Sumario

Con fecha 2 de marzo de 2019 se ha publicado en «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2019.

Instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no es deudora por procedimiento de reintegro, esta Secretaría de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:

Primero. Conceder al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos una subvención directa por importe de 1.051,80 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.488 del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia, para la prestación de atención psicológica a las víctimas de todo tipo de delito, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Segundo. La subvención concedida tiene por objeto:

• 1. Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los psicólogos en cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 28 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
• 2. Sufragar el coste de las pericias psicológicas realizadas, a solicitud de los órganos judiciales en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 479 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Tercero. No se requiere la constitución de ninguna garantía.

Cuarto. Establecer como plazo para la realización de las actividades el periodo comprendido en el ejercicio presupuestario de 2019.

Quinto. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos destinará la cantidad subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:

• 1. Atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, que comprende la evaluación, el tratamiento y la derivación, en su caso, a otros recursos sanitarios o de otro tipo, entre otras, de las víctimas que sufren vivencias traumáticas y presentan cuadros de estrés postraumático, depresión grave, ideación suicida, angustia y ansiedad generalizada. La asistencia psicológica especializada consistirá en la evaluación y/o en el tratamiento de las víctimas como consecuencia de un delito, o en su prevención. Asimismo, en los casos de violencia de género, la/el psicóloga/o colaborará en la elaboración de un plan de apoyo a la víctima, aprobado en el anexo VI de la guía y manual de valoración integral forense de la violencia de género y doméstica. En los casos de accidentes de tráfico, terrorismo y en los casos de adopción irregular las víctimas serán asistidas por las/los psicólogas/os de acuerdo a los protocolos establecidos.
• 2. Colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Sexto. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, el pago de la subvención se efectuará con periodicidad mensual, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda, números 2 y 4, del Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, para el pago de los meses de noviembre y diciembre de 2019.

Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mensualidad, el Consejo General del Colegios Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquellas.

En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los números siguientes.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria primera, número 2, del Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, con respecto a la justificación de la actividad realizada en los meses completos de 2019 anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto antes citado, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.

Séptimo.

1. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

• a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
• b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
• c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por estos ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento.
• d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquellas.
• e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
• f) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.

Octavo. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos dentro de los cuatro primeros meses tras la finalización de la ejecución, justificará ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio y presentará una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.

La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún colegio, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Décimo. Esta resolución podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión y, particularmente, en el supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada.

Undécimo. Atribuir a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la gestión de la subvención que se concede por la presente resolución.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.