Sumario

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece en su artículo 23, que la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados que impartan enseñanzas tanto de régimen general como de régimen especial, se someterán al principio de autorización administrativa. Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, prevé en su artículo 11 que el Gobierno establecerá los requisitos básicos que deberán cumplir los centros integrados de formación profesional y que su creación, autorización, homologación y gestión corresponderá a las Administraciones en sus respectivos ámbitos competenciales. Este requisito de autorización previa está amparado por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, toda vez que en su mantenimiento concurren las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, no ha afectado la modificación de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, ni de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

Lo establecido en la Ley 17/2009 afecta, sin embargo, a los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones que deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación. Se procede así a la modificación del Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de Formación toda vez que establece el requisito de doble autorización laboral y educativa exigida a los centros privados que quieran funcionar como centros integrados de la formación profesional, por lo que se ha procedido a integrar ambos procedimientos de autorización mediante la evacuación de un informe preceptivo y vinculante en el procedimiento de autorización administrativa.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia de Educación y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y el Ministerio de Política Territorial.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Educación y del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de mayo de 2010,

DISPONGO: