Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protecci髇 Integral a las V韈timas del Terrorismo

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I

Con la presente Ley, la sociedad espa駉la, a trav閟 de sus leg韙imos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, rinde homenaje a las v韈timas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Esta Ley es, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero tambi閚 de solidaridad debida. El apoyo integral que persigue representa el esfuerzo compartido de reparaci髇 que las v韈timas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en 鷏tima instancia la reparaci髇 integral de la v韈tima. De acuerdo con estos cuatro principios fundamentales, el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

El valor de la memoria como la garant韆 鷏tima de que la sociedad espa駉la y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas f韘icas o psicol骻icas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda as� el recuerdo de las v韈timas del terrorismo con especial atenci髇 a su significado pol韙ico, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significaci髇 pol韙ica de las v韈timas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimaci髇 閠ica, social y pol韙ica del terrorismo. El recuerdo es as� un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educaci髇 en valores y de erradicaci髇 definitiva, a trav閟 de su deslegitimaci髇 social, del uso de la violencia para imponer ideas pol韙icas.

Las v韈timas del terrorismo constituyen asimismo una referencia 閠ica para nuestro sistema democr醫ico. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes p鷅licos garantizar醤 que las v韈timas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a trav閟 de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de Espa馻 por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor n鷐ero de v韈timas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no ser韆 genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempe馻do las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Polic韆, de la Guardia Civil, del Ej閞cito, de la Ertzaintza, 玀ossos d’Esquadra�, o de las polic韆s locales, v韈timas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos dif韈iles a駉s son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constituci髇 y sus valores.

Asimismo los colectivos representativos de las v韈timas del terrorismo en nuestro pa韘, asociaciones, fundaciones y movimientos c韛icos, numerosos y plurales, son sin duda un pilar fundamental en el apoyo a las familias que han sufrido el zarpazo del terror. Son tambi閚 un instrumento de participaci髇 y de canalizaci髇 de sus demandas y pretensiones, de visibilidad y vertebraci髇, contribuyendo tambi閚 a la deslegitimaci髇 social del terrorismo y a la difusi髇 de los principios de convivencia democr醫ica en el marco del Estado constitucional y de Derecho. Esta Ley tambi閚 pretende reforzar su estatus y su papel en nuestra sociedad, reconoci閚doles como interlocutores leg韙imos y favoreciendo sus iniciativas y programas de apoyo a las v韈timas. En este sentido, es incompatible con la participaci髇 democr醫ica en los distintos 醡bitos de representaci髇 el apoyo o la justificaci髇 del terrorismo.

El respeto a la justicia como exigencia b醩ica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garant韆s. Los poderes p鷅licos garantizar醤 en este sentido y en el 醡bito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las v韈timas. Concretamente, trabajar醤 para impedir la impunidad de los cr韒enes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velar醤 para que los terroristas cumplan 韓tegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislaci髇 penal.

Igualmente, los poderes p鷅licos contribuir醤 al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimizaci髇 y contribuyendo a un relato de lo que sucedi� que evite equidistancias morales o pol韙icas, ambig黣dades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de v韈timas y terroristas, de quien ha sufrido el da駉 y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las v韈timas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificaci髇 alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente Ley es tambi閚 una manifestaci髇 de la condena m醩 firme de la sociedad espa駉la hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores m醩 elementales de la civilizaci髇. Nuestro reconocimiento a sus v韈timas mediante esta Ley es la mejor forma de denunciar su sinraz髇 a lo largo de todos estos a駉s.

El desarrollo de estos principios en la presente Ley y en los t閞minos que ella establece debe perseguir la reparaci髇 moral, pol韙ica y jur韉ica de las v韈timas, expresi髇 a su vez de la solidaridad debida con ellas y sus familias, atendiendo al da駉 sufrido y a su mejor y m醩 pronta recuperaci髇.

Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democr醫icas, causa v韈timas para destruir al Estado y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y en libertad,en este sentido, el terrorismo, m醩 que otros delitos violentos, supone la cosificaci髇 de las personas, a las que pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes pol韙icos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, ni駉s y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva, como medios para fines ideol骻icos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente 閟tas y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia.

Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las v韈timas del terrorismo son, en efecto, v韈timas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la v韈tima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democr醫icas y se馻lando correlativamente obligaciones jur韉icas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensaci髇 de quienes han sufrido el terrorismo.

Este esfuerzo y compromiso colectivo, plasmado en la presente Ley, se concreta en el reconocimiento y en el apoyo integral a las v韈timas del terrorismo que supone asimismo un aumento, tambi閚 cualitativo, de las ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho aqu閘las.

La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato m醩 equitativo en orden a la compensaci髇, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condici髇 de v韈tima con el principio de la ciudadan韆. La incorporaci髇 normativa de este principio lleva a proteger tambi閚 a los espa駉les que sufran atentados terroristas fuera de Espa馻 y de la Uni髇 Europea con independencia de que 閟tos vayan dirigidos o no contra 玦ntereses espa駉les�, sean realizados por bandas que operen habitualmente en Espa馻 o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.

Los principios de respeto, justicia y solidaridad son los que justifican que se haya reunido en un cuerpo normativo la plural legislaci髇 existente con anterioridad y que se vino aprobando desde los or韌enes de nuestra democracia para dar respuesta a las necesidades de v韈timas y familiares.

Esta Ley integral articulada bajo el principio de constituir un cuerpo legal unitario regula de manera unificada las prestaciones y ayudas econ髆icas directas y todas aquellas que permitan que la incorporaci髇 a la vida familiar, social o laboral se realice en las mejores y 髉timas condiciones posibles. Sin perjuicio de que, en determinados aspectos y una vez formulado el reconocimiento de los derechos, deba acudir para su adecuada ejecuci髇 a su complementaci髇 con otros instrumentos normativos y especialmente en aquellos supuestos en que es necesario contar con las diferentes Administraciones P鷅licas que ejercen competencias sobre materias espec韋icas; respecto de quienes fallecieron y sus familiares, quienes sufrieron en su integridad, o en aspectos como los de sanidad, vivienda o empleo.

La dignidad de la sociedad se mide tambi閚 por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido v韈timas de las acciones del terrorismo. Por ello constituye un eje fundamental de la Ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes f韘ica o psicol骻icamente, sufrieron los da駉s directos y a sus familias.

La prohibici髇 de que en los lugares p鷅licos se haga ostentaci髇 mediante s韒bolos, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltaci髇 o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas se complementa con otras medidas de respeto que se incorporan en relaci髇 con el tratamiento que los medios de comunicaci髇 hagan de las im醙enes de personas y familias.

En esta Ley se han mantenido, actualiz醤dolos, todos aquellos aspectos que han estado presentes en la normativa hasta ahora vigente, a la vez que se han incorporado nuevas medidas que responden a propuestas puestas de manifiesto por los colectivos de representaci髇 y defensa de las v韈timas, y a la necesidad de dar respuesta a nuevas manifestaciones transnacionales del terrorismo o a la participaci髇 espa駉la en operaciones internacionales de paz y seguridad.

Esta concepci髇 integral de la atenci髇 a las v韈timas del terrorismo no ser韆 completa si solo se hubiera proyectado hacia el futuro. Por ello la Ley contempla su aplicaci髇 retroactiva a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960 y abre su aplicaci髇 retroactiva para quienes en aplicaci髇 de la legislaci髇 anterior hayan podido recibir en concepto de ayudas o indemnizaciones cuant韆s inferiores a las que la presente Ley establece.

II

El t韙ulo primero se inicia definiendo el objeto y finalidad de la Ley desde la perspectiva de la protecci髇 integral de las v韈timas de terrorismo, destacando de manera expresa la defensa de la dignidad de las v韈timas, incorporando junto a los destinatarios de la misma una nueva figura, la de los amenazados, y, en cuanto al 醡bito temporal, se馻lando que su aplicaci髇 se extiende a los sucesos acaecidos desde el 1 de enero de 1960.

El t韙ulo segundo incorpora las medidas que, por su car醕ter general e inmediato, han de ponerse en pr醕tica ante la situaci髇 de atentado terrorista. Parte de la necesaria colaboraci髇 y cooperaci髇 de todas las Administraciones P鷅licas de manera que los medios de que todas y cada una de ellas disponen, se pongan al servicio de las v韈timas y las personas afectadas de manera que reciban y dispongan de atenci髇 personalizada para poder hacer efectivos sus derechos.

El t韙ulo tercero, dedicado a los derechos y prestaciones, se inicia con la enumeraci髇 y definici髇 de los distintos destinatarios de esta Ley a la vez que se mantienen las previsiones ya existentes en la normativa anterior sobre su r間imen jur韉ico, sistema de compatibilidad y tratamiento fiscal. A continuaci髇 se incorporan las reglas relativas a los abonos por causa de fallecimiento, las personas beneficiarias y el orden de prelaci髇 de las mismas. Se regulan, con remisi髇 expresa a los Anexos de la Ley, las prestaciones y ayudas por los da駉s personales correspondientes. Se contempla la necesaria adecuaci髇 en relaci髇 con las cargas familiares.

Es en este t韙ulo donde se incorpora alguna de las principales innovaciones de esta Ley.

En primer lugar se ha procedido a unificar en esta Ley las prestaciones que hasta el momento actual ven韆n reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores, a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asunci髇 por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil se馻lando una cuant韆 espec韋ica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes grados y lesiones no invalidantes, de manera que todas las v韈timas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato econ髆ico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las v韈timas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.

En segundo lugar se ha regulado expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por da駉s sufridos en el extranjero. Regulaci髇 que estaba pendiente de desarrollo y que hab韆 constituido una de las demandas de las diferentes asociaciones de v韈timas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atenci髇 a su naturaleza se han tenido en cuenta los criterios generales que son de aplicaci髇 en otros 醡bitos de la actividad indemnizatoria de la Administraci髇. As� se ha fijado la cuant韆 del cincuenta por ciento para quienes tengan su residencia habitual en el pa韘 en que se produzcan los da駉s; y un cuarenta por ciento para quienes no tengan su residencia habitual en el pa韘 en que se produzca la acci髇 terrorista.

A continuaci髇 se han incorporado los diferentes art韈ulos en los que se configuran las diferentes indemnizaciones por da駉s de car醕ter material, da駉s sufridos en viviendas y veh韈ulos, en establecimientos mercantiles e industriales y en sedes de organizaciones y partidos pol韙icos.

Respecto del procedimiento de solicitud y tramitaci髇 de las ayudas e indemnizaciones se mantiene la competencia en el Ministerio del Interior y se adoptan algunas medidas para simplificar la tramitaci髇 y garantizar la participaci髇 y presencia de este Ministerio en otros 髍ganos que puedan intervenir y en particular, siempre que as� lo autoricen los interesados, para poder recabar informaci髇 de los Tribunales sobre documentos, informes y otros datos que obren en su poder y que puedan resultar de inter閟 para resolver los expedientes.

En el t韙ulo cuarto se configura ya de manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominaci髇 de 玶間imen de protecci髇 social� tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la acci髇 terrorista.

Respecto de las necesidades de atenci髇 sanitaria se incorpora la previsi髇 de formaci髇 especializada de los profesionales sanitarios para abordar la atenci髇 y tratamiento de las v韈timas, en los planes nacionales de salud se incorporar� un plan de atenci髇 integrada e integral para la atenci髇 de las mismas y el Sistema Nacional de Salud deber� prever en el r間imen espec韋ico al que se refieren los apartados anteriores la prestaci髇 de atenci髇 psicol骻ica, psicopedag骻ica y, en su caso, psiqui醫rica, a las personas comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley.

De manera complementaria y adicional se regulan las ayudas para financiar tratamientos m閐icos, pr髏esis e intervenciones quir鷕gicas y gastos m閐icos en las cuant韆s que puedan no estar cubiertas por los respectivos sistemas de previsi髇 a los que las v韈timas est閚 acogidas.

Para atender las necesidades que se producen como consecuencia de los efectos que las acciones terroristas producen en la vida se garantiza la posibilidad de movilidad geogr醘ica y funcional, la reordenaci髇 de los tiempos de trabajo y se contempla la obligatoriedad de que los planes de pol韙icas activas de empleo contemplen un apartado dirigido a las v韈timas en condiciones adecuadas a sus necesidades f韘icas o ps韖uicas.

Estas medidas permitir醤 a quienes hayan sufrido la acci髇 terrorista no solo poder continuar con sus actividades profesionales sino adquirir nuevas formaciones para incorporarse en condiciones de calidad a la vida laboral.

Se contempla la posibilidad de que por parte del Ministerio del Interior y atendiendo a situaciones de especial necesidad personal o familiar se puedan otorgar ayudas extraordinarias. Si bien la Ley en su conjunto ofrece todo un sistema de garant韆 de apoyo y ayuda, se ha considerado necesario dotar a la Administraci髇 de un instrumento complementario para poder atender a quienes se puedan encontrar en estas situaciones especiales.

Se incorporan previsiones relativas a la posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a vivienda tanto en r間imen de adquisici髇 como de alquiler para quienes puedan necesitar, como resultado o secuelas de la acci髇 terrorista, cambiar de vivienda o lugar de residencia.

En el 醡bito educativo se regulan las exenciones de tasas acad閙icas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo, junto a la adaptaci髇 de los sistemas de ense馻nza.

Se completa con la previsi髇 de que a los extranjeros que en Espa馻 sean v韈timas de terrorismo se tenga en cuenta esta condici髇 para la concesi髇 de nacionalidad por carta de naturaleza.

El cap韙ulo s閜timo de este t韙ulo cuarto es reflejo de la importancia que la defensa y protecci髇 de la dignidad de las personas v韈timas de terrorismo tiene para la sociedad en su conjunto. La protecci髇 de su intimidad, la declaraci髇 de ilicitud de aquella publicidad que pretenda dar un trato despectivo o vejatorio a las v韈timas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicaci髇 se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las im醙enes personales de las mismas y la realizaci髇 por parte de las Administraciones P鷅licas de campa馻s y actividades de formaci髇 y sensibilizaci髇 de los profesionales de la informaci髇, dar醤 como resultado que la dignidad de las v韈timas sea respetada en todo momento.

El t韙ulo quinto est� destinado en su totalidad a proteger a las v韈timas y a sus familias en el 醡bito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jur韉ica especializada, se consagra el denominado principio de m韓ima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimizaci髇 secundaria.

En todo caso los Jueces y Tribunales velar醤 y proteger醤 la dignidad y la seguridad personal de las v韈timas en la tramitaci髇 del proceso, evitando la utilizaci髇 de signos e inscripciones que puedan ofenderles o denigrarles.

Dentro de estas medidas se contempla la implementaci髇 y consolidaci髇 de una oficina de apoyo a las v韈timas en la Audiencia Nacional y de oficinas espec韋icas para la atenci髇 personalizada atendidas por personal especializado.

La defensa de la dignidad de las personas v韈timas de acciones terroristas se complementa en el t韙ulo sexto con el necesario reconocimiento p鷅lico y social a trav閟 del sistema de condecoraciones y honores p鷅licos, La Real Orden de Reconocimiento de las v韈timas del terrorismo que se otorga, con el grado de Gran Cruz, a t韙ulo p髎tumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.

Adem醩 se establece que los poderes p鷅licos impulsar醤 medidas activas para asegurar, dentro del m醲imo respeto y dignificaci髇 de las v韈timas, y mediante actos, s韒bolos, monumentos o elementos an醠ogos, el recuerdo y el reconocimiento de las v韈timas del terrorismo y que velar醤 por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las v韈timas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.

El contenido del t韙ulo s閜timo responde a la necesidad de proteger la dignidad p鷅lica de las v韈timas. El Estado asume esta protecci髇 y se declara expresamente la prohibici髇 de exhibir p鷅licamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltaci髇 o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones P鷅licas deber醤 adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones.

El Ministerio del Interior asume la obligaci髇 de mantener los adecuados cauces de informaci髇, apoyo y participaci髇, as� como la elaboraci髇 de informes y la presentaci髇 de iniciativas y propuestas normativas que resulten necesarias a la vista de la experiencia y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto para mantener debidamente actualizadas las necesidades de apoyo y protecci髇 a las personas v韈timas del terrorismo.

La esencial labor desarrollada por las asociaciones y organizaciones de v韈timas justifica que, dentro de este t韙ulo, se dedique un cap韙ulo especial al fomento del movimiento asociativo.

Adem醩 de formular una declaraci髇 expresa al reconocimiento p鷅lico y social de su labor se recoge la actividad subvencional destinada a las asociaciones cuyo objeto sea la representaci髇 y defensa de las v韈timas.

En cumplimiento de esos principios y de configurar un marco legislativo que d� respuesta a la necesidad de protecci髇 integral para las v韈timas del terrorismo no solo se han establecido previsiones hacia el futuro. Por ello la Ley en su disposici髇 adicional primera aborda la aplicaci髇 retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones econ髆icas inferiores a las contempladas en el anexo I de la norma.

En las disposiciones adicionales se complementan las previsiones sustantivas incorporadas en el texto, con la creaci髇 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Comisi髇 de An醠isis del tratamiento de las v韈timas del terrorismo, la incorporaci髇 dentro del Plan de Empleo del Reino de Espa馻 de un plan propio para quienes siendo v韈timas del terrorismo se encuentren inscritos como demandantes de empleo, la adopci髇 de medidas sobre el acceso de las v韈timas al empleo p鷅lico, y la actualizaci髇 de las indemnizaciones por da駉s.