Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

Base de Datos de Legislaci�n

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

Ficha:

�rgano JEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE n�m. 260 de 31 de Octubre de 2006
Vigencia desde 31 de Octubre de 2011. Revisi�n vigente desde 27 de Julio de 2012

Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

La regulaci�n del r�gimen de acceso a la profesi�n de abogado en Espa�a es una exigencia derivada de los art�culos 17.3 y 24 de la Constituci�n: estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartici�n de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constituci�n garantiza a la ciudadan�a.

Esta ley constituye, por tanto, complemento de lo dispuesto al efecto en la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur�dica Gratuita, que consagran la funci�n de los abogados, a los que reserva la direcci�n y defensa de las partes, de modo que a los mismos corresponde garantizar la asistencia letrada al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando as� lo exija la norma procesal y, en todo caso, como derecho a la defensa expresamente reconocido por la Constituci�n. La asistencia del abogado, conforme al concepto amplio de tutela al que debe aspirarse, comprende tambi�n las actuaciones profesionales tendentes a evitar el proceso mediante f�rmulas preventivas y compositivas as� como, en general, el asesoramiento en Derecho.

Tambi�n el procurador, al que la LOPJ otorga la representaci�n de las partes cuando as� lo establezca la norma procesal, garantiza la asistencia jur�dica siendo, pues, imprescindible prever tambi�n los requisitos necesarios para el acceso a esta profesi�n, en l�nea con la tradici�n que ya existi� en Espa�a.

La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuaci�n ante los tribunales de justicia y las dem�s actividades de asistencia jur�dica requieren la acreditaci�n previa de una capacitaci�n profesional que va m�s all� de la obtenci�n de una titulaci�n universitaria. Ello justifica la regulaci�n de dos t�tulos profesionales complementarios al t�tulo universitario en Derecho: el t�tulo profesional de abogado, exigible para prestar asistencia jur�dica utilizando la denominaci�n de abogado; y el t�tulo profesional de procurador, exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal.

Adem�s, en una Europa que camina hacia una mayor integraci�n, se hace imprescindible la homologaci�n de estas profesiones jur�dicas, en orden a garantizar la fluidez en la circulaci�n y el establecimiento de profesionales, uno de los pilares del mercado �nico que constituye base esencial de la Uni�n Europea.

II

Debe recordarse que la necesaria capacitaci�n profesional de estos colaboradores en el ejercicio de la tutela judicial efectiva ha sido una reivindicaci�n constante de los representantes de las profesiones. Todos los congresos de la abogac�a espa�ola, de manera significativa el de Le�n de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de La Coru�a de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003, y las reuniones de las juntas de gobierno de los colegios de abogados desde Santander en 1994, Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz de Tenerife en 2005, expresando el sentir un�nime de la abogac�a espa�ola, han reivindicado la garant�a de una formaci�n inicial igual para todos los profesionales de la abogac�a. En particular, en el VI Congreso de la Abogac�a Espa�ola se destac� la importancia fundamental de la formaci�n profesional pr�ctica y la necesaria homogeneidad en la evaluaci�n de tal capacitaci�n para equipararse a los profesionales de la Uni�n Europea, instando la regulaci�n de la materia por parte de los poderes p�blicos. Tambi�n las segundas Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de 1997 aprovecharon la entrada en vigor de la regulaci�n sobre asistencia jur�dica gratuita para insistir en esta cuesti�n, dando un paso m�s con el establecimiento del certificado de aptitud profesional, que, aun voluntario, es exigido por los colegios para la inclusi�n del profesional en el turno de oficio.

La procura tambi�n ha insistido en la materia. En su X Congreso Nacional del a�o 2000, se se�al� que debe regularse �el acceso al ejercicio de la profesi�n de procurador, homolog�ndola al resto de los pa�ses de la Uni�n Europea, sin perjuicio de la funci�n espec�fica de cada profesi�n�, lo que se reiter�, como ejemplo, en el VII Congreso Internacional del Comit� de Postulantes de Justicia Europeos, celebrado en Mallorca en el a�o 2004.

Otros operadores jur�dicos se han mostrado sensibles a la cuesti�n. El propio Libro Blanco de la Justicia presentado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997 reclam� la capacitaci�n pr�ctica de estos profesionales. Asimismo, las Conclusiones de la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Espa�olas, reunida en Vigo el d�a 28 de junio de 2004 se�alaron �la asunci�n de la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de abogado y de procurador�, a�adiendo que el modelo deb�a contemplar �esencial y principalmente la superaci�n de cursos de contenido pr�ctico, a programar, organizar e impartir conjuntamente por las facultades de Derecho y los colegios de abogados�, haciendo referencia complementaria a la posibilidad de una prueba objetiva final.

Y, de modo muy significativo, el Pacto de Estado sobre la Justicia del a�o 2001 se refiri� tambi�n a la cuesti�n en su punto 20, previendo �f�rmulas homologadas con los pa�ses miembros de la Uni�n Europea para garantizar la preparaci�n para el ejercicio de la profesi�n�.

III

El texto subraya la importancia de la formaci�n pr�ctica de los profesionales, de modo que quede garantizada de forma objetiva su capacidad para prestar la asistencia jur�dica constitucionalmente prevista.

A tal fin, conjuga la idoneidad formativa de las universidades con el acervo de experiencia de los colegios profesionales. Debe destacarse que la colaboraci�n entre universidades y colegios profesionales es una de las claves del sistema. Manifestaci�n significativa de ello es que los cursos de formaci�n requieran un periodo de pr�cticas profesionales externas cuya existencia se asegura mediante el correspondiente convenio entre la universidad y los colegios profesionales.

El reconocimiento a efectos profesionales de la formaci�n pr�ctica adicional al grado en Derecho permite coordinar e integrar el proceso con el sistema de estudios universitarios, con el que, sin embargo, y con pleno respeto a la autonom�a universitaria y a su regulaci�n sectorial, no se interfiere. Ahora bien, tal y como prev� ya la regulaci�n universitaria, no puede prescindirse en este caso del establecimiento de criterios a los que deber�n sujetarse los estudios universitarios a los efectos de posibilitar el acceso a la obtenci�n de los t�tulos profesionales que se regulan. A tal fin se dispone la necesaria acreditaci�n de los contenidos formativos conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educaci�n y Ciencia, con la decisiva exigencia de pr�cticas externas, profesorado especialmente cualificado para la impartici�n de esta formaci�n de contenido pr�ctico, etc.

Por otra parte, el modelo no puede obviar la realidad de la existencia de numerosas y prestigiosas escuelas de pr�ctica jur�dica para abogados, cuya integraci�n en el sistema descrito se produce por su necesario concierto con las universidades.

En todo caso, para garantizar de forma objetiva la capacitaci�n profesional del licenciado en Derecho as� formado, se incluye al final del periodo formativo pr�ctico una evaluaci�n de naturaleza general, creando a tal fin una comisi�n plural con importante representaci�n de los sectores universitarios y profesionales afectados.

IV

Entrando ya en el an�lisis del articulado, cabe destacar que se regulan dos t�tulos acreditativos de aptitud profesional, el t�tulo profesional de abogado y el t�tulo profesional de procurador de los tribunales. La ley no interfiere, m�s all� de constituir estos t�tulos, en los presupuestos de ejercicio profesional de la abogac�a y la procura.

Como establece el cap�tulo II, la formaci�n que nos ocupa podr� ser impartida por las universidades, si bien no puede olvidarse que estamos ante un t�tulo profesional, de manera que, como ya se ha indicado, a efectos de admitir los correspondientes programas de estudios como suficientes para la capacitaci�n profesional, y sin que ello interfiera en su validez acad�mica, �stos cursos ser�n acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educaci�n y Ciencia. Ello otorga una gran flexibilidad al modelo y respeta al m�ximo la autonom�a universitaria, pues permite que las universidades decidan qu� configuraci�n tendr�n estos estudios en cada caso, sin interferir en la posibilidad de que, adem�s, las universidades organicen otros estudios jur�dicos de postgrado con la validez acad�mica que les otorgue la normativa sectorial vigente.

Asimismo, se reconoce la validez de la formaci�n pr�ctica impartida en las escuelas de pr�ctica jur�dica de abogados, dentro de los convenios antes referidos, como reconocimiento a la labor de preparaci�n de los profesionales que, sobre todo para la mejor tutela en la justicia gratuita, vienen realizando estas escuelas.

En cuanto a la evaluaci�n final se refiere, si bien la misma, para garantizar la objetividad, ser� �nica en todo el territorio nacional, razones de operatividad aconsejan su descentralizaci�n, con la creaci�n de una comisi�n evaluadora para el territorio de cada comunidad aut�noma donde tengan su sede los centros que impartan esta formaci�n pr�ctica.

En cuanto a las disposiciones que complementan el texto, debe destacarse el establecimiento de un amplio periodo de �vacatio legis� previo a la entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigir�n ni el t�tulo profesional de abogado ni el t�tulo profesional de procurador de los tribunales para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, de modo que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura o el grado en Derecho.

Asimismo, se ha resuelto la cuesti�n de aquellos que ejercen el Derecho desde otra funci�n para cuyo desempe�o han superado pruebas selectivas acreditativas de capacitaci�n jur�dica, respecto de los cuales carecer�a de sentido someterlos a un proceso formativo y a una evaluaci�n reiterativa si deciden pasar a desempe�ar la abogac�a o la procura.

La competencia estatal est� amparada en el art�culo 149.1. 1.�, 6.� y 30.� de la Constituci�n, de acuerdo con el art�culo 36 de la misma, por lo que las previsiones de esta ley ser�n de aplicaci�n en todo el territorio nacional.

CAP�TULO I

Disposiciones generales

Art�culo 1 Objeto y finalidad de la ley

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtenci�n del t�tulo profesional de abogado y el t�tulo profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jur�dica y representaci�n t�cnica de calidad.

2. La obtenci�n del t�tulo profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempe�o de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervenci�n de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominaci�n de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogac�a.

3. La obtenci�n del t�tulo profesional de procurador de los tribunales en la forma determinada por esta ley es necesaria para desempe�ar la representaci�n legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicaci�n a las partes y aquellos otros actos de cooperaci�n con la Administraci�n de Justicia que la ley les autorice, as� como para utilizar la denominaci�n de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.

4. La obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado o procurador ser� requisito imprescindible para la colegiaci�n en los correspondientes colegios profesionales.

Art�culo 2 Acreditaci�n de aptitud profesional

1. Tendr�n derecho a obtener el t�tulo profesional de abogado o el t�tulo profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesi�n del t�tulo universitario de licenciado en Derecho, o del t�tulo de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el art�culo 88 de la Ley Org�nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitaci�n profesional mediante la superaci�n de la correspondiente formaci�n especializada y la evaluaci�n regulada por esta ley.

2. La formaci�n especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtenci�n de estos t�tulos es una formaci�n reglada y de car�cter oficial que se adquirir� a trav�s de la realizaci�n de cursos de formaci�n acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educaci�n y Ciencia a trav�s del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

3. Los t�tulos profesionales regulados en esta Ley ser�n expedidos por el Ministerio de Justicia.

N�mero 3 del art�culo 2 redactado por el apartado uno de la disposici�n final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

N�mero 3 del art�culo 2 declararado inconstitucional por Sentencia TC 170/2014, de 23 octubre, con los efectos previstos en el fundamento jur�dico 10, que establece que �en este caso no puede llevar aparejada la declaraci�n de nulidad, habida cuenta de que no todas las Comunidades Aut�nomas han asumido la competencia ejecutiva de expedici�n de t�tulos profesionales. La heterogeneidad en los niveles competenciales asumidos por las distintas Comunidades Aut�nomas determina que el vicio de incompetencia en el que incurren determinados preceptos de la Ley 34/2006 no suponga su invalidez o inaplicaci�n en aquellas que carezcan de esta habilitaci�n competencial� .

CAP�TULO II

Obtenci�n de la capacitaci�n profesional

Art�culo 3 Formaci�n

1. Los cursos de formaci�n para abogados y procuradores podr�n ser organizados e impartidos por universidades, p�blicas o privadas, y por escuelas de pr�ctica jur�dica.

2. Todos estos centros deber�n establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente cap�tulo.

Art�culo 4 Formaci�n universitaria

1. Los cursos de formaci�n para abogados podr�n ser organizados e impartidos por universidades p�blicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la ense�anza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del r�gimen de precios p�blicos, y deber�n ser acreditados, a propuesta de �stas, de conformidad con lo establecido en el art�culo 2.2. Esta acreditaci�n se otorgar� sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulaci�n acad�mica de los referidos cursos.

2. Constituir�n requisitos indispensables para la acreditaci�n de los referidos cursos que �stos comprendan la realizaci�n de un periodo de pr�cticas externas en los t�rminos del art�culo 6, y que incluyan la realizaci�n de la evaluaci�n regulada en el cap�tulo III.

3. Reglamentariamente se establecer� el procedimiento y los requisitos que deber�n cumplir tales cursos para su acreditaci�n peri�dica en lo referente a su contenido y duraci�n, as� como a la titulaci�n y cualificaci�n del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duraci�n de los cursos ser� de 60 cr�ditos, m�s los cr�ditos necesarios para la realizaci�n de las pr�cticas externas referidas en el art�culo 6.

4. Lo previsto en este art�culo ser� de aplicaci�n a los cursos de formaci�n para el acceso a la procura de acuerdo con la espec�fica regulaci�n que al efecto se establezca en sede reglamentaria.

Art�culo 5 Escuelas de pr�ctica jur�dica

1. Las escuelas de pr�ctica jur�dica creadas por los colegios de abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogac�a conforme a su normativa reguladora podr�n organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluaci�n regulada en el art�culo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educaci�n y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Para que se pueda proceder a la acreditaci�n y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinaci�n de su programa, contenido, profesorado y dem�s circunstancias, las escuelas de pr�ctica jur�dica deber�n haber celebrado un convenio con una universidad, p�blica o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el art�culo 4 para los cursos de formaci�n. Asimismo, deber�n prever la realizaci�n de un periodo de pr�cticas externas en la abogac�a o en la procura, seg�n est�n orientados a la formaci�n profesional de los abogados o de los procuradores, en los t�rminos del art�culo siguiente, y la realizaci�n de la evaluaci�n regulada en el cap�tulo III.

Art�culo 6 Pr�cticas externas

1. Las pr�cticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogac�a o en actividades propias de la procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, deber�n constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los art�culos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ning�n caso implicar�n relaci�n laboral o de servicios.

2. Las pr�cticas se realizar�n bajo la tutela de un abogado o procurador, seg�n se dirijan a la formaci�n para el ejercicio de la abogac�a o de la procura. Los tutores ser�n abogados o procuradores con un ejercicio profesional superior a cinco a�os. Los respectivos estatutos generales de la abogac�a y de la procura reglamentar�n los dem�s requisitos para el desempe�o de la tutor�a, as� como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracci�n dar� lugar a responsabilidad disciplinaria.

3. En los supuestos regulados en los art�culos 4 y 5.2, deber� haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados o un colegio profesional de procuradores, que establezca la fijaci�n del programa de pr�cticas y la designaci�n de los correspondientes tutores, el n�mero m�ximo de alumnos que podr� asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuar�n las pr�cticas, as� como los mecanismos de control del ejercicio de �stas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de pr�ctica jur�dica, a los efectos de lo establecido en el art�culo 4.2 en relaci�n con los art�culos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma re�na los requisitos m�nimos que se establezcan por los ministerios responsables de la acreditaci�n de los cursos de formaci�n, en los t�rminos previstos en el art�culo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podr� rechazarla de forma arbitraria y deber� dictar resoluci�n motivada en relaci�n con la misma.

CAP�TULO III

Acreditaci�n de la capacitaci�n profesional

Art�culo 7 Evaluaci�n

1. La evaluaci�n de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitaci�n profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formaci�n pr�ctica suficiente para el ejercicio de la profesi�n de abogado o de la profesi�n de procurador, as� como el conocimiento de las respectivas normas deontol�gicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluaci�n de la aptitud profesional ser�n convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educaci�n y Ciencia, o�das las comunidades aut�nomas, el Consejo de Coordinaci�n Universitaria y el Consejo General de la Abogac�a o el Consejo General de los Colegios de Procuradores.

3. Reglamentariamente se establecer� la composici�n de la comisi�n evaluadora para el acceso a la abogac�a y de la comisi�n evaluadora para el acceso a la procura, que ser�n �nicas para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad aut�noma, asegurando la participaci�n en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educaci�n y Ciencia, y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad aut�noma. En todo caso, en la comisi�n evaluadora para el acceso a la abogac�a habr� miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogac�a Espa�ola; asimismo, en la comisi�n evaluadora para el acceso a la procura habr� miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El n�mero de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad aut�noma, y de la correspondiente corporaci�n profesional ser� el mismo.

4. Si el n�mero de aspirantes as� lo aconseja, podr� constituirse una �nica comisi�n evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades aut�nomas, se�al�ndolo as� en la convocatoria.

5. Tanto la evaluaci�n para el acceso a la abogac�a como la evaluaci�n para el acceso a la procura tendr�n contenido �nico para todo el territorio espa�ol en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinar� el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijar� el contenido concreto de cada evaluaci�n, con participaci�n de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogac�a Espa�ola o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendr�n una periodicidad m�nima anual y no podr�n establecer un n�mero limitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regular� el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebraci�n de la evaluaci�n, publicaci�n y comunicaci�n de los resultados y dem�s requisitos necesarios para su realizaci�n. Asimismo, se regular�n los programas, que contemplar�n tambi�n materias relativas al Derecho propio de las comunidades aut�nomas, y el sistema de evaluaci�n, de modo diferenciado para la abogac�a y la procura, de acuerdo con la diferente capacitaci�n necesaria para el desempe�o de una y otra profesi�n.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici�n adicional primera Libertad de establecimiento

El ejercicio permanente en Espa�a de la profesi�n de abogado o procurador y la prestaci�n ocasional de sus servicios con t�tulo profesional obtenido en otro Estado miembro de la Uni�n Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo se regular� por su legislaci�n espec�fica.

Disposici�n adicional primera redactada por el art�culo 48 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 31 octubre 2011

Redacci�n originaria:

Disposici�n adicional segunda Ayudas y becas

El Gobierno garantizar� la igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador; a tal efecto se establecer�n ayudas y becas para aquellos licenciados en Derecho que quieran obtener cualquiera de las titulaciones a que se refiere la presente ley, de conformidad con el sistema nacional de becas.

Disposici�n adicional tercera Ejercicio profesional de los funcionarios p�blicos

1. La actuaci�n del personal al servicio del Estado, de los �rganos Constitucionales, de las Administraciones P�blicas o entidades p�blicas ante Juzgados y Tribunales en el desempe�o de las funciones propias del cargo se regir� por lo dispuesto en el art�culo 551 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dem�s legislaci�n aplicable, sin que en ning�n caso le sea exigible la obtenci�n del t�tulo regulado en esta ley.

2. Los funcionarios p�blicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condici�n de licenciados en Derecho estar�n exceptuados de obtener el t�tulo de abogado o el t�tulo de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el art�culo 1 de esta ley, siempre que desempe�en funciones de asistencia letrada o asesoramiento jur�dico. Tambi�n estar�n exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas auton�micas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condici�n de licenciados en Derecho.

Disposici�n adicional cuarta Adaptaci�n de las normas colegiales a lo previsto en esta ley

Los colegios profesionales de abogados y procuradores adaptar�n su normativa a lo previsto por esta ley.

Disposici�n adicional quinta Accesibilidad

Al objeto de favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en el dise�o y realizaci�n de los cursos y evaluaciones a que se refiere el art�culo 2.2 de la presente ley, se tendr�n en cuenta criterios de accesibilidad.

Disposici�n adicional sexta Consejos auton�micos

Las referencias al Consejo General de la Abogac�a o al Consejo General de la Procura, o a sus respectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la ley, se entender�n hechas, en su caso, a los respectivos consejos auton�micos o a su normativa reguladora, de conformidad con lo que disponga la legislaci�n aplicable.

Disposici�n adicional s�ptima Grado en Derecho y licenciatura en Derecho

A los efectos de la presente ley, la referencia al grado en Derecho se entender� hecha a la licenciatura en Derecho, cuando as� corresponda.

Disposici�n adicional octava Licenciados en Derecho

Los t�tulos profesionales que se regulan en esta Ley no ser�n exigibles a quienes obtengan un t�tulo de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo m�ximo de dos a�os, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedici�n del t�tulo oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

Disposici�n adicional octava introducida en su actual redacci�n por el apartado dos de la disposici�n final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

Disposici�n adicional novena T�tulos extranjeros homologados

Los t�tulos profesionales que se regulan en esta Ley no ser�n exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologaci�n de su t�tulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo m�ximo de dos a�os, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologaci�n, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

Disposici�n adicional novena introducida en su actual redacci�n por el apartado tres de la disposici�n final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

Disposici�n transitoria �nica Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de t�tulo profesional

1. Los t�tulos profesionales regulados en esta norma no ser�n exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores, como ejercientes o no ejercientes, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

2. Los t�tulos profesionales regulados en esta ley tampoco ser�n exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su c�mputo total a un a�o, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanci�n disciplinaria.

3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesi�n del t�tulo de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedici�n y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondr�n de un plazo m�ximo de dos a�os, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtenci�n de los t�tulos profesionales que en ella se regulan.

N�mero 3 de la disposici�n transitoria �nica redactado por el apartado cuatro de la disposici�n final cuarta de Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

DISPOSICIONES FINALES

Disposici�n final primera T�tulo competencial

Las disposiciones contenidas en esta ley, dictadas al amparo del art�culo 149.1. 1.�, 6.� y 30.� de la Constituci�n y de acuerdo con el art�culo 36 de la misma, ser�n de aplicaci�n en todo el territorio nacional.

Disposici�n final segunda Habilitaci�n reglamentaria

Se faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educaci�n y Ciencia y al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de la presente ley.

V�ase el R.D. 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (�B.O.E.� 16 junio).

Disposici�n final tercera Entrada en vigor de esta ley

Esta ley entrar� en vigor a los cinco a�os de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

T�ngase en cuenta que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, entra en vigor el d�a 31 de octubre de 2011.

Por tanto,

Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.