Veinticinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y tras una cascada de reformas que culminan en la reciente Ley Orgánica 1/2025, la práctica procesal española atraviesa un momento decisivo. En este contexto, el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra y codirector de la obra Brocá-Majada-Corbal, Joan Picó i Junoy, analiza el papel de esta obra histórica, con 150 años de trayectoria, que combina rigor académico y aplicabilidad práctica, consolidándose como una herramienta imprescindible para la comunidad jurídica.
“El mensaje que daría a los jóvenes juristas es que se debe estar siempre conectado al mundo jurídico, pero con la seguridad que da acceder a un conocimiento de altísima calidad. La rapidez no es suficiente si la información que se obtiene es de mala calidad, y la calidad no es eficiente si cuesta tiempo alcanzarla. En esta obra se logra la rapidez de acceso al conocimiento legal de calidad”, afirma Picó i Junoy.
El Brocá-Majada-Corbal ofrece un compendio completo para afrontar con solvencia la reconfiguración del proceso civil. Según su codirector, “ofrece todos los materiales necesarios: unos comentarios profesionales escritos por expertos de cada uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; los formularios ajustados a cada trámite procesal; unos esquemas claros sobre cada uno de los procesos civiles; más de cinco mil posibles preguntas, con sus respectivas respuestas, sobre aspectos problemáticos del proceso civil; y una bibliografía actualizada para ampliar conocimientos. Todo en una misma obra”.
El formato híbrido de la obra —cuatro tomos impresos más acceso digital permanente en Legalteca— se ha presentado como una innovación que responde a los nuevos hábitos de consulta e investigación de los profesionales jurídicos. En palabras de Picó i Junoy, “es un acierto total presentar la obra en un doble formato: el clásico en papel, y moderno en online. El primero permite la lectura más tranquila o sosegada; y el segundo, garantiza la continua puesta al día de los contenidos de la obra y su acceso inmediato desde cualquier lugar”.
La obra también incorpora 3.000 referencias bibliográficas y esquemas lineales de todos los procesos civiles. Sobre este enfoque sistemático y exhaustivo, Picó i Junoy sostiene que “las referencias bibliográficas son fundamentales para ampliar nuestro conocimiento de los muchísimos problemas procesales que se plantean; y los esquemas facilitan una rápida comprensión o repaso de los diferentes trámites, plazos y normas que regulan cada una de las instituciones procesales”.
La pluralidad de voces que interviene en el Brocá-Majada-Corbal —catedráticos, magistrados, procuradores y notarios— aporta un valor añadido. “La interdisciplinariedad asegura que un tema sea visto desde diversos puntos de vista, lo que ofrece un comentario más plural. Por un lado, se asegura el rigor científico del mundo académico, y por otro lugar, se aporta el conocimiento práctico de la experiencia judicial. Además, como somos conscientes de que en un proceso judicial siempre hay dos partes, en la obra se intentan exponer todos los razonamientos o argumentaciones a favor y en contra de cada una de ellas”, explica.
25 años de reformas
Sobre la coherencia de la LEC tras 25 años de modificaciones, Picó i Junoy advierte: “Las continuas y profundas reformas que ha tenido la LEC ha comportado que haya ido perdiendo coherencia y plantee numerosas cuestiones problemáticas. Así, por ejemplo, el denominado ‘juicio verbal’, en el que, como su propio nombre indica, pareciera que debería ser oral, se ha convertido, con sus sucesivas reformas, en muchas ocasiones, en un proceso totalmente escrito”.
Respecto a la reciente Ley Orgánica 1/2025 y su apuesta por la mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el catedrático asegura que “la intención legislativa es bienintencionada pero mal ejecutada. Sin duda alguna, debe reducirse el altísimo nivel de litigiosidad que tenemos, y para ello es fundamental incentivar la resolución extrajudicial de los conflictos. Pero es muy ingenuo pensar que ello se alcanzará publicando en el BOE la obligación de utilizar un MASC con carácter previo a la demanda. En la práctica, ya está generando diversos problemas, algunos de ellos graves al inadmitirse a trámite demandas”.
Por último, Picó i Junoy valora el papel de la universidad y la doctrina procesal ante la digitalización de la Justicia: “El cambio tecnológico es una realidad que se impone en todos los ámbitos sociales, y, como es lógico, también en el de la justicia. La Universidad está totalmente implicada en el uso de todo tipo de herramientas tecnológicas, tanto para los profesores como para los estudiantes. Y la doctrina procesal también es consciente de esta realidad, y buena muestra de ello es el incremento de obras y productos científicos de contenido jurídico. Como ejemplo de ello, esta obra se ofrece en formato online en Legalteca, para que cualquier operador jurídico que la necesite pueda consultarla desde cualquier lugar”.
