Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable

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• Preámbulo
• CAPITULO PRIMERO. Ambito de aplicación
  • Artículo 1
• CAPITULO II. Delegación de facultades de gestión de los servicios de transporte interior y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte
  • SECCION 1. Delegación de facultades en materia de transportes públicos regulares
    • Artículo 2
    • Artículo 3
    • Artículo 4
  • SECCION 2. Delegación de facultades en materia de transportes públicos discrecionales
    • Artículo 5
    • Artículo 6
  • SECCION 3. Delegación de facultades en materia de transportes privados
    • Artículo 7
  • SECCION 4. Delegación de facultades en materia de actividades auxiliares y complementarias del transporte
    • Artículo 8
  • SECCION 5. Delegación de facultades en materia de transportes por cable
    • Artículo 9
• CAPITULO III. Delegación de facultades en materia de inspección y sanciones
  • Artículo 10
  • Artículo 11
• CAPITULO IV. Delegación de facultades en materia de arbitraje
  • Artículo 12
• CAPITULO V. Delegación de funciones en relación con la capacitación profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo
  • Artículo 13
• CAPITULO VI. Normas generales de la Delegación
  • Artículo 14
  • Artículo 15
  • Artículo 16
  • Artículo 17
  • Artículo 18
  • Artículo 19
  • Artículo 20
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOSICIÓN ADICIONAL
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 1

1. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica la delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable. La aplicación efectiva del régimen de delegaciones previsto en esta Ley se producirá a partir del cumplimiento de las previsiones sobre transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales reguladas en el artículo 18, aplicándose hasta entonces el régimen de delegaciones actualmente vigente.

2. La regulación contenida en la presente Ley no afectará a las funciones ya transferidas a las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos.

Artículo 2

1. Respecto a los servicios parciales, que a continuación se definen, comprendidos en líneas regulares interiores de viajeros, cuyo itinerario discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, se delegan en la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se realizan dichos servicios las siguientes facultades:

• A) Autorizar, con posterioridad a la inauguración de los servicios objeto de la concesión, el establecimiento o supresión de servicios parciales.
• B) Autorizar las modificaciones de calendario, horario u otras condiciones de prestación del servicio parcial.
• C) Autorizar las ampliaciones, disminuciones o variaciones de recorrido en el servicio parcial siempre dentro del itinerario concesional y sin exceder el ámbito territorial de la Comunidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior se entenderán por servicios parciales aquellas expediciones de un línea de transporte público regular que explotan con calendario y, en su caso, horario propio tramos fragmentarios de la línea matriz y se encuentran íntegramente comprendidos en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.

Artículo 3

1. Respecto a los servicios de transporte interior público regular de viajeros de uso general cuyo itinerario discurra por el ámbito de más de una Comunidad Autónoma, se delegan en las Comunidades Autónomas por las que discurra o vaya a discurrir el itinerario que en cada caso corresponda las facultades de tramitación y, en su caso, propuesta de resolución correspondientes a aquellas actuaciones que por su naturaleza deban ser realizadas con carácter local, en los siguientes asuntos:

• a) Establecimiento, proyecto de prestación y adjudicación de nuevos servicios.
• b) Unificaciones o fusiones de servicios.
• c) Utilización del mismo material móvil en varias concesiones diferentes.
• d) Hijuelas o prolongaciones.
• e) Transmisión de las concesiones y autorizaciones.
• f) Establecimiento, con posterioridad a la inauguración del servicio o modificación de expediciones que no constituyen servicios parciales internos de una Comunidad.
• g) Modificaciones de calendario, horario, vehículos o instalaciones afectas u otras condiciones de prestación del servicio.
• h) Rescate y declaración de caducidad de las concesiones, cualquiera que sea la causa en que se fundamente.
• i) Intervención de los servicios regulares prestados mediante concesión en los casos y con los requisitos exigidos por esta Ley.
• j) Cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean necesarias para el funcionamiento de los servicios y no se reserve para sí el Estado.

2. El Estado se reserva, en todos los asuntos incluidos en el punto anterior, las facultades de tramitación correspondientes a aquellas actuaciones que se refieran o sean inherentes a intereses nacionales o a intereses comarcales que excedan el ámbito de cada una de las Comunidades afectadas y, en todo caso, la resolución de los mismos.

3. Respecto a los servicios regulares de viajeros de uso especial, se delega en las Comunidades Autónomas en las que están situados los centros de actividad que motiven el establecimiento del transporte, el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, así como las funciones generales de gestión administrativa sobre la prestación de los servicios. Dichas funciones se realizarán con sujeción a las reglas y normas, incluso tarifarias, establecidas por el Estado en relación con dichos servicios.

Número 3 del artículo 3 declarado conforme al orden constitucional de competencias por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, 27 junio («B.O.E.» 29 julio), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 58.JU0000320152TC, Pleno, S 118/1996, 27 Jun. 1996 (Rec. 1191/1987) LE0000086779_19960729Sentencia 118/1996 de 27 Jun. (recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la L 12/1987 de 25 May. CA Cataluña, transporte de viajeros por carretera, la L 16/1987 de 30 Jul., de Transporte Terrestre, y la LO 5/1987 de 30 Jul.)

Artículo 4

1. Respecto de aquellos servicios de transporte público regular de viajeros cuyo itinerario discurra predominantemente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma, aun cuando una parte exceda del mismo, se delegan en dicha Comunidad todas las facultades de gestión administrativa del servicio, incluyendo las que en casos ordinarios se reserva el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 3.2, siempre que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:

• a) Que el tráfico de la línea se produzca o se prevea en su práctica totalidad en el territorio de la Comunidad de que se trate, teniendo un carácter puramente residual el que se produzca o se prevea en el tramo situado fuera de dicho territorio.
• b) Que el tráfico existente o previsible en el tramo exterior no implique un interés relevante para la adecuada ordenación del transporte en la Comunidad Autónoma vecina a la que dicho tramo pertenezca.

2. La apreciación de las circunstancias señaladas en el punto anterior se efectuará individualizadamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas.

La delegación prevista en este artículo no será efectiva hasta tanto el Gobierno no se pronuncie favorablemente en cuanto a la concurrencia de dichas circunstancias en cada caso.

Artículo 5

Respecto a los servicios de transporte público discrecional de viajeros, mercancías o mixtos, prestados al amparo de autorizaciones cuyo ámbito territorial exceda del de una Comunidad Autónoma, se delegan en la Comunidad Autónoma que resulte competente con arreglo a las normas que se establecen en el artículo siguiente las siguientes funciones:

• a) El otorgamiento de autorizaciones para la prestación de dichos servicios.
• b) La convalidación de la transmisión de las autorizaciones mediante la correspondiente noción subjetiva de las mismas.
• c) El visado periódico de las autorizaciones.
• d) El establecimiento, en su caso, de tarifas de referencia, así como de tarifas obligatorias de carácter máximo en cuanto a los tráficos de corto recorrido que se efectúen íntegramente dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, al amparo de las autorizaciones a que se refiere este artículo siempre que el Estado no haya establecido, con carácter general en relación con las mismas, tarifas máximas obligatorias.

  Asimismo, en relación con los servicios de transporte público de viajeros en vehículos de menos de diez plazas incluido el conductor, se delega la fijación de las correspondientes tarifas, dentro de los límites establecidos por la Administración de Transportes del Estado.

• e) La revocación o condicionamiento de las autorizaciones.
• f) El establecimiento de prestación de servicios mínimos, previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
• g) Cuantas actuaciones gestoras sean necesarias para el funcionamiento de los servicios y no se reserva para sí el Estado.

No se entenderán comprendidos en la presente delegación los servicios de transportes discrecionales de viajeros, mercancías o mixtos prestados dentro de una Comunidad Autónoma, al amparo de autorizaciones, de ámbito o radio intracomunitario que la misma haya podido crear mediante disposiciones propias dictadas al amparo de su correspondiente Estatuto.

Artículo 5 declarado conforme al orden constitucional de competencias por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, 27 junio («B.O.E.» 29 julio), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 59.JU0000320152TC, Pleno, S 118/1996, 27 Jun. 1996 (Rec. 1191/1987) LE0000086779_19960729Sentencia 118/1996 de 27 Jun. (recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la L 12/1987 de 25 May. CA Cataluña, transporte de viajeros por carretera, la L 16/1987 de 30 Jul., de Transporte Terrestre, y la LO 5/1987 de 30 Jul.)

Artículo 6

El ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo anterior corresponderá:

• a) En los supuestos de autorizaciones que hacen referencia a un vehículo determinado, a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio esté fijado el lugar de residencia del vehículo.
• b) En los supuestos de autorizaciones que no hacen referencia a un vehículo determinado, a cada una de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio esté el domicilio de la sede central de la Empresa, o el de alguna de sus sucursales, al que vaya a estar referida la autorización. Cuando se trate de autorizaciones otorgadas en la modalidad prevista en el apartado a) del punto 1 del artículo 92 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo corresponderá únicamente a la Comunidad Autónoma en la que esté domiciliada la sede central de la Empresa.

Artículo 7

Respecto de los transportes privados que discurran por el territorio de varias Comunidades Autónomas, se delega en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio esté residenciado el vehículo el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el artículo 103 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y, en general, cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo prevea la citada Ley o las normas estatales de desarrollo de la misma.

Artículo 8

1. Las Comunidades Autónomas ejercerán por delegación del Estado respecto de las actividades de agencia de transportes, centros de información y distribución de cargas, almacenaje y distribución transitarios y arrendamiento de vehículos, reguladas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y cuya competencia corresponda al Estado, las siguientes facultades:

• a) La autorización para la apertura de la agencia o el ejercicio de la actividad, así como la revocación de la misma cuando proceda.
• b) La autorización para la transmisión del título habilitante para ejercer la actividad siempre que no conlleve el traslado del domicilio a otra Comunidad Autónoma.
• c) La autorización de traslado de domicilio dentro del ámbito territorial de la Comunidad.
• d) La expedición de la autorización de traslado de agencias constituidas al amparo de autorizaciones otorgadas por el Estado u otra Comunidad Autónoma o de apertura de sucursales de las mismas, cuando proceda.
• e) Cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean necesarias para el funcionamiento de los servicios y no se reserve para sí el Estado.

2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el punto anterior corresponderá a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial vaya a domiciliar su actividad el solicitante o se encuentre domiciliado el intermediario o auxiliar del transporte, según los casos.

3. La delegación regulada en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias que en su caso correspondan a las Comunidades Autónomas sobre las materias a que se refiere la misma.

Artículo 9

1. En relación con los transportes realizados en teleféricos u otros medios en los que la tracción se haga por cable y no exista camino de rodadura fijo de competencia del Estado se delegan en la correspondiente Comunidad Autónoma análogas funciones a las previstas en el artículo 2 en relación con los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.

2. La delegación se entenderá producida en la Comunidad Autónoma por la que discurra la mayor parte del recorrido del transporte, salvo que se trate de transportes complementarios de estaciones de invierno o esquí, en cuyo caso la delegación corresponderá a la Comunidad Autónoma que ostente la competencia sobre la estación o sobre la mayor parte de sus instalaciones.

Artículo 10

1. Las Comunidades Autónomas ejercerán, por delegación del Estado, la inspección de los servicios y demás actividades de transporte por carretera y por cable competencia de éste, en los centros de trabajo que las empresas tengan en sus respectivos territorios y en los vehículos que circulen por ellos, con independencia en ambos casos, del ámbito territorial en que se hayan desarrollado los servicios y actividades objeto de inspección.

En el ejercicio de dicha facultad inspectora, las Comunidades Autónomas podrán recabar la presentación en sus oficinas de cuanta documentación relacionada con los citados servicios y actividades se encuentre en los referidos centros de trabajo.

Asimismo se delega en las Comunidades Autónomas la facultad sancionadora sobre las infracciones que detecten en el ejercicio de las actuaciones inspectoras que lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores, incluso cuando la gestión de los servicios o actividades afectados no haya sido objeto de delegación o haya sido delegada en otra Comunidad Autónoma.

No son objeto de delegación las facultades relativas a la inspección y control en frontera de los transportes internacionales, ni la tramitación y, en su caso imposición de sanciones por las infracciones detectadas en la realización de tales funciones.

2. El ejercicio de la función sancionadora llevará implícito el de la incoación, tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos, e incluirá la adopción de las medidas provisionales de aseguramiento que correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

No obstante, sin perjuicio de la imposición de cualesquiera otras sanciones que, en su caso, pudiesen corresponder, la Comunidad Autónoma sólo queda facultada para proponer la resolución del contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal, correspondiendo al órgano competente de la Administración General del Estado acordar lo que proceda al respecto y, en su caso, incoar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de resolución.

3. Las facultades delegadas a que se refieren los apartados anteriores no obstarán para que la Administración General del Estado acuerde realizar directamente las inspecciones que estime necesarias. En este caso, si las referidas actuaciones inspectoras justificasen la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, corresponderán, asimismo, al Estado las facultades para la incoación, tramitación y resolución de dicho procedimiento.

Las funciones de vigilancia del transporte atribuidas a la Guardia Civil no son objeto de delegación.

LE0000509161_20130725 Artículo 10 redactado por el artículo único de la L.O. 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la L.O. 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 25 julio 2013

Artículo 11

1. Las sanciones que, en el ejercicio de sus facultades delegadas, impongan las Comunidades Autónomas serán notificadas por éstas en el plazo de treinta días al Registro Central de Infracciones y Sanciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

2. En igual plazo el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones anotará en el citado Registro Central y notificará a la Comunidad Autónoma a la que corresponda ejercer por delegación del Estado las funciones que se determinan en el artículo anterior las sanciones que imponga sobre los correspondientes servicios y actividades de transporte en ejercicio de las facultades que a aquél reserva el punto 3 de dicho artículo.

Artículo 12

Se delegan en las Comunidades Autónomas en las que las mismas hayan de estar radicadas las funciones que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres atribuye a las Juntas Arbitrales del Transporte. A estos efectos, el funcionamiento de las referidas Juntas dentro de las correspondientes Comunidades Autónomas se realizará respetando la organización, funciones y régimen jurídico establecidos en dicha Ley y en sus normas de desarrollo, pudiendo las Comunidades Autónomas, salvo que exista disposición específica del Estado, establecerlas en las localidades que consideren conveniente.

Artículo 13

1. Se delegan en las Comunidades Autónomas las competencias administrativas relativas a la adquisición, acreditación y control de la capacitación profesional para la realización del transporte y de las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

2. El Estado podrá, asimismo, realizar directamente las funciones a que se refiere el punto anterior, así como participar en las mismas cuando sean realizadas por las Comunidades Autónomas, debiendo éstas, en todo caso, adecuarse a los programas, criterios de formación y evaluación y reglas generales que establezcan el Estado.

Artículo 13 declarado conforme al orden constitucional de competencias por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, 27 junio («B.O.E.» 29 julio), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 60.JU0000320152TC, Pleno, S 118/1996, 27 Jun. 1996 (Rec. 1191/1987) LE0000086779_19960729Sentencia 118/1996 de 27 Jun. (recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la L 12/1987 de 25 May. CA Cataluña, transporte de viajeros por carretera, la L 16/1987 de 30 Jul., de Transporte Terrestre, y la LO 5/1987 de 30 Jul.)

Artículo 14

1. Como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas, el Estado delega en las Comunidades Autónomas la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas.

2. Dicha potestad normativa habrá de ejercerse, en todo caso, respetando las normas promulgadas por el Estado y los criterios de aplicación establecidos por éste.

3. Asimismo se delegan en las Comunidades Autónomas cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean necesarias para el funcionamiento de los servicios a que se refieren las delegaciones realizadas y no se reserve para sí o realice directamente la Administración del Estado.

4. No están incluidas en las delegaciones a que se refiere la presente Ley las competencias de regulación, autorización y gestión de los transportes internacionales.

Artículo 15

El otorgamiento de las autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios de transporte público discrecional y para la realización de actividades complementarias o auxiliares del transporte, que atribuyen los artículos 5 y 8 a las Comunidades Autónomas como facultad delegada, se acomodará a los cupos, contingentes y demás limitaciones que con carácter general establezca en su caso el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Artículo 16

1. El ejercicio de las facultades delegadas a que se refiere la presente Ley Orgánica estará sujeto a las normas del Estado, que conservará, en todo caso, la función legislativa y la potestad reglamentaria sobre las materias objeto de delegación, y a lo que dispongan los programas o planes generales o sectoriales del Estado.

2. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de los órganos en cada caso competentes, podrá establecer reglas de coordinación relativas al ejercicio de las funciones delegadas, por parte de las Comunidades Autónomas, debiendo éstas respetarlos.

3. Las Comunidades Autónomas facilitarán a los órganos competentes de la Administración del Estado cuanta información les solicite éste sobre el ejercicio de las facultades delegadas y sobre la gestión de las materias objeto de la delegación, debiendo comunicar a los mismos, en todo caso, el establecimiento y suspensión de servicios de transporte, así como del otorgamiento o cancelación, cualquiera que fuese su causa, de los títulos habilitantes para la prestación de aquéllos o para la realización de actividades auxiliares o complementarias del transporte, y en general, salvo cuando los órganos administrativos del Estado competentes no lo juzguen necesario, las resoluciones adoptadas en relación con los recursos administrativos suscitados en las materias objeto de delegación.

Artículo 17

La delegación efectuada por la presente Ley en materia tarifaria se ciñe a las facultades de la Administración de Transportes y no comprende las funciones que corresponden o pueda corresponder al Estado en virtud de la legislación general sobre el control de precios, las cuales no son objeto de delegación.

Artículo 18

1. Por la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias se determinarán, en la forma reglamentariamente establecida, los medios personales, presupuestarios o patrimoniales que han de ponerse a disposición de las respectivas Comunidades Autónomas para el ejercicio de las funciones delegadas, sometiendo la oportuna propuesta a la aprobación del Consejo de Ministros.

2. Los medios personales, presupuestarios y patrimoniales objeto de traspaso, a los que se refiere el punto anterior, serán aquéllos correspondientes a la Administración periférica del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres, debiendo quedar suprimido, mientras dicha delegación se mantenga, cualquier órgano de gestión específica del transporte terrestre que pudiera existir dentro de la Administración periférica del Estado, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas con Estados extranjeros los necesarios para realizar las funciones administrativas precisas en relación con el transporte internacional.

Artículo 19

En el caso de que una Comunidad Autónoma incumpliere las disposiciones contenidas en la presente Ley Orgánica, el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, requerirá formalmente a la Comunidad, y si en el plazo de dos meses ésta mantuviera su actitud, podrá acordar la revocación de la delegación.

Artículo 20

Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior, los actos y acuerdos que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones delegadas, vulnerando las normas o disposiciones estatales, podrán ser suspendidos por el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. Dicha suspensión será recurrible directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Artículo 20 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, 27 junio («B.O.E.» 29 julio).JU0000320152

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Previo acuerdo con la Comunidad Foral de Navarra y con la Diputación Foral de Alava se adaptarán las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejercen las mismas en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la presente Ley.

2. El régimen de delegación de funciones previsto en esta Ley únicamente será aplicable a la Comunidad Foral de Navarra y a la Diputación Foral de Alava en la medida en que implique una ampliación de las competencias que las mismas ostentan.

3. A fin de equiparar lo establecido en los apartados anteriores respecto a la Diputación Foral de Alava, para las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa se establecerán los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».