Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado para 1998 mantienen la l�nea de disciplina y austeridad iniciada por la pol�tica presupuestaria a mediados de 1996, cuya orientaci�n ha sido y seguir� siendo una de las piezas claves de la pol�tica econ�mica, para consolidar la etapa de crecimiento estable y elevada capacidad de creaci�n de empleo de que disfruta actualmente nuestra econom�a.

En el �ltimo a�o y medio se ha realizado un importante esfuerzo de ajuste y saneamiento econ�mico, que ha permitido flexibilizar las condiciones monetarias, generando con ello un clima de alta estabilidad macroecon�mica y con �l un aumento de la confianza de los mercados.

Los resultados conseguidos con esta pol�tica econ�mica, tanto en t�rminos de control de inflaci�n y bajos tipos de inter�s, como en materia la convergencia presupuestaria alcanzada, nos sit�an ya en el grupo de pa�ses que iniciar�n la Uni�n Monetaria en 1999. Pero m�s all� del reto inmediato de la integraci�n europea, el objetivo �ltimo de esta pol�tica es asegurar la estabilidad macroecon�mica como base del crecimiento sostenido, �nica v�a para generar empleo estable, consolidar y mejorar el bienestar social y lograr la convergencia real.

Ello supone seguir profundizando en el proceso de reducci�n del d�ficit p�blico iniciado en 1996, tras los favorables resultados conseguidos en los dos �ltimos a�os.

El aspecto m�s importante de esta orientaci�n de la pol�tica presupuestaria para 1998 es que la reducci�n del d�ficit se est� consiguiendo con una rigurosa pol�tica de control y austeridad en el gasto, y no con un aumento de la presi�n fiscal, respetando de este modo el compromiso establecido en el Programa de Convergencia.

Esta pol�tica permite lograr dos objetivos fundamentales en la esfera de los ingresos. En primer lugar, al asegurar una disminuci�n permanente del peso del gasto p�blico en la econom�a, permite acometer en pr�ximos ejercicios una paulatina disminuci�n de los impuestos, acompasada al ritmo de la reducci�n del d�ficit p�blico, y, en segundo lugar, el compromiso de mantener la presi�n fiscal en 1998 autoriza a acometer un importante esfuerzo de reestructuraci�n de los ingresos en una doble direcci�n: por una parte, la introducci�n de rebajas fiscales que se dirigen a la familia; a favorecer la actividad empresarial, especialmente en el sector de la peque�a y mediana empresa, y a la generaci�n de ahorro, y, por otra, la potenciaci�n del sistema de tasas y precios p�blicos, acercando de este modo el coste real de los servicios de beneficio divisible al coste pagado por los usuarios.

La l�nea de austeridad en el gasto y reducci�n del d�ficit de la pol�tica presupuestaria para este ejercicio permite liberar un importante volumen de recursos que, respetando la restricci�n financiera global del gasto establecida, se pueden destinar a financiar una serie de objetivos prioritarios de la pol�tica presupuestaria, como son el relanzamiento de las inversiones p�blicas y los servicios esenciales, como la Sanidad, la Educaci�n, la Defensa o la Seguridad Ciudadana.

As�, y en primer lugar, las inversiones p�blicas empiezan a adquirir cierta fortaleza. Este incremento de recursos se destinar� fundamentalmente a la realizaci�n de infraestructuras, incluyendo la reindustrializaci�n de las comarcas mineras.

En segundo lugar, la pol�tica presupuestaria seguir� manteniendo el esfuerzo para mejorar los niveles de bienestar social, tanto a partir del aumento de recursos que se destinan a las pol�ticas de gasto social como de las importantes medidas que se aplican, y entre las que destacan: el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, la separaci�n progresiva de las fuentes de financiaci�n de la Seguridad Social, plasmada en el sustancial aumento de las aportaciones a cargo del Estado para financiar las prestaciones no contributivas y de car�cter universal, y, por �ltimo, la garant�a de los compromisos asumidos en la pol�tica sanitaria, con un aumento global de recursos que aseguran la suficiencia financiera del sistema y permiten seguir mejorando la calidad asistencial.

De conformidad con esta voluntad legisladora, en lo que respecta al contenido concreto del articulado de la Ley de Presupuestos para 1998, pueden resaltarse por su importancia o novedad los siguientes aspectos:

El T�tulo I mantiene para 1998 la actual clasificaci�n institucional de los presupuestos de los organismos p�blicos, optando por conservar invariado el car�cter de cada uno de ellos, a la espera de efectuar la adaptaci�n de la normativa reguladora de los mismos a los preceptos de la Ley 6/1997, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n del Estado. La �nica excepci�n es el organismo aut�nomo Correos y Tel�grafos, que, a la entrada en vigor de la presente Ley, habr� adoptado la naturaleza de Entidad P�blica Empresarial.

Se introducen en este T�tulo algunas novedades en las normas de modificaci�n y ejecuci�n de cr�ditos presupuestarios, concret�ndose la l�nea de austeridad, control del d�ficit y disciplina presupuestaria ya iniciada en el ejercicio anterior.

As�, en lo relativo a las competencias espec�ficas en materia de modificaciones presupuestarias, se ampl�an las competencias que corresponden al Ministro de Econom�a y Hacienda, atribuy�ndole competencias para �autorizar generaciones de cr�ditos por ingresos percibidos en el �ltimo mes del ejercicio anterior, cuando dichos ingresos procedan de aportaciones de la Uni�n Europea�, y para �autorizar las transferencias de cr�dito cuando ello fuera necesario para la distribuci�n del cr�dito para actividades de

prevenci�n, investigaci�n, persecuci�n y represi�n de los delitos relacionados con el tr�fico de drogas, a que se refiere el art�culo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre�.

En materia de limitaciones presupuestarias, se mantiene en la presente Ley de Presupuestos, tanto la prohibici�n de que el conjunto de los cr�ditos comprometidos para este ejercicio con cargo al Presupuesto del Estado y referidos a operaciones no financieras superen en cuant�a el importe total de los cr�ditos inicialmente aprobados, como la obligaci�n del Gobierno de realizar peri�dicamente un seguimiento al respecto, obligaci�n esta �ltima introducida en la Ley de Presupuestos del a�o pasado.

Se mantiene igualmente para el ejercicio 1998 tanto la suspensi�n de la posibilidad de realizar incorporaciones de cr�dito, salvo determinadas excepciones, como la prohibici�n de efectuar transferencias de cr�ditos de operaciones de capital a operaciones corrientes, con las mismas salvedades que para el ejercicio anterior.

El T�tulo II, relativo a la Gesti�n Presupuestaria, regula como en ejercicios anteriores la gesti�n de los Presupuestos Docentes y la Gesti�n Presupuestaria de la Sanidad, sin que para este ejercicio se hayan introducido cambios relevantes.

Una vez asentada la econom�a espa�ola en esta nueva etapa de crecimiento y estabilidad, el T�tulo III, relativo a los Gastos de Personal, establece un incremento cuantitativo de las retribuciones del conjunto del personal p�blico igual a la inflaci�n prevista.

En relaci�n con la Oferta de Empleo P�blico, la presente Ley de Presupuestos unifica en un solo art�culo la regulaci�n de la misma.

Como en ejercicios anteriores, se prev�, como medida estructural de contenci�n del gasto, que las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se concentrar�n en los sectores, funciones y categor�as profesionales que se consideren absolutamente prioritarias, o que afecten al funcionamiento de los servicios p�blicos esenciales y que el n�mero de plazas de nuevo ingreso deber� ser inferior al 25 por 100 de la tasa de reposici�n de efectivos, sin que este criterio sea de aplicaci�n a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de la Administraci�n de Justicia, Administraciones P�blicas con competencias educativas y Polic�as Aut�nomas en proceso de despliegue.

Estas disposiciones, al encuadrarse dentro de la pol�tica econ�mica del Estado, tienen car�cter b�sico, conforme a los art�culos 149.1.13.� y 156.1 de la Constituci�n, siendo por tanto aplicables adem�s de al personal estatal al personal al servicio de las Comunidades Aut�nomas y de las Entidades Locales.

El aumento global de recursos y las medidas adoptadas en la esfera social del gasto, permiten reforzar los principios b�sicos de solidaridad y equidad de nuestro sistema de protecci�n social y, en especial, preservar la capacidad adquisitiva de las pensiones p�blicas. As�, el T�tulo IV, relativo a las pensiones p�blicas, establece un incremento de las mismas para 1998 igual al �ndice de inflaci�n previsto.

Respecto de las operaciones financieras reguladas en el T�tulo V, se prev� el incremento de la Deuda del Estado, estableci�ndose un tope al saldo vivo de la misma a 31 de diciembre de 1998. Este l�mite deber� ser efectivo al final del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado, previa autorizaci�n del Ministerio de Econom�a y Hacienda, en limitados casos. Y como para el anterior ejercicio no se contempla en los Presupuestos para 1998 que el Estado asuma deudas de empresas u organismos p�blicos.

La pol�tica tributaria dise�ada para 1998 est� concebida como un instrumento al servicio del cumplimiento de los criterios de convergencia fijados en el Tratado de la Uni�n Europea, con el objetivo de reducir el d�ficit p�blico y potenciar el empleo y la actividad econ�mica. A este fin, el T�tulo VI introduce diversas modificaciones en la regulaci�n de algunos tributos.

As�, en el �mbito de la imposici�n directa, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, se modifica la regulaci�n de las rentas exentas a efectos de elevar a 1.000.000 de pesetas la cuant�a de las prestaciones por desempleo, en la modalidad de pago �nico, que quedan exentas del impuesto. Se incrementan las deducciones familiares y se deflactan las tarifas general y auton�mica del impuesto, reduci�ndose en dos tramos, lo que simplifica la aplicaci�n del impuesto.

En el Impuesto de Sociedades, se modifican los coeficientes que recogen la depreciaci�n monetaria producida desde 1983, a efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisi�n de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial. Se incrementan las deducciones en inversiones en actividades cinematogr�ficas y se prorrogan las destinadas a la protecci�n del medio ambiente y creaci�n de empleo de trabajadores minusv�lidos.

En el Impuesto sobre el Valor A�adido, se introducen diversas modificaciones, que afectan a la aplicaci�n de los tipos reducidos del impuesto.

Respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, se modifica la escala de gravamen en las Transmisiones, Rehabilitaciones de T�tulos y Grandezas, a efectos de actualizar su importe, que se eleva en un 2,1 por 100.

Por lo que se refiere a los Impuestos Especiales, se actualizan al 2,1 por 100 las cuant�as del Impuesto sobre Hidrocarburos, manteni�ndose los tipos actuales de los dem�s impuestos de esta clase.

En el Impuesto sobre las Primas de Seguros, se eleva el tipo impositivo, que se establece en un 6 por 100.

En materia de tasas, se elevan en un 6 por 100 las tasas, salvo las creadas en 1996 y 1997. Este incremento es consecuencia del desfase producido entre las subidas de estos recursos en los Presupuestos Generales del Estado del per�odo 1987-1996 y las subidas reales de sus costes en el mismo per�odo.

En la imposici�n local, la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se actualiza de acuerdo con la inflaci�n prevista; sin embargo, se except�an de esta actualizaci�n los bienes inmuebles que fueron objeto de revisi�n en 1997. Las tarifas del Impuesto de Actividades Econ�micas no sufren incremento alguno.

Por lo que respecta a los Entes territoriales, el T�tulo VII establece, conforme a lo dispuesto en los art�culos 113 y 126 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el cr�dito de participaci�n de los municipios, de las provincias en los Tributos del Estado.

La Ley fija asimismo los porcentajes de participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enero de 1998, distingui�ndose los porcentajes provisionales de participaci�n en los ingresos territoriales del Estado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y los porcentajes provisionales de participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en los ingresos generales del Estado.

Se distingue igualmente, en lo referente a la financiaci�n en 1998 por participaci�n en los ingresos del Estado, entre las Comunidades Aut�nomas a las que les es de aplicaci�n el modelo del sistema de financiaci�n para el quinquenio 1997-2001 y las Comunidades Aut�nomas que no han adoptado acuerdo sobre el sistema de financiaci�n.

Y por �ltimo, se recogen otras normas relativas a la financiaci�n de la Formaci�n Continua, al Seguro del Cr�dito a la Exportaci�n, a la Garant�a del Estado para obras de inter�s cultural, al inter�s legal del dinero, que se sit�a en un 5,5 por 100, y al inter�s de demora que se fija en un 7,5 por 100, habilitando al Gobierno para que, atendiendo a la evoluci�n de los tipos de inter�s de la Deuda P�blica, pueda revisar los tipos de inter�s fijados en el vigente ejercicio.