Sumario

O.M. 29 junio 2001, derogada por R.D. 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia («B.O.E.» 15 marzo), el 16 de marzo de 2002.

Los espectáculos taurinos, regulados por la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materias de espectáculos taurinos, desarrollada mediante el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, clasifica los espectáculos taurinos y regula el desarrollo de la lidia, previendo el descabellamiento de la res o el apuntillamiento de la misma antes de su arrastre o tras su devolución a los corrales.

Estas prácticas, previas a la muerte del animal, han sido objeto de informes científicos recientemente, en los que se indica que las mismas pueden constituir un riesgo de diseminación de material nervioso, a través del sistema vascular, dado el corte que se produce a nivel del bulbo raquídeo por el empleo de instrumentos tales como el descabello y la puntilla, instrumento, este último, prohibido para el sacrificio normal en los mataderos, pero autorizado en estos espectáculos tradicionales.

Considerando que durante la actual temporada taurina no se han comercializado los animales muertos en espectáculos taurinos, hay que asegurar, mediante medidas específicas apropiadas, que sigan sin comercializarse hasta la obtención de evidencias de la seguridad sanitaria de estas carnes.

En base a lo dispuesto en los artículos 24, 25.2 y 26.1 de la Ley 25/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, debe ordenarse la prohibición de la comercialización de las carnes procedentes de reses lidiadas en espectáculos taurinos, con carácter preventivo y transitorio, en tanto en cuanto se profundiza en estudios que aseguren la ausencia de riesgo por contaminación con materiales especificados de riesgo, todo ello debido a la existencia de casos de encefalopatía espongiforme bovina en la cabaña ganadera española.

Por tanto, esta disposición, que será revisable a la luz de los nuevos conocimientos científicos disponibles, se adopta conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.

En su virtud, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 24, 25.2 y 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispongo: