Art韈ulo 1 R間imen jur韉ico

La restituci髇 o compensaci髇 a los beneficiarios previstos en el art韈ulo 2, de los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos, incautados en aplicaci髇 del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley de 19 de febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943, as� como la compensaci髇 por la privaci髇 definitiva del uso y disfrute de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios o por la incautaci髇 de saldos en efectivo en cuentas y dep髎itos en entidades bancarias y financieras efectuadas en virtud de dichas normas, se realizar� de acuerdo con lo previsto en la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restituci髇 o Compensaci髇 a los Partidos Pol韙icos de bienes y derechos incautados en aplicaci髇 de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas del per韔do 1936-1939, en el presente Reglamento y disposiciones complementarias.

No proceder� la restituci髇 de bienes muebles, ni el abono, indemnizaci髇 o compensaci髇 alguna por los frutos y rentas dejados de percibir desde el momento de la incautaci髇, ni por los derechos de contenido patrimonial derivados de la p閞dida de derechos personales.

En ning鷑 caso proceder� restituci髇 ni compensaci髇 alguna por bienes o derechos por los que los beneficiarios previstos en el art韈ulo 2 del presente Reglamento, o las personas jur韉icas a ellos vinculadas, hubieran recibido ya cualquier tipo de compensaci髇 al amparo de cualquier otra normativa.

Art韈ulo 2 Beneficiarios

1. De conformidad con lo establecido en el art韈ulo 3 de la Ley 43/1998, y a efectos de este Reglamento, se consideran beneficiarios de la restituci髇 o compensaci髇 previstas en dicha Ley los partidos pol韙icos mencionados de forma gen閞ica o individualizada en el art韈ulo 2 de la Ley de 9 de febrero de 1939 que, con anterioridad al 6 de diciembre de 1978, hubieren solicitado formalmente su reconstituci髇 legal o en tal fecha hubiesen sido ya reconstituidos legalmente y siempre que su personalidad no se haya extinguido con anterioridad al 1 de diciembre de 1995, que lo ser醤:

• a) Respecto de los bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial sobre los mismos, saldos en efectivo y arrendamientos de los que fueron titulares o disfrutaron como arrendatarios y que les fueron incautados o de los que fueron privados en aplicaci髇 de la normativa a que se refiere el art韈ulo 1 del presente Reglamento.
• b) Respecto de los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos pertenecientes a personas jur韉icas vinculadas a ellos, cuando tales bienes y derechos les hubieran sido incautados en aplicaci髇 de la citada normativa y estuvieran afectos o destinados al ejercicio de actividades pol韙icas de los partidos pol韙icos beneficiarios en el momento de la incautaci髇.

2. A efectos del presente Reglamento, no tendr醤 la consideraci髇 de personas jur韉icas vinculadas a los partidos pol韙icos los sindicatos de trabajadores incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesi髇 del Patrimonio Sindical Acumulado.

Art韈ulo 3 Restituci髇 de bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial

1. El Estado restituir�, mediante el procedimiento previsto en el presente Reglamento y dem醩 disposiciones complementarias, y a los beneficiarios previstos en el art韈ulo 2, los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial sobre los mismos que, en aplicaci髇 del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley de 19 de febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943, hubieran sido incautados a los partidos pol韙icos a que se refiere el art韈ulo 2 o a personas jur韉icas a ellos vinculadas, siempre que, respecto de estas 鷏timas, se trate de bienes o derechos que en el momento de la incautaci髇 estuvieran afectos o destinados a actividades pol韙icas de aquellos.

2. La restituci髇 de bienes inmuebles o de derechos de contenido patrimonial sobre los mismos requerir� la acreditaci髇, por cualquier medio admitido en derecho, de la condici髇 de beneficiario, de acuerdo con el art韈ulo 2 del presente Reglamento, as� como de la incautaci髇 efectuada al amparo de la normativa citada en el art韈ulo 1 del presente Reglamento. Asimismo, ser� condici髇 imprescindible la plena identificaci髇 f韘ica y jur韉ica del bien, o la identificaci髇 jur韉ica del derecho solicitado, referidas tanto al momento de la incautaci髇, como al momento actual, as� como la constataci髇 de una sustancial identidad del bien o derecho incautados y el bien o derecho cuya restituci髇 se pretende, sin perjuicio de las mejoras de que haya podido ser objeto.

3. Cuando proceda la restituci髇 de los bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial sobre los mismos solicitados, y 閟tos hubieran experimentado alteraciones f韘icas mediante la incorporaci髇 de mejoras efectuadas mientras el mismo perteneci� al Estado por 閟te o por terceros, el beneficiario de la devoluci髇 vendr� obligado a abonar al Estado el valor de dichas mejoras.

En el supuesto de que los bienes hubiesen sido gravados por el Estado con cargas o grav醡enes de car醕ter real subsistentes en el momento de la restituci髇, independientemente del derecho de los beneficiarios a su restituci髇, proceder� el abono de una compensaci髇 pecuniaria por la reducci髇 de valor que dichas cargas impliquen.

Ser醤 de aplicaci髇 las normas de este Reglamento para el c醠culo y fijaci髇, con referencia a la entrada en vigor de la Ley 43/1998, de la compensaci髇 pecuniaria que corresponda al Estado por las mejoras incorporadas al bien objeto de restituci髇, as� como de la compensaci髇 que corresponda a los beneficiarios por la disminuci髇 del valor de los bienes o derechos objeto de restituci髇 derivada de las cargas o grav醡enes establecidos por el Estado, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 2 de la Ley 43/1998.

4. En ning鷑 caso ser醤 objeto de indemnizaci髇 los posibles da駉s o menoscabos en los bienes y derechos objeto de restituci髇 producidos durante el per韔do transcurrido entre la fecha de la incautaci髇 y de restituci髇.

Art韈ulo 4 Compensaci髇 pecuniaria

1. Si, habi閚dose acreditado la condici髇 de beneficiario, as� como la incautaci髇 al amparo de la normativa citada, los bienes o derechos a que se refiere el art韈ulo anterior no pudieran ser devueltos total o parcialmente por alguna de las causas se馻ladas a continuaci髇, el Estado compensar� pecuniariamente su valor, cuya determinaci髇, con referencia a la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998, se realizar� de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 11 del presente Reglamento.

2. Son causas determinantes de la compensaci髇 pecuniaria por los bienes inmuebles o derechos patrimoniales sobre los mismos cuya restituci髇 se solicite:

• a) La destrucci髇 del bien incautado solicitado o sobre el que recae el derecho que se reclama, siempre que hayan quedado debidamente acreditadas la existencia, caracter韘ticas f韘icas y titularidad del bien o derecho en el momento de la incautaci髇.
• b) La imposibilidad de identificaci髇 f韘ica y jur韉ica suficiente en el momento actual del bien incautado solicitado o sobre el que recae el derecho reclamado, por haber sufrido transformaciones o modificaciones tales que impidan su correcta individualizaci髇, o impliquen una discrepancia entre la identidad del bien en el momento de su incautaci髇 y la del bien existente en el momento de entrada en vigor de la Ley, siempre que se haya acreditado debidamente la existencia, caracter韘ticas f韘icas y titularidad del bien o derecho en el momento de su incautaci髇.
• c) La pertenencia del bien o derecho solicitados a terceras personas distintas del Estado.

3. El Consejo de Ministros podr� optar entre la restituci髇 o la compensaci髇 pecuniaria del bien inmueble o derecho de contenido patrimonial sobre el mismo cuya restituci髇 se solicita, cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Que tenga car醕ter demanial.
• b) Que haya sido objeto de mejoras por el Estado que representen m醩 del 25 por 100 del valor total del bien o derecho.
• c) Cuando lo estime pertinente por razones de inter閟 general, debidamente motivadas, que aconsejen la conservaci髇 del bien o derecho bajo la titularidad del Estado.

4. En el supuesto de que procediendo una restituci髇 total del bien o derecho solicitado, 閟ta no pudiera efectuarse, por estar una parte del mismo afectada por alguna de las circunstancias previstas en este art韈ulo, se acordar� la restituci髇 parcial del mismo y la compensaci髇 pecuniaria que proceda, de acuerdo con el art韈ulo 11 del presente Reglamento, por la parte no restituida.

Art韈ulo 5 R間imen jur韉ico especial de los arrendamientos y saldos en efectivo

1. Ser醤 tambi閚 objeto de compensaci髇, de acuerdo con la disposici髇 adicional 鷑ica de la Ley 43/1998 y en los t閞minos previstos en el presente Reglamento y dem醩 disposiciones complementarias:

• a) La privaci髇 definitiva, fehacientemente acreditada, a los beneficiarios a que se refiere el art韈ulo 2, del uso y disfrute de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios, siempre que dicha privaci髇 sea consecuencia de la aplicaci髇 de la normativa a que se refiere el art韈ulo 1 de este Reglamento.
• b) La incautaci髇, fehacientemente acreditada, de saldos en efectivo en cuentas y dep髎itos en entidades bancarias y financieras legalmente autorizadas para operar como tales en el momento de la incautaci髇, de que fueran titulares los beneficiarios a que se refiere el art韈ulo 2 y que les fueran incautados en aplicaci髇 de la citada normativa.

2. En todo caso, el importe total m醲imo a abonar por beneficiario por los dos conceptos a que se refiere este art韈ulo ser� de 500.000.000 de pesetas (3.005.060,52191 euros).

Art韈ulo 6 Organos competentes y procedimiento

1. Corresponde a la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado la tramitaci髇 de las solicitudes de restituci髇 o compensaci髇 de bienes, derechos, arrendamientos y saldos a que se refiere este Reglamento, mediante la instrucci髇 de los oportunos expedientes seg鷑 el procedimiento establecido en el presente Reglamento y disposiciones complementarias.

2. Corresponde al Consejo de Ministros la resoluci髇 motivada de los procedimientos incoados, a propuesta de la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado, a trav閟 del Ministro de Econom韆 y Hacienda. Las resoluciones sobre compensaci髇 pecuniaria fijar醤 el valor de la misma.

3. El procedimiento establecido en el presente Reglamento se regir� por lo dispuesto en el mismo, en sus disposiciones complementarias y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 7 Iniciaci髇

1. Los derechos y acciones reconocidos en la Ley 43/1998 deber醤 ejercitarse en el plazo de un a駉, a contar a partir del d韆 siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento.

2. A tales efectos, se dirigir� a la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Econom韆 y Hacienda la correspondiente solicitud, en la que se describa detalladamente el bien inmueble, derecho, arrendamiento o saldo en efectivo cuya restituci髇 o compensaci髇 se solicite, acredit醤dose la condici髇 de beneficiario, as� como la titularidad que en el momento de la incautaci髇 ostentaba el partido pol韙ico o persona jur韉ica vinculada al mismo, la incautaci髇 por aplicaci髇 de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas y dem醩 circunstancias que, conocidas por el solicitante, 閟te considere de inter閟 para la resoluci髇 de su solicitud.

Art韈ulo 8 Documentaci髇

1. Las solicitudes ir醤 acompa馻das de los siguientes documentos:

• a) Los que acrediten la personalidad jur韉ica del beneficiario y la concurrencia de los requisitos establecidos en el art韈ulo 2 del presente Reglamento, as� como la representaci髇 o mandato que ostente quien act鷄 en nombre del beneficiario.
• b) Cuando proceda, los que acrediten la vinculaci髇 existente entre la persona jur韉ica titular en el momento de la incautaci髇 de los bienes o derechos que se reclaman y el partido pol韙ico solicitante.
• c) Certificaci髇 literal del Registro de la Propiedad de los asientos, si existieren, relativos al bien inmueble o derecho sobre el mismo cuya restituci髇 se solicita, desde la fecha de su incautaci髇 hasta la actualidad.
• d) Dem醩 documentos p鷅licos o privados que se posean, acreditativos de la adquisici髇, titularidad y condiciones f韘icas y jur韉icas del bien, o condiciones jur韉icas del derecho con anterioridad a la incautaci髇. No ser� necesaria la presentaci髇 de tales documentos cuando la certificaci髇 registral presentada acredite suficientemente dichos extremos, salvo que la petici髇 se refiera a datos o circunstancias sobre los que los Registros no puedan dar fe.
• e) Documentaci髇 acreditativa de la situaci髇 actual y condiciones f韘icas y jur韉icas del bien o derecho cuya restituci髇 se pretende, si existiere y fueran conocidas por el solicitante.
• f) Documentaci髇 acreditativa que, en su caso, se disponga de la incautaci髇 al amparo de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas de los bienes y derechos cuya restituci髇 o compensaci髇 se pretende.
• g) Documentaci髇 acreditativa de la condici髇 de arrendatario y de las condiciones del arrendamiento correspondiente en el momento de la incautaci髇, o cualquier otro instrumento probatorio, as� como de la privaci髇 de tal derecho al amparo de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas citada en el art韈ulo 1 del presente Reglamento, cuando se solicite la compensaci髇 por dicha privaci髇.
• h) Documentaci髇 acreditativa de la titularidad y de la incautaci髇, al amparo de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas citada en el art韈ulo 1 del presente Reglamento, de saldos en efectivo en cuentas y dep髎itos en entidades bancarias, cuando se pretenda su compensaci髇.
• i) Dem醩 documentos que el solicitante desee aportar por estimar convenientes para la acreditaci髇 de los extremos recogidos en su solicitud.

A estos efectos, el Estado facilitar� el acceso con preferencia y gratuidad a los fondos y archivos, as� como a los Registros p鷅licos donde pudiera hallarse la referida documentaci髇.

En todo caso, en defecto de los documentos a que se hace referencia en este apartado, se aceptar醤 como pruebas o medios acreditativos todos los admitidos en derecho.

2. Las actuaciones que deban solicitarse a notarios y registradores de la propiedad, y los documentos que deban ser expedidos por 閟tos al amparo de este Reglamento, estar醤 sujetos al mismo r間imen que el establecido para el Estado.

3. Los documentos mencionados en el n鷐ero anterior podr醤 ser aportados en original o copia aut閚tica. A estos efectos, y a instancia del solicitante, por el 髍gano instructor se proceder� al cotejo de las copias y devoluci髇 de los originales.

4. Asimismo, si el solicitante tuviese conocimiento de terceras personas que tengan inscrito a su favor o aleguen o ejerzan alg鷑 derecho sobre los bienes o derechos cuya restituci髇 se pretende, o bien, que puedan ser afectados por la resoluci髇 que recaiga, lo pondr醤 de manifiesto expresamente, identificando a dichas personas en cuanto sea posible.

5. Si la solicitud no reuniese los requisitos generales exigidos en el art韈ulo 70 de la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, se requerir� al interesado para que en el plazo de diez d韆s subsane la falta o acompa馿 los documentos preceptivos, con indicaci髇 de que, si no lo hiciera, se le tendr� por desistido en su petici髇, elev醤dose al Consejo de Ministros la correspondiente propuesta de resoluci髇 declarativa de dicha circunstancia. No obstante, este plazo podr� ser ampliado a petici髇 del interesado o iniciativa del 髍gano instructor, por un m醲imo de cinco d韆s, cuando la aportaci髇 de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Art韈ulo 9 Admisi髇 de solicitudes

Presentada la solicitud, la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado proceder� a su admisi髇, salvo que la misma se hubiera presentado fuera del plazo se馻lado en el art韈ulo 7 del presente Reglamento, en cuyo caso elevar� al Consejo de Ministros la correspondiente propuesta de inadmisi髇.

Art韈ulo 10 Instrucci髇

La Direcci髇 General del Patrimonio del Estado realizar� de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinaci髇, conocimiento y comprobaci髇 de los datos, hechos o circunstancias en virtud de los cuales deba pronunciarse la resoluci髇.

Art韈ulo 11 Informe t閏nico de valoraci髇

1. Las solicitudes formuladas al amparo del presente Reglamento ser醤 objeto de un informe t閏nico sobre los extremos que el 髍gano instructor considere necesarios para la formulaci髇 de la correspondiente propuesta de resoluci髇.

A estos efectos, el valor pecuniario del suelo urbano y urbanizable ser� el que resulte de la aplicaci髇 al aprovechamiento correspondiente el valor b醩ico de repercusi髇 recogido en las ponencias catastrales para el terreno de que se trate. En caso de que no existan o no sean aplicables los valores de las ponencias catastrales, por haber perdido vigencia o haberse modificado el planeamiento, el valor b醩ico de repercusi髇 se calcular� por el m閠odo residual.

El valor del suelo r鷖tico ser� el que resulte de los valores del catastro de r鷖tica, en funci髇 de los usos agr韈olas, ganaderos o forestales que tenga.

El valor pecuniario de las edificaciones se determinar� de acuerdo con la normativa catastral en funci髇 de su coste de reposici髇, corregido en atenci髇 a la antig黣dad y estado de conservaci髇 de las mismas.

El valor de los derechos de contenido patrimonial, cargas y grav醡enes ser� el que resulte de aplicar a los mismos las normas tributarias que ser韆n de aplicaci髇, si tales derechos, cargas o grav醡enes constituyeran un hecho imponible.

El valor de las mejoras se calcular� aplicando los anteriores criterios, en funci髇 de su naturaleza y, supletoriamente, atendiendo a los usuales criterios de valoraci髇 de las mismas.

2. Sin perjuicio de otros extremos, el informe t閏nico se pronunciar� sobre los siguientes supuestos:

• a) Respecto de aquellos bienes y derechos cuya restituci髇 proceda, con arreglo a la Ley 43/1998 y el presente Reglamento:
  • 1.� Si hubieren experimentado alteraciones f韘icas mediante la incorporaci髇 de mejoras desde su incautaci髇 hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998, se determinar� el valor pecuniario de 閟tas, con indicaci髇, en su caso, de si representan m醩 del 25 por 100 del valor total de los bienes o derechos cuya restituci髇 se pretende.
  • 2.� Si hubieren sido gravados por el Estado con cargas de car醕ter real que impliquen una disminuci髇 del valor de los mismos, se determinar� el valor pecuniario de 閟tas con referencia a la entrada en vigor de la Ley 43/1998.
• b) Respecto de aquellos bienes y derechos cuya restituci髇 no sea posible, por concurrir alguno de los supuestos previstos en la Ley 43/1998 y el art韈ulo 4 del presente Reglamento, y proceda su compensaci髇 pecuniaria, se determinar� su valor pecuniario seg鷑 los criterios fijados en el apartado 1 del presente art韈ulo, con referencia a la fecha de entrada en vigor de la Ley 43/1998. El c醠culo de dicho valor se efectuar� en funci髇 de las condiciones f韘icas y jur韉icas que tuviera el bien o las condiciones jur韉icas que tuviera el derecho en el momento de la incautaci髇, sin que en ning鷑 caso se tengan en cuenta, en la fijaci髇 del mismo, los incrementos de valor que respondan a mejoras espec韋icamente incorporadas por el Estado o terceras personas desde la incautaci髇 hasta el momento de entrada en vigor de la Ley 43/1998.
• c) En las solicitudes de compensaci髇 por privaci髇 de la condici髇 de arrendatario, se determinar� la cuant韆 que resulte de actualizar la renta anual seg鷑 el 韓dice de valor constante de la peseta por un per韔do m醲imo de diez a駉s, o el que tuviese el arrendamiento si fuese menor.
• d) En la solicitud de compensaci髇 por privaci髇 de saldos en efectivo en cuentas y dep髎itos en entidades bancarias y financieras, se fijar� el importe de esta compensaci髇 mediante la actualizaci髇 de la cuant韆 incautada seg鷑 el 韓dice de valor constante de la peseta.

El informe t閏nico a que se refiere este art韈ulo podr� ser elaborado por los servicios t閏nicos de an醠isis o valoraci髇 de inmuebles de la Administraci髇 General del Estado. En caso de que por el 髍gano instructor se estimase necesario, podr� contratar la realizaci髇 del informe con entidades privadas o p鷅licas con experiencia en el sector inmobiliario.

Art韈ulo 12 Informe de la Abogac韆 del Estado y de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado

Las propuestas de resoluci髇 de las solicitudes presentadas ser醤 informadas por la Abogac韆 del Estado en el Ministerio de Econom韆 y Hacienda y por la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

Art韈ulo 13 Suspensi髇 del procedimiento

En cualquier momento podr� el 髍gano instructor acordar la suspensi髇 del procedimiento si se suscita litigio alguno sobre cuestiones de derecho privado que condicionen la resoluci髇 del expediente, hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad o jurisdicci髇 competente para su resoluci髇, o cuando concurran cualquiera de las causas de suspensi髇 previstas en el art韈ulo 42.5 de la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 14 Finalizaci髇 del procedimiento

Pondr醤 fin al procedimiento la resoluci髇, el desistimiento, la caducidad y la renuncia al derecho, as� como la imposibilidad material de continuaci髇 del procedimiento por causas sobrevenidas.

Art韈ulo 15 Resoluci髇

1. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento deber� ser motivada y se ajustar� a lo establecido en el art韈ulo 89 de la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

2. La resoluci髇 expresa deber� ser notificada a los interesados en el plazo m醲imo de seis meses desde la recepci髇 de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, sin perjuicio de los supuestos de suspensi髇 y ampliaci髇 de plazos previstos en este Reglamento y en la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

3. Transcurrido el plazo establecido para la notificaci髇 de la resoluci髇 expresa sin que se hubiere dictado 閟ta, se entender� estimada la pretensi髇. No obstante, cuando las solicitudes se refieran a bienes o derechos de car醕ter demanial, la falta de resoluci髇 expresa en el plazo establecido tendr� efectos desestimatorios, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 43 de la Ley 30/1992, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 16 Aplazamiento de la restituci髇

Si se hubiera solicitado la restituci髇 de bienes o derechos afectados al dominio p鷅lico, el Gobierno, en la resoluci髇 que acuerde la restituci髇 o en un plazo no superior a tres meses de dicha resoluci髇, podr� acordar el aplazamiento de la restituci髇 por un plazo m醲imo de dos a駉s, previo informe al respecto de la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado, debi閚dose fijar en tal caso una indemnizaci髇 complementaria.

Dicha indemnizaci髇 se determinar� valorando el uso y disfrute de los bienes o derechos durante el plazo que se fije, de acuerdo con los criterios establecidos para supuestos de ocupaci髇 de bienes y derechos de terceros por parte de la Administraci髇 del Estado, y su devengo se producir� por per韔dos trimestrales, cesando la obligaci髇 de pago por los per韔dos no devengados si la Administraci髇 decide hacer efectiva la restituci髇 antes del plazo establecido.

Art韈ulo 17 Aplazamiento o fraccionamiento de la compensaci髇

En el supuesto de que se hubiese acordado una compensaci髇 pecuniaria a favor del beneficiario, o bien se establezca la obligaci髇 de los beneficiarios de pago de cantidades a favor del Estado, cuando el importe exceda de 1.000 millones de pesetas (6.010.121,04383 euros) en la misma resoluci髇 que ponga fin al procedimiento podr� acordarse un aplazamiento o fraccionamiento del pago, hasta un plazo m醲imo de cuatro a駉s, con el correspondiente devengo del inter閟 legal del dinero, sin que en ning鷑 caso el desembolso inicial pueda ser inferior al 50 por 100 de la cuant韆 fijada, pudiendo distribuirse el resto en las cuatro anualidades indicadas. Dicho fraccionamiento deber� fijarse, en el supuesto de pagos a efectuar por el Estado, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el art韈ulo 61.3 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

El inter閟 ser� liquidado y exigido anualmente con referencia a la deuda pendiente al final de cada ejercicio.

Art韈ulo 18 Ejecuci髇

La ejecuci髇 de las resoluciones se realizar� por la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado, a quien corresponder� efectuar las operaciones de regularizaci髇 jur韉ica correspondientes, as� como deslindes, segregaciones, inmatriculaciones y dem醩 operaciones de regularizaci髇 registral que procedan.

A estos efectos, la resoluci髇 que recaiga acordando la restituci髇 constituye t韙ulo suficiente para la inscripci髇 de bienes y derechos en el Registro de la Propiedad.

En el supuesto de que el bien o derecho patrimonial sobre el mismo que se restituya tenga car醕ter demanial, la resoluci髇 que recaiga acordando su restituci髇 llevar� impl韈ita su desafectaci髇 del dominio p鷅lico.

Art韈ulo 19 Recursos

Los acuerdos del Consejo de Ministros adoptados al amparo de la Ley y el presente Reglamento pondr醤 fin a la v韆 administrativa, pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposici髇 y, en su caso, recurso contencioso-administrativo.