Sumario

Ley 55/1999, 29 diciembre, rectificada por Correcci�n de erratas (�B.O.E.� 3 marzo 2000).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2000 establece un conjunto de objetivos de pol�tica econ�mica cuya consecuci�n exige, como en a�os anteriores, la simult�nea aprobaci�n de diversas medidas normativas que permitan la ejecuci�n del programa econ�mico del Gobierno en los distintos �mbitos a los que se extiende su actividad. Este es el fin perseguido por la presente Ley, a lo largo de cuyo articulado se recoge una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, sociales, de personal al servicio de las Administraciones p�blicas, de gesti�n y organizaci�n administrativa, y de acci�n administrativa en diferentes campos: exterior, seguros, infraestructuras, transportes, comunicaciones, urbanismo, educaci�n, cultura, agricultura, sanidad y medio ambiente.

II

Entre las disposiciones que deben contenerse en esta Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se encuentran las normas tributarias que no cuentan con habilitaci�n legislativa para su modificaci�n presupuestaria; por ello, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, el t�tulo de la Ley alude expresamente a las normas tributarias: �Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social� para el a�o 2000.

Las disposiciones tributarias contenidas en esta Ley vienen exigidas, en general, por tres circunstancias.

En primer lugar, por imperativo legal, es decir, cuando se debe aplicar desde el 1 de enero del a�o 2000 normativa anterior ya prevista en leyes anteriores o por otras exigencias legales. Tal circunstancia sucede con las modificaciones incorporadas en la legislaci�n del Impuesto sobre el Valor A�adido para hacer efectiva la supresi�n, desde el 1 de enero del a�o 2000, del r�gimen especial del comercio minorista de determinaci�n proporcional de bases imponibles y su incidencia en otros reg�menes especiales del impuesto; con la introducci�n, obligada por el derecho comunitario, cuyo rango superior al derecho nacional es de todo punto reconocido, del llamado r�gimen fiscal especial del oro de inversi�n, cuya entrada en vigor ha de producirse a partir del d�a 1 de enero del a�o 2000; y con las modificaciones incorporadas en el Impuesto General Indirecto Canario, para mantener la coordinaci�n indispensable con el Impuesto sobre el Valor A�adido, ya que los dos impuestos tienen la misma naturaleza y responden a contenidos similares.

En segundo lugar, por razones de tipo t�cnico, derivadas de la experiencia que la aplicaci�n de las normas tributarias por la Administraci�n y los contribuyentes produce, as� como por el impacto que la jurisprudencia y la doctrina van generando en la normativa tributaria.

Y, finalmente, para incentivar determinadas actuaciones por parte del Gobierno. Entre �stas cabe destacar, por su importancia, la nueva configuraci�n de la deducci�n por actividades de investigaci�n cient�fica e innovaci�n tecnol�gica en el Impuesto sobre Sociedades. Mediante esta reforma se mejoran los incentivos actualmente existentes y se proponen otros nuevos para, de este modo, fomentar el desarrollo cient�fico y tecnol�gico, favorecer la competitividad de las empresas espa�olas y promover, en definitiva, el progreso econ�mico de nuestro pa�s.

Por �ltimo, desde la perspectiva fiscal, tambi�n se han de destacar la regulaci�n de los �unit linked� y la ampliaci�n de la deducci�n por inversi�n en vivienda habitual correspondiente a las personas con minusval�a.

III

El T�tulo II de la Ley tiene por objeto el establecimiento de medidas relacionadas con el orden social.

En materia de relaciones laborales, se introducen modificaciones en la regulaci�n del contrato de trabajo fijo-discontinuo, permitiendo que los convenios colectivos sectoriales establezcan, cuando la actividad estacional del sector lo justifique, l�mites de jornada superiores al general; y se flexibilizan los requisitos que deben contener los contratos para este tipo de trabajos cuando tengan inicio y duraci�n incierta. Por otra parte, se estipula que el enrole de personal extracomunitario en buques espa�oles dedicados al cabotaje insular inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras tendr� la consideraci�n de permiso de trabajo, siempre que sus condiciones laborales y de Seguridad Social coincidan con las exigidas legalmente para los trabajadores espa�oles, a fin de asegurar unas condiciones m�nimas de tripulaci�n similares para todos los buques comunitarios que realicen el cabotaje insular.

Una medida importante es la autorizaci�n al Gobierno para la regulaci�n reglamentaria de la relaci�n laboral especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y su marco de protecci�n de Seguridad Social, previendo que a las correspondientes cotizaciones se apliquen las bonificaciones para trabajadores con dificultades de inserci�n laboral o las que espec�ficamente se fijen. Tambi�n se habilita al Gobierno para regular la protecci�n de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Se modifican diversos preceptos de la Ley General de la Seguridad Social. Se introduce la previsi�n de que el tipo de inter�s aplicable en los aplazamientos de deudas solicitados dentro del plazo reglamentario de ingreso se ir� modificando en funci�n de las eventuales variaciones del inter�s legal del dinero que se produzcan durante la vigencia del aplazamiento. Se regulan las condiciones de la presentaci�n de las liquidaciones y de los documentos de cotizaci�n por los medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos que reglamentariamente se determinen, as� como las consecuencias de dicha presentaci�n, incluso a efectos de compensaci�n de cr�ditos y deudas frente a la Seguridad Social. Se prev� la aplicaci�n del procedimiento de recaudaci�n ejecutiva por la Tesorer�a General de la Seguridad Social respecto de determinados recursos econ�micos, considerados de derecho p�blico, de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: ingresos generados por dispensaci�n de asistencia sanitaria a colectivos ajenos a su �mbito de gesti�n, y por aplicaci�n de la responsabilidad mancomunada asumida en el desarrollo de la colaboraci�n en la gesti�n de la Seguridad Social. Por otra parte, se introduce una remisi�n expresa, en cuanto a la formaci�n y rendici�n de cuentas de las Entidades del sistema de la Seguridad Social, a lo establecido en la Ley General Presupuestaria, igualmente modificada en lo tocante a esta materia en la presente Ley.

Se establece, como excepci�n a las reglas generales de encuadramiento de los trabajadores y administradores de sociedades mercantiles, la derivada de que la actividad de dichas sociedades sea mar�timo-pesquera, en cuyo caso los citados trabajadores y administradores se encuadrar�n en el R�gimen Especial de Trabajadores del Mar. Las pensiones de invalidez no contributivas pasan a denominarse pensiones de jubilaci�n a partir del momento en que el perceptor cumpla sesenta y cinco a�os, al igual que ocurre con las pensiones contributivas. Se ampl�an las posibilidades de aplicaci�n de los ingresos derivados de contratos o convenios de colaboraci�n celebrados por el INSALUD para fines de investigaci�n, de tal forma que puedan extenderse incluso a gastos de personal. Y, finalmente, se prev� expresamente que los trabajadores dedicados a la manipulaci�n, empaquetado, envasado y comercializaci�n del pl�tano quedar�n incluidos en el R�gimen General de la Seguridad Social, y no en el R�gimen Especial Agrario, terminando con las dudas interpretativas suscitadas a este respecto.

Asimismo, se atribuye a los enfermeros subinspectores del INSALUD la consideraci�n de agentes de la autoridad en el desempe�o de sus funciones de apoyo a los inspectores m�dicos y farmac�uticos, a fin de profundizar en las medidas de lucha contra el fraude.

Se modifica el plazo de prescripci�n de la obligaci�n de reintegro a la Seguridad Social de las prestaciones indebidamente percibidas, que se reduce de cinco a cuatro a�os, a fin de equipararlo al plazo aplicable en esta misma materia en el ordenamiento tributario.

En lo referente a los Reg�menes especiales de Seguridad Social, se introducen diversas modificaciones relevantes. Se modifica el texto refundido del R�gimen especial Agrario, para establecer con car�cter permanente, en una norma sustantiva fuera de las leyes anuales de Presupuestos, la regulaci�n de la cotizaci�n por jornadas reales. Se extiende a los m�dicos del Instituto Social de la Marina la facultad para expedir altas m�dicas en los procesos de incapacidad temporal, respecto de trabajadores del R�gimen especial de Trabajadores del Mar, a los solos efectos de las prestaciones econ�micas de la Seguridad Social, en iguales t�rminos que los m�dicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por �ltimo, se otorga un plazo que culmina el 30 de abril del a�o 2000 para que los catedr�ticos y profesores de universidad que desempe�an plazas vinculadas con las instituciones sanitarias de la Seguridad Social puedan optar por el R�gimen general o por el R�gimen especial de Funcionarios Civiles del Estado, quedando encuadrados en este �ltimo, en caso de falta de opci�n dentro de dicho plazo; de forma que se clarifique definitivamente el R�gimen de Seguridad Social aplicable a este colectivo.

Se introduce la regulaci�n relativa al Programa de fomento del empleo para el a�o 2000, estableciendo una serie de importantes bonificaciones a la contrataci�n. En esta materia destacan la desaparici�n de las bonificaciones a la conversi�n en indefinidos de determinadas modalidades de contratos temporales; la reducci�n de las bonificaciones para j�venes; el incremento de las bonificaciones para mujeres, parados de larga duraci�n, mayores de 45 a�os, desempleados procedentes del subsidio agrario, o cuando el que contrata es un aut�nomo que no ten�a asalariados; y la introducci�n de un programa nuevo para personas en situaci�n de exclusi�n social.

IV

El T�tulo III de la Ley contiene diversas medidas que afectan al personal al servicio de las Administraciones p�blicas.

En materia de creaci�n, integraciones y modificaciones de Cuerpos y Escalas, cabe apuntar las siguientes novedades. Se crean las Escalas de T�cnicos Facultativos, T�cnicos Especialistas y Auxiliares de Laboratorio en el Instituto de Toxicolog�a, en desarrollo de las previsiones de la Ley Org�nica del Poder Judicial, y dentro del marco del programa de reforma y racionalizaci�n del mencionado Instituto. Se prev� la integraci�n de los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de Intervenci�n de Puertos Francos de Canarias, que se declara a extinguir, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidad de Investigaci�n, previa superaci�n de los oportunos procesos selectivos.

La Escala de Conductores y Transmisiones de la Jefatura Central de Tr�fico, actualmente adscrita al grupo E, pasa a clasificarse en el grupo D, de acuerdo con la titulaci�n exigida para el ingreso en ella; y la Escala T�cnica de la citada Jefatura pasa a llamarse Escala Superior de T�cnicos de Tr�fico, denominaci�n que responde mejor a la titulaci�n requerida para acceder a ella y a las funciones que desarrolla. Se integra en el Cuerpo de Profesores de M�sica y Artes Esc�nicas el personal docente funcionario que presta servicios en los conservatorios de m�sica integrados en la red de centros de la Comunidad Aut�noma de La Rioja. Y, por �ltimo, se modifica la denominaci�n de la Escala de Delineantes de segunda de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir, que pasa a llamarse Escala de Delineantes de segunda de Organismos aut�nomos del Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con la adscripci�n org�nica con la que prestan sus servicios.

En cuanto al r�gimen jur�dico general aplicable a los funcionarios p�blicos, se reforma la Ley 17/1993, sobre acceso a la funci�n p�blica de nacionales comunitarios, para asegurar el principio de igualdad entre aqu�llos y los espa�oles, salvo respecto de los puestos que impliquen la participaci�n en el ejercicio del poder p�blico y se trate de funciones que tengan por objeto salvaguardar los intereses del Estado o las Administraciones p�blicas. En tales casos deber� establecerse expresamente por el Gobierno o por los �rganos auton�micos o locales competentes la exclusi�n del acceso de nacionales de otros Estados comunitarios a los Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o puestos de que se trate.

Se establece la posibilidad de que los funcionarios de instituciones penitenciarias que ocupen puestos en el �rea de vigilancia y custodia interior pasen a desempe�ar otras funciones m�s adecuadas a su edad, una vez cumplidos los cincuenta y siete a�os.

Se extiende la posibilidad de que la Administraci�n General del Estado y sus Organismos p�blicos concierten seguros de accidentes y enfermedad para el personal desplazado al exterior, introducida por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, admiti�ndola con car�cter general y con independencia de que el personal est� cubierto o no por el sistema de la Seguridad Social, de tal forma que se mejore la protecci�n del mismo en sus desplazamientos a ciertos pa�ses extranjeros.

Finalmente, se modifica la Ley de Clases Pasivas del Estado para aclarar que el hecho causante de las pensiones extraordinarias por incapacidad de los funcionarios es en todo caso la jubilaci�n o retiro de dicho personal, y no el momento en que se produjo el accidente, terminando con ciertas dudas interpretativas suscitadas.

V

El T�tulo IV de la Ley se dedica a la regulaci�n de las medidas de gesti�n y organizaci�n administrativa.

En materia de gesti�n financiera, en primer lugar, se modifica un conjunto de normas incluidas en la Ley General Presupuestaria. Se introduce la posibilidad de aplicar los cr�ditos del presupuesto vigente en el momento de expedir las �rdenes de pago, a las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales, de forma que se facilite y agilice el cumplimiento de estas obligaciones. Se modifican las normas aplicables a la emisi�n y colocaci�n de Deuda P�blica, a fin de flexibilizarlas y permitir al Tesoro la utilizaci�n de los instrumentos habituales en el mercado financiero, reduciendo el coste de la financiaci�n de la citada Deuda. Se introduce la definici�n de las fundaciones de competencia o titularidad p�blica estatal, a efectos de sometimiento a las normas sobre contabilidad p�blica, como aqu�llas en cuya dotaci�n participa mayoritariamente la Administraci�n General del Estado, sus Organismos aut�nomos o las dem�s entidades del sector p�blico estatal.

Se precisan las normas aplicables al procedimiento para la formaci�n de los Presupuestos del INSALUD y de la funci�n de servicios sociales del IMSERSO y para su integraci�n en los Presupuestos de la Seguridad Social y en los Presupuestos Generales del Estado. Se detalla el procedimiento de formaci�n de la cuenta del sistema de la Seguridad Social por parte de la Intervenci�n General de la Seguridad Social, que la remitir� al Tribunal de Cuentas en el mismo plazo establecido para la cuenta general del Estado. Por �ltimo, se flexibiliza la forma de libramiento a las Comunidades Aut�nomas de los cr�ditos que deben gestionar correspondientes al cuarto trimestre del a�o, previendo que se les har�n efectivos en la segunda quincena natural del tercer trimestre, cuando los programas hayan de justificarse ante la Uni�n Europea antes del 15 de octubre.

Por otra parte, se introduce el principio de responsabilidad financiera de las Administraciones p�blicas que gestionen los Fondos de la Uni�n Europea, de tal forma que aqu�llas asuman las responsabilidades derivadas de las decisiones de los �rganos comunitarios relativas a liquidaci�n de cuentas y aplicaci�n de disciplina presupuestaria. Se regula concretamente la forma en que se realizar�n las oportunas compensaciones financieras mediante la deducci�n de importes en futuros libramientos de fondos comunitarios.

Se establece que las obligaciones generadas por el IMSERSO en los ejercicios 1999 y anteriores en cr�ditos no financiados con aportaci�n del Estado, se satisfar�n con cargo a los recursos del sistema de la Seguridad Social.

Finalmente, se modifican varios art�culos de la Ley de Bases del R�gimen Local, relativos a las competencias de gesti�n econ�mica y contrataci�n de los alcaldes y de los presidentes de las Diputaciones provinciales, a fin de conciliar su redacci�n con la reciente reforma de la Ley de Haciendas Locales.

En lo tocante a la organizaci�n administrativa, se dispone que el r�gimen de intervenci�n y control financiero de las prestaciones, as� como el r�gimen de los conciertos para la prestaci�n de los servicios de asistencia sanitaria y farmac�utica por parte de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, de la Mutualidad General Judicial, y del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ser� el previsto en su legislaci�n espec�fica, aplic�ndose la Ley General Presupuestaria con car�cter supletorio. Se faculta a la F�brica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en colaboraci�n con la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos, para prestar servicios t�cnicos, administrativos y de seguridad respecto de las comunicaciones entre los �rganos judiciales y las partes de los procesos que puedan realizarse por medios electr�nicos, telem�ticos e inform�ticos, siempre en condiciones no discriminatorias respecto de otros proveedores de servicios de certificaci�n electr�nica.

Por �ltimo, se atribuye a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria la competencia para resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas del funcionamiento normal o anormal de sus servicios.

VI

El T�tulo V de la Ley contiene previsiones relativas a diversos aspectos de la acci�n administrativa sectorial.

En primer lugar, y en cuanto a la acci�n administrativa en el exterior, se prev� la posibilidad de atender con recursos del Fondo de Ayuda al Desarrollo a los gastos de identificaci�n y definici�n de proyectos susceptibles de financiarse con cargo al citado Fondo.

En materia de seguros, se modifica el art�culo 22 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci�n en seguros privados, para delimitar de forma m�s precisa las incompatibilidades para el ejercicio de la actividad de mediador en seguros privados.

En lo relativo a la acci�n administrativa en materia de comercio, se modifica la Ley de Ordenaci�n del comercio minorista, reduciendo el plazo dentro del cual los distribuidores han de hacer llegar las facturas a los comerciantes, fij�ndolo en treinta d�as desde la recepci�n de las mercanc�as; y se faculta al Gobierno para limitar los aplazamientos de pago de productos perecederos y para fijar los umbrales a partir de los cuales el pago ha de instrumentarse en documento dotado de acci�n cambiaria.

En lo referente a las infraestructuras, se dispone que los titulares o concesionarios de aeropuertos, puertos, estaciones, zonas y dep�sitos francos habr�n de facilitar los locales precisos para la instalaci�n de los servicios aduaneros y de inspecci�n de comercio exterior que en cada caso correspondan.

Por otra parte, destaca por su importancia la modificaci�n de la Ley 8/1972, sobre construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de autopistas en r�gimen de concesi�n, encaminada a permitir que puedan ser objeto de concesi�n la conservaci�n y explotaci�n de tramos de autopistas ya construidos, y a que las sociedades concesionarias de autopistas puedan extender su objeto social a la construcci�n de obras de infraestructuras viarias distintas a las que hayan sido objeto de concesi�n pero con incidencia en las mismas y ubicadas dentro de su �rea de influencia. Igualmente relevante es la introducci�n de la figura del contrato de servicios de gesti�n de autov�as, por el que se adjudica al contratista la ejecuci�n de actuaciones para mantener dichas infraestructuras en condiciones �ptimas de vialidad, por un plazo de hasta veinte a�os, pudiendo extenderse su objeto a las actividades de conservaci�n, adecuaci�n, reforma, modernizaci�n inicial, reposici�n y gran reparaci�n de la autov�a; todo ello con la finalidad de resolver el pro blema de la inadecuaci�n de las autov�as de primera generaci�n a los actuales y m�s exigentes criterios de seguridad vial.

En materia de transportes, y como en ejercicios anteriores, se autoriza al Gobierno para modificar durante el a�o 2000 la cuant�a de las subvenciones al transporte a�reo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, o sustituirlas por otro sistema de compensaci�n sin merma de la ayuda ni de la calidad del servicio; y se simplifican los requisitos documentales exigidos para acreditar la condici�n de residente, a efectos de obtener las bonificaciones en las tarifas de transporte a�reo y mar�timo.

Se reforman diversos preceptos de la Ley de Navegaci�n A�rea de 1960. Se introduce la posibilidad de que las pruebas previas al otorgamiento del certificado de aeronavegabilidad se realicen por entidades colaboradoras, cuando se trate de aeronaves ultraligeras motorizadas o de construcci�n por aficionados. Se except�a de la exigencia de plan de vuelo a ciertos vuelos interiores en los que se sigan reglas de vuelo visual y lo permitan las condiciones de la circulaci�n a�rea. Y se permite exceptuar reglamentariamente de la inscripci�n en el Registro de Aeronaves y de la obtenci�n del certificado de aeronavegabilidad a determinadas aeronaves de usos limitados. Por otra parte, se flexibilizan las normas reguladoras de la disciplina de tr�fico a�reo en materia de ruido, facultando a los aeropuertos para establecer procedimientos espec�ficos de acuerdo con sus peculiaridades, introduciendo nuevas infracciones leves e incorporando previsiones relativas a los aviones de reacci�n subs�nicos derivadas de la transposici�n de la Directiva 98/20.

Se modifica la Ley de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres para unificar en los �rganos competentes en materia de transporte las facultades sancionadoras relativas a tac�grafos y tiempos de conducci�n, eliminando la actual divisi�n de estas facultades entre dichos �rganos y los competentes en materia de tr�fico.

En lo referente a las comunicaciones, se reforma la disposici�n derogatoria de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones, a fin de extender la libre competencia a los servicios de valor a�adido de telecomunicaciones prestados a trav�s de servicios difusores; se introduce una modificaci�n puntual en el art�culo 21 de la Ley 10/1988, de Televisi�n Privada, para aclarar que el Ministerio de Fomento ha de pronunciarse expresamente para aceptar o rechazar las adquisiciones de participaciones significativas en el capital de las sociedades concesionarias, en el plazo de tres meses desde la entrada de la preceptiva comunicaci�n en el citado Departamento.

Como medida relevante en materia urban�stica, se introduce en la Ley 6/1998, sobre R�gimen del suelo y valoraciones, la previsi�n expresa de que las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercer�n sus potestades normativas reglamentarias en el marco de la legislaci�n aplicable, si bien la aprobaci�n definitiva de sus planes generales de ordenaci�n urbana corresponder� al Ministerio de Fomento; as� como la de que la aprobaci�n definitiva de sus planes parciales requerir� previo informe preceptivo y vinculante del mismo Departamento.

En materia educativa, se flexibilizan los requisitos exigidos para el acceso a ciclos formativos de formaci�n profesional de grado superior de quienes se encuentren en posesi�n del t�tulo de t�cnico.

Como medida relevante en materia cultural, se acuerda la pr�rroga durante el a�o 2000 del actual sistema de ayudas para la amortizaci�n a los productores de pel�culas de largometraje, hasta que se modifique dicho sistema.

Respecto de la acci�n administrativa en materia de energ�a, se crea una Vicepresidencia en la Comisi�n Nacional de Energ�a, cuyo titular ser� designado por el Gobierno, de entre los vocales del �rgano, con las funciones que reglamentariamente se determinen.

En lo que se refiere a la agricultura, se faculta al Gobierno para modificar las cuant�as establecidas en el art�culo 131 del Estatuto de la Vi�a, el Vino y los Alcoholes para la determinaci�n de las competencias de los �rganos correspondientes; y se extiende la posibilidad de acceder a las ayudas para el acceso a la propiedad previstas en la Ley 1/1992, de Arrendamientos R�sticos Hist�ricos, y desarrolladas por el Real Decreto 1147/1992, de 25 de septiembre, a los arrendatarios que hayan ejercitado su derecho a acceder a la propiedad antes del 31 de diciembre de 1997 y obtengan sentencia firme a su favor o lleguen a un acuerdo con los propietarios de las fincas que ponga fin a los litigios.

En materia de sanidad, se atribuye a las Comunidades Aut�nomas la competencia para autorizar establecimientos dedicados a la fabricaci�n de productos sanitarios a medida, acabando con la actual duplicidad competencial Estado-Comunidades Aut�nomas. Se ampl�an las competencias de la Comisi�n Interministerial de Precios de los Medicamentos, facultando a este �rgano para realizar revisiones coyunturales de los precios de las especialidades farmac�uticas por motivos sociosanitarios, t�cnicos, empresariales o presupuestarios. Y se concede un nuevo plazo de tres meses para la presentaci�n de solicitudes de otorgamiento de las ayudas sociales previstas en el Real Decreto-ley 9/1993, por parte de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana por actuaciones realizadas en el sistema sanitario p�blico.

Finalmente, en el �mbito de la acci�n administrativa medioambiental, se introducen diversas modificaciones en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre derecho de acceso a la informaci�n en materia de medio ambiente, incluyendo las diligencias judiciales o administrativas sancionadoras preliminares entre los supuestos en que no debe facilitarse la informaci�n, suprimiendo el silencio negativo, estableciendo el r�gimen de recursos en v�a administrativa e introduciendo la posibilidad de exigencia de abono de tasas, para conciliar la norma con las exigencias del derecho comunitario.

VII

Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones que, por razones de t�cnica legislativa, no se consideran susceptibles de inclusi�n en los T�tulos anteriormente aludidos.

Se delega en el Gobierno la aprobaci�n, en el plazo de nueve meses, de un texto refundido de la Ley sobre Infracciones y sanciones en el orden social; y se prorroga por un plazo de seis meses la delegaci�n legislativa concedida al Gobierno en la Ley 50/1998, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, para la elaboraci�n de textos refundidos de las leyes de los Reg�menes especiales de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios de la Administraci�n de Justicia.

Se establece el r�gimen jur�dico aplicable a la Organizaci�n Internacional de Comisiones de Valores, con motivo del establecimiento de la sede de su Secretar�a General en Madrid, reconoci�ndole la condici�n de asociaci�n de utilidad p�blica, otorg�ndole la inviolabilidad de sus locales y documentos y fijando su r�gimen especial en materia fiscal y de Seguridad Social.

Se establece que la ONCE precisar� acuerdo del Consejo de Ministros para la concesi�n de autorizaciones relativas al r�gimen de sorteos del cup�n pro ciegos y de otras modalidades de juego definidas en su Acuerdo General con el Gobierno de la Naci�n.

Se prev� la aplicaci�n de la disposici�n transitoria tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a los arrendamientos de local de negocio para oficina de farmacia, de forma que �stos se regir�n por las mismas normas transitorias aplicables a los locales de negocio en general.

Por raz�n de inter�s general e incremento de la libre competencia, y con la finalidad de modernizar y dar mayor eficiencia al sistema de fe p�blica, mejorando la atenci�n al ciudadano, se lleva a cabo la fusi�n de los Cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio Colegiados que ejercen la fe p�blica extrarregistral, de acuerdo con los respectivos Colegios y Corporaciones, en un Cuerpo �nico de Notarios.