Art韈ulo 1 Prohibici髇 general de la discriminaci髇

1. El goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminaci髇 alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religi髇, opiniones pol韙icas o de otro car醕ter, origen nacional o social, pertenencia a una minor韆 nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situaci髇.

2. Nadie podr� ser objeto de discriminaci髇 por parte de cualquier autoridad p鷅lica, basada en particular en los motivos mencionados en el apartado 1.

Art韈ulo 2 Aplicaci髇 territorial

1. Cualquier Estado, en el momento de la firma, o en el momento del dep髎ito de su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇, podr� designar el o los territorios a los que se aplicar� el presente Protocolo.

2. Cualquier Estado, en cualquier otro momento posterior, mediante declaraci髇 dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, podr� hacer extensiva la aplicaci髇 del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaraci髇. El Protocolo entrar� en vigor con respecto a ese territorio el primer d韆 del mes siguiente a la expiraci髇 de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepci髇 de la declaraci髇 por el Secretario General.

3. Cualquier declaraci髇 hecha en virtud de los dos apartados precedentes podr� retirarse o modificarse, por lo que se refiere al territorio designado en esa declaraci髇, mediante notificaci髇 dirigida al Secretario General. La retirada o la modificaci髇 surtir醤 efecto el primer d韆 del mes siguiente a la expiraci髇 de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepci髇 de la notificaci髇 por el Secretario General.

4. Toda declaraci髇 realizada conforme al presente art韈ulo se considerar� hecha conforme al apartado 1 del art韈ulo 56 del Convenio.

5. Cualquier Estado que haya hecho una declaraci髇 conforme al apartado 1 o 2 del presente art韈ulo podr� declarar en cualquier momento posterior, con respecto a uno o varios territorios a que se refiere esa declaraci髇, que acepta la competencia del Tribunal para conocer de una demanda presentada por cualquier persona f韘ica, organizaci髇 no gubernamental o grupo de particulares, como prev� el art韈ulo 34 del Convenio, en virtud del art韈ulo 1 del presente Protocolo.

Art韈ulo 3 Relaciones con el Convenio

Los Estados Partes considerar醤 los art韈ulos 1 y 2 del presente Protocolo art韈ulos adicionales al Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicar醤 en consecuencia.

Art韈ulo 4 Firma y ratificaci髇

El presente Protocolo est� abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa que hayan firmado el Convenio. Estar� sometido a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇. Ning鷑 Estado miembro del Consejo de Europa podr� ratificar, aceptar ni aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado previa o simult醤eamente el Convenio. Los instrumentos de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 se depositar醤 en poder del Secretario General del Consejo de Europa.

Art韈ulo 5 Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrar� en vigor el primer d韆 del mes siguiente a la expiraci髇 de un periodo de tres meses a partir de la fecha en que diez Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en su art韈ulo 4.

2. Para todo Estado miembro que exprese posteriormente su consentimiento en quedar vinculado por el presente Protocolo, 閟te entrar� en vigor el primer d韆 del mes siguiente a la expiraci髇 de un periodo de tres meses a partir de la fecha del dep髎ito del instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇.

Art韈ulo 6 Funciones del depositario

El Secretario General del Consejo de Europa notificar� a todos los Estados miembros del Consejo de Europa:

• a) Toda firma;
• b) el dep髎ito de todo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇;
• c) toda fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, conforme a sus art韈ulos 2 y 5;
• d) cualquier otro acto, notificaci髇 o comunicaci髇 que tengan relaci髇 con el presente Protocolo.

Art韈ulo 1 Prohibici髇 general de la discriminaci髇

17. Este art韈ulo contiene las principales disposiciones de fondo del Protocolo. Su formulaci髇 se apoya en las siguientes consideraciones generales.

18. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado de manera constante la noci髇 de discriminaci髇 en su jurisprudencia relativa al art韈ulo 14 del Convenio. Esta jurisprudencia ha destacado claramente, en particular, que no todas las distinciones o diferencias de tratamiento equival韆n a una discriminaci髇. Como ha indicado el Tribunal, por ejemplo, en la sentencia relativa al asunto Abdulaziz, Cabales y Balkandali c/ el Reino Unido, 玼na distinci髇 es discriminatoria si 'carece de justificaci髇 objetiva y razonable', es decir, si no persigue un 'objetivo leg韙imo' o si no existe 'relaci髇 razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido'� (sentencia de 28 de mayo de 1985, Serie A, n.� 94, apartado 72). El significado de la palabra 玠iscriminaci髇� en el art韈ulo 1 es id閚tica al que se da en el contexto del art韈ulo 14 del Convenio. La formulaci髇 francesa de ese art韈ulo 1 (玸ans discrimination aucune�, sin discriminaci髇 alguna) difiere ligeramente de la del art韈ulo 14 (玸ans distinction aucune� sin distinci髇 alguna), pero no implica un significado diferente; por el contrario, se trata de una adecuaci髇 terminol骻ica para ilustrar mejor el concepto de discriminaci髇 en el sentido del art韈ulo 14, alineando el texto franc閟 con el texto ingl閟 (v閍se, sobre este punto preciso, la sentencia de 23 de julio de 1968 en el asunto 玪ingstica belga�, Serie A, n.� 6, apartado 10).

19. En la medida en que no toda distinci髇 o diferencia de trato equivale a discriminaci髇, y debido al car醕ter general del principio de no discriminaci髇, no se ha considerado necesario ni oportuno incluir una cl醬sula restrictiva en el presente Protocolo. En el derecho de la mayor韆, si no de la totalidad de los Estados miembros del Consejo de Europa, se realizan ciertas distinciones basadas en la nacionalidad, por ejemplo, en cuanto a ciertos derechos o prestaciones. Las situaciones en que esas distinciones son perfectamente aceptables est醤 suficientemente salvaguardadas por el propio significado de la noci髇 de 玠iscriminaci髇�, tal como se describe en el apartado 18 anterior, ya que las distinciones para las que existe una justificaci髇 objetiva y razonable no constituyen discriminaci髇. Adem醩, conviene recordar que, seg鷑 la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se deja cierto margen de apreciaci髇 a las autoridades nacionales para determinar si las diferencias entre situaciones a otros efectos an醠ogos justifican distinciones de trato jur韉ico y en qu� medida. La amplitud del margen de apreciaci髇 var韆 seg鷑 las circunstancias, los 醡bitos y el contexto (v閍se, por ejemplo, la sentencia de 28 de noviembre de 1984 sobre el asunto Rasmussen c/ Dinamarca, Serie A, n.� 87, apartado 40). Por ejemplo, el Tribunal ha reconocido un amplio margen de apreciaci髇 por lo que se refiere a la elaboraci髇 y aplicaci髇 de la pol韙ica fiscal (v閍se, por ejemplo, la sentencia de 3 de octubre de 1997 sobre el asunto National and Provincial Building Society y otros c/ el Reino Unido, compendio de sentencias y resoluciones 1997-VII, apartado 8).

20. La lista de motivos de discriminaci髇 que figura en el art韈ulo 1 es id閚tica a la del art韈ulo 14 del Convenio. Esta soluci髇 se ha considerado preferible a otras, como la que consist韆 en incluir expresamente ciertos motivos adicionales (por ejemplo, la minusval韆 f韘ica y ps韖uica, la orientaci髇 sexual, la edad), no por desconocer que, en las sociedades actuales, esos motivos han adquirido una importancia particular frente a la 閜oca de la redacci髇 del art韈ulo 14 del Convenio, sino porque tal inclusi髇 se ha considerado in鷗il desde el punto de vista jur韉ico, ya que la lista de motivos de discriminaci髇 no es exhaustiva, y la inclusi髇 de cualquier motivo adicional particular podr韆 engendrar interpretaciones a contrario indeseables relativas a la discriminaci髇 fundada en los motivos no mencionados. Se recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha aplicado el art韈ulo 14 con respecto a motivos de discriminaci髇 que no se mencionan en esa disposici髇 (v閍se, por ejemplo, por lo que se refiere al motivo de orientaci髇 sexual, la sentencia de 21 de diciembre de 1999 sobre el asunto Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal).

21. El art韈ulo 1 prev� una cl醬sula general de no discriminaci髇, y de este modo el alcance de la protecci髇 que ofrece va m醩 all� del 玤oce de los derechos y libertades reconocidos en el [presente] Convenio�.

22. En particular, el alcance de la protecci髇 adicional en virtud del art韈ulo 1 se refiere a los casos en que una persona es objeto de discriminaci髇:

• i. en el goce de todo derecho espec韋icamente concedido al individuo por el derecho nacional;
• ii. en el goce de cualquier derecho derivado de obligaciones claras de las autoridades p鷅licas en el derecho nacional, es decir, cuando la ley nacional obliga a esas autoridades a actuar de cierta manera;
• iii. por parte de las autoridades p鷅licas debido al ejercicio de un poder discrecional (por ejemplo, la concesi髇 de ciertas subvenciones);
• iv. debido a otros actos u omisiones por parte de las autoridades p鷅licas (por ejemplo, el comportamiento de los responsables de la aplicaci髇 de las leyes para sofocar una revuelta).

23. A este respecto, se ha considerado in鷗il especificar cu醠es de esos cuatro elementos estaban regulados respectivamente por el primer apartado del art韈ulo 1, y cu醠es por el segundo apartado. Los dos apartados son complementarios y su alcance combinado hace que los cuatro elementos est閚 regulados por el art韈ulo 1. Conviene tener presente tambi閚 que la distinci髇 entre las categor韆s i. a iv. no es neta, y que los sistemas jur韉icos nacionales pueden tener distintos enfoques para determinar si un caso concreto entra en una u otra de esas categor韆s.

24. La formulaci髇 del art韈ulo 1 refleja un enfoque equilibrado de eventuales obligaciones positivas de las Partes en virtud de esa disposici髇. La cuesti髇 que se plantea aqu� es en qu� medida el art韈ulo 1 obliga a las Partes a tomar medidas para prevenir la discriminaci髇, incluso en las relaciones entre particulares (lo que se califica como 玡fectos horizontales indirectos�). Se plantea la misma cuesti髇 por lo que respecta a las medidas para poner fin a casos de discriminaci髇. Aunque no se pueden excluir globalmente tales obligaciones positivas, el objetivo principal del art韈ulo 1 es establecer para las Partes una obligaci髇 negativa: la de abstenerse de toda discriminaci髇 contra los individuos.

25. Por una parte, el art韈ulo 1 garantiza la protecci髇 contra la discriminaci髇 por parte de las autoridades p鷅licas. Este art韈ulo no pretende imponer a las Partes la obligaci髇 positiva general de tomar medidas para evitar o poner fin a cualquier caso de discriminaci髇 en las relaciones entre particulares. Un Protocolo adicional al Convenio, que, por esencia, enuncia derechos individuales justiciables formulados de manera concisa, no constituir韆 un instrumento apropiado para definir los distintos elementos de una obligaci髇 tan amplia, de car醕ter program醫ico. Ya se han enunciado reglas espec韋icas y m醩 detalladas en el marco de convenios distintos, exclusivamente dedicados a la eliminaci髇 de la discriminaci髇 por las razones particulares a que se refieren esos convenios (v閍se, por ejemplo, el Convenio sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 racial y la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer, ambos elaborados en el marco de las Naciones Unidas). Est� claro que no se podr韆 interpretar el presente Protocolo como una restricci髇 o una excepci髇 a las disposiciones de derecho interno o de tratados que prevean una protecci髇 adicional contra la discriminaci髇 (v閍nse las observaciones relativas al art韈ulo 3 en el apartado 32 siguiente).

26. Por otra parte, no se puede descartar totalmente que el deber de 玜segurar� que figura en el primer apartado del art韈ulo 1 implique obligaciones positivas. Esta cuesti髇 puede plantearse, por ejemplo, cuando exista un vac韔 manifiesto en la protecci髇 ofrecida por el derecho nacional contra la discriminaci髇. Por lo que se refiere m醩 espec韋icamente a las relaciones entre particulares, la ausencia de protecci髇 contra la discriminaci髇 en esas relaciones podr韆 ser tan neta y grave que implicar韆 claramente la responsabilidad del Estado y pondr韆 en juego el art韈ulo 1 del Protocolo (v閍se, mutatis mutandis, la sentencia del Tribunal de 26 de marzo de 1985 sobre el asunto X e Y c/los Pa韘es Bajos, Serie A, n.� 91, apartados 23, 24, 27 y 30).

27. No obstante, el alcance de toda obligaci髇 positiva derivada del art韈ulo 1 ser� probablemente limitado. Conviene tener muy presente que el alcance del primer apartado se halla restringido por la referencia al 玤oce de los derechos reconocidos por la ley� y que el segundo apartado especifica que 玭adie podr� ser objeto de discriminaci髇 por parte de cualquier autoridad p鷅lica�. Adem醩, conviene se馻lar que, por lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados, el art韈ulo 1 del Convenio fija un l韒ite general particularmente pertinente en los casos de discriminaci髇 entre particulares.

28. Se desprende de estas consideraciones que toda obligaci髇 positiva en el 醡bito de las relaciones entre particulares se referir韆, en el mejor de los casos, a las relaciones en la esfera p鷅lica normalmente regida por la ley, por la que el Estado tiene cierta responsabilidad (por ejemplo: la denegaci髇 arbitraria del acceso a un trabajo, el acceso a restaurantes o a servicios que puedan poner los particulares a disposici髇 del p鷅lico, como los servicios de sanidad o la distribuci髇 de agua y de electricidad, etc.). La manera precisa en que el Estado deber韆 responder variar� seg鷑 las circunstancias. Est� claro que no pueden verse afectados los asuntos puramente privados. La reglamentaci髇 de ese tipo de asuntos podr韆 interferir tambi閚 en el derecho de cada uno al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, garantizado por el art韈ulo 8 del Convenio.

29. El primer apartado del art韈ulo 1 hace referencia a 玹odos los derechos reconocidos por la ley�. El objeto de esta expresi髇 es definir el alcance de la garant韆 proporcionada por esa frase y limitar los eventuales efectos horizontales indirectos (v閍se el apartado 27 anterior). En la medida en que podr韆 subsistir alguna duda sobre el hecho de que esa frase abarque por s� sola los cuatro elementos que constituyen el 醡bito de aplicaci髇 adicional del Protocolo (esta cuesti髇 podr韆 plantearse en particular para los elementos iii. y iv -v閍se apartado 22 anterior), conviene recordar que los apartados 1 y 2 del art韈ulo 1 son complementarios. Esto implica que esos cuatro elementos est醤 regulados, en todos los casos, por el art韈ulo 1 en su conjunto (v閍se apartado 23 anterior). El t閞mino 玪ey� puede abarcar igualmente el derecho internacional, pero eso no significa que esa disposici髇 confiera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos competencia para examinar el respeto de las reglas de derecho contenidas en otros instrumentos internacionales.

30. La f髍mula 玜utoridad p鷅lica� que figura en el apartado 2 se ha tomado del apartado 2 del art韈ulo 8, y del apartado 1 del art韈ulo 10 del Convenio, y posee el mismo significado que en esas disposiciones. Abarca no s髄o a las autoridades administrativas, sino tambi閚 a los tribunales y a los 髍ganos legislativos (v閍se el apartado 23 anterior).

Art韈ulo 2 Aplicaci髇 territorial

31. Este art韈ulo consiste en la cl醬sula de aplicaci髇 territorial que figura en el modelo de cl醬sulas finales adoptado por el Comit� de Ministros en febrero de 1980. El apartado 5 sigue de cerca el texto del apartado 4 del art韈ulo 56 del Convenio.

Art韈ulo 3 Relaciones con el Convenio

32. El objeto de este art韈ulo es precisar las relaciones de este Protocolo con el Convenio, indicando que todas las disposiciones de este 鷏timo se aplicar醤 a los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo. Entre estas disposiciones, conviene llamar la atenci髇, en particular, sobre el art韈ulo 53 seg鷑 el cual 玭inguna de las disposiciones del presente Convenio ser� interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podr韆n ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que 閟ta sea parte�. Est� claro que este art韈ulo ser� aplicable a las relaciones entre el presente Protocolo y el propio Convenio. Se ha decidido no incluir en el Protocolo ninguna referencia al art韈ulo 16 del Convenio.

33. Como ya se indic� en el apartado 21 anterior, el art韈ulo 1 del Protocolo abarca la protecci髇 ofrecida por el art韈ulo 14 del Convenio, pero su alcance es m醩 amplio. Como Protocolo adicional, no modifica ni suprime el art韈ulo 14 del Convenio, que seguir� pues aplic醤dose a los Estados Partes en el Protocolo. Existe pues un solapamiento entre las dos disposiciones. Conforme al art韈ulo 32 del Convenio, toda cuesti髇 de interpretaci髇 relativa a las relaciones precisas entre estas disposiciones ser� competencia del Tribunal.

Art韈ulo 4 Firma y ratificaci髇

Art韈ulo 5 Entrada en vigor

Art韈ulo 6 Funciones del depositario

34. Las disposiciones de los art韈ulos 4 a 6 corresponden a la formulaci髇 del modelo de cl醬sulas finales adoptadas por el Comit� de Ministros del Consejo de Europa.