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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contiene una petición para que la Comisión examine la necesidad de modificar el ámbito de esa Directiva con respecto a los AEE regulados por ella, y que presente, si procede, una propuesta legislativa sobre toda exclusión adicional relacionada con dichos AEE.
• (2) Deben facilitarse las operaciones del mercado secundario relativas a los AEE que impliquen reparación, sustitución de piezas de recambio, reacondicionamiento, reutilización y retroadaptación, a fin de promover la economía circular en la Unión. Es necesario garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, también mediante una valorización y una eliminación de los residuos de AEE que sean correctas desde el punto de vista medioambiental. Se debe evitar cualquier carga administrativa innecesaria para los operadores del mercado. La Directiva 2011/65/UE permite que los AEE que no entraban en el ámbito de aplicación de la anterior Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , pero que no cumplirían con la Directiva 2011/65/UE, sigan disponibles en el mercado hasta el 22 de julio de 2019. Después de esta fecha, sin embargo, están prohibidas tanto la primera introducción en el mercado como las operaciones del mercado secundario de los AEE que incumplan la normativa. Esta prohibición de las operaciones del mercado secundario es incoherente con los principios generales que subyacen en las medidas de la Unión para la aproximación de legislaciones sobre productos y, por lo tanto, debe eliminarse.
• (3) Es necesario excluir determinados grupos de productos especializados del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE, puesto que su inclusión supondría beneficios medioambientales y sanitarios mínimos y generaría problemas de cumplimiento irresolubles o distorsiones del mercado imposibles de abordar de manera eficaz mediante el mecanismo de exención establecido por la propia Directiva.
• (4) Los órganos de tubos se fabrican utilizando una aleación de plomo especial para la cual no se han encontrado alternativas hasta la fecha. La mayor parte de los órganos de tubos se mantiene en el mismo lugar durante siglos y su índice de rotación es insignificante. Por consiguiente, los órganos de tubo deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE, puesto que su inclusión supone beneficios mínimos desde el punto de vista de la sustitución del plomo.
• (5) La Directiva 2011/65/UE no es aplicable a la maquinaria móvil no de carretera con una fuente de alimentación incorporada, disponible exclusivamente para usos profesionales. No obstante, en el caso de algunas máquinas móviles no de carretera, en la misma cadena de producción se fabrican dos versiones, con la única diferencia de la fuente de alimentación (incorporada o externa). Ambas versiones deben recibir el mismo trato en el marco de la Directiva. Por lo tanto, las máquinas móviles no de carretera con un dispositivo de tracción accionado por una fuente de alimentación externa deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE.
• (6) Para el conjunto de las categorías de AEE pertinentes, según figuran en el anexo I de la Directiva 2011/65/UE, las condiciones para la exención de piezas de recambio reutilizadas procedentes de AEE deben estar claramente especificadas. Asimismo, puesto que las exenciones a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas han de tener una duración limitada, el período de validez máximo de las exenciones actuales debe estar también claramente especificado para el conjunto de las categorías de AEE pertinentes, incluida la categoría 11.
• (7) Cuando se recibe una solicitud de prórroga de una exención, la Comisión debe tomar una decisión a más tardar seis meses antes de la fecha de expiración de la exención existente, a menos que circunstancias específicas justifiquen otro plazo. No se establece ningún plazo para que la Comisión tome decisiones sobre las solicitudes de nuevas exenciones. De acuerdo con el informe, de 18 de abril de 2016, de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio de la facultad de adoptar actos delegados conferida a la Comisión de conformidad con la Directiva 2011/65/UE, dicho plazo ha demostrado ser inviable en la práctica, debido a la necesidad de seguir diversos trámites de procedimiento obligatorios requeridos para evaluar una solicitud de prórroga de una exención. Si bien el plazo no aporta ningún valor añadido al procedimiento existente para la evaluación de solicitudes de prórroga, el plazo genera incertidumbre a las empresas y otros interesados debido a su inviabilidad. Por otro lado, la continuidad de los negocios está garantizada, puesto que los operadores del mercado pueden confiar en que una exención existente mantenga su validez hasta que se tome una decisión sobre la solicitud de prórroga. Por lo tanto, se debe eliminar la disposición relativa al plazo. No obstante, la Comisión debe indicar al solicitante, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, poco después de la recepción de la solicitud, un plazo para la adopción de su decisión sobre la solicitud. Además, la revisión general de la Directiva 2011/65/UE que debe efectuar la Comisión a más tardar el 22 de julio de 2021 debe incluir el establecimiento de un plazo realista para la adopción de una decisión sobre la solicitud de prórroga de una exención por parte de la Comisión, antes de la expiración de la correspondiente exención.
• (8) Dado que los objetivos de la presente Directiva, consistentes en contribuir a la protección de la salud humana y a una valorización y una eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correctas desde el punto de vista medioambiental mediante la restricción de la utilización de sustancias peligrosas en los AEE, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ya que las diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas por los Estados miembros pueden obstaculizar el comercio y distorsionar la competencia en la Unión y, por tanto, tener un impacto directo en el mercado interior, sino que, debido a la dimensión del problema y sus implicaciones con respecto al resto de la legislación de la Unión sobre valorización y eliminación de residuos y otras áreas de interés común, como la protección de la salud humana, dichos objetivos pueden lograrse mejor a escala la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 12 de junio de 2019. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Véase la letra a) de la disposición final primera del R.D. 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos («B.O.E.» 19 noviembre).