Sumario

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales estim� necesario adquirir una cualificaci�n profesional m�s all� de la sola obtenci�n de una titulaci�n universitaria, tanto para la consecuci�n del t�tulo profesional de abogado –necesario para el desempe�o de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervenci�n de Abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en derecho utilizando la denominaci�n de abogado–, como para la del t�tulo profesional de Procurador de los Tribunales –imprescindible para asumir la representaci�n procesal de las partes en los procesos judiciales, as� como para utilizar tal denominaci�n–.

Este proceso de capacitaci�n profesional se adquiere mediante la superaci�n de una formaci�n especializada, reglada y de car�cter oficial, a trav�s de la realizaci�n de cursos de formaci�n, que han de incluir necesariamente un periodo de pr�cticas externas, que se culmina superando una evaluaci�n. La misma est� dirigida a comprobar si se posee la formaci�n necesaria para el ejercicio de las referidas profesiones, as� como el conocimiento de las respectivas normas deontol�gicas y profesionales, y ha sido objeto de desarrollo reglamentario a trav�s del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; norma que configura la prueba en dos partes, a realizar el mismo d�a, una primera mediante la contestaci�n de preguntas m�ltiples, y otra segunda, consistente en la resoluci�n de un caso pr�ctico.

Con la finalidad de conseguir un sistema coherente de evaluaci�n de la aptitud profesional, que permita valorar con absoluta objetividad la formaci�n obligatoria te�rico-pr�ctica, que al mismo tiempo beneficie a los aspirantes, permitiendo una mayor agilidad en la calificaci�n final y por tanto en la obtenci�n de los t�tulos necesarios para ejercer la profesi�n, y comportando los menores costes posibles, se ha considerado oportuno sustituir el formato de la prueba con dos partes por una �nica prueba escrita de contestaciones o respuestas m�ltiples con preguntas te�ricas y supuestos pr�cticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores. Con ello, se garantiza que la expedici�n de los t�tulos profesionales se base en la suficiencia de los conocimientos, de las aptitudes y de las competencias de los postulantes.

Se ha considerado oportuno, asimismo, reconsiderar los porcentajes de ponderaci�n entre la calificaci�n obtenida en el curso de formaci�n y la obtenida en la evaluaci�n final, de manera que �sta no sea el �nico medio de evaluaci�n, sino que tal y como se ha expresado con anterioridad, la misma forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas en el periodo de formaci�n te�rico-pr�ctica que garantice que los futuros abogados y procuradores han adquirido los conocimientos necesarios que les prepare para el ejercicio de dichas profesiones.

La modificaci�n que se realiza mediante este real decreto resulta necesaria al objeto de dise�ar un formato m�s id�neo y v�lido para acreditar la cualificaci�n y las competencias profesionales para el ejercicio de la profesi�n de Abogado o de Procurador de los Tribunales. No obstante lo anterior, este cambio, que sirve para dar soluci�n a los problemas actualmente planteados, deber� completarse en el futuro, a fin de mejorar los actuales sistemas de acreditaci�n para el ejercicio de los nuevos profesionales, garantizando su cualificaci�n y empleabilidad, la supresi�n de barreras injustificadas y la mejora del acceso a estas profesiones, as� como la adaptaci�n a la Directiva 2013/55/UE de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, dando cumplimiento adem�s a las recomendaciones de la Uni�n Europea.

Este real decreto se dicta al amparo de las mismas competencias del Estado que fundamentan la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y de conformidad con lo dispuesto en la disposici�n final segunda de dicha norma que faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educaci�n y al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para su desarrollo y ejecuci�n. En su tramitaci�n han sido consultados el Consejo General de la Abogac�a Espa�ola, el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de Espa�a, el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Pol�tica Universitaria y el Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas.

Por lo anterior, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Educaci�n, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 7 de marzo de 2014,

DISPONGO: