• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• Exposici�n de Motivos
• CAPITULO PRIMERO.� Disposiciones generales
  • Art�culo 1
  • Art�culo 2
  • Art�culo 3
  • Art�culo 4
• CAPITULO II.� Empresas de seguridad
  • Art�culo 5
  • Art�culo 6
  • Art�culo 7
  • Art�culo 8
  • Art�culo 9
• CAPITULO III.� Personal de seguridad
  • SECCION 1.� Disposiciones comunes
    • Art�culo 10
  • SECCION 2.� Vigilantes de seguridad
    • Art�culo 11
    • Art�culo 12
    • Art�culo 13
    • Art�culo 14
    • Art�culo 15
  • SECCION 3.� Jefes de seguridad
    • Art�culo 16
  • SECCION 4.� Escoltas privados
    • Art�culo 17
  • SECCION 5.� Guardas particulares del campo
    • Art�culo 18
  • SECCION 6.� Detectives privados
    • Art�culo 19
    • Art�culo 20
• CAPITULO IV.� R�gimen sancionador
  • SECCION 1.� Infracciones
    • Art�culo 21
    • Art�culo 22
    • Art�culo 23
    • Art�culo 24
    • Art�culo 25
  • SECCION 2.� Sanciones
    • Art�culo 26
    • Art�culo 27
    • Art�culo 28
    • Art�culo 29
    • Art�culo 30
    • Art�culo 31
    • Art�culo 32
  • SECCION 3.� Procedimiento
    • Art�culo 33
    • Art�culo 34
    • Art�culo 35
• CAPITULO V.� Ejecuci�n
  • Art�culo 36
  • Art�culo 37
  • Art�culo 38
  • Art�culo 39
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
  • Sexta �Exclusi�n de las empresas relacionadas con equipos t�cnicos de seguridad
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disp. Transit. 1
  • Disp. Transit. 2
  • Disp. Transit. 3
  • Disp. Transit. 4
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici�n�1
  • Disposici�n�2

Art�culo 1

1. Esta ley tiene por objeto regular la prestaci�n por personas, f�sicas o jur�dicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendr�n la consideraci�n de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad p�blica.

2. A los efectos de esta ley, �nicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estar� integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas mar�timos y los detectives privados.

3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestar�n con absoluto respeto a la Constituci�n y con sujeci�n a lo dispuesto en esta ley y en el resto del ordenamiento jur�dico. El personal de seguridad privada se atendr� en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protecci�n y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilizaci�n de sus facultades y de los medios disponibles.

4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendr�n obligaci�n especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboraci�n y de seguir sus instrucciones en relaci�n con las personas, los bienes, establecimientos o veh�culos de cuya protecci�n, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

Art�culo 1 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D.-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados art�culos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (�B.O.E.� 19 septiembre).Vigencia: 20 septiembre 2007

Art�culo 2

1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org�nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Polic�a el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigaci�n.

3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habr� de facilitarse a los miembros del Cuerpo Nacional de Policia, que en cada caso sean competentes, la informaci�n contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentar�n cada a�o un informe sobre actividades al Ministerio del Interior, que dar� cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habr� de contener relaci�n de los contratos de prestai�n de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicaci�n de la persona con quien se contrat� y de la naturaleza del servicio contratado, incluy�ndose igualmente los dem�s aspectos relacionados con la seguridad p�blica, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen.

Art�culo 3

1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podr�n intervenir, mientras est�n ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebraci�n de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos pol�ticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.

2. Tampoco podr�n ejercer ning�n tipo de controles sobre opiniones pol�ticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresi�n de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.

3. Tendr�n prohibido comunicar a terceros cualquier informaci�n que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con �stos, as� como los bienes y efectos que custodien.

Art�culo 4

1. Para garantizar la seguridad, solamente se podr�n utilizar las medidas reglamentarias y los medios materiales y t�cnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan da�os o molestias a terceros.

2. El Ministerio del Interior determinar� las caracter�sticas y finalidades de dichos medios materiales y t�cnicos, que podr�n ser modificadas o anuladas cuando var�en las codiciones o circunstancias que determinaron su aprobaci�n.

Art�culo 5

1. Con sujeci�n a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad �nicamente podr�n prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades.

• a) Vigilancia y protecci�n de bienes, establecimientos, espect�culos, cert�menes o convenciones.
• b) Protecci�n de personas determinadas, previa la autorizaci�n correspondiente.
• c) Dep�sito, custodia, recuento y clasificaci�n de monedas y billetes, t�tulos-valores y dem�s objetos que, por su valor econ�mico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protecci�n especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.
• d) Transporte y distribuci�n de los objetos a que se refiere el apartado anterior a trav�s de los distintos medios, realiz�ndolos, en su caso, mediante veh�culos cuyas caracter�sticas ser�n determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• e) Instalaci�n y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposici�n adicional sexta. Letra e) del n�mero 1 del art�culo 5 redactada por el n�mero uno del art�culo 14 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009
• f) Explotaci�n de centrales para la recepci�n, verificaci�n y transmisi�n de las se�ales de alarmas y su comunicaci�n a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, as� como prestaci�n de servicios de respuesta cuya realizaci�n no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
• g) Planificaci�n y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta Ley.

2. Las empresas de seguridad deber�n garantizar la formaci�n y actualizaci�n profesional de su personal de seguridad. Podr�n crear centros de formaci�n y actualizaci�n para el personal de empresas de seguridad de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

3. En ning�n caso las empresas de seguridad podr�n realizar las funciones de informaci�n e investigaci�n propias de los detectives privados.

Art�culo 6

1. Los contratos de prestaci�n de los distintos servicios de seguridad deber�n en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelaci�n m�nima de tres d�as a la iniciaci�n de tales servicios.

2. No obstante, la prestaci�n del servicio de escoltas personales s�lo podr� realizarse previa autorizaci�n expresa del Ministerio del Interior, que se conceder� individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a la forma de prestaci�n del servicio.

3. El Ministro del Interior prohibir� la prestaci�n de los servicios de seguridad privada o la utilizaci�n de determinados medios materiales o t�cnicos cuando pudieran causar da�os o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

Art�culo 7

1. La prestaci�n de servicios de seguridad privada a que se refiere el art�culo 5 de esta ley se llevar� a cabo por empresas de seguridad, que podr�n revestir la forma de persona f�sica o de persona jur�dica.

2. Para la prestaci�n de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley, las empresas de seguridad deber�n obtener la oportuna autorizaci�n administrativa por el procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deber�n reunir los siguientes requisitos:

• a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades contemplados en el art�culo 5.
• b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
• c) Contar con los medios humanos, de formaci�n, financieros, materiales y t�cnicos que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habr�n de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilizaci�n y funcionamiento, en la forma que se determine.
• d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garant�as financieras en la cuant�a y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
• e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposici�n de las autoridades espa�olas para atender a las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendr�n en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripci�n del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garant�as financieras, as� como en lo relativo a la constituci�n de fianzas.

4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas f�sicas como jur�dicas, autorizadas para la prestaci�n de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Uni�n Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, habr�n de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deber�n acreditar su condici�n de empresas de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

5. La p�rdida de alguno de los requisitos indicados producir� la cancelaci�n de la inscripci�n, que ser� acordada por el Ministro del Interior, en resoluci�n motivada dictada con audiencia del interesado.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalaci�n o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, as� como el asesoramiento y planificaci�n de actividades de seguridad, se las podr� eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este art�culo, cuando as� se determine reglamentariamente.

Art�culo 7 redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D.-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados art�culos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (�B.O.E.� 19 septiembre).Vigencia: 20 septiembre 2007

Art�culo 8

Los administradores y directores de las empresas de seguridad, que figurar�n en el Registro a que se refiere el apartado 1 del art�culo anterior, deber�n:

• a) Ser personas f�sicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo. Letra a) del art�culo 8 redactada por R.D.-ley 2/1999, 29 enero (�B.O.E.� 30 enero), por el que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
• b) Carecer de antecedentes penales.
• c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro a�os anteriores por infracci�n grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.
• d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades , servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigaci�n privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos a�os anteriores.

Art�culo 9

1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jur�dica, deber�n reunir los requisitos establecidos en la legislaci�n mercantil.

2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estar�n obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince d�as siguientes a su modificaci�n.

3. Asimismo, en igual plazo, deber�n comunicar cualquier modificaci�n de sus Estatutos y toda variaci�n que sobrevenga en la composici�n personal de los �rganos de administraci�n y direcci�n de las empresas.

Art�culo 9 redactado por el apartado tres del art�culo �nico del R.D.-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados art�culos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (�B.O.E.� 19 septiembre).Vigencia: 20 septiembre 2007

Art�culo 10

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el art�culo 1, apartado 2, de esta ley, habr� de obtener previamente la correspondiente habilitaci�n del Ministerio del Interior, con el car�cter de autorizaci�n administrativa, en expediente que se instruir� a instancia del propio interesado.

2. Para la obtenci�n de la habilitaci�n indicada en el apartado anterior, los aspirantes habr�n de reunir los siguientes requisitos:

• a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Uni�n Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
• b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente.
• c) Poseer la aptitud f�sica y la capacidad ps�quica necesarias para el ejercicio de las funciones.
• d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.
• e) Carecer de antecedentes penales.
• f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro a�os anteriores por infracci�n grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
• g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigaci�n privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos a�os anteriores.
• h) No haber sido condenado por intromisi�n ileg�tima en el �mbito de protecci�n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco a�os anteriores a la solicitud.

3. Los nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, cuya habilitaci�n o cualificaci�n profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempe�o de las funciones de seguridad privada en el mismo, podr�n desempe�ar actividades o prestar servicios de seguridad privada en Espa�a, siempre que, previa comprobaci�n del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

• a) Poseer alguna titulaci�n, habilitaci�n o certificaci�n expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
• b) Acreditar los conocimientos, formaci�n y aptitudes equivalentes a los exigidos en Espa�a para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
• c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempe�o de las funciones de seguridad privada.
• d) Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este art�culo.

4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en Espa�a de los nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, podr� suplirse por aplicaci�n de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

5. La p�rdida de alguno de los requisitos indicados producir� la cancelaci�n de la habilitaci�n, que ser� acordada por el Ministro del Interior, en resoluci�n motivada dictada con audiencia del interesado.

6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos a�os exigir� su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempe�ar las funciones que le son propias.

Art�culo 10 redactado por el apartado cuatro del art�culo �nico del R.D.-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados art�culos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (�B.O.E.� 19 septiembre).Vigencia: 20 septiembre 2007

Art�culo 11

1. Los vigilantes de seguridad s�lo podr�n desempe�ar las siguientes funciones:

• a) Ejercer la vigilancia y protecci�n de bienes muebles o inmuebles, as� como la protecci�n de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
• b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ning�n caso puedan reterner la documentaci�n personal.
• c) Evitar la comisi�n de actos delictivos o infracciones en relaci�n con el objeto de su protecci�n.
• d) Poner inmediatamente a disposici�n de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relaci�n con el objeto de su protecci�n, as� como los intrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aqu�llos.
• e) Efectuar la protecci�n del almacenamiento, recuento, clasificaci�n y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
• f) Llevar a cabo, en relaci�n con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestaci�n de servicios de repuesta de las alarmas que se produzcan, cuya relaci�n no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Para la funci�n de protecci�n del almacenamiento, manipulaci�n y transporte de explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente se determinen, ser� preciso haber obtenido una habilitaci�n especial.

Art�culo 12

1. Tales funciones �nicamente podr�n ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo de uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que ser�n aprobados por el Ministerio del Interior y que no podr�n confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicar�n exclusivamente a la funci�n de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones.

Art�culo 13

Salvo la funci�n de protecci�n del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercer�n sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las v�as p�blicas ni en aquellas que, no teniendo tal condici�n, sean de uso com�n. No obstante, cuando se trate de pol�gonos industriales o urbanizaciones aisladas, podr�n implantarse servicios de vigilancia y protecci�n en la forma que expresamente se autorice.

Art�culo 14

1. Los vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, s�lo desarrollar�n con armas de fuego las funciones indicadas en el art�culo 11, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, entre los que se comprender�n, adem�s del de protecci�n del almacenamiento, recuento, clasificaci�n y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de vigilancia y protecci�n de f�bricas y dep�sitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de an�loga significaci�n.

2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categor�a se determinar� reglamentariamente, s�lo se podr�n portar estando de servicio.

Art�culo 15

Los vigilantes, que desempe�en sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habr�n de atenerse, en el ejercicio de sus leg�timos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas de servicios p�blicos disponga la legislaci�n vigente.

Art�culo 16

Cuando el n�mero de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o t�cnica, u otras circunstancias que se determinar�n reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones de aqu�llos se desempe�ar�n a las �rdenes directas de un jefe de seguridad, que ser� responsable del funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, as� como de la organizaci�n y ejecuci�n de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.

Art�culo 17

1. Son funciones de los escoltas privados, con car�cter exclusivo y excluyente, el acompa�amiento, defensa y protecci�n de personas determinadas, que no tengan la condici�n de autoridades p�blicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones ser�n aplicables a los escoltas privados los preceptos de la Secci�n 2.� de este CAPITULO y las dem�s normas concordantes de la presente Ley, relativas a vigilantes de seguridad, salvo la referente a la uniformidad.

3. Asimismo, les ser� de aplicaci�n para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenencia de armas en el art�culo 14 de esta Ley.

Art�culo 18

Los guardas particulares del campo, que ejercer�n funciones de vigilancia y protecci�n de la propiedad rural, se atendr�n al r�gimen establecido en esta Ley para los vigilantes de seguridad, con las especialidades siguientes:

• a) No podr�n desempe�ar la funci�n de protecci�n del almacenamiento, manipulaci�n y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
• b) Podr�n desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de seguridad.
• c) La instrucci�n y tramitaci�n de los expedientes relativos a su habilitaci�n corresponder� efectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil.
• d) El Ministro del Interior determinar�, en su caso, el arma adecuada para la prestaci�n de cada clase de servicio.

Art�culo 19

1. Los detectives privados, a solicitud de personas f�sicas o jur�dicas, se encargar�n:

• a) De obtener y aportar informaci�n y pruebas sobre conductas o hechos privados.
• b) De la investigaci�n de delitos perseguibles s�lo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.
• c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o �mbitos an�logos.

2. Salvo lo dispuesto en el p�rrafo c) del apartado anterior, no podr�n prestar servicios propios de las empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren las Secciones anteriores del presente Cap�tulo.

3. Tampoco podr�n realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposici�n toda la informaci�n y los intrumentos que pudieran haber obtenido.

4. En ning�n caso podr�n utilizar para sus investigaciones medios materiales o t�cnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

Art�culo 20

Adem�s de lo dispuesto en el art�culo 10 de esta Ley, no podr�n obtener la habilitaci�n necesaria para el ejercicio de las funciones de detective privado los funcionarios de cualquiera de las Administraciones P�blicas en activo en el momento de la solicitud o durante los dos a�os anteriores a la misma.

Art�culo 21

1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podr�n ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribir�n a los dos meses; las graves, al a�o, y las muy graves, a los dos a�os.

El plazo de prescripci�n se contar� desde la fecha en que la infracci�n hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del c�mputo ser� la de la finalizaci�n de la actividad o la del �ltimo acto en que la infracci�n se consume.

La prescripci�n se interrumpir� por la inicializaci�n, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aqu�llos contra quienes se dirija.

Art�culo 22

Las empresas de seguridad podr�n incurrir en las siguientes infracciones:

• 1. Infracciones muy graves:
  • a) La prestaci�n de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitaci�n necesaria.
  • b) La realizaci�n de actividades prohibidas en el art�culo 3 de la presente Ley sobre conflictos pol�ticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o informaci�n a terceras personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito.
  • c) La instalaci�n de medios materiales o t�cnicos no homologados que sean susceptibles de causar grave da�o a las personas o a los intereses generales.
  • d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la informaci�n contenida en los Libros-Registros reglamentarios.
  • e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisici�n y uso de armas, as� como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aqu�llas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley.
  • f) La realizaci�n de servicios de seguridad con armas de fuera de lo dispuesto en la presente Ley.
  • g) La negativa a prestar auxilio o colaboraci�n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigaci�n y persecuci�n de actos delictivos, en el descubrimiento y detenci�n de los delincuentes o en la realizaci�n de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
  • h) La comisi�n de una tercera infracci�n grave en el per�odo de un a�o.
• 2. Infracciones graves:
  • a) La instalaci�n de medios materiales o t�cnicos no homologados, cuando la homologaci�n sea preceptiva.
  • b) La realizaci�n de servicios de transportes con veh�culos que no re�nen las caracter�sticas reglamentarias.
  • c) La realizaci�n de funciones que excedan de la habilitaci�n obtenida por la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del �mbito territorial correspondiente, as� como la retenci�n de la documentaci�n personal.
  • d) La realizaci�n de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebraci�n de los correspondientes contratos.
  • e) La utilizaci�n en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualesquiera de los requisitos necesarios.
  • f) El abandono o la omisi�n injustificados del servicio por parte de los vigilantes de seguridad dentro de la jornada laboral establecida.
  • g) La falta de presentaci�n al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y plazo prevenidos.
  • h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las se�ales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las se�ales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificaci�n previa.
  • i) La comisi�n de una tercera infracci�n leve en el per�odo de un a�o.
• 3. Infracciones leves:
  • a) La actuaci�n del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que reglamentariamente sean exigibles.
  • b) En general, el incumplimiento de los tr�mites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracci�n grave o muy grave.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 23

El personal que desempe�e funciones de seguridad privada podr� incurrir en las siguientes infracciones:

• 1. Infracciones muy graves:
  • a) La prestaci�n de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitaci�n necesaria.
  • b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas de fuera del servicio y sobre su utilizaci�n.
  • c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados o la utilizaci�n de medios materiales o t�cnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunidades.
  • d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.
  • e) La negativa a prestar auxilio o colaboraci�n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigaci�n y persecuci�n de actos delictivos, en el descubrimiento y detenci�n de los delincuentes o en la realizaci�n de las funciones inspectoras o de control que les corresponda.
  • f) La comisi�n de una tercera infracci�n grave en el per�odo de un a�o.
• 2. Infracciones graves:
  • a) La realizaci�n de funciones o servicios que excedan de la habilitaci�n obtenida.
  • b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relaci�n con los ciudadanos.
  • c) No impedir, en el ejercicio de su actuaci�n profesional, pr�cticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entra�en violencia f�sica o moral.
  • d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
  • e) La realizaci�n de actividades prohibidas en el art�culo 3 de la presente Ley sobre conflictos pol�ticos y laborales, control de opiniones o comunicaci�n de informaci�n a terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien.
  • f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios p�blicos, en los supuestos a que se refiere el art�culo 15 de la presente Ley.
  • g) La falta de presentaci�n al Ministerio del Interior del informe de actividades de los detectives privados en la forma y plazo prevenidos.
  • h) La realizaci�n de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
  • i) La comisi�n de una tercera infracci�n leve en el per�odo de un a�o.
• 3. Infracciones leves:
  • a) La acutaci�n sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.
  • b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
  • c) En general, el incumplimiento de los tr�mites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracci�n grave o muy grave.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 24

1. Ser� considerada infracci�n grave, a los efectos de esta Ley, la utilizaci�n de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputar� infracci�n muy grave la utilizaci�n de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave da�o a las personas o a los intereses generales.

2. La utilizaci�n de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o su funcionamiento con da�os o molestias para terceros, ser� considerada infracci�n leve.

3. Tendr� la consideraci�n de infracci�n grave la contrataci�n o utilizaci�n de empresas carentes de la habilitaci�n espec�fica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no re�nen los requisitos legales al efecto. Tendr�n la consideraci�n de Infracci�n leve la contrataci�n o utilizaci�n de personal de seguridad, en las mismas circunstancias.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 25

Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el �mbito de la presente Ley podr�n determinar los cuadros espec�ficos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten los tipos que se contienen en los art�culos anteriores.

Art�culo 26

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podr�n imponer, por la comisi�n de las infracciones tipificadas en el art�culo 22 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones espec�ficas, las siguientes sanciones:

• 1. Por la comisi�n de infracciones muy graves:
  • a) Multas de 5.000.001 hasta 100.000.000 pesetas.
  • b) Cancelaci�n de la inscripci�n.
• 2. Por la comisi�n de infracciones graves:
  • a) Multa de 50.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
  • b) Suspensi�n temporal de la autorizaci�n, por un plazo no superior a un a�o.
• 3. Por la comisi�n de infracciones leves:
  • a) Apercibimiento.
  • b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 27

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podr�n imponer, por la comisi�n de las infracciones tipificadas en el art�culo 23 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones espec�ficas, las siguientes sanciones:

• 1. Por la comisi�n de infracciones muy graves:
  • a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas
  • b) Retirada definitiva de la habilitaci�n, permiso o licencia.
• 2. Por la comisi�n de infracciones graves:
  • a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
  • b) Suspensi�n temporal de la habilitaci�n, permiso o licencia, por un plazo no superior a un a�o.
• 3. Por la comisi�n de infracciones leves:
  • a) Apercibimiento.
  • b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 28

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podr�n imponer, por la comisi�n de las infracciones tipificadas en el art�culo 24 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones espec�ficas, las siguientes sanciones:

• a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
• b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
• c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.

V�ase Res. 22 octubre 2001, de la Subsecretar�a, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (�B.O.E.� 17 noviembre).

Art�culo 29

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada ser� decomisado y se proceder� a su destrucci�n si no fuera de l�cito comercio, o a su enajenaci�n en otro caso, quedando en dep�sito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Art�culo 30

1. En el �mbito de la Administraci�n del Estado, la potestad sancionadora prevista en la presente Ley corresponder�:

• a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelaci�n de la inscripci�n y retirada definitiva de la habilitaci�n, permiso o licencia.
• b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.
• c) Al Director General de la Polic�a, para imponer las sanciones por infracciones graves.
• d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. Contra las resoluciones sancionadoras se podr�n interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art�culo 31

1. Para la graduaci�n de las sanciones, cuando no est�n se�aladas individualmente en los Reglamentos, las autoridades competentes tendr�n en cuenta la gravedad y transcendencia del hecho, el posible perjuicio para el inter�s p�blico, la situaci�n de riesgo creada o mantenida, para personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa de seguridad contra quien se dicte la resoluci�n sancionadora o la capacidad econ�mica del infractor.

2. Cuando la comisi�n de las infracciones graves o muy graves hubieren generado beneficios econ�micos para los autores de las mismas, las multas podr�n incrementarse hasta el duplo de dichas ganancias.

Art�culo 32

1. Las sanciones impuestas en aplicaci�n de la presente Ley por infracciones leves, graves o muy graves prescribir�n respectivamente al a�o, dos a�os y cuatro a�os.

2. El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aquel en que sea firme la resoluci�n por la que se impone la sanci�n, si �sta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpir� desde quese comience o se reanude la ejecuci�n o cumplimiento.

Art�culo 33

No podr� imponerse ninguna sanci�n, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido por las Unidades org�nicas correspondientes, conforme a las normas contenidas en los art�culos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La sanci�n de infracciones leves podr� acordarse en procedimiento abreviado, con audiencia del interesado.

Art�culo 34

Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podr� denunciar aqu�llas ante el Ministerio del Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible ejercicio de las competencias sancionadoras que les atribuye la presente Ley.

Art�culo 35

1. Iniciado el expediente, el �rgano que haya ordenado su incoaci�n podr� adoptar las medidas cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucci�n del procedimiento, as� como para evitar la continuaci�n de la infracci�n o asegurar el pago de la sanci�n, en el caso de que �sta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los dem�s supuestos.

2. Dichas medidas, que deber�n ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracci�n y proporcionadas a la gravedad de la misma, podr�n consistir en:

• a) La ocupaci�n o precinto de veh�culos, armas, material o equipo prohibido , no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, as� como de los instrumentos y efectos de la infracci�n.
• b) La retirada preventiva de la habilitaciones, permisos o licencias.
• c) La suspensi�n administrativa de la habilitaci�n del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitaci�n necesaria para el otorgamiento de aqu�lla, mientras dure la instrucci�n de expedientes por infracciones graves o muy graves en material de seguridad.

Tambi�n podr�n ser suspendidas las indicadas habilitaci�n y tramitaci�n, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en el apartado a) del n�mero anterior, podr�n ser adoptadas inmediatamente por los agentes de la autoridad; si bien, para su mantenimiento, habr�n de ser ratificadas por la autoridad competente, en el plazo m�ximo de setenta y dos horas.

4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaban la medida cautelar de retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensi�n administrativa de la habilitaci�n o de la tramitaci�n para otorgarla al personal de seguridad, deber�n elevar los particulares pertinentes a la autoridad competente, para su ratificaci�n, debiendo �ste resolver en el plazo de siete d�as.

5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2.b) y 2.c) del presente art�culo no podr�n tener una duraci�n superior a un a�o.

Art�culo 36

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley ser�n ejecutivas desde que la resoluci�n adquiera firmeza en la v�a administrativa.

2. Cuando la sanci�n sea de naturaleza pecunaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo se�alar�, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta d�as h�biles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensi�n temporal, cancelaci�n de inscripciones, retirada de documentaci�n y clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad sancionadora se�alar� un plazo de ejecuci�n suficiente, que no podr� ser inferior a quince d�as ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Art�culo 37

1. Para la ejecuci�n forzosa de las sanciones, se seguir� el procedimiento previsto en el Cap�tulo V del T�tulo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. En el caso de las multas, si �stas no fueren satisfechas en el plazo fijado, en la resoluci�n, una vez firme �sta, se seguir� el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General de Recaudaci�n.

Art�culo 38

La resoluci�n de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podr� ser hecha p�blica, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los t�rminos que reglamentariamente se determinen.

Art�culo 39

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecuci�n de lo dispuesto en la presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el art�culo 30, podr�n imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuant�a de estas multas no exceder� de 50.000 pesetas, pero podr� aumentarse sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteraci�n del incumplimiento.

Primera

1 Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendr�n la consideraci�n de sector con regulaci�n espec�fica en materia de derecho de establecimiento.

2. La autorizaci�n de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigir� en todo caso informes previo del ministerio del Interior.

3. Las limitaciones establecidas en la presente disposici�n no ser�n de aplicaci�n a las personas f�sicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Econ�mica Europea ni a las sociedades constituidas de conformidad con la legislaci�n de un Estado miembro y cuya sede social, administraci�n central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.

Segunda

1. Con sujeci�n a las normas que determine el Gobierno, la formaci�n, actualizaci�n y adiestramiento del personal de seguridad privada se llevar�n a cabo por profesores acreditados y en centros de formaci�n, que deber�n reunir requisitos de ubicaci�n y acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, pr�ctica y perfeccionamiento en la utilizaci�n de armas de fuego y sistemas de seguridad.

2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, auton�micas o municipales, que puedan ser exigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formaci�n, que deber�n reunir requisitos de ubicaci�n y acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, pr�ctica y perfeccionamiento en la utilizaci�n de armas de fuego y sistemas de seguridad.

3. No podr�n ser titulares ni desempe�ar funciones de direcci�n, ni de administraci�n de centros de formaci�n del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigaci�n privadas en los dos a�os anteriores.

Tercera

Quedan fuera del �mbito de aplicaci�n de la presente Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos. Este personal en ning�n caso podr� cortar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.

Cuarta

1. Las Comunidades Aut�nomas con competencias para la protecci�n de personas y bienes y para el mantenimiento del orden p�blico, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y, en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podr�n desarrollar las facultades de autorizaci�n, inspecci�n y sanci�n de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la propia Comunidad Aut�noma y el �mbito de actuaci�n limitado a la misma.

2. A efectos de informaci�n, el ejercicio de tales atribuciones ser� comunicado a la Junta de Seguridad.

3. Tambi�n les corresponder� la denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el p�rrafo primero de esta disposci�n.

Quinta

La Secretar�a de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podr� autorizar la prestaci�n de funciones de acompa�amiento, defensa y protecci�n, por parte de los escoltas privados, de personas que tengan la condici�n de autoridades p�blicas, cuando las circunstancias as� lo recomienden.

Disposici�n Adicional 5.� introducida por el art�culo 85 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001

Sexta Exclusi�n de las empresas relacionadas con equipos t�cnicos de seguridad

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos t�cnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestaci�n de servicios de conexi�n con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislaci�n de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el art�culo 5, sin perjuicio de otras legislaciones espec�ficas que pudieran resultarles de aplicaci�n.

Disposici�n adicional sexta introducida por el n�mero dos del art�culo 14 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 27 diciembre 2009

Disp. Transit. 1

Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso con anterioridad a la promulgaci�n de la presente Ley, de acuerdo con la normativa anterior, perno que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidas en esta Ley y en las normas que al desarrollen, deber�n adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de un plazo de un a�o, que se contar�:

• a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreci�n reglamentaria, desde la fecha de promulgaci�n de las correspondientes disposiciones de desarrollo.
• b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgaci�n de las normas que las reglamenten.
• c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquen las correspondientes resoluciones de homologaci�n, cuando sea necesaria.
• d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgaci�n de la presente Ley.

Disp. Transit. 2

1 Los vigilantes jurados de seguridad, los guardas jurados de explosivos y los guardas particulares jurados del campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, re�nan las condiciones exigibles para la prestaci�n de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior, podr�n seguir desempe�ando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad de obtener al habilitaci�n regulada en el art�culo 10 de esta Ley.

2. Los vigilantes jurados de seguridad y los guardas jurados de explosivos que, en la fecha de promulgaci�n de la presente Ley, se encuentren contratados directamente por las empresas o entidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podr�n continuar desempe�ando dichas funciones sin estar integrados en empresas de seguridad durante un plazo de dos a�os desde dicha fecha, a partir del cual habr�n de atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en el art�culo 12 de esta Ley.

Disp. Transit. 3

Una vez transcurrido el plazo de dos a�os a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitaci�n para el ejercicio de la profesi�n de vigilante de seguridad, el personal que, bajo las denominaciones de guardas de seguridad, controladores u otras de an�loga significaci�n, hubiera venido desempe�ando con anterioridad a dicha promulgaci�n funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podr� realizar ninguna de las funciones enumeradas en el art�culo 11 sin haber obtenido previamente la habilitaci�n regulada en el art�culo 10 de la presente Ley.

Disp. Transit. 4

Los detectives privados y los auxiliares de los mismos que, en la fecha de promulgaci�n de la presente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a la legislaci�n anterior y los investigadores o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos a�os con anterioridad a dicha fecha, podr�n seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un a�o desde la promulgaci�n de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitaci�n para el ejercicio de la profesi�n de detective privado. A partir de dicho plazo, para poder ejercer las actividades previstas en el art�culo 19.1 de la presente Ley, habr�n de convalidar u obtener la habilitaci�n necesaria con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en las indicadas disposiciones de desarrollo reglamentario.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

1

El Gobierno dictar� las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecuci�n de lo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:

• a) Los requisitos y caracter�sticas que han de reunir las empresas y entidades objeto de la regulaci�n.
• b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestaci�n de servicios y realizaci�n de actividades de seguridad privada.
• c) Las caracter�sticas que han de reunir los medios t�cnicos y materiales utilizados a tal fin.
• d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, as� como la cualificaci�n y funciones del jefe de seguridad.
• e) El r�gimen de habilitaci�n de dicho personal.
• f) Los �rganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempe�o de las distintas funciones.

2

Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuant�a de las multas, de acuerdo con las variaciones del indice de precios al consumo.