunto sino los componentes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de contenci髇 de la presi髇 Fiscal individual presente en las Leyes Fiscales aprobadas en esta legislatura.

III

La presente Ley no se limita, sin embargo, a la regulaci髇 b醩ica de las tasas en el conjunto de los ingresos tributarios, sino que aborda, tambi閚, la de los precios p鷅licos: Figura mal definida en nuestro ordenamiento y, sobre todo, insuficientemente regulada, respecto de la cual, con esa diferencia, cabr韆 realizar pr醕ticamente las mismas consideraciones expuestas respecto a la necesidad de acometer su reforma legislativa.

La distinci髇 entre precio y tasa es una cuesti髇 cl醩ica de la hacienda p鷅lica, minimizada jur韉icamente por la escasa significaci髇 de los ingresos procedentes del precio en el conjunto de los ingresos p鷅licos. Sin embargo, tanto la tasa como el precio p鷅lico arrancan de un mismo supuesto de hecho como es que el ente p鷅lico entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios por los que es posible obtener a cambio un ingreso. En ambos casos tendremos ingresos p鷅licos, pero mientras que en el precio la relaci髇 que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de legalidad para su creaci髇 y aplicaci髇.

Resulta, por tanto, igualmente necesario acometer a nivel legal la regulaci髇 del r間imen jur韉ico del precio p鷅lico y su delimitaci髇 con las tasas, ya que la teor韆 jur韉ica de la distinci髇 entre ambas figuras se encuentra poco desarrollada en Espa馻 a todos los niveles.

Atendiendo a tal finalidad se construye un esquema basado en los siguientes principios:

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestaci髇 de servicios o la realizaci髇 de actividades en r間imen de Derecho P鷅lico, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos. Consciente la norma de que, en ciertos supuestos, pueden prestarse servicios o realizarse actividades que, por sus caracter韘ticas, no implican las notas propias de la tasa, la delimitaci髇 o acotamiento del campo de la misma se efect鷄 con dos notas: La solicitud o recepci髇 del presupuesto de la tasa debe ser obligatoria para el obligado a satisfacerla y, adem醩, el servicio o actividad que se presta por parte del ente p鷅lico no debe poder ser prestado por el sector privado (no puede existir concurrencia entre el sector p鷅lico y el sector privado). Cuando concurran en la prestaci髇 del servicio o realizaci髇 de la actividad las dos notas comentadas (obligatoriedad y no concurrencia) estaremos ante una tasa. Por el contrario, si el servicio o actividad es susceptible de ser prestado por el sector privado o bien en su solicitud no existe obligatoriedad, estaremos ante el precio p鷅lico. Tambi閚 estaremos ante un precio p鷅lico cuando la actividad consista en la concesi髇 de la utilizaci髇 privativa o aprovechamiento especial del dominio p鷅lico.

IV

A las razones expuestas en los apartados anteriores para justificar la necesidad de esta Ley hay que a馻dir la que deriva de la inexcusable cohesi髇 que debe existir entre la regulaci髇 de estas figuras a efectos del sistema tributario general y la aplicable en el de las haciendas territoriales. Mientras que la tasa y el precio son figuras pr醕ticamente residuales en la financiaci髇 del Estado, su importancia es evidente en los presupuestos de las Corporaciones Locales, donde han alcanzado notable desarrollo. De aqu� que la promulgaci髇 de la Ley de financiaci髇 de las haciendas locales haga necesario unificar las soluciones normativas de ordenaci髇 de las tasas y los precios p鷅licos contenidas en el sistema tributario del Estado, de las Comunidades Aut髇omas y de las entidades locales, para garantizar la m醲ima coherencia en la t閏nica Fiscal de los tres niveles territoriales de organizaci髇 del Estado.

V

En resumen, con la presente Ley se pretende b醩icamente:

• a) disponer de un instrumento legal para la racionalizaci髇 y simplificaci髇 del sistema tributario y, en concreto, del subsistema de tasas y exacciones parafiscales, que permita, al mismo tiempo, diferenciar la financiaci髇 presupuestaria mediante ingresos tributarios en base a la combinaci髇 del principio de equivalencia con el de capacidad contributiva.
• b) flexibilizar legalmente la utilizaci髇 de este instrumento de financiaci髇 p鷅lica, mediante la incorporaci髇 al r間imen tributario general de los criterios de la legislaci髇 reguladora de las haciendas locales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad en materia tributaria.
• c) delimitar los conceptos de tasa y precios p鷅licos, as� como el r間imen de exigencia de estos 鷏timos. Con ello dejaran de producirse confusiones entre una y otra instituci髇 y podr醤 clasificarse adecuadamente los distintos supuestos que vayan apareciendo en la realidad.