Sumario

El artículo 77 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica los apartados 1 y 3 del artículo 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La nueva redacción del apartado 1 de dicho artículo 29 establece la posibilidad de crear Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, atendiendo a las especiales circunstancias que concurran en ellas, tales como población, volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales y económicas.

Madrid, comunidad autónoma que alberga la capitalidad del Estado, tiene una serie de características singulares que la diferencian de otras comunidades autónomas uniprovinciales y que, en la actualidad, hacen aconsejable reforzar la estructura de la Administración periférica del Estado en ella, mediante la creación de una Subdelegación del Gobierno.

La realidad de la Comunidad de Madrid viene reclamando insistentemente una organización administrativa más capaz de atender de manera adecuada el gran volumen de asuntos que, en muy diversas materias y desde la perspectiva de las competencias del Estado, se generan. El objetivo buscado es, por lo tanto, realizar una reforma administrativa para una mejor atención a las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Por este real decreto se crea una Subdelegación del Gobierno en la provincia de Madrid, con referencia a sus competencias y estructura. El nombramiento del Subdelegado del Gobierno en Madrid se hará de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y le será de aplicación lo establecido por el Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado, y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno.

En su virtud, en uso de la autorización otorgada al Consejo de Ministros por la disposición final primera de la citada ley, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas y del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de abril de 2003,

DISPONGO: