Sumario

El artículo 100 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en la redacción dada por el artículo 77.tres de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece, en el párrafo segundo de su apartado 1, que los precios correspondientes a la distribución y dispensación de las especialidades farmacéuticas que se dispensen en territorio nacional son fijados por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por grupos o sectores, tomando en consideración criterios o valores de carácter técnico-económico y sanitario. A su vez, el apartado 2 del artículo 104 del mismo texto legal dispone que corresponde al Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la revisión de los precios correspondientes a la distribución y dispensación de los medicamentos.

Por otra parte, el Real Decreto Ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos, adoptó una serie de medidas orientadas a los fines señalados en su título, entre ellas, la revisión de los márgenes correspondientes a las oficinas de farmacia. A tales efectos, el artículo 3 del citado real decreto ley dispuso la incorporación al Real Decreto 165/1997, de 7 de febrero, por el que se establecen los márgenes correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano, de una nueva disposición adicional que establece una escala de deducciones que debe aplicarse a cada oficina de farmacia en función de su facturación mensual referida a las recetas de especialidades farmacéuticas dispensadas con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.

La experiencia acumulada en la aplicación del citado precepto aconseja modificar dicha disposición adicional del Real Decreto 165/1997, de 7 de febrero. Habida cuenta de que el propio artículo 3 del Real Decreto Ley 5/2000, de 23 de junio, prevé que sus modificaciones puedan efectuarse reglamentariamente con arreglo a la normativa específica de aplicación, se procede, mediante este real decreto, a efectuar en la normativa señalada los ajustes necesarios.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, y en desarrollo y aplicación de lo dispuesto en los artículos 2.1, 100.1, párrafo segundo, y 104.2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de 2003,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES