Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, por la que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento

Artículo 1 Naturaleza y fines

1. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el marco de lo establecido en los artículos 147 a152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público fue creada por el artículo 7 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Administración Local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la implementación de las políticas de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia.

2. La Conferencia Sectorial tiene por finalidad el desarrollo de una actuación de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas en materia de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia, y conseguir la máxima coherencia e integración en cuanto a la aplicación de las decisiones que se adopten en la materia, sin perjuicio de la labor desarrollada por otras conferencias sectoriales.

Artículo 2 Régimen jurídico

1. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia realizará sus funciones y ajustará su actuación a lo establecido en el presente reglamento y, asimismo, se ajustará, tanto en su organización como en su funcionamiento, a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Para la reforma de este Reglamento se requerirá el voto favorable de una mayoría de dos tercios de las personas miembro de la Conferencia Sectorial.

Artículo 3 Funciones

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia puede ejercer funciones consultivas, decisorias, de coordinación o de cooperación orientadas a alcanzar acuerdos y recomendaciones sobre materias comunes, y tendrá como funciones:

• 1. Con carácter general:
  • a) Perseguir la coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • b) Conseguir un de mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas en materia de infancia y adolescencia.
  • c) Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de los planes y programas estatales que se articulen para la ejecución de las políticas que integran el ámbito de actuación de las políticas de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia., así como efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las normas y planes existentes.
  • d) Ser informada sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su Pleno o bien a través de la Comisión Sectorial o el grupo de trabajo mandatado al efecto.
  • e) Establecer e impulsar estrategias y planes específicos de cooperación entre las administraciones públicas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos.
  • f) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones.
  • g) Servir de cauce para la cooperación con las entidades públicas de protección a la infancia en relación con las políticas de derechos de la infancia y adolescencia, para efectuar consultas a las mismas sobre estas materias y para adoptar acuerdos, en su caso.
  • h) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios afectados en materia de derechos de la infancia y adolescencia y efectuar un seguimiento de los programas desarrollados por las Comunidades Autónomas con cargo a esos créditos, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  • i) Establecer mecanismos de intercambio de buenas prácticas e información para los estudios, especialmente de contenido estadístico, encuestas, investigaciones y campañas de ámbito nacional a realizar en relación con la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • j) Facilitar información a las comunidades autónomas sobre tratados internacionales y actuaciones de organizaciones internacionales en materia de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia.
  • k) Analizar y hacer propuestas sobre aquellas cuestiones que requieran la adopción de acuerdos de la Administración General del Estado con las Entidades Públicas, al amparo de las previsiones de la Ley de Adopción Internacional.
  • l) Aprobar la distribución del número máximo de expedientes de adopción internacional y el modelo básico de contrato homologado entre los organismos acreditados y las personas que se ofrecen para la adopción.
  • m) Cualesquiera otras que contribuyan a asegurar la necesaria cooperación, coherencia y eficacia y, en su caso, la articulación de la actividad de los diferentes niveles administrativos.
• 2. Específicas en materia de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia:
  • a) La participación de las Administraciones Públicas en la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia que será impulsada por el departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia, en consonancia con la Estrategia española de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
  • b) La elevación al Gobierno de la propuesta de aprobación de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia, que irá acompañada de una memoria económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que habrá de financiarse.
  • c) Acordar los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en el Título I de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
  • d) Acordar los requisitos y condiciones comunes para que las administraciones públicas competentes garanticen la existencia y el apoyo a los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niñas, niños y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil.
  • e) Acordar los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
  • f) Acordar las campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir un buen trato, así como campañas específicas de sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y opiniones de los propios niñas, niños y adolescentes.
  • g) Establecer planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
  • h) Participar, en los términos acordados con la administración competente, en la elaboración, en el establecimiento de criterios comunes, y de carácter mínimo, de los programas de formación inicial y continua destinada a los distintos colectivos profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
  • i) Acordar recomendaciones que garanticen a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, racistas, de incitación al odio, de trata o de violencia de género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.
  • j) Cualesquiera otras que contribuyan a asegurar el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e implantación.

Artículo 4 Sede de la Conferencia Sectorial

1. La Conferencia Sectorial tendrá su sede en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que, además, proveerá, cuanto sea necesario para el adecuado funcionamiento de los servicios, de apoyo técnico a los miembros de la Conferencia Sectorial y de gestión de su Secretaría.

2. La Conferencia Sectorial podrá celebrar sus sesiones en otro lugar o de forma telemática cuando así se determine en la convocatoria.

Artículo 5 Órganos de la Conferencia Sectorial

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se estructurará en los siguientes órganos:

• a) El Pleno.
• b) La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, como órgano de apoyo y asesoramiento de carácter general.
• c) Los Grupos de Trabajo que se constituyan.

Artículo 6 Composición

1. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia está constituido por:

• a) Presidencia: corresponderá a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ostenta también la Presidencia de la Conferencia Sectorial.
• b) Vicepresidencia primera: una de las personas titulares de los Consejerías de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
• c) Vicepresidencia segunda: la persona titular del Alto Comisionado contra la Pobreza infantil, con voz pero sin voto.
• d) Vocales:
  • a. Las personas titulares de las Consejerías de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas las competencias en materia de políticas de protección y desarrollo de la infancia y adolescencia;
  • b. Una persona representante de cada una de las Diputaciones Forales Vascas designadas por ellas, una por cada uno de los Consells de las Islas Baleares y una por cada Cabildo insular, con voz pero sin voto.
  • c. Una persona representante, con al menos rango de director/a general, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con voz pero sin voto.
  • d. La persona titular de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, con voz pero sin voto.
  • e. Las personas titulares de la Direcciones Generales del Instituto de la Juventud, de la Diversidad Familiar y Servicios Sociales, de Derechos de las personas con Discapacidad, con voz, pero sin voto.
  • f. Una persona representante de la Federación Española de Municipios y Provincia, que deberá ser cargo electo.
• e) Secretaría: la persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con voz pero sin voto.

2. Además, la Presidencia podrá convocar, de manera extraordinaria, por propia iniciativa o a propuesta de cualquiera de los miembros del Pleno, a altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de otros Departamentos ministeriales y de otras Administraciones Públicas, con voz pero sin voto, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar justifique o aconseje su presencia.

De igual manera, en función de los temas a tratar en las sesiones, la Presidencia, por propia iniciativa, o a propuesta de cualquiera de las personas miembro del Pleno, podrá convocar, de manera extraordinaria, a las reuniones de la Conferencia, con voz pero sin voto, a aquellas personas que por sus cualidades, conocimiento o experiencia estime conveniente para el mejor asesoramiento de la Conferencia.

3. De conformidad con las funciones en materia de cooperación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas que tiene atribuidas el Ministerio de Política Territorial, podrá asistir a las reuniones de la Conferencia con voz, pero sin voto, una persona representante, con rango de Director/a General, designado por aquel Departamento.

4. La participación en la Conferencia Sectorial tendrá carácter gratuito.

Artículo 7 Quorum de asistencia

1. La Conferencia Sectorial se entenderá válidamente constituida en Pleno cuando estén presentes las personas que ostenten la Presidencia, o la Vicepresidencia en su caso, y la Secretaría y, al menos, la mitad más uno de las personas representantes de la Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

2. La delegación de asistencia de una persona miembro de la Conferencia deberá comunicarse por escrito a la Secretaría de la Conferencia Sectorial, dejando expresa mención a si delega el voto en caso de tener esa condición.

3. La representación autonómica sólo podrá ser delegada en supuestos excepcionales en otra persona miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. No obstante, y de manera subsidiaria, esta participación podrá ser delegada en una persona de su consejería con rango mínimo de Director/a General. Asimismo, la suplencia podrá recaer en la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial, salvo en los supuestos en los que se tenga que adoptar decisiones que supongan un compromiso de actuación en el ejercicio de las competencias autonómicas conforme al artículo 18.2.a).

4. En el resto de las personas miembro, la persona titular podrá delegar su representación en el Pleno en una persona de su departamento con rango mínimo de Director/a General.

Artículo 8 La Presidencia de la Conferencia Sectorial

1. La Presidencia corresponde a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y le corresponden las siguientes funciones:

• a) Ostentar la representación de la Conferencia Sectorial.
• b) Acordar la convocatoria de las sesiones y proponer el orden del día.
• c) Presidir las sesiones, dirigiendo y moderando sus debates.
• d) Legitimar con su firma los acuerdos, dictámenes y recomendaciones adoptados por la Conferencia.
• e) Cuidar del cumplimiento de este Reglamento y resolver las dudas sobre su interpretación.
• f) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Pleno de la Conferencia Sectorial.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, se realizará la suplencia por la persona que ostente la Vicepresidencia siguiendo su orden. Asimismo, la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial podrá delegar en la Vicepresidencia las funciones que en cada caso estime convenientes.

Artículo 9 La Vicepresidencia de la Conferencia Sectorial

1. La Vicepresidencia Primera será asumida por una de las personas Consejeras de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, designada de forma rotatoria. El orden de designación estará en función de la fecha de aprobación de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Su renovación será anual.

Asimismo, podrá ejercer la Presidencia por delegación y sustituirá a la persona titular de la Presidencia en el ejercicio de todas sus funciones en caso de vacante, ausencia o enfermedad. La Vicepresidencia segunda la ostentará la persona titular del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ocupe el cargo de la Vicepresidencia Primera, esta será suplida por la Vicepresidencia Segunda.

Artículo 10 Las vocalías de la Conferencia Sectorial

Corresponde a las personas que ostentan las vocalías de la Conferencia Sectorial:

• a) Solicitar la convocatoria, que se deberá efectuar cuando lo soliciten la tercera parte de sus miembros con derecho a voto.
• b) Proponer la inclusión en el orden del día de las cuestiones que estimen oportunas.
• c) Asistir a las reuniones del Pleno, participando en los debates y formulando ruegos, preguntas y propuestas de actuación.
• d) Ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican.
• e) Solicitar, a través de la persona titular de la Secretaría, la expedición de certificaciones de las Actas.
• f) Solicitar a la Presidencia la presencia en el Pleno de otros representantes de cualquiera de las Administraciones, así como de expertos asesores.

Artículo 11 La Secretaría de la Conferencia Sectorial

1. Corresponden a la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al menos, las siguientes funciones:

• a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz, pero sin voto.
• b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden de la persona titular de la Presidencia con la debida antelación.
• c) Recibir los actos de comunicación de las personas que son miembro de la Conferencia Sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
• d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
• e) Cuidar de la adecuada tramitación de las decisiones de la Conferencia, según la naturaleza y destino de las mismas.
• f) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de las reuniones. En las certificaciones emitidas con anterioridad a la aprobación del acta, se hará constar expresamente tal circunstancia.
• g) Proceder a la elaboración y distribución de la documentación que sea necesaria o de interés para la realización de los trabajos encomendados a la Conferencia.
• h) Preparar la Memoria anual de la Conferencia Sectorial.
• i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la propia de Secretaría.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad será sustituido por un miembro de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que tenga al rango de Subdirector/a General o asimilado/a.

Artículo 12 Composición y quorum de asistencia

1. Integran la Comisión Sectorial:

• a) Por parte de la Administración General del Estado: la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la persona titular de la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
• b) Por parte de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: una persona representante por cada una de ellas con rango, al menos, de la persona titular de la Subdirección General responsable en materia de infancia y adolescencia.
• c) Asimismo, asistirá a las sesiones de la Comisión Sectorial una persona representante designada por la Federación Española de Municipios y Provincias, una persona miembro del Alto Comisionado contra la Pobreza infantil, así como un representante de las restantes vocalías mencionadas en el art. 6.1.d)

2. La Presidencia podrá convocar, de manera extraordinaria, por propia iniciativa o a propuesta de cualquiera de las personas miembro de la Comisión, a altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de otros Departamentos ministeriales y de otras Administraciones Públicas, con voz pero sin voto, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar justifique o aconseje su presencia.

3. Corresponde la Presidencia de la Comisión Sectorial a la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que podrá ser sustituida, en casos de ausencia, vacante o enfermedad, por la persona titular de la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

4. Asumirá la Secretaría de la Comisión Sectorial, con voz, pero sin voto, la persona titular de la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia que podrá ser sustituida, en casos de ausencia, vacante o enfermedad, por una persona funcionaria pública con al menos rango de Subdirector/a General designada por la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Por otra parte, podrá asistir a las reuniones la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o de sus órganos dependientes, cuando el asunto a tratar sea de su competencia.

5. La Comisión Sectorial se entenderá válidamente constituida cuando estén presentes las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría y, al menos, la mayoría de las personas representantes de la Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

6. Tanto las personas representantes de la Administración General del Estado como las de las Comunidades Autónomas, podrán ser asistidas en cada reunión, con voz, pero sin voto, por personal técnico o experto en los temas a tratar designado por los mismos.

Artículo 13 Funciones

1. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:

• a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.
• b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.
• c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos.
• d) Cualesquiera otras funciones que le encomiende la Conferencia Sectorial.

2. La Comisión Sectorial se reunirá en todo caso con carácter previo a las reuniones de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, sin perjuicio de que pueda convocarse con mayor frecuencia al objeto de reforzar la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de las políticas de protección y desarrollo de la infancia y adolescencia.

3. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia se regirá, en cuanto le sean aplicables, por las normas del procedimiento previstas para la Conferencia Sectorial.

Artículo 14 Grupos de trabajo de la Comisión Sectorial

1. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia podrá crear Grupos de Trabajo, de carácter permanente o temporal, cuya finalidad sea la realización de determinadas tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial y relacionadas con la preparación, estudio y propuesta de asuntos propios del ámbito temático de la Conferencia Sectorial.

2. La composición y funciones de estos Grupos de Trabajo se determinará en su acuerdo de creación. A estos Grupos de Trabajo podrán ser invitadas personas expertas de reconocido prestigio en las materias a tratar.

3. La dirección del Grupo de Trabajo, que recaerá en un empleado o empleada pública de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, podrá solicitar, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de personas expertas asesores, así como de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas.

4. El Acuerdo de creación especificará: el plazo de tiempo de funcionamiento, el asunto o asuntos de los que se ocuparán y la composición del grupo, el cual podrá estar integrado por personas representantes de las Administraciones Públicas presentes en el Pleno de la Comisión Sectorial y personas técnicas o expertas designadas por los mismos.

Artículo 15 Convocatoria

1. Corresponde a la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos dos veces al año, o cuando lo solicite, al menos, la tercera parte de las personas miembro. En este caso la solicitud deberá incluir una propuesta de orden del día.

2. La convocatoria será efectuada con una antelación suficiente y, en todo caso, mínima de siete días naturales.

3. La convocatoria, que será tramitada y suscrita por la Secretaría, irá acompañada del orden del día, del acta de la reunión anterior y de la documentación que se estime necesaria, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en la mencionada orden, salvo que todos las personas miembro de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad.

4. En el curso de los debates de la Comisión Sectorial deberá decidirse si los temas planteados han de elevarse a la Conferencia Sectorial para el debate o si se elevan a los simples efectos de su aprobación formal. Asimismo, se aprobará la propuesta de orden del día de la Conferencia Sectorial.

5. Con carácter general, las reuniones se realizarán de forma presencial, mediante la comparecencia física, lo cual no impedirá que aquellas personas asistentes que no puedan concurrir de forma presencial puedan hacerlo a través del sistema de videoconferencia, de acuerdo al artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y dentro de las capacidades técnicas disponibles.

6. Cuando la Conferencia hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y la adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la Presidencia.

Artículo 16 Orden del día

1. El orden del día de cada reunión de la Conferencia Sectorial será propuesto por la Presidencia y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar.

2. Para la elaboración del orden del día, la persona titular de la Presidencia o, en su caso, de la Secretaría, atenderá la propuesta de orden del día aprobada por la Comisión Sectorial, así como las peticiones formuladas, en su caso, por los miembros del Pleno, así como a los acuerdos y las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores.

3. Cualquier miembro de la Conferencia Sectorial podrá solicitar, hasta cinco días naturales antes de la reunión, la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, lo que deberá llevarse a cabo por la Presidencia, dando conocimiento a los demás miembros. En este caso, el punto o puntos incorporados al orden del día serán sometidos a la aprobación previa a su inclusión por los asistentes al inicio de la reunión.

4. Podrá ampliarse el orden del día o remitirse documentación por parte de la Secretaría hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración del Pleno.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día aprobado, salvo que asistan todos los miembros y manifiesten su conformidad.

Artículo 17 Reuniones extraordinarias de la Conferencia Sectorial

1. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia podrá reunirse de forma extraordinaria para tratar asuntos urgentes y que surjan de forma inesperada.

Estas reuniones se convocarán por la Presidencia, por propia iniciativa o a petición de la tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial, con una antelación de 48 horas.

2. En las reuniones extraordinarias se podrán tratar, única y exclusivamente, los temas que reúnan el requisito mencionado en el apartado anterior, con independencia de que no hubieran sido tratados en la Comisión Sectorial correspondiente.

3. No podrán someterse a aprobación en reunión extraordinaria los asuntos siguientes:

Los relativos al establecimientos de planes de cooperación entre Comunidades Autónomas, así como proyectos y programas conjuntos, conforme a la letra e) del artículo 3.1 de este Reglamento y los relativos a la fijación de los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, conforme a la letra h) del citado artículo 3.1.

Artículo 18 Acuerdos y decisiones

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la adopción de decisiones requerirá la previa votación de todos los miembros presentes. Esta votación se producirá por la representación que cada Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas.

2. Las decisiones que se adopten requerirán su aprobación por mayoría de votos, y podrán revestir la forma de Acuerdo o Recomendación:

• a) Acuerdos: Suponen un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad, excepto en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El acuerdo será certificado en acta.

  La Conferencia Sectorial podrá adoptar planes conjuntos de carácter multilateral entre la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de Acuerdo de la Conferencia Sectorial y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

  El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria:

  • 1. Los objetivos de interés común a cumplir.
  • 2. Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
  • 3. Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
  • 4. Los compromisos de aportación de recursos financieros.
  • 5. La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.
• b) Recomendaciones: expresarán la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se someta a su consulta. Las personas miembro de la Conferencia Sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones, salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlas con posterioridad. Si alguna persona miembro se aparta de las recomendaciones, deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente.

2. En el caso de que las propuestas no alcanzasen el consenso, los acuerdos o recomendaciones serán adoptados por el voto favorable de la Administración del Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas presentes en la reunión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. También podrán someterse a la consideración del pleno los demás asuntos que no requieran de aprobación, que tendrán carácter consultivo, tales como las consultas, informes, propuestas de actuación, sugerencias, intercambio de puntos de vista, entre otros. En particular, se incluyen en este último supuesto, los informes previstos en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y disposiciones concordantes de las comunidades autónomas.

4. Las votaciones se realizarán, salvo que expresamente se acuerde otro procedimiento, mediante manifestación oral del sentido del voto.

5. Las votaciones comenzarán por las Vicepresidencias y continuando por la vocalía en cuya Comunidad o Ciudad de Ceuta y de Melilla rija el Estatuto de Autonomía con fecha de aprobación más temprana, continuando por orden cronológico, y siguiendo por el resto de los miembros del Departamento ministerial, hasta la Presidencia que emitirá su voto en último lugar.

6. Aquellas Comunidades Autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable a un acuerdo, podrán adherirse al mismo con posterioridad. En este caso, el acuerdo surtirá efectos a partir de su firma, salvo que se establezca otra cosa.

7. Las personas miembro del Pleno total o parcialmente discrepantes con el texto de un acuerdo podrán formular votos particulares, de forma individual o colectiva, que serán presentados ante la Secretaría en un plazo máximo de 48 horas desde el final de la sesión y quedarán unidos al texto del acuerdo aprobado.

Artículo 19 Actas de las reuniones

1. De cada sesión que celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente:

• a) la relación de las personas que asisten,
• b) el orden del día de la reunión,
• c) lugar y fecha en que se ha celebrado,
• d) los puntos principales de las deliberaciones, y
• e) el contenido de los acuerdos adoptados especificando el resultado, en su caso de las votaciones, los votos a favor, las abstenciones y los votos contrarios emitidos, así como la clase de decisión. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado o su abstención, y los motivos que lo justifiquen.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La Secretaría elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a las personas miembro de la Conferencia Sectorial, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

3. Los textos de los acuerdos, informes o propuestas se incorporarán como anexos al acta.

4. Cualquier persona miembro de la Conferencia tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar así en el acta o uniéndose copia de la misma.

Artículo 20 Medios telemáticos

1. Las sesiones del Pleno de la Conferencia Sectorial, de la Comisión Sectorial y de los Grupos de Trabajo podrán celebrarse de forma telemática por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, como el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias, siempre que así se especifique en la convocatoria y se garantice la intercomunicación entre sus integrantes y la unidad de acto. A tal efecto se seguirá el procedimiento descrito en el apartado siguiente.

2. La remisión de la convocatoria de reuniones por medios telemáticos se enviará a las direcciones de correo electrónico que los miembros hayan comunicado o puedan comunicar y deberá especificar:

• a) El medio por el que se celebrará la reunión.
• b) El medio por el que se remitirá el orden del día y la documentación relativa al mismo, así como, en el caso de remitir a un repositorio electrónico, el tiempo durante el que estará disponible la información.
• c) El modo de participar en los debates y deliberaciones y el periodo de tiempo durante el que tendrán lugar.
• d) El medio de emisión de voto y el periodo de tiempo durante el que se podrá votar.
• e) El medio de difusión de las actas de las sesiones.

En el proceso de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos mediante el uso de sistema electrónicos o redes de comunicación se establecerán las medidas adecuadas que garanticen la identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de la información en ellas transmitidas.

Las actas harán constar las comunicaciones producidas, así como el contenido de los acuerdos, que se entenderán adoptados en el lugar en el que radique la Presidencia.

3. Los Grupos de trabajo, creados con carácter permanente o temporal, podrán también funcionar por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales en sus reuniones asumiendo un procedimiento análogo al descrito

Disposición adicional única Participación de Ceuta y Melilla

Las referencias contenidas en el presente Reglamento a las Comunidades Autónomas se consideran extendidas a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, que participarán en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en cuanto integrantes de la misma.

Disposición final única Efectos

El presente Reglamento producirá efectos al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».