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Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases de régimen jurídico de las Cámaras Agrarias

Ficha:
  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 31 de Diciembre de 1986. Revisión vigente desde 29 de Diciembre de 1994
Versiones/revisiones:

Sumario

Derogado por
Ir a Norma L 18/2005 de 30 Sep. (deroga L 23/1986 de 24 Dic., bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias)
Norma afectada por
Corregido por
BOE 31 Diciembre. Corrección de erratas de la Ley 23/1986, de 24 Dic. (se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias)
Afectaciones recientes
18/10/1991
L 23/1991 de 15 Oct. (modificación L 23/1986 de 24 Dic., bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias)
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Número 2 del artículo 8 redactado por el artículo 1de la Ley 23/1991, 15 octubre, por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias («B.O.E.» 17 octubre). Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
L 37/1994 de 27 Dic. (modificación L 23/1986 de 24 Dic., bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, modificada por L 23/1991 de 15 Oct.)
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Número 2 del artículo 8 redactado por Ley 37/1994, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Apartado 5º del artículo 8 introducido por Ley 37/1994, 27 diciembre («B.O.E-» 28 diciembre), modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.
L 23/1991 de 15 Oct. (modificación L 23/1986 de 24 Dic., bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias)
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Apartado 3º del artículo 8 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Apartado 4º del artículo 8 incorporado por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Número 3º del artículo 9 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Apartado 4º del artículo 10 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Apartado 5º del artículo 10 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. Disposición Adicional 2ª redactada por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.
Sentencia 132/1989 de 18 Jul. (recursos de inconstitucionalidad 961/1985, 174/1987, 398/1987, 407/1987, 410/1987 y 425/1987, y conflicto positivo de competencia 504/1987, contra la L 18/1985 de 23 Jul. del Parlamento de Cataluña, de Cámaras Profesionales Agrarias; contra la L 23/1986 de 24 Dic., de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias; y contra el D 32/1987 de 5 Feb. de la Jun. ta de Galicia, se autoriza el derecho a usar los inmuebles propiedad de las Cámaras Agrarias Gallegas)
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La sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, 18 julio («B.O.E.» 10 agosto) declara que el número 1 del artículo 9 no vulnera los mandatos constitucionales interpretado en el sentido del Fundamento de Derecho 13. La sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, 18 julio («B.O.E.» 10 agosto) declara que el número 3 del artículo 11 no vulnera los mandatos constitucionales interpretado en el sentido del Fundamento de Derecho 28.
Ir a Norma derogadora Ley 23/1986, 24 diciembre, derogada por el artículo único de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias («B.O.E.» 1 octubre), el 31 de octubre de 2005.

Preámbulo

La Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, reconoció a todos los ciudadanos la libertad para asociarse con otros de su clase o profesión. España, al suscribir los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, se comprometió a defender el derecho a la libertad de asociación de trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses propios.

Mediante el Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio, se crearon Cámaras Agrarias en todo el territorio nacional, ya sea a nivel municipal, provincial o estatal. Esta disposición tenía sus razón legal en la autorización contenida en el Real Decreto-ley 31/1977, de 2 de junio, y especialmente en su disposición adicional segunda, b), mediante la que se facultaba al Gobierno para la creación y reconocimiento de Entidades de derecho público en el sector agrario.

Estas Cámaras Agrarias así creadas se subrogaron, en sus respectivos ámbitos territoriales, en la titularidad de los bienes que hasta aquel entonces constituía el patrimonio de sus antecesoras las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos, las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y la Hermandad Nacional, constituyéndose al amparo de criterios de coordinación social y, esencialmente para la consulta y colaboración con la Administración.

A pesar de esta adaptación legislativa llevada a cabo desde 1977 y las propias cautelas introducidas en su regulación, la práctica ha puesto de manifiesto su insuficiencia, en cuanto que no se ha conseguido la aceptación de las actuales Cámaras Agrarias por amplios colectivos de ciudadanos que han visto en la integración obligatoria de los agricultores un posible atentado contra el derecho de asociación amparado por la Constitución; en las actividades comerciales ejercidas por algunas Cámaras Agrarias, una competencia a las actividades privadas, realizadas por Corporaciones creadas y sufragadas por el Estado; en la existencia de las Cámaras Agrarias de ámbito local, una traba para el desarrollo del asociacionismo libre y reivindicativo.

Ratificada la Constitución por el pueblo español, que consagra el derecho de asociación y la libertad de afiliación, no hay motivo para mantener por más tiempo la situación actual, por lo que procede devolver al sector agrario la plenitud de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los sectores productivos.

Igualmente, y dentro de los términos constitucionales, se han ido aprobando los Estatutos de Autonomía, mediante los cuales, y con generalidad, las Comunidades Autónomas han asumido competencias en agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenanción general de la economía. Algunos Estatutos han previsto la asunción de competencias en Cámaras Agrarias en diversos grados y maneras, mientras que mediante el artículo 149.1.18, el Estado se reserva la competencia para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Producidos en gran parte los traspasos de servicios en materia de agricultura y ganadería a todas las Comunidades, parece oportuno elaborar una norma estatal que, sin menoscabo del bloque competencial, regule los aspectos esenciales de la materia y permita a las Comunidades Autónomas que lo tengan previsto en sus Estatutos desarrollar este tipo de competencias.

Asimismo, y ante la necesidad de regular la participación de los profesionales de la agricultura en los Organismos públicos que tienen prevista su presencia a efectos de consulta, se hace necesario contemplar alguna forma de medir el grado de representatividad de las organizaciones profesionales creadas libremente por los agricultores para la mejor defensa de sus intereses.

Por ello se prevé utilizar los resultados electorales a Cámaras Agrarias como una forma de cuantificar qué organizaciones profesionales son más representativas.

CAPITULO PRIMERO

Naturaleza jurídica

Artículo 1

El régimen jurídico de las Cámaras Agrarias se ajustará a las bases que se establecen en la presente Ley.

Artículo 2

Las Cámaras Agrarias son Corporaciones de Derecho Público, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, debiendo ser democráticas en su estructura y funcionamiento.

Artículo 3

Las Cámaras Agrarias, a los efectos de su constitución y de su organización, así como a los de aquellos actos que, dictados en el ejercicio de sus competencias como Entes de Derecho Público tengan la consideración de actos administrativos, participan de la naturaleza de Administraciones Públicas.

CAPITULO II

Funciones

Artículo 4

Son funciones propias de las Cámaras Agrarias:

  • a) Actuar como órganos consultivos de las Administraciones Públicas emitiendo informes o estudios a requerimiento de las mismas.
  • b) Administrar sus recursos propios y su patrimonio.
  • c) Aquellas funciones que en ellas pueda delegar la Administración Pública que tenga competencias atribuidas en la materia, en los términos en que la delegación se produzca.

Artículo 5

Las Cámaras Agrarias en ningún caso podrán asumir las funciones de representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, que competen a las organizaciones profesionales libremente constituidas.

CAPITULO III

Ambito territorial

Artículo 6

En cada provincia existirá una Cámara Agraria con ese ámbito territorial.

Artículo 7

Las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias sobre Cámaras Agrarias podrán, con cargo a sus recursos propios, regular la creación, fusión y extinción de Cámaras Agrarias de distinto ámbito territorial, con respeto en todo caso a lo establecido en esta Ley y al ámbito competencial de las Entidades Locales.

CAPITULO IV

Constitución de las Cámaras Agrarias

Artículo 8

1. Las Cámaras Agrarias estarán constituidas por un máximo de veinticinco miembros, elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional.

2. Las Comunidades Autónomas determinarán las fechas de celebración de las elecciones y realizarán las convocatorias electorales, previa comunicación al Gobierno y tras consultar con las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y las implantadas en su territorio.

Número 2 del artículo 8 redactado por Ley 37/1994, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

3. El mandato de los miembros de las Cámaras será, como mínimo de tres años, y, como máximo, de cinco años, eligiéndose la totalidad de los mismos, en cada proceso electoral, dentro de cada circunscripción.

Apartado 3º del artículo 8 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

4. Las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias en materia de Cámaras Agrarias regularán por Ley el procedimiento organización, coordinación, vigilancia y elaboración de los censos electorales, el régimen jurídico de las Juntas Electorales sistema de votación y escrutinio, presentación de documentos y recursos electorales.

Apartado 4º del artículo 8 incorporado por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

5. Las Comunidades Autónomas comunicarán al Gobierno de la Nación los resultados del proceso electoral de las Cámaras Agrarias de su ámbito territorial.

Apartado 5º del artículo 8 introducido por Ley 37/1994, 27 diciembre («B.O.E-» 28 diciembre), modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

Artículo 9

1. Serán electores de los miembros de las Cámaras Agrarias aquellas personas que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

  • a) Toda persona natural, mayor de edad, que sea profesional de la agricultura, como propietario, arrendatario, aparcero o en cualquier otro concepto análogo reconocido por la Ley, ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal y, como consecuencia de estas actividades, esté afiliada bien al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o bien al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • b) Los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas aludidas en el apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de modo directo y preferente en la explotación familiar, debiendo estar dados de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • c) La persona natural que tenga la consideración legal de colaborador en una explotación familiar agraria, conforme a la Ley de Explotación Familiar 49/1981, de 24 de diciembre, y esté dada de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • d) Toda persona jurídica que tenga por exclusivo objeto, conforme a sus Estatutos, y que efectivamente ejerza la explotación agrícola, ganadera o forestal.
La sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, 18 julio («B.O.E.» 10 agosto) declara que el número 1 del artículo 9 no vulnera los mandatos constitucionales interpretado en el sentido del Fundamento de Derecho 13.

2. En ningún caso el derecho de sufragio activo podrá ser ejercido más de una vez en cada proceso electoral.

3. Carecen de derecho de sufragio activo quienes no ostenten tal derecho según la Ley reguladora del Régimen Electoral General.

Número 3º del artículo 9 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

Artículo 10

1. Serán elegibles como miembros de las Cámaras Agrarias aquellas personas físicas que reúnan alguna de las condiciones señaladas en el artículo anterior.

2. El proceso electoral se realizará mediante listas cerradas, elaboradas y propuestas por Organizaciones Profesionales Agrarias o sus Federaciones, legalmente constituidas, cuyo ámbito de actuación sea igual o superior al provincial.

3. Podrán concurrir a los procesos electorales de las Cámaras Agrarias, proponiendo candidaturas, aquellas agrupaciones de electores que reúnan las firmas autenticadas de un diez por ciento, al menos, del censo electoral.

4. Serán inelegibles quienes se encuentren incursos en las causas de inelegibilidad establecidas con carácter general en la Ley reguladora del Régimen Electoral General.

Apartado 4º del artículo 10 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

5. Las causas de inelegibilidad serán también causas de incompatibilidad.

Apartado 5º del artículo 10 introducido por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

CAPITULO V

Representatividad

Artículo 11

1. Se considerarán más representativas a nivel estatal aquellas organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos que obtengan, al menos, el diez por ciento del total de los votos válidos emitidos en el proceso electoral para miembros de las Cámaras Agrarias de ámbito provincial.

2. Aquellas organizaciones profesionales que tengan la consideración de más representativas a nivel estatal ostentarán representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras Entidades y Organismos de carácter público, que la tengan prevista.

3. Tendrán consideración de organizaciones profesionales más representativas dentro de su ámbito territorial inferior al estatal, a los efectos de ser consultadas por las Administraciones Públicas en los problemas que incidan en su ámbito, aquellas que obtengan, al menos, el veinte por ciento de los votos válidos emitidos en el proceso electoral para miembros de las Cámaras Agrarias Provinciales.

La sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, 18 julio («B.O.E.» 10 agosto) declara que el número 3 del artículo 11 no vulnera los mandatos constitucionales interpretado en el sentido del Fundamento de Derecho 28.

CAPITULO VI

Régimen económico

Artículo 12

Para el cumplimiento de sus fines, las Cámaras Agrarias podrán contar con los siguientes recursos:

  • a) Las subvenciones que para su normal funcionamiento puedan establecerse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • b) Las rentas y productos de su patrimonio.
  • c) Las donaciones, legados, ayudas y demás recursos que puedan serles asignados.

Artículo 13

1. Las Cámaras Agrarias gozarán del beneficio de justicia gratuita en su actuación ante todos los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos e intereses.

2. Son inembargables los recursos procedentes de las subvenciones otorgadas por el Estado y las Comunidades Autónomas para el funcionamiento de las Corporaciones reguladas por esta Ley.

Artículo 14

Para la realización de sus actividades, las Cámaras Agrarias podrán contratar el personal que sea necesario en régimen de Derecho Laboral, sin perjuicio de la observancia del régimen de incompatibilidad aplicable al personal de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1

Las actividades económicas que realizan las actuales Cámaras Agrarias pasarán a ser gestionadas en régimen asociativo por cooperativas u otras entidades asociativas agrarias ya existentes o que los agricultores puedan crear al efecto.

2

La Administración competente realizará las atribuciones patrimoniales y la adscripción de los medios de las Cámaras agrarias que resulten extinguidas, garantizando la aplicación de estos medios a fines y servicios de interés general agrario del Municipio o, cuando proceda, del ámbito territorial de la Cámara extinguida atendiendo los intereses agrarios específicos que se relacionen con los colectivos de agricultores representados en la misma y debiendo ser consultadas, en su caso, las organizaciones profesionales agrarias más representativas en dicho ámbito territorial.

Disposición Adicional 2ª redactada por Ley 23/1991, 15 octubre («B.O.E.» 17 octubre) modificadora de la Ley 23/1986, 24 diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.

3

Las subrogaciones y adscripciones operadas en virtud de lo previsto en las disposiciones adicionales anteriores estarán exentas de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no constituirán causa de resolución de los contratos de arrendamiento ni de elevación de las rentas de los mismos y respetarán los derechos laborales de las personas afectadas.

4

Sin perjuicio de las competencias sobre Cámaras Agrarias contempladas en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, se autoriza al Gobierno a proceder a la extinción de las Cámaras de ámbito diferente a las previstas en el artículo 6.º de esta Ley, incluidas sus federaciones y la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, o la modificación de su ámbito territorial, en función de las peculiaridades territoriales o insulares y del interés general agrario.

5

Las Entidades Locales, en el marco de lo previsto en la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local, y en la legislación correspondiente de las Comunidades Autónomas, podrán prestar servicios de interés general agrario en sus respectivas demarcaciones territoriales.

No son propias de las Cámaras Agrarias las actividades que, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, corresponden a las Entidades Locales.

DISPOSICIONES FINALES

1

El personal funcionario que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre prestando servicio en las Cámaras Agrarias, continuará en la misma situación, sin perjuicio de que pueda pasar a ocupar los puestos de trabajo que le puedan corresponder en las Administraciones Públicas, conforme se establezca en sus respectivas relaciones de puestos de trabajo y de acuerdo con las normas sobre provisión de puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2

Se autoriza al Gobierno para dictar, a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el cumplimiento de esta Ley.

3

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente Ley.