Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los Servicios P鷅licos

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  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

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Sumario

LE0000559951Ley 11/2007, 22 junio, derogada a partir del 2 de octubre de 2016, por la letra b) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas (獴.O.E.� 2 octubre). No obstante, las previsiones relativas al registro electr髇ico de apoderamientos, registro electr髇ico, registro de empleados p鷅licos habilitados, punto de acceso general electr髇ico de la Administraci髇 y archivo 鷑ico electr髇ico producir醤 efectos a partir del d韆 2 de octubre de 2020.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presenten vieren y entedieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominaci髇 de las t閏nicas que se empleaban en las mismas y hoy podr韆mos decir que las tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones est醤 afectando tambi閚 muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre s� y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual -y en todo caso el siglo XXI, junto con los a駉s finales del XX-, tiene como uno de sus rasgos caracter韘ticos la revoluci髇 que han supuesto las comunicaciones electr髇icas. En esa perspectiva, una Administraci髇 a la altura de los tiempos en que act鷄 tiene que acompa馻r y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electr髇icas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace s髄o unas d閏adas, que se ha producido en el campo de la tecnolog韆 de la informaci髇 y las comunicaciones electr髇icas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administraci髇 queda obligada a transformarse en una administraci髇 electr髇ica regida por el principio de eficacia que proclama el art韈ulo 103 de nuestra Constituci髇.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su 閜oca y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la informaci髇 tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la informaci髇. Los t閏nicos y los cient韋icos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalizaci髇 depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones P鷅licas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende tambi閚 de los servicios que ofrezca.

El mejor servicio al ciudadano constituye la raz髇 de la reformas que tras la aprobaci髇 de la Constituci髇 se han ido realizando en Espa馻 para configurar una Administraci髇 moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye tambi閚 la principal raz髇 de ser de la Ley de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos que trata, adem醩, de estar a la altura de la 閜oca actual.

En efecto, la descentralizaci髇 pol韙ica del Estado no se agot� en su primer y m醩 inmediato designio de organizar pol韙icamente Espa馻 de una forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasi髇 para que la mayor proximidad democr醫ica de los nuevos poderes auton髆icos se tradujese tambi閚 en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.

En la misma l韓ea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonom韆 local.

No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administraci髇, derivada de la descentralizaci髇 auton髆ica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todav韆 al ciudadano de la Administraci髇, de cualquier Administraci髇, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relaci髇 con aqu閘la para la realizaci髇 de muchos tr醡ites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera informaci髇 que exige un desplazamiento inicial, m醩 los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores tr醡ites a hacer con la Administraci髇 para las actividades m醩 elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posici髇 servicial de las Administraciones P鷅licas. 蓅tas no pueden cumplir siempre su misi髇 atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicci髇 con los intereses de la mayor韆 de los dem醩 ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos -en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales- la relaci髇 con el ciudadano debe ser, tambi閚, lo m醩 r醦ida y clara posible sin p閞didas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administraci髇 -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar- hoy d韆 no tienen raz髇 de ser. Las tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones hacen posible acercar la Administraci髇 hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervenci髇 administrativa o autorizaci髇; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten tambi閚 a los ciudadanos ver a la Administraci髇 como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas p鷅licas. Pero, adem醩 de eso, las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios p鷅licos a aquellas personas que antes ten韆n grandes dificultades para llegar a las oficinas p鷅licas, por motivos de localizaci髇 geogr醘ica, de condiciones f韘icas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnolog韆s. Se da as� un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integraci髇 de estas personas en la vida p鷅lica, social, laboral y cultural.

De ello se percat� la Ley 30/1992 de 26 de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 (LRJAP-PAC), que en su primera versi髇 recogi� ya en su art韈ulo 45 el impulso al empleo y aplicaci髇 de las t閏nicas y medios electr髇icos, inform醫icos y telem醫icos, por parte de la Administraci髇 al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los 玬edios t閏nicos de que dispongan�.

Esa previsi髇, junto con la de la informatizaci髇 de registros y archivos del art韈ulo 38 de la misma Ley en su versi髇 originaria y, especialmente, en la redacci髇 que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el establecimiento de registros telem醫icos para la recepci髇 o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telem醫icos, abr韆 el paso a la utilizaci髇 de tales medios para relacionarse con la Administraci髇.

Simult醤eamente, la misma Ley 24/2001 modific� el art韈ulo 59 permitiendo la notificaci髇 por medios telem醫icos si el interesado hubiera se馻lado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir tambi閚 las notificaciones telem醫icas as� como el art韈ulo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prev� expresamente la actuaci髇 administrativa automatizada o la imagen electr髇ica de los documentos.

Sin embargo, el desarrollo de la administraci髇 electr髇ica es todav韆 insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los art韈ulos 38, 45 y 59 de la Ley de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electr髇icos con ellas, seg鷑 que 閟tas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicaci髇 con la Administraci髇.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del 玴odr醤� por el 玠eber醤�.

Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones legales, muy v醠idas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante una realidad en que el grado de penetraci髇 de ordenadores y el n鷐ero de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnolog韆s y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electr髇icos. La contrapartida de ese derecho es la obligaci髇 de 閟tas de dotarse de los medios y sistemas electr髇icos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaraci髇 de impulso de los medios electr髇icos e inform醫icos -que se concretan en la pr醕tica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus 髍ganos, permitan las comunicaciones por medios electr髇icos- a que est閚 obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electr髇icas.

La Ley consagra la relaci髇 con las Administraciones P鷅licas por medios electr髇icos como un derecho de los ciudadanos y como una obligaci髇 correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligaci髇 se erigen as� en el eje central del proyecto de Ley.

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. As�, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposici髇, al menos en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y en los t閞minos de la ley, de la obligaci髇 de poner a disposici髇 de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a trav閟 del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la informaci髇 y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el tr醡ite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administraci髇 P鷅lica.

Tambi閚 debe encontrar informaci髇 en dicho punto de acceso 鷑ico sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por m醩 de un medio, tecnolog韆 o plataforma.

II

La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇: 獴ases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas�, por una parte y 玴rocedimiento administrativo com鷑� por otra.

Por otra parte, la regulaci髇 estatal, en lo que tiene de b醩ico, deja margen a los desarrollos auton髆icos, sin que pueda olvidarse, adem醩, que el objeto de las bases en este caso deben permitir 玡n todo caso�, de acuerdo con este n鷐ero 18, un 玹ratamiento com鷑� ante ellas.

En esta perspectiva, la regulaci髇 del Estado debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garant韆s de las comunicaciones electr髇icas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la conservaci髇 de las comunicaciones electr髇icas y los dem醩 temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electr髇icamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento com鷑 que tienen.

La Ley 30/1992 se limit� a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telem醫icas con las Administraci髇, pero la hora actual demanda otra regulaci髇 que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento com鷑 de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electr髇icas con todas las Administraciones P鷅licas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la informaci髇, la importancia que una regulaci髇 clara, precisa y com鷑 de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnol骻icas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulaci髇 b醩ica que est� hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulaci髇 com鷑 exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos -y no s髄o la posibilidad- de acceder mediante comunicaciones electr髇icas a la Administraci髇.

III

El reconocimiento general del derecho de acceder electr髇icamente a las Administraciones P鷅licas tiene otras muchas consecuencias a las que hay dar soluci髇 y de las que aqu�, de forma resumida, se enumeran algunas.

As�, en primer lugar, la progresiva utilizaci髇 de medios electr髇icos suscita la cuesti髇 de la privacidad de unos datos que se facilitan en relaci髇 con un expediente concreto pero que, archivados de forma electr髇ica como consecuencia de su propio modo de transmisi髇, hacen emerger el problema de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero, s� la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administraci髇 o de cualquier Administraci髇 o en otro expediente. Las normas de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovaci髇 al respecto, pero s� de establecer previsiones que garanticen la utilizaci髇 de los datos obtenidos de las comunicaciones electr髇icas para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administraci髇.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como m韓imo, en un expediente iniciado electr髇icamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en l韓ea a los interesados para verificar la situaci髇 del expediente, sin mengua de todas las garant韆s de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilizaci髇 de comunicaciones electr髇icas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electr髇icamente con la Administraci髇, suscita la cuesti髇 no ya de la adaptaci髇 de 閟ta -recursos humanos y materiales- a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino tambi閚 la cuesti髇 de la manera de adaptar sus formas de actuaci髇 y tramitaci髇 de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnolog韆s.

El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electr髇icamente con la Administraci髇 plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la 玸ede� administrativa electr髇ica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un r間imen de identificaci髇, autenticaci髇, contenido m韓imo, protecci髇 jur韉ica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige tambi閚 abordar la definici髇 a los efectos de la Ley de una serie de t閞minos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electr髇icas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definici髇 de expediente electr髇ico y de documento electr髇ico; de los registros electr髇icos y de las notificaciones electr髇icas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.

La consagraci髇 de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electr髇icamente con la Administraci髇 suscita, tambi閚, por ejemplo, la cuesti髇 de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podr韆 considerarse la formaci髇 del expediente o el archivo de oficina -el vinculado a la tramitaci髇 de los expedientes-, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administraci髇, las nuevas tecnolog韆s permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducci髇 de costes) que hacen ineludible la consideraci髇 de las formas de tramitaci髇 electr髇ica, tanto para la tramitaci髇 electr髇ica de expedientes, como para cualquier otra actuaci髇 interna de la Administraci髇, expandi閚dolas gradualmente con el objetivo del a駉 2009.

Ciertamente, el uso de medios electr髇icos no puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional, as� como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administraci髇 internamente adopte los mecanismos m醩 adecuados, en este caso medios electr髇icos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto p鷅lico. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la pol韙ica de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Informaci髇 que se vienen impulsando en los 鷏timos a駉s. En este sentido la Administraci髇 debe incorporar las nuevas tecnolog韆s a su funcionamiento interno y, simult醤eamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnolog韆s o falta de formaci髇) no puedan acceder electr髇icamente a la Administraci髇 P鷅lica, dispongan de los medios adecuados para seguir comunic醤dose con la Administraci髇 con los mismos derechos y garant韆s. La soluci髇 a ese doble objetivo pasa por la formaci髇 del personal al servicio de la Administraci髇 que atiende al p鷅lico para que hagan posible la comunicaci髇 de estos ciudadanos con la administraci髇 electr髇ica, as� como por la disponibilidad de puntos de acceso electr髇ico p鷅licos en sedes administrativas. O tambi閚, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garant韆 de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.

En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electr髇ico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electr髇icos.

Otra cuesti髇 que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electr髇icas. El ordenador e Internet puede ser una v韆, pero no es desde luego la 鷑ica; las comunicaciones v韆 SMS pueden ser otra forma de actuaci髇 que en algunas Administraciones est醤 siendo ya utilizadas. La Televisi髇 Digital Terrestre, por ejemplo, abre tambi閚 posibilidades con las que hay tambi閚 que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales electr髇icos disponibles hoy en d韆, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnolog韆s de la informaci髇 hacen posible la aparici髇 de nuevos instrumentos electr髇icos que pudieran aplicarse para la administraci髇 electr髇ica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la regulaci髇 de estos canales.

La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la elecci髇 de la v韆 o canal por el que quieren comunicarse con la Administraci髇, si bien cada tecnolog韆 puede ser apta para una funci髇 en raz髇 de sus caracter韘ticas y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.

IV

Debe recordarse que el impulso de una administraci髇 electr髇ica supone tambi閚 dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicaci髇 de la Comisi髇 玦2010: Una Sociedad de la Informaci髇 Europea para el crecimiento y el empleo�.

El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la m醲ima importancia al desarrollo de la administraci髇 electr髇ica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnolog韆s como un factor determinante del futuro econ髆ico de Europa.

En estos a駉s de vigencia de la iniciativa e-Europa el 醡bito de actuaci髇 de la administraci髇 electr髇ica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicaci髇 de la comunicaci髇 relativa a i2010 se aprob�, en la Cumbre de Manchester, una resoluci髇 ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administraci髇 electr髇ica en la Uni髇. Tras esta resoluci髇 se aprob� el Plan de Acci髇 sobre administraci髇 electr髇ica i2010, en la que se se馻la que los 閤itos de la administraci髇 electr髇ica son ya claramente visibles en varios pa韘es de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual en toda la Uni髇 que una implantaci髇 generalizada de ella podr韆 generar.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecuci髇 del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprob� la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electr髇icos acceso a los tr醡ites relacionados con las actividades de servicios y a la informaci髇 de inter閟 tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.

Por ello, y dada la analog韆 de esta finalidad con el objetivo de esta Ley, se realiza en la misma una referencia expresa a la informaci髇 y tr醡ites relacionados con las actividades de servicios, de forma que los art韈ulos 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.

Por otra parte, en el contexto internacional, tambi閚 otros organismos se han interesado en la administraci髇 electr髇ica como forma de activar la econom韆 y mejorar el gobierno de los pa韘es como es el caso de la OCDE, que public� en 2004 un estudio con un t韙ulo casi autodescriptivo: 獿a administraci髇 electr髇ica: Un imperativo�, donde resalta los ahorros que la administraci髇 electr髇ica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

Tambi閚 el Consejo de Europa, desde una perspectiva m醩 social, est� analizando la administraci髇 electr髇ica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comit� de Ministros adopt� una recomendaci髇 donde se se馻la que la administraci髇 electr髇ica no es asunto meramente t閏nico, sino de gobernanza democr醫ica.

V

En este contexto, una Ley para el acceso electr髇ico de los ciudadanos a las Administraciones P鷅licas se justifica en la creaci髇 de un marco jur韉ico que facilite la extensi髇 y utilizaci髇 de estas tecnolog韆s. Y el principal reto que tiene la implantaci髇 de las Tecnolog韆s de la Informaci髇 y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administraci髇 en particular es la generaci髇 de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilizaci髇. La desconfianza nace de la percepci髇, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la informaci髇 en soporte electr髇ico, de posibles riesgos de p閞dida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnolog韆s.

Por otro lado, la legislaci髇 debe proclamar y erigirse sobre un principio fundamental como es la conservaci髇 de las garant韆s constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan con la Administraci髇 P鷅lica, cuya exigencia se deriva del art韈ulo 18.4 CE, al encomendar a la ley la limitaci髇 del uso de la inform醫ica para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservaci髇 exige afirmar la vigencia de los derechos fundamentales no s髄o como l韒ite, sino como vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional consagrado en el art韈ulo 9.2 de nuestro texto fundamental, as� como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicaci髇 segura de estas tecnolog韆s. Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electr髇ico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administraci髇. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del ciudadano frente a la administraci髇 electr髇ica que recoge un elenco no limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones P鷅licas, as� como las garant韆s espec韋icas para su efectividad.

Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atender� las quejas y realizar� las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones P鷅licas por medios electr髇icos.

De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la informaci髇 y, por ende, de una Administraci髇 accesible electr髇icamente. No en vano, la integraci髇 de las Tecnolog韆s de la Informaci髇 y las Comunicaciones (TIC's) en el d韆 a d韆 de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporaci髇 de esas mismas tecnolog韆s en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansi髇 de la 玞ultura electr髇ica� entre los trabajadores-ciudadanos.

Las empresas pueden, en tal sentido, desempe馻r un papel coadyuvante clave para la consecuci髇 de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un tratamiento espec韋ico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma m醩 intensa afectan al desarrollo de la actividad empresarial.

A todo ello se debe la aprobaci髇 de esta Ley de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos, en la que se incluyen las siguientes materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.

VI

La Ley se estructura en cinco t韙ulos, seis disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una derogatoria y ocho finales.

En el T韙ulo Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los principios generales a los que se ajusta, as� como su 醡bito de aplicaci髇. Debe destacarse el car醕ter b醩ico de la ley en los t閞minos establecidos en la disposici髇 final primera, siendo por tanto de aplicaci髇 a todas las Administraciones P鷅licas los art韈ulos referidos en dicha disposici髇 final.

La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilizaci髇 de comunicaciones electr髇icas con las Administraciones P鷅licas no implique una discriminaci髇 para los ciudadanos que se relacionen con la Administraci髇 por medios no electr髇icos.

En el T韙ulo Primero est醤 recogidos los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones P鷅licas a trav閟 de medios electr髇icos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la obligaci髇 de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestaci髇 de los servicios electr髇icos.

Asimismo, se establece la obligaci髇 de cada Administraci髇 de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitaci髇 de un procedimiento, siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podr� emitirse y recabarse por medios electr髇icos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que est醤 en poder de las Administraciones P鷅licas.

Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos se prev�, en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, la actuaci髇 de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y del Defensor del usuario.

En el T韙ulo Segundo se regula el r間imen jur韉ico de la administraci髇 electr髇ica. Por una parte, su Cap韙ulo Primero se dedica a la sede electr髇ica, como direcci髇 electr髇ica cuya gesti髇 y administraci髇 corresponde a una Administraci髇 P鷅lica funcionando con plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualizaci髇 de la informaci髇 y los servicios a los que puede accederse a trav閟 de la misma. En la normativa de desarrollo de la Ley, cada Administraci髇 determinar� los instrumentos de creaci髇 de las sedes electr髇icas.

En su Cap韙ulo Segundo se regulan las formas de identificaci髇 y autenticaci髇, tanto de los ciudadanos como de los 髍ganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos instrumentos de acreditaci髇, que se concretar醤 en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional de Identidad electr髇ico est� habilitado con car醕ter general para todas las relaciones con las Administraciones P鷅licas, y por ello se impulsar� como f髍mula para extender el uso general de la firma electr髇ica. Tambi閚 se establece la obligaci髇 para cualquier Administraci髇 de admitir los certificados electr髇icos reconocidos en el 醡bito de la Ley de Firma Electr髇ica.

Interesa tambi閚 destacar sobre esta cuesti髇, y con objeto de evitar la brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios p鷅licos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido, para sus relaciones electr髇icas con la Administraci髇.

En el Cap韙ulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electr髇icas. La principal novedad a este respecto es la nueva regulaci髇 de los registros electr髇icos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentaci髇 de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones P鷅licas.

La Ley regula las comunicaciones electr髇icas de los ciudadanos con las Administraciones y de 閟tas entre s�, para aunar los criterios de agilidad y de seguridad jur韉ica. En el Cap韙ulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electr髇icos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un documento electr髇ico, se regula todo el sistema de copias electr髇icas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electr髇ico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electr髇icos, o viceversa.

El T韙ulo Tercero trata de la gesti髇 electr髇ica de los procedimientos, desarrolla la regulaci髇 de los procedimientos administrativos utilizando medios electr髇icos y los criterios a seguir en la gesti髇 electr髇ica, guardando un cierto paralelismo con la regulaci髇 que encontramos en la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. As�, se regula la iniciaci髇, instrucci髇 y terminaci髇 de procedimientos por medios electr髇icos.

En este T韙ulo cabe hacer especial referencia a la obligaci髇 que se establece para las Administraciones P鷅licas de poner a disposici髇 de los usuarios informaci髇 por medios electr髇icos sobre el estado de tramitaci髇 de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electr髇icos como para el resto de procedimientos.

El T韙ulo Cuarto est� dedicado a la Cooperaci髇 entre Administraciones para el impulso de la administraci髇 electr髇ica. En 閘 se establecen el 髍gano de cooperaci髇 en esta materia de la Administraci髇 General del Estado con los de las Comunidades Aut髇omas y con la Administraci髇 Local, y se determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de informaci髇 as� como las bases para impulsar la reutilizaci髇 de aplicaciones y transferencia de tecnolog韆s entre Administraciones.

La Ley consta, por 鷏timo, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposici髇 final primera en la que se citan los preceptos de la ley que tienen car醕ter b醩ico al amparo del art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇.

Especial inter閟 tiene tambi閚 la disposici髇 final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se se馻lan las fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones P鷅licas por medios electr髇icos, estableciendo los plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuaci髇 por parte de las distintas Administraciones P鷅licas.