Resolución de 25 de noviembre de 2024, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para los cribados poblacionales en la ciudad de Melilla, establecidos en el Anexo I «Cartera de Servicios Comunes de Salud Pública» del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud

Primera Objeto

Constituye el objeto del presente convenio la realización, en la Ciudad de Melilla, de los programas de cribado de enfermedades prenatales y neonatales, y de los cribados poblacionales de cáncer, de conformidad con el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en la redacción dada a dicho anexo I, apartado 3, por Orden SND/606/2024, de 13 de junio.

Segunda Ámbito de ejecución

La población a la que se dirige el programa incluye a las personas, residentes en la Ciudad de Melilla que sean aseguradas o beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, y que cumplan los criterios de población objetivo definidos en el precitado anexo I del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.

Tercera Obligaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública

Las obligaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad de Melilla son las siguientes:

• 1. Definir en la citada Ciudad de Melilla la Unidad Central de Gestión del Programa de Cribados. Esta unidad de gestión se encontrará dentro del servicio que incluya el área de prevención de las enfermedades de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública.
• 2. Ofertar el Programa a los hombres y mujeres asegurados del INGESA de esa Ciudad que cumplan los criterios de inclusión.
• 3. Mantener actualizado el sistema de información de base poblacional que facilite la trazabilidad y el seguimiento de todos los casos.
• 4. Divulgar el programa y sus actuaciones a la población melillense, a través de material informativo, como diseño de trípticos y carteles, y realizando anuncios publicitarios en prensa, radio y televisión, donde siempre constará el carácter público de los fondos e incluirá información sobre estilos de vida saludables, signos y síntomas que hagan sospechar la existencia de un cáncer y se animará a participar en los programas de cribado para diagnosticar a tiempo y tratar la enfermedad.
• 5. Evaluar el seguimiento y los resultados del programa al amparo de las actuaciones asistenciales que se practiquen en cada supuesto y de conformidad a los criterios acordados entre ambas Instituciones.

Cuarta Obligaciones del INGESA

Las obligaciones del INGESA son las siguientes:

• 1. Participar junto con la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad de Melilla en la Unidad Central de Gestión del Programa.
• 2. Facilitar los datos personales que figuran en la base de información de la tarjeta Sanitaria a la Unidad Central de Gestión del Programa para que esta pueda realizar la invitación personalizada y citar a la población objeto del Programa.
• 3. Facilitar, a través de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla, toda la información que requiera la Unidad Central de Gestión del Programa ubicada en la Ciudad, para que la misma proceda al seguimiento y evaluación del resultado del citado programa.
• 4. Realizar, con los recursos propios asistenciales del INGESA, las pruebas de detección establecidas en el apartado 3 del anexo I del RD 1030/2006, de 15 de septiembre, incluidas en los respectivos programas, que cada año se establezcan.
• 5. La asistencia sanitaria de los pacientes con resultados positivos en las pruebas de detección realizadas de conformidad con estos programas se realizará por la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla, en el ámbito de sus competencias.

Quinta Obligaciones conjuntas

Adoptar las medidas precisas para garantizar la protección de los datos de carácter personal, tanto en su tratamiento como en la remisión a la otra parte, así como llevar a cabo los trámites administrativos precisos ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, en caso de resultar necesarios.

Sexta Confidencialidad de los datos

La utilización e intercambio de los datos reseñados en el presente convenio deberá realizarse garantizando el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Las partes firmantes del presente convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El personal de las partes firmantes que participe en las actividades objeto del presente convenio estará obligado a no hacer público ni enajenar ningún dato personal, debiendo guardar secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos de los que tenga conocimiento como consecuencia u ocasión de la ejecución de este convenio, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones profesionales.

En caso de incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula, el mismo deberá ponerse en conocimiento de la Comisión de Seguimiento de este convenio.

Séptima Comisión de seguimiento

1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento que asegure la coordinación entre ambas Administraciones y vele por que se cumplan las actuaciones reflejadas en el presente convenio.

2. La Comisión revisará periódicamente la información suministrada, emitirá propuestas y establecerá controles de calidad del proceso. Asimismo, la Comisión resolverá las incidencias que se puedan plantear en la aplicación del convenio.

3. La Comisión, de naturaleza paritaria, estará integrada por tres representantes de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad de Melilla y tres representantes del INGESA designados/as por la Dirección Territorial del Instituto en la ciudad de Melilla, que se reunirán con carácter ordinario anualmente. Asimismo, cuando se precise por cualquiera de las partes firmantes se celebrará reunión extraordinaria previa convocatoria por escrito.

4. Presidirá la Comisión un/a representante de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad de Melilla durante el primer año de vigencia del presente convenio, alternándose por periodos anuales con un/a representante del INGESA designado/a por la Dirección Territorial. El mismo procedimiento de nombramiento se seguirá para la Secretaría de la Comisión, encargada de realizar las convocatorias y levantar las actas de las reuniones celebradas. La persona que ostente la Secretaría no formará parte de la Comisión como órgano colegiado, pudiendo estar presente en las reuniones para la realización de sus labores, con voz, pero sin voto (artículos 16.3 y 19.4 de la Ley 1/2015). La Secretaría recaerá en una persona al servicio de una de las Administraciones Públicas implicadas, designada por ésta.

5. La Comisión, en su organización y funcionamiento, se regirá por lo previsto en el presente convenio y, supletoriamente, por lo estipulado en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava Compromisos de contenido económico

El presente convenio no incluye compromisos financieros entre las partes.

Novena Duración y prorroga

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes manifestada mediante su firma, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la precitada Ley. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

La duración del convenio será de cuatro años desde que el mismo resulte eficaz, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta otros cuatro años adicionales.

La prórroga deberá ser formalizada por escrito, previa sustanciación de los trámites previstos normativamente, mediante adenda y surtirá efectos desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación antes de la fecha de extinción del convenio, tal y como se deriva del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la citada Ley. Adicionalmente será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Décima Extinción

De conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

A tal efecto, son causas de su resolución:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

  En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado además a la Comisión de Seguimiento del convenio y a las demás partes firmantes.

  Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, no estando prevista indemnización en este caso.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual, el convenio deberá liquidarse.

Undécima Régimen de modificación

El presente convenio se modificará de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, mediante acuerdo unánime, y la tramitación de una adenda al mismo, recabando la autorización previa del Ministerio de Hacienda establecida en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La mencionada adenda modificativa resultará eficaz una vez inscrito en el REOICO, sin perjuicio de su posterior publicación en el BOE.

Duodécima Naturaleza jurídica

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que se regirá por el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el resto del ordenamiento jurídico administrativo, con especial sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.