Sumario

Ley 6/1997, 14 abril, derogada por la letra c) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico (獴.O.E.� 2 octubre), el 2 de octubre de 2016.

Exposici髇 de Motivos

I.

La Constituci髇 de 1978 ha supuesto una profunda alteraci髇 del sistema de fuentes del Derecho p鷅lico de manera que la actividad y la estructura de la Administraci髇 General del Estado se encuentran vinculadas por el marco constitucional.

El precepto fundamental que dedica nuestra vigente Constituci髇 a la Administraci髇 General del Estado es el art韈ulo 103 en el que se recogen los principios b醩icos que deben presidir la actividad de la Administraci髇 estatal, a saber: servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarqu韆, descentralizaci髇, desconcentraci髇 y coordinaci髇.

Junto a estos principios, que es conveniente y necesario desarrollar legalmente, no se puede olvidar que la dispersi髇 normativa que hoy caracteriza el r間imen jur韉ico de la Administraci髇 General del Estado constituye tambi閚 una circunstancia que el legislador debe ponderar en orden a regular, en una sola Ley, el r間imen, la organizaci髇 y los criterios de funcionamiento del aparato administrativo estatal. De ah� que ahora, la presente Ley se refiera tambi閚 a los organismos aut髇omos y entes p鷅licos de contenido econ髆ico, en un esfuerzo de simplificaci髇 de la normativa reguladora de la Administraci髇 General del Estado.

II.

El modelo de Estado social y democr醫ico de Derecho a que se refiere la Constituci髇 espa駉la tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administraci髇 p鷅lica en general y, por tanto, sobre la Administraci髇 General del Estado en particular. En primer lugar, porque el art韈ulo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no s髄o el principio de legalidad de la actuaci髇 administrativa, sino tambi閚 su car醕ter instrumental al servicio de los intereses generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, deben definirse a trav閟 de una acci髇 combinada con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los leg韙imos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de participaci髇. Adem醩, el art韈ulo 9.2 de nuestra Norma Fundamental se馻la claramente que la Administraci髇 p鷅lica debe remover los obst醕ulos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el art韈ulo 10.1 de la Constituci髇 dispone solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden pol韙ico y la paz social. Por eso, la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 de sus diferentes modalidades de actuaci髇 debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio b醩ico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad.

III.

El servicio a los ciudadanos exige, adem醩, que la estructura y la planta de la Administraci髇 General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe reordenarse en funci髇 de los mismos, puesto que tienen el leg韙imo derecho a saber cu醠es son las competencias de cada Administraci髇 y a recibir servicios p鷅licos de calidad.

El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constituci髇, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no s髄o una garant韆 para los ciudadanos, sino un criterio de actuaci髇 general del aparato p鷅lico. Los titulares de los diferentes 髍ganos administrativos no son m醩 que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gesti髇 ante los ciudadanos.

IV.

Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es conveniente subrayar que tambi閚 vincula a la Administraci髇 General del Estado el principio de eficacia. En efecto, el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gesti髇 por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestaci髇 de los servicios p鷅licos.

V.

La dimensi髇 de las estructuras administrativas estatales debe reordenarse atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gesti髇. Por ello, teniendo en cuenta el principio de econom韆 en el gasto p鷅lico (art韈ulo 31.2 de la Constituci髇), resulta a todas luces perentorio simplificar y reducir sustancialmente la planta de la Administraci髇 General del Estado.

VI.

Por otra parte, la necesidad de acometer procesos de supresi髇 y simplificaci髇 administrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por la realidad del Estado auton髆ico. Tras m醩 de diecisiete a駉s de andadura constitucional nos encontramos con que todav韆 no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administraci髇 perif閞ica del Estado al modelo auton髆ico. Por ello, resulta conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administraci髇 鷑ica o com鷑 de forma que el protagonismo administrativo en el territorio auton髆ico lo tenga la administraci髇 auton髆ica, que tambi閚 podr� asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las t閏nicas del art韈ulo 150.2 de la Constituci髇. Esta adaptaci髇 de la actual Administraci髇 perif閞ica a las exigencias del Estado auton髆ico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los servicios que la Administraci髇 presta a los ciudadanos. De manera especial, y para hacer m醩 efectiva esta simplificaci髇 de la Administraci髇 perif閞ica del Estado, no se considera adecuada la actual existencia de la figura de los Gobernadores Civiles y, en consecuencia, esta Ley la suprime y crea la de los Subdelegados del Gobierno, que dependen org醤icamente de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut髇omas que, a la vez, son los responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De acuerdo con este perfil, los nuevos Subdelegados del Gobierno no tienen en la Ley la condici髇 de alto cargo.

Asimismo, debe considerarse, tambi閚, que la reducci髇 de la dimensi髇 de la Administraci髇 perif閞ica del Estado, adem醩, es uno de los objetivos de la Ley del proceso auton髆ico, de 14 de octubre de 1983, cuyo art韈ulo 22 dispone la reestructuraci髇 de la Administraci髇 General del Estado para adecuarse a la realidad competencial del Estado auton髆ico.

VII.

Los Ministros, miembros del Gobierno y titulares del m醲imo 髍gano de la Administraci髇 General del Estado, constituyen la pieza b醩ica de la Ley. Su condici髇 de responsables p鷅licos hace que la Ley les otorgue la capacidad de decisi髇 sobre la definici髇, ejecuci髇, control y evaluaci髇 de las pol韙icas sectoriales de su competencia, al tiempo que se distinguen de estas funciones, que son de naturaleza indelegable, las que se refieren al manejo de los medios, que pueden desconcentrarse o delegarse en otros 髍ganos superiores o directivos.

Las Secretar韆s de Estado, que tambi閚 son 髍ganos superiores de la Administraci髇, se caracterizan por ser sus titulares cargos p鷅licos que tienen encomendada esencialmente la funci髇 de transmisi髇 y seguimiento de las pol韙icas gubernamentales al seno de la Administraci髇.

Dependientes de los 髍ganos superiores se encuentran los Subsecretarios, los Secretarios generales, cuya existencia se prev� como excepcional, los Secretarios generales t閏nicos, los Directores generales y los Subdirectores generales.

VIII.

Como garant韆 de objetividad en el servicio a los intereses generales, la Ley consagra el principio de profesionalizaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios generales t閏nicos, en todo caso, y los Directores generales, con car醕ter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habr醤 de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulaci髇 superior. Adem醩, a los Subdirectores generales, 髍ganos en los que comienza el nivel directivo de la Administraci髇 General del Estado, tambi閚 la Ley les dispensa un tratamiento especial para subrayar su importancia en la estructura administrativa.

IX.

Con el objeto de ordenar la unidad de acci髇 de la Administraci髇 General del Estado en la Comunidad Aut髇oma, se integrar� en la Delegaci髇 del Gobierno toda la estructura perif閞ica del Estado que sea necesaria en funci髇 de los diferentes ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Aut髇omas.

X.

Asimismo, con el objeto de garantizar la unidad de acci髇 del Estado en el exterior, se incluye, por primera vez en una ley general, el tratamiento de la Administraci髇 General del Estado en el exterior y de los embajadores y representantes permanentes.

XI.

Por otra parte, resulta inaplazable racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la tradicionalmente denominada 獳dministraci髇 Institucional del Estado�. Se opta, en primer lugar por una denominaci髇 gen閞ica, 玂rganismos P鷅licos�, que agrupa todas las Entidades de Derecho p鷅lico dependientes o vinculadas a la Administraci髇 General del Estado.

Partiendo del concepto general, se distinguen despu閟 dos modelos b醩icos: Organismos aut髇omos y Entidades p鷅licas empresariales. Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al Derecho p鷅lico; en tanto que los segundos realizan actividades de prestaci髇 de servicios o producci髇 de bienes susceptibles de contraprestaci髇 econ髆ica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado les resulta aplicable el r間imen de Derecho p鷅lico en relaci髇 con el ejercicio de potestades p鷅licas y con determinados aspectos de su funcionamiento.

XII.

Por 鷏timo, la presente Ley trata de precisar, s髄o para el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y sus Organismos p鷅licos, algunas cuestiones que la Ley de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 no hab韆 podido resolver por las limitaciones propias de 閟ta.

El car醕ter de norma b醩ica de la Ley citada en cuanto al r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas, y su objetivo de regular un procedimiento com鷑, conforme a los mandatos del art韈ulo 149.1.1 8.� de la Constituci髇, obligaban a que muchos aspectos de su regulaci髇 debieran ser precisados normativamente para cada Administraci髇 p鷅lica atendiendo a sus peculiaridades organizativas y funcionales. Por ello, debe ser en la Ley destinada a regular la organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado y sus Organismos p鷅licos donde aquellas precisiones encuentren su ubicaci髇 id髇ea.