Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protecci髇 subsidiaria

Art韈ulo 16 Derecho a solicitar protecci髇 internacional

1. Las personas nacionales no comunitarias y las ap醫ridas presentes en territorio espa駉l tienen derecho a solicitar protecci髇 internacional en Espa馻.

2. Para su ejercicio, los solicitantes de protecci髇 internacional tendr醤 derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jur韉ica gratuita, que se extender� a la formalizaci髇 de la solicitud y a toda la tramitaci髇 del procedimiento, y que se prestar� en los t閞minos previstos en la legislaci髇 espa駉la en esta materia, as� como derecho a int閞prete en los t閞minos del art韈ulo 22 de la Ley Org醤ica 4/2000.

La asistencia jur韉ica referida en el p醨rafo anterior ser� preceptiva cuando las solicitudes se formalicen de acuerdo al procedimiento se馻lado en el art韈ulo 21 de la presente Ley.

3. La presentaci髇 de la solicitud conllevar� la valoraci髇 de las circunstancias determinantes del reconocimiento de la condici髇 de refugiado, as� como de la concesi髇 de la protecci髇 subsidiaria. De este extremo se informar� en debida forma al solicitante.

4. Toda informaci髇 relativa al procedimiento, incluido el hecho de la presentaci髇 de la solicitud, tendr� car醕ter confidencial.

Art韈ulo 17 Presentaci髇 de la solicitud

1. El procedimiento se inicia con la presentaci髇 de la solicitud, que deber� efectuarse mediante comparecencia personal de los interesados que soliciten protecci髇 en los lugares que reglamentariamente se establezcan, o en caso de imposibilidad f韘ica o legal, mediante persona que lo represente. En este 鷏timo caso, el solicitante deber� ratificar la petici髇 una vez desaparezca el impedimento.

2. La comparecencia deber� realizarse sin demora y en todo caso en el plazo m醲imo de un mes desde la entrada en el territorio espa駉l o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecuci髇 o da駉s graves. A estos efectos, la entrada ilegal en territorio espa駉l no podr� ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que re鷑a los requisitos para ser beneficiaria de la protecci髇 internacional prevista en esta Ley.

3. En el momento de efectuar la solicitud, la persona extranjera ser� informada, en una lengua que pueda comprender, acerca de:

• a) el procedimiento que debe seguirse;
• b) sus derechos y obligaciones durante la tramitaci髇, en especial en materia de plazos y medios de que dispone para cumplir 閟tas;
• c) la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con las Organizaciones no Gubernamentales legalmente reconocidas entre cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de protecci髇 internacional;
• d) las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones o de su falta de colaboraci髇 con las autoridades; y
• e) los derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su condici髇 de solicitante de protecci髇 internacional.

4. La solicitud se formalizar� mediante entrevista personal que se realizar� siempre individualmente. De forma excepcional, podr� requerirse la presencia de otros miembros de la familia de los solicitantes, si ello se considerase imprescindible para la adecuada formalizaci髇 de la solicitud.

5. La Administraci髇 adoptar� las medidas necesarias para que, cuando sea preciso, en la entrevista se preste un tratamiento diferenciado por raz髇 del sexo de la persona solicitante o dem醩 circunstancias previstas en el art韈ulo 46 de esta Ley. De este tr醡ite se dejar� debida constancia en el expediente administrativo.

6. Las personas encargadas de efectuar la entrevista informar醤 a los solicitantes sobre c髆o efectuar la solicitud, y les ayudar醤 a cumplimentarla, facilit醤doles la informaci髇 b醩ica en relaci髇 con aqu閘la. Asimismo, colaborar醤 con los interesados para establecer los hechos relevantes de su solicitud.

7. Cuando razones de seguridad lo aconsejen, se podr� registrar a la persona solicitante y sus pertenencias, siempre y cuando se garantice el pleno respeto a su dignidad e integridad.

8. En los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, se plantear� la posibilidad de una nueva audiencia personal sobre su solicitud de asilo. La ponderaci髇 sobre la necesidad o no de efectuar nuevas entrevistas ser� motivada.

Art韈ulo 18 Derechos y obligaciones de los solicitantes

1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene en los t閞minos recogidos en la presente Ley, en los art韈ulos 16, 17, 19, 33 y 34, los siguientes derechos:

• a) a ser documentado como solicitante de protecci髇 internacional;
• b) a asistencia jur韉ica gratuita e int閞prete;
• c) a que se comunique su solicitud al ACNUR;
• d) a la suspensi髇 de cualquier proceso de devoluci髇, expulsi髇 o extradici髇 que pudiera afectar al solicitante;
• e) a conocer el contenido del expediente en cualquier momento;
• f) a la atenci髇 sanitaria en las condiciones expuestas;
• g) a recibir prestaciones sociales espec韋icas en los t閞minos que se recogen en esta Ley.

2. Ser醤 obligaciones de los solicitantes de protecci髇 internacional las siguientes:

• a) cooperar con las autoridades espa駉las en el procedimiento para la concesi髇 de protecci髇 internacional;
• b) presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaraci髇, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podr醤 presentar la documentaci髇 de que dispongan sobre su edad, pasado -incluido el de parientes relacionados-, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protecci髇 internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protecci髇;
• c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este 鷏timo extremo;
• d) informar sobre su domicilio en Espa馻 y cualquier cambio que se produzca en 閘;
• e) informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando as� se les requiera con relaci髇 a cualquier circunstancia de su solicitud.

Art韈ulo 19 Efectos de la presentaci髇 de la solicitud

1. Solicitada la protecci髇, la persona extranjera no podr� ser objeto de retorno, devoluci髇 o expulsi髇 hasta que se resuelva sobre su solicitud o 閟ta no sea admitida. No obstante, por motivos de salud o seguridad p鷅licas, la autoridad competente podr� adoptar medidas cautelares en aplicaci髇 de la normativa vigente en materia de extranjer韆 e inmigraci髇.

2. Asimismo, la solicitud de protecci髇 suspender�, hasta la decisi髇 definitiva, la ejecuci髇 del fallo de cualquier proceso de extradici髇 de la persona interesada que se halle pendiente. A tal fin, la solicitud ser� comunicada inmediatamente al 髍gano judicial o al 髍gano gubernativo ante el que en ese momento tuviera lugar el correspondiente proceso.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, podr� entregarse o extraditarse a una persona solicitante, seg鷑 proceda, a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea en virtud de las obligaciones dimanantes de una orden europea de detenci髇 y entrega, o a un pa韘 tercero ante 髍ganos judiciales penales internacionales.

4. Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a entrevistarse con un abogado en las dependencias de los puestos fronterizos y centros de internamiento de extranjeros. Reglamentariamente, y sin perjuicio de las normas de funcionamiento establecidas para las citadas dependencias y centros, podr醤 establecerse condiciones para el ejercicio de este derecho derivadas de razones de seguridad, orden p鷅lico o de su gesti髇 administrativa.

5. La solicitud de protecci髇 dar� lugar al inicio del c髆puto de los plazos previstos para su tramitaci髇.

6. La resoluci髇 que admita a tr醡ite una solicitud de asilo determinar� el procedimiento correspondiente.

7. En caso de que la tramitaci髇 de una solicitud pudiese exceder de seis meses, ampliables de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, para su resoluci髇 y notificaci髇, se informar� a la persona interesada del motivo de la demora.

Art韈ulo 20 No admisi髇 de solicitudes presentadas dentro del territorio espa駉l

1. El Ministro del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podr�, mediante resoluci髇 motivada, no admitir a tr醡ite las solicitudes cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• - Por falta de competencia para el examen de las solicitudes:
  • a) cuando no corresponda a Espa馻 su examen con arreglo al Reglamento (CE) 343/2003, del Consejo, de 18 de febrero, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinaci髇 del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer pa韘;
  • b) cuando no corresponda a Espa馻 su examen de conformidad con los Convenios Internacionales en que sea Parte. En la resoluci髇 por la que se acuerde la no admisi髇 a tr醡ite se indicar� a la persona solicitante el Estado responsable de examinarla. En este caso, dicho Estado habr� aceptado expl韈itamente su responsabilidad y se obtendr醤 garant韆s suficientes de protecci髇 para la vida, libertad e integridad f韘ica de los interesados, as� como del respeto a los dem醩 principios indicados en la Convenci髇 de Ginebra, en el territorio de dicho Estado.
• - Por falta de requisitos:
  • c) cuando, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 25.2.b) y en el art韈ulo 26 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, la persona solicitante se halle reconocida como refugiada y tenga derecho a residir o a obtener protecci髇 internacional efectiva en un tercer Estado, siempre que sea readmitida en ese pa韘, no exista peligro para su vida o su libertad, ni est� expuesta a tortura o a trato inhumano o degradante y tenga protecci髇 efectiva contra la devoluci髇 al pa韘 perseguidor, con arreglo a la Convenci髇 de Ginebra;
  • d) cuando la persona solicitante proceda de un tercer pa韘 seguro, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista que sea elaborada por la Uni髇 Europea, donde, atendiendo a sus circunstancias particulares, reciba un trato en el que su vida, su integridad y su libertad no est閚 amenazadas por raz髇 de raza, religi髇, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opini髇 pol韙ica, se respete el principio de no devoluci髇, as� como la prohibici髇 de expulsi髇 en caso de violaci髇 del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, exista la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, a recibir protecci髇 con arreglo a la Convenci髇 de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese pa韘 y existan v韓culos por los cuales ser韆 razonable que el solicitante fuera a ese pa韘. Para la aplicaci髇 del concepto de tercer pa韘 seguro, tambi閚 podr� requerirse la existencia de una relaci髇 entre el solicitante de asilo y el tercer pa韘 de que se trate por la que ser韆 razonable que el solicitante fuera a ese pa韘;
  • e) cuando la persona solicitante hubiese reiterado una solicitud ya denegada en Espa馻 o presentado una nueva solicitud con otros datos personales, siempre que no se planteen nuevas circunstancias relevantes en cuanto a las condiciones particulares o a la situaci髇 del pa韘 de origen o de residencia habitual de la persona interesada;
  • f) cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Uni髇 Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre el derecho de asilo a nacionales de Estados miembros de la Uni髇 Europea.

2. La no admisi髇 a tr醡ite prevista en este art韈ulo deber� notificarse en el plazo m醲imo de un mes contado a partir de la presentaci髇 de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya notificado la resoluci髇 a la persona interesada determinar� la admisi髇 a tr醡ite de la solicitud y su permanencia provisional en territorio espa駉l, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resoluci髇 definitiva del procedimiento. La no admisi髇 a tr醡ite conllevar� los mismos efectos que la denegaci髇 de la solicitud.

3. La constataci髇, con posterioridad a la admisi髇 a tr醡ite de la solicitud de protecci髇 internacional, de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no admisi髇 ser� causa de denegaci髇 de aqu閘la.

Art韈ulo 21 Solicitudes presentadas en puestos fronterizos

1. Cuando una persona extranjera que no re鷑a los requisitos necesarios para entrar en territorio espa駉l presente una solicitud de protecci髇 internacional en un puesto fronterizo, el Ministro del Interior podr� no admitir a tr醡ite la solicitud mediante resoluci髇 motivada cuando en dicha solicitud concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado primero del art韈ulo 20. En todo caso, la resoluci髇 deber� ser notificada a la persona interesada en el plazo m醲imo de cuatro d韆s desde su presentaci髇.

2. Asimismo, el Ministro del Interior podr� denegar la solicitud mediante resoluci髇 motivada, que deber� notificarse a la persona interesada en el plazo m醲imo de cuatro d韆s desde su presentaci髇, cuando en dicha solicitud concurra alguno de los siguientes supuestos:

• a) los previstos en las letras c), d) y f) del apartado primero del art韈ulo 25;
• b) cuando la persona solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inveros韒iles, insuficientes, o que contradigan informaci髇 suficientemente contrastada sobre su pa韘 de origen, o de residencia habitual si fuere ap醫rida, de manera que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es infundada por lo que respecta al hecho de albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un da駉 grave.

3. El plazo previsto en el apartado anterior se ampliar� hasta un m醲imo de diez d韆s por resoluci髇 del Ministro del Interior, en los casos en los que, por concurrir alguna de las circunstancias previstas en la letra f) del apartado primero del art韈ulo 25, el ACNUR, de manera razonada, as� lo solicite.

4. Contra la resoluci髇 de inadmisi髇 a tr醡ite o de denegaci髇 de la solicitud se podr�, en el plazo de dos d韆s contados desde su notificaci髇, presentar una petici髇 de reexamen que suspender� los efectos de aqu閘la. La resoluci髇 de dicha petici髇, que corresponder� al Ministro del Interior, deber� notificarse a la persona interesada en el plazo de dos d韆s desde el momento en que aqu閘la hubiese sido presentada.

5. El transcurso del plazo fijado para acordar la inadmisi髇 a tr醡ite, o la denegaci髇 de la solicitud en frontera, la petici髇 de reexamen, o del previsto para resolver el recurso de reposici髇 sin que se haya notificado la resoluci髇 de forma expresa, determinar� su tramitaci髇 por el procedimiento ordinario, as� como la autorizaci髇 de entrada y permanencia provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resoluci髇 definitiva del expediente.

Art韈ulo 22 Permanencia del solicitante de asilo durante la tramitaci髇 de la solicitud

En todo caso, durante la tramitaci髇 de la petici髇 de reexamen y del recurso de reposici髇 previstos en los apartados cuarto y quinto del art韈ulo 21 de la presente Ley, as� como en los supuestos en los que se solicite la adopci髇 de las medidas a las que se refiere el apartado segundo de su art韈ulo 29, la persona solicitante de asilo permanecer� en las dependencias habilitadas a tal efecto.

Art韈ulo 23 觬ganos competentes para la instrucci髇

1. La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el 髍gano competente para la tramitaci髇 de las solicitudes de protecci髇 internacional, sin perjuicio de las dem醩 funciones que reglamentariamente se le atribuyan.

2. La Comisi髇 Interministerial de Asilo y Refugio es un 髍gano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que est� compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en pol韙ica exterior e interior, justicia, inmigraci髇, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad.

3. Ser醤 funciones de la Comisi髇 las previstas en esta Ley y aquellas otras que, junto con su r間imen de funcionamiento, se establezcan reglamentariamente.

Art韈ulo 24 Procedimiento ordinario

1. Toda solicitud de protecci髇 internacional admitida a tr醡ite dar� lugar al inicio, por parte del Ministerio del Interior, del correspondiente procedimiento, al que se incorporar醤 las diligencias de instrucci髇 del expediente. Si fuera procedente la realizaci髇 de nuevas entrevistas a las personas solicitantes, aqu閘las deber醤 reunir los requisitos previstos en el art韈ulo 17.

2. Finalizada la instrucci髇 de los expedientes, se elevar醤 a estudio de la Comisi髇 Interministerial de Asilo y Refugio, que formular� propuesta al Ministro del Interior, quien ser� el competente para dictar la correspondiente resoluci髇 por la que se conceda o deniegue, seg鷑 proceda, el derecho de asilo o la protecci髇 subsidiaria.

3. Transcurridos seis meses desde la presentaci髇 de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resoluci髇, la misma podr� entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligaci髇 de la Administraci髇 de resolver expresamente y de lo dispuesto en el apartado s閜timo del art韈ulo 19 de la presente Ley.

Art韈ulo 25 Tramitaci髇 de urgencia

1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petici髇 del interesado, acordar� la aplicaci髇 de la tramitaci髇 de urgencia, previa notificaci髇 al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) que parezcan manifiestamente fundadas;
• b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades espec韋icas, especialmente, por menores no acompa馻dos;
• c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relaci髇 con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condici髇 de refugiado o la concesi髇 de la protecci髇 subsidiaria;
• d) que la persona solicitante proceda de un pa韘 de origen considerado seguro, en los t閞minos de lo dispuesto en el art韈ulo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere ap醫rida, en el que tuviera su residencia habitual;
• e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes previsto en el apartado segundo del art韈ulo 17;
• f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusi髇 o de denegaci髇 previstos en los art韈ulos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.

2. Cuando la solicitud de protecci髇 internacional se hubiera presentado en un Centro de Internamiento para Extranjeros, su tramitaci髇 deber� adecuarse a lo dispuesto en el art韈ulo 21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las solicitudes en estos t閞minos, aqu閘las que fuesen admitidas a tr醡ite se ajustar醤 a la tramitaci髇 de urgencia prevista en el presente art韈ulo.

3. La Comisi髇 Interministerial de Asilo y Refugio ser� informada de los expedientes que vayan a ser tramitados con car醕ter de urgencia.

4. Ser� de aplicaci髇 al presente procedimiento lo dispuesto en el art韈ulo 24 de la Ley, salvo en materia de plazos que se ver醤 reducidos a la mitad.

Art韈ulo 26 Evaluaci髇 de las solicitudes

1. La Administraci髇 General del Estado velar� por que la informaci髇 necesaria para la evaluaci髇 de las solicitudes de protecci髇 no se obtenga de los responsables de la persecuci髇 o de los da駉s graves, de modo tal que d� lugar a que dichos responsables sean informados de que la persona interesada es solicitante de protecci髇 internacional cuya solicitud est� siendo considerada, ni se ponga en peligro la integridad de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que a鷑 vivan en el pa韘 de origen.

2. Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastar� que aparezcan indicios suficientes de persecuci髇 o de da駉s graves.

Art韈ulo 27 Archivo de la solicitud

Se pondr� fin al procedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la persona solicitante la retire o desista de ella, en los casos y en los t閞minos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑. En todo caso, se podr� presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo de treinta d韆s el solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar informaci髇 esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido convocado, o no compareciera para la renovaci髇 de la documentaci髇 de la que se le hubiera provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su voluntad.

Art韈ulo 28 Notificaci髇

A efectos de comunicaciones y notificaciones, se tendr� en cuenta el 鷏timo domicilio o residencia que conste en el expediente. Cuando no prospere este procedimiento de notificaci髇, el tr醡ite se realizar� a trav閟 del Portal del Ciudadano, del portal electr髇ico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los tablones de anuncios, accesibles al p鷅lico, de la Comisar韆 de Polic韆 correspondiente o de la Oficina de Extranjeros de la provincia en que conste el 鷏timo lugar de residencia de la persona solicitante y, en todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. De estos extremos se informar� a los solicitantes al formalizar su solicitud, que podr醤 exigir que se cumpla la garant韆 del apartado 4 del art韈ulo 16.

Art韈ulo 29 Recursos

1. Las resoluciones previstas en la presente Ley pondr醤 fin a la v韆 administrativa, salvo en el caso de que se haya presentado la petici髇 de reexamen prevista en el apartado cuarto del art韈ulo 21, en que se entender� que pone fin a la v韆 administrativa la resoluci髇 que decida dicha petici髇, y ser醤 susceptibles de recurso de reposici髇 con car醕ter potestativo y de recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa.

2. Cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo y se solicite la suspensi髇 del acto recurrido, dicha solicitud tendr� la consideraci髇 de especial urgencia contemplada en el art韈ulo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa.

3. La persona a quien le haya sido denegada la solicitud podr� solicitar su revisi髇 cuando aparezcan nuevos elementos probatorios, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 30 Derechos sociales generales

1. Se proporcionar� a las personas solicitantes de protecci髇 internacional, siempre que carezcan de recursos econ髆icos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacci髇 de sus necesidades b醩icas en condiciones de dignidad, sin perjuicio, en tanto que extranjeros, de lo establecido en la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social, y en su normativa de desarrollo.

2. Los servicios sociales y de acogida espec韋icamente destinados a las personas solicitantes de protecci髇 internacional se determinar醤 reglamentariamente por el Ministerio competente.

3. Si se comprobara que la persona solicitante dispone de suficientes medios de acuerdo con la normativa vigente, para cubrir los costes inherentes a los servicios y prestaciones reservados a personas que carezcan de recursos econ髆icos, se proceder� a la reclamaci髇 de su reembolso.

Art韈ulo 31 Acogida de los solicitantes de protecci髇 internacional

1. Los servicios de acogida, su definici髇, disponibilidad, programas y servicios, espec韋icamente destinados a aquellas personas que soliciten protecci髇 internacional, se determinar醤 reglamentariamente por el Ministerio competente para atender las necesidades b醩icas de estas personas.

Este Ministerio podr� prestar por s� mismo esos servicios de acogida de forma directa, de forma indirecta por f髍mulas contractuales, o bien, mediante la correspondiente autorizaci髇 de acci髇 concertada a entidades cuando no sea necesario celebrar contratos p鷅licos, tal y como establece el art韈ulo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p鷅lico.

Asimismo, tambi閚 ser� posible prestar los servicios de acogida a trav閟 de los centros subvencionados a organizaciones no gubernamentales. En ning鷑 caso podr� duplicarse la financiaci髇 p鷅lica de los servicios prestados por estas organizaciones, concurriendo la financiaci髇 obtenida por la autorizaci髇 de acci髇 concertada y por las subvenciones.

A los efectos de esta ley se entiende por acci髇 concertada el instrumento por el que se concede la autorizaci髇 a aquellas entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas de forma reglamentaria para la prestaci髇 de servicios de acogida de responsabilidad p鷅lica, debiendo el sistema que se establezca, en todo caso, cumplir todos los requisitos que contempla el art韈ulo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, incluidos los principios de publicidad, transparencia y no discriminaci髇.

La financiaci髇 de la acci髇 concertada, el cumplimiento de los requisitos de acceso y el control de la prestaci髇 de los servicios se realizar� por el Ministerio competente para prestar los servicios de acogida, seg鷑 se establezca de forma reglamentaria.

Estas entidades habr醤 de acreditar la disposici髇 de medios y recursos necesarios para la prestaci髇 de los servicios de acci髇 concertada. En todo caso, se acreditar� la propiedad de los centros en que se vaya a desarrollar la acci髇 concertada, o, en su defecto, el derecho al uso, con este fin, de los bienes inmuebles, ya sean de propiedad privada o p鷅lica, por un periodo no inferior al de vigencia de la autorizaci髇 de acci髇 concertada, que podr� alcanzar cuatro a駉s prorrogables de mutuo acuerdo, por igual periodo, sin perjuicio de poder solicitar una nueva autorizaci髇 una vez expirada la anterior. Excepcionalmente, en situaciones de necesidad y siempre que concurran razones de inter閟 p鷅lico, dicho derecho al uso podr� ser por un periodo inferior al de vigencia de la autorizaci髇 de la acci髇 concertada.

Con car醕ter general, la Administraci髇 anticipar� hasta el 50 % de la retribuci髇 m醲ima acordada por las prestaciones y servicios asignados que supondr醤 entregas de fondos con car醕ter previo a la justificaci髇, como financiaci髇 necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la acci髇 concertada.

Los pagos anticipados se deber醤 asegurar mediante la prestaci髇 de garant韆. Las entidades no lucrativas autorizadas quedan exoneradas de la constituci髇 de garant韆 de los fondos entregados.

La falta de constituci髇 y acreditaci髇 de la garant韆 ante el 髍gano competente implicar� la retenci髇 del pago de la retribuci髇, hasta el momento en que se acredite, pudiendo dar lugar a la p閞dida del derecho al pago de forma definitiva cuando, habi閚dose realizado requerimiento previo del 髍gano concedente para que se acredite la constituci髇 de la garant韆, 閟te no fuera atendido en el plazo de 15 d韆s.

Reglamentariamente se desarrollar醤, entre otras materias, los aspectos y criterios de la organizaci髇 de los servicios de acogida a trav閟 de la acci髇 concertada, las condiciones que deben cumplir las entidades para obtener la correspondiente autorizaci髇, los supuestos de p閞dida de autorizaci髇 para el caso de incumplimiento de obligaciones, as� como el c醠culo de su retribuci髇. Este c醠culo tendr� en consideraci髇 que, la retribuci髇 se limitar� a los costes necesarios para prestar los servicios establecidos.

LE0000727857_20230330 N鷐ero 1 del art韈ulo 31 redactado por la disposici髇 final s閜tima del R.D.-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con car醕ter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producci髇 para la reducci髇 del precio de la electricidad en el mercado mayorista (獴.O.E.� 14 mayo).Vigencia: 15 mayo 2022

2. Se adoptar醤, con el acuerdo de los interesados, las medidas necesarias para mantener la unidad de la familia, integrada por los miembros enumerados en el art韈ulo 40 de esta Ley, tal y como se encuentre presente en el territorio espa駉l, siempre que se re鷑an los requisitos que se se馻lan en la presente Ley.

Art韈ulo 32 Autorizaci髇 de trabajo a los solicitantes de protecci髇 internacional

Las personas solicitantes de protecci髇 internacional ser醤 autorizadas para trabajar en Espa馻 en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.

Art韈ulo 33 Reducci髇 o retirada de las condiciones de acogida

1. El Ministerio competente en el ejercicio de las competencias sobre servicios, ayudas y prestaciones de los diferentes programas de acogida, podr� reducir o retirar alguno o la totalidad de los servicios de acogida en los siguientes casos:

• a) cuando la persona solicitante abandone el lugar de residencia asignado sin informar a la autoridad competente o, en caso de haberlo solicitado, sin permiso;
• b) cuando la persona solicitante accediese a recursos econ髆icos y pudiese hacer frente a la totalidad o parte de los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere ocultado sus recursos econ髆icos, y, por tanto, se beneficie indebidamente de las prestaciones de acogida establecidas;
• c) cuando se haya dictado resoluci髇 de la solicitud de protecci髇 internacional, y se haya notificado al interesado, salvo lo dispuesto en el apartado tercero del art韈ulo 36 de esta Ley;
• d) cuando por acci髇 u omisi髇 se vulneren los derechos de otros residentes o del personal encargado de los centros donde est閚 acogidos o se dificulte gravemente la convivencia en ellos, de conformidad con lo establecido en las normas internas de los mismos;
• e) cuando haya finalizado el periodo del programa o prestaci髇 autorizado.

2. Las personas solicitantes de protecci髇 internacional podr醤 ver reducidos o retirados los programas de ayudas del servicio de acogida, como consecuencia de las sanciones que se deriven de la comisi髇 de alguna de las faltas enunciadas en el apartado primero de este art韈ulo.

3. A los efectos del apartado anterior, el sistema de faltas y sanciones a aplicar en los centros de acogida ser� el que de forma reglamentaria establezca el Ministerio competente.

V閍se la Orden ISM/922/2023, de 6 de julio, por la que se desarrolla el r間imen disciplinario del sistema de acogida en materia de protecci髇 internacional (獴.O.E.� 3 agosto).LE0000769597_20230823

Art韈ulo 34 Intervenci髇 en el procedimiento de solicitud

La presentaci髇 de las solicitudes de protecci髇 internacional se comunicar� al ACNUR, quien podr� informarse de la situaci髇 de los expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y presentar informes para su inclusi髇 en el expediente.

A estos efectos, tendr� acceso a las personas solicitantes, incluidas las que se encuentren en dependencias fronterizas o en centros de internamiento de extranjeros o penitenciarios.

Art韈ulo 35 Intervenci髇 en la tramitaci髇 de protecci髇 internacional

1. El representante en Espa馻 del ACNUR ser� convocado a las sesiones de la Comisi髇 Interministerial de Asilo y Refugio.

2. Asimismo ser� informado inmediatamente de la presentaci髇 de las solicitudes en frontera y podr� entrevistarse, si lo desea, con los solicitantes. Con car醕ter previo a dictarse las resoluciones que sobre estas solicitudes prev閚 los apartados primero, segundo y tercero del art韈ulo 21 de la presente Ley, se dar� audiencia al ACNUR.

3. En los casos que se tramiten las solicitudes mediante el procedimiento de urgencia, y en los casos de admisi髇 a tr醡ite del art韈ulo 20, si la propuesta de resoluci髇 de la Oficina de Asilo y Refugio fuese desfavorable se dar� un plazo de diez d韆s al ACNUR para que, en su caso, informe.

Art韈ulo 36 Efectos de la concesi髇 del derecho de asilo o de protecci髇 subsidiaria

1. La concesi髇 del derecho de asilo o de la protecci髇 subsidiaria implicar� el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convenci髇 de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjer韆 e inmigraci髇, as� como en la normativa de la Uni髇 Europea, y, en todo caso:

• a) la protecci髇 contra la devoluci髇 en los t閞minos establecidos en los tratados internacionales firmados por Espa馻;
• b) el acceso a la informaci髇 sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido de la protecci髇 internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a la persona beneficiaria de dicha protecci髇;
• c) la autorizaci髇 de residencia y trabajo permanente, en los t閞minos que establece la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social;
• d) la expedici髇 de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condici髇 de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protecci髇 subsidiaria;
• e) el acceso a los servicios p鷅licos de empleo;
• f) el acceso a la educaci髇, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislaci髇 aplicable a las personas v韈timas de violencia de g閚ero, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integraci髇, en las mismas condiciones que los espa駉les;
• g) el acceso, en las mismas condiciones que los espa駉les, a la formaci髇 continua u ocupacional y al trabajo en pr醕ticas, as� como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y certificados acad閙icos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero;
• h) la libertad de circulaci髇;
• i) el acceso a los programas de integraci髇 con car醕ter general o espec韋ico que se establezcan;
• j) el acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan establecerse;
• k) el mantenimiento de la unidad familiar en los t閞minos previstos en la presente Ley y acceso a los programas de apoyo que a tal efecto puedan establecerse.

2. Con el fin de facilitar la integraci髇 de las personas con estatuto de protecci髇 internacional, se establecer醤 los programas necesarios, procurando la igualdad de oportunidades y la no discriminaci髇 en su acceso a los servicios generales.

3. Las personas con estatuto de protecci髇 internacional podr醤 seguir benefici醤dose de todos o algunos de los programas o prestaciones de que hubieran disfrutado con anterioridad a la concesi髇 del estatuto en aquellos casos en que circunstancias especiales as� lo requieran, con sometimiento al r間imen previsto para tales programas y prestaciones por el Ministerio de Trabajo e Inmigraci髇.

4. En casos espec韋icos, debido a dificultades sociales o econ髆icas, las Administraciones P鷅licas podr醤 poner en marcha servicios complementarios a los sistemas p鷅licos de acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, as� como servicios especializados de interpretaci髇 y traducci髇 de documentos, ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad y ayudas econ髆icas de emergencia.

Art韈ulo 37 Efectos de las resoluciones denegatorias

La no admisi髇 a tr醡ite o la denegaci髇 de las solicitudes de protecci髇 internacional determinar醤, seg鷑 corresponda, el retorno, la devoluci髇, la expulsi髇, la salida obligatoria del territorio espa駉l o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se d� alguno de los siguientes supuestos:

• a) que la persona interesada re鷑a los requisitos para permanecer en Espa馻 en situaci髇 de estancia o residencia;
• b) que se autorice su estancia o residencia en Espa馻 por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.

Art韈ulo 38 Solicitudes de protecci髇 internacional en Embajadas y Consulados

Con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del pa韘 en que se encuentre la Representaci髇 diplom醫ica y corra peligro su integridad f韘ica, los Embajadores de Espa馻 podr醤 promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a Espa馻 para hacer posible la presentaci髇 de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta Ley.

El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinar� expresamente las condiciones de acceso a las Embajadas y Consulados de los solicitantes, as� como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a Espa馻 de los mismos.