Sumario

R.D.Ley 11/2010, 9 julio rectificado por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 17 julio). V閍se la Res. de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 11/2010, de 9 de julio, de 髍ganos de gobierno y otros aspectos del r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros (獴.O.E.� 28 julio). RDL 11/2010, de 9 de julio, derogado, excepto el t韙ulo III y el t韙ulo V en lo que se refiere al r間imen fiscal de los sistemas institucionales de protecci髇, y la disposici髇 transitoria sexta, conforme establece la letra b) de la disposici髇 derogatoria de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (獴.O.E.� 28 diciembre).

I

Las Cajas de Ahorros espa駉las cumplen con una funci髇 esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado social. Desde un punto de vista econ髆ico han sido a lo largo de nuestra historia motor del crecimiento impulsando el fomento del ahorro, la movilizaci髇 de recursos y la inclusi髇 financiera del conjunto de los ciudadanos. Asimismo se han configurado como un elemento determinante en el acceso al cr閐ito de familias y empresas. Por otra han actuado en beneficio del inter閟 general a trav閟 del cumplimiento de su funci髇 social. La dedicaci髇 de sus excedentes a la dotaci髇 de bienes y servicios sociales en los territorios en los que act鷄n resulta un complemento indispensable dentro de nuestro Estado de bienestar.

En cuanto a su regulaci髇, m醩 all� de las primeras normas aprobadas durante el siglo XIX, son los Estatutos de 1929 y, muy especialmente, el de 1933 y el 獶ecreto Largo Caballero� de ese mismo a駉, los que contribuyeron de manera m醩 clara a su actual definici髇 institucional y a su consolidaci髇 como entidades financieras de marcado car醕ter social. Pero es, sin duda, con la llegada de la democracia a Espa馻, cuando las cajas de ahorros ven m醩 reforzada su presencia y llevan a cabo transformaciones m醩 profundas. Tres momentos han sido clave en estos m醩 de treinta a駉s en lo que a las cajas de ahorros respecta.

En 1977 el primer gobierno democr醫ico emprendi� una reforma liberalizadora del sistema financiero que permiti� la equiparaci髇 funcional entre bancos y cajas, el aumento de la libertad operativa de 閟tas 鷏timas y la apertura del sistema financiero espa駉l al mercado internacional de capitales.

Un segundo momento clave fue la aprobaci髇 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci髇 de las normas b醩icas sobre 觬ganos Rectores de las Cajas de Ahorro, como necesaria respuesta a una nueva realidad pol韙ica y econ髆ica en nuestro pa韘. De un lado, era imprescindible la adaptaci髇 de la regulaci髇 de las cajas de ahorros a la nueva organizaci髇 territorial del Estado, una vez aprobada la Constituci髇 Espa駉la de 1978 y los respectivos Estatutos de Autonom韆 que atribu韆n a las comunidades competencias en la materia. Por otro lado, era fundamental redefinir el dise駉 institucional com鷑 de las Cajas de Ahorros, garantizando que dispusiesen de 髍ganos rectores adecuados a su doble naturaleza como entidades de cr閐ito y entes de naturaleza fundacional y fin social.

La ley 31/1985 y, muy especialmente, la posterior jurisprudencia constitucional, han configurado a las cajas de ahorro como entidades de naturaleza fundacional de car醕ter muy peculiar en las que domina su condici髇 de entidades de cr閐ito, confiri閚doles su fisonom韆 actual. Es por ello que el Tribunal Constitucional las ha calificado de 玦ntermediarios financieros� reconoci閚doles su naturaleza privada al exponer que 玡n la regulaci髇 de los aspectos b醩icos de la actividad de los distintos tipos de intermediarios financieros hay que insertar las normas que imponen determinadas obligaciones a las entidades financieras privadas (bancos y cajas de ahorros).

Veinticinco a駉s despu閟 de esa reforma nos encontramos de nuevo en un momento fundamental en la historia de las cajas de ahorros.

En general, las cajas de ahorros, as� como el resto del sistema bancario espa駉l, enfrentaron los primeros momentos de la crisis financiera, iniciada en agosto de 2007, sin grandes dificultades, gracias a haber practicado un modelo de banca tradicional y minorista y a la labor supervisora del Banco de Espa馻, y a una buena posici髇 en t閞minos de rentabilidad y eficiencia, volumen de provisiones y niveles de capital.

No obstante, la persistencia de la crisis financiera junto a la consiguiente grave crisis econ髆ica ha supuesto para el sistema bancario espa駉l un entorno intensamente adverso que se ha traducido en menores niveles de actividad, recortes de m醨genes, dificultades para obtener financiaci髇 en los mercados mayoristas y aumento de la morosidad, con especial incidencia en los pr閟tamos concedidos a los sectores inmobiliario y construcci髇 en los que el sistema bancario espa駉l tiene una exposici髇 relevante.

Las entidades espa駉las han reaccionado a este entorno de dificultad conteniendo los costes operativos, intensificando la captaci髇 de dep髎itos e intentando reforzar los recursos propios de m醲ima calidad. No obstante, por lo que a las cajas de ahorros se refiere, la crisis ha puesto de manifiesto, por una parte, un exceso de capacidad y, por otra, la necesidad de una mayor flexibilidad para captar recursos b醩icos de capital y para ajustar sus estructuras operativas.

En este contexto, las cajas de ahorros han emprendido un proceso de restructuraci髇 que afecta ya a tres cuartas partes del sector y que derivar� en una sustancial reducci髇 del n鷐ero de entidades en el sector en beneficio de la eficiencia del mismo y su solidez para el futuro. Una buena parte de estos procesos ha contado con apoyo financiero del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria (FROB) y se han materializado a trav閟 de la creaci髇 de Sistemas Institucionales de Protecci髇 (SIP). Es pues de urgente necesidad fijar aspectos de la regulaci髇 de estos SIP, y, en especial, su r間imen fiscal, una vez que en el proceso de restructuraci髇 se ha utilizado preferentemente esta v韆.

Al margen de este proceso de reestructuraci髇, las entidades de cr閐ito espa駉las deben estar preparadas para afrontar los retos que se avecinan con la reforma del sistema financiero internacional que requerir� m醩 y mejor capital de las instituciones financieras. Las entidades de cr閐ito espa駉las pueden necesitar en el futuro acudir a los mercados privados de capital para reforzar sus niveles de capital. Para ello, es preciso llevar a cabo con urgencia una reforma del marco jur韉ico de las cajas de ahorros, de modo que se les faciliten diferentes alternativas de organizaci髇 institucional, todas ellas con acceso a los mercados en las mejores condiciones posibles, y tratando de impulsar, especialmente, su capacidad para atraer capital exterior.

En definitiva, resulta imprescindible reformar el modelo de Cajas para garantizar su permanencia y las considerables ventajas que aporta a nuestro sistema financiero. Se trata de introducir las modificaciones imprescindibles para fortalecer a las Cajas de Ahorros, al conjunto del sector financiero espa駉l y al conjunto de la econom韆 productiva facilitando el flujo de cr閐ito. Como en otros pa韘es de nuestro entorno europeo en los que el modelo de Cajas se ha flexibilizado, la reforma aumentar� la solidez y competitividad de nuestro sistema financiero y generar� una mayor contribuci髇 al conjunto de la sociedad.

Con ese objetivo reformista el Gobierno ha optado por fortalecer el sector financiero espa駉l a trav閟 de dos l韓eas b醩icas: la capitalizaci髇 de las Cajas, facilitando su acceso a recursos de m醲ima categor韆 en iguales condiciones que otras entidades de cr閐ito; y la profesionalizaci髇 de sus 髍ganos de gobierno.

Siendo esas las dos l韓eas esenciales de la reforma el Real Decreto-Ley se dirige, en primer lugar, a reforzar las posibilidades de captaci髇 de recursos de las Cajas de Ahorros espa駉las. Las cuotas participativas tal y como fueron reguladas en 2002 han mostrado muchas limitaciones como instrumento atractivo para los inversores, dada su escasa liquidez y la imposibilidad de atribuirles derechos pol韙icos. Tras la reforma, a los actuales derechos econ髆icos de los cuotapart韈ipes se les podr醤 a馻dir derechos pol韙icos de manera directamente proporcional al porcentaje que las cuotas supongan sobre el patrimonio.

En segundo lugar, el Real Decreto-Ley lleva a cabo una reforma de los aspectos del gobierno de las cajas m醩 directamente relacionados con su actividad en orden a impulsar la profesionalizaci髇 de los 髍ganos de gobierno en l韓ea con las dem醩 entidades de cr閐ito.

Adicionalmente, el Real Decreto-Ley lleva a cabo los ajustes necesarios en la actual regulaci髇 para fortalecer a los actuales sistemas institucionales de protecci髇 como instrumentos de la m醲ima eficiencia y con el fin de que puedan acceder a la financiaci髇 m醩 f醕ilmente, de la misma manera que viene ocurriendo con tales sistemas en algunos pa韘es de nuestro entorno europeo.

Por otro lado, la reforma introduce nuevas alternativas que permiten fortalecer las cajas. La primera de ellas permite el ejercicio de toda la actividad financiera de la caja mediante un banco controlado por la caja al tener al menos el 50% de su capital. Una segunda opci髇 permite la transformaci髇 de la caja en una fundaci髇 de car醕ter especial conservando la obra social y el traspaso de todo su negocio financiero a un banco.

Finalmente, este Real Decreto-Ley prev� una reforma del r間imen fiscal para garantizar la neutralidad fiscal de los diferentes modelos y una serie de medidas adicionales de solvencia para fortalecer el conjunto de nuestro sector financiero.

II

Se dedica el T韙ulo I de la norma a la reforma de la regulaci髇 vigente de las cuotas participativas. La regulaci髇 hasta ahora vigente, se ha mostrado, en la pr醕tica, incapaz de dotar a las cajas de un instrumento eficaz de capitalizaci髇 que lograse, de un lado, acompa馻r el fuerte crecimiento del sector en los 鷏timos a駉s y, de otro, financiar parte de las necesidades de capitalizaci髇 m醩 recientes derivadas de la crisis econ髆ica y financiera.

No puede aplazarse, por tanto, la transformaci髇 del r間imen jur韉ico de las cuotas participativas. Se trata, de un lado, de hacerlas m醩 atractivas a los emisores y, sobre todo, a potenciales inversores y, de otro, afianzar su consideraci髇 como recursos propios de m醲ima calidad regulatoria.

A estos efectos se modifican diversos apartados del art韈ulo s閜timo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi髇, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci髇 de los Intermediarios Financieros. El nuevo r間imen implica, esencialmente, la posible incorporaci髇 a las cuotas de derechos pol韙icos proporcionales al porcentaje que las mismas suponen sobre el patrimonio de la caja, con el l韒ite m醲imo del 50% del citado patrimonio.

Adem醩, mediante el nuevo r間imen existir� un mayor incentivo a la eficiencia de las cajas derivado de la transparencia que supone la presencia de inversores en el capital y la referencia de valoraci髇 de estos t韙ulos en los mercados financieros.

Este nuevo r間imen se configura en el art韈ulo 2 del Real Decreto-Ley.

El apartado uno comienza por incluir la facultad de agregar a las cuotas derechos de representaci髇 de los intereses de los cuotapart韈ipes en los 髍ganos de gobierno de las cajas. De este modo se reconoce la emisi髇 de cuotas con derechos pol韙icos como una alternativa voluntaria compatible con la emisi髇 sin tales derechos.

Por su parte, el apartado dos del art韈ulo da nueva redacci髇 al apartado 7 del art韈ulo s閜timo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de modo que se prev� la cotizaci髇 en mercados secundarios como una obligaci髇 para aquellas emisiones que se dirijan al p鷅lico en general. Al mismo tiempo, se suprime cualquier l韒ite a la tenencia de cuotas por una 鷑ica persona o grupo, de manera que se flexibiliza su adquisici髇.

Los cambios introducidos en el apartado 8 del art韈ulo s閜timo (apartado tres del art韈ulo 2) implican, esencialmente, tres novedades. La primera se refiere al principio de libertad de emisi髇 de las cuotas sin que deba mediar autorizaci髇 administrativa previa, conforme a lo ya previsto en el art韈ulo 25.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. La segunda se refiere al mecanismo mediante el que una caja debe retornar al cumplimiento del l韒ite del 5% de adquisici髇 derivativa de sus propias cuotas, en caso de incumplimiento. Y, finalmente, se prev� la no aplicaci髇 de este l韒ite y la provisi髇 a la autocartera de cuotas para las entidades centrales de un SIP al que pertenezca la propia caja emisora.

El apartado cuatro equipara el tratamiento de las cuotas participativas en el caso de una fusi髇 al que opera en los mismos casos para las acciones de las sociedades an髇imas, esto es, el canje por cuotas de la entidad resultante de la fusi髇 sin alterar el valor econ髆ico de las mismas.

Finalmente, a la redacci髇 del apartado 10 del art韈ulo s閜timo de Ley 13/1985, de 25 de mayo, se le a馻de una previsi髇 conforme a la que se garantiza que la retribuci髇 de las cuotas no podr� estar sujeta a ninguna autorizaci髇 administrativa, salvo la que le pueda corresponder al Banco de Espa馻 en el ejercicio de sus funciones. De este modo, en l韓ea con el principio de flexibilidad de pagos previsto en la normativa de solvencia, se garantiza la desvinculaci髇 de la retribuci髇 de las cuotas de autorizaciones administrativas diferentes de las que correspondan al Banco de Espa馻.

III

El T韙ulo II contiene la modificaci髇 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci髇 de las normas b醩icas sobre 觬ganos Rectores de las Cajas de Ahorro (en adelante, LORCA), con el objetivo fundamental de impulsar la profesionalizaci髇 de los 髍ganos de gobierno de las cajas de ahorro e incluir los ajustes necesarios para incorporar los derechos pol韙icos de los cuotapart韈ipes en los mismos.

En cuanto a la profesionalizaci髇 no cabe duda de que la complejidad creciente de la actividad financiera ha alcanzado tambi閚 a las cajas de ahorro, tradicionalmente centradas en un modelo de negocio m醩 orientado al cliente minorista, y hace ya ineludible la selecci髇 de los equipos gestores entre los mejores profesionales de todas las 醨eas. Adicionalmente, conviene garantizar la dedicaci髇 de los miembros de los 髍ganos de gobierno en representaci髇 de sus respectivos grupos y en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja y de su funci髇 social.

Este mismo objetivo se ha venido planteando en las 鷏timas modificaciones de la LORCA, fundamentalmente en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades An髇imas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. No obstante, es necesario incorporarlo con m醩 claridad en la regulaci髇 b醩ica estatal de los 髍ganos de gobierno con medidas que garanticen su cualificaci髇 y autonom韆.

El T韙ulo se compone de un 鷑ico art韈ulo, 3, en virtud del cual se producen m鷏tiples modificaciones de la LORCA con la finalidad que se detalla a continuaci髇.

El apartado uno recoge como 髍ganos de las cajas de ahorro al Director General y a las diferentes Comisiones, entre las que se incluyen novedosamente la de Retribuciones y Nombramientos (antes de Retribuciones) y la de Obra Ben閒ico Social.

Se establecen, asimismo, las especificidades necesarias para ajustar los 髍ganos de gobierno y los mecanismos de representaci髇 de intereses, a los casos en que las cajas desarrollen su actividad de manera indirecta a trav閟 de una entidad bancaria. En este sentido, se prev� expresamente que la caja de ahorros designar� a sus representantes en el Consejo de Administraci髇 de la entidad bancaria, valorando a esos efectos la representaci髇 de los diferentes grupos en su propio Consejo.

Tambi閚 se refuerza el concepto de honorabilidad comercial y profesional excluyendo expresamente de tal condici髇, entre otros, a los que tuvieran antecedentes penales por delito doloso o estuvieran inhabilitados para ejercer cargos p鷅licos o de direcci髇 de entidades financieras. Asimismo se afirma la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro del 髍gano de gobierno de una caja con el de todo cargo pol韙ico-electo y con el de alto cargo de las administraciones p鷅licas. Con estos preceptos se pretende dotar a los miembros de los 髍ganos de gobierno del m醲imo nivel de profesionalizaci髇 y dedicaci髇 a los intereses de la caja de ahorros.

En la misma l韓ea opera el apartado dos. En su virtud se prev�, de un lado, la limitaci髇 de la representaci髇 de las Administraciones P鷅licas al 40% (desde el 50% anterior) y, de otro, el requisito de que la posible participaci髇 de las comunidades aut髇omas en los 髍ganos de gobierno se lleve a cabo a trav閟 de miembros designados exclusivamente por su C醡ara legislativa y que, al tiempo, gocen de reconocido prestigio y profesionalidad.

El apartado cuatro clarifica los requisitos exigibles para los Consejeros Generales elegidos en representaci髇 del grupo de los impositores. El cinco tiene como principal novedad la habilitaci髇 para que los cargos en otras entidades de cr閐ito que ejerzan tales cargos en representaci髇 de la caja puedan ser nombrados Consejeros Generales. Esta previsi髇 trae causa de la necesidad de permitir la compatibilidad de cargos ante supuestos en los que la caja opere de manera indirecta a trav閟 de un banco o bien est� integrada en un sistema institucional de protecci髇.

El apartado seis aclara como se hace posteriormente para los vocales del Consejo, el concepto de renovaci髇 total de la Asamblea ampli醤dolo a aquellos supuestos en que, bajo la apariencia de renovaciones parciales, se articule una renovaci髇 de tal magnitud que deba asimilarse a la total. En este sentido se clarifica un precepto que hab韆 suscitado cierta conflictividad constitucional.

Los apartados siete y ocho incluyen entre las funciones de la Asamblea General que, por su especial trascendencia, requieren un qu髍um y mayor韆 reforzados los supuestos de integraci髇 de cajas, su transformaci髇 en una fundaci髇 de car醕ter especial y la decisi髇 de desarrollar su actividad de manera indirecta.

Los apartados nueve a doce contienen un conjunto de modificaciones referidas al Consejo de Administraci髇. Algunas de ellas se justifican en la necesidad de incluir entre sus miembros a los representantes de los intereses de los cuotapart韈ipes que correspondan. Este es el caso, por ejemplo, del incremento del n鷐ero de miembros del Consejo hasta un m醲imo de 20 y del car醕ter ilimitado del mandato de los citados representantes.

Tambi閚 se produce un considerable refuerzo de la profesionalidad de los miembros del Consejo de Administraci髇 y de la Comisi髇 de control, exigi閚doseles (en el caso del Consejo a la mayor韆 de sus miembros) un nivel de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones que van a desempa馻r. Este mismo nivel de cualificaci髇 se extiende despu閟 al Director General en el apartado dieciocho.

En los siguientes apartados (catorce y quince) se incrementan las exigencias de los miembros de la Comisi髇 de Control. Como principal novedad se suprime el representante elegido por la Comunidad Aut髇oma de modo que, en coherencia con otras medidas similares de la norma, se reducen posibles fuentes de injerencia directa en la gesti髇 y gobierno de las cajas.

El apartado dieciocho incorpora todo un nuevo Cap韙ulo IV a la Ley 31/1985 al objeto de reconocer y dotar de la m醲ima seguridad jur韉ica a los derechos de representaci髇 de los cuotapart韈ipes en los 髍ganos de gobierno de la caja. En este sentido, de modo paralelo a los derechos pol韙icos reconocidos por la legislaci髇 com鷑 de sociedades de capital se regulan los derechos de voto, la asistencia a la Asamblea, la representaci髇 en el Consejo de Administraci髇 y en la Comisi髇 de Control, la impugnaci髇 de acuerdos y el derecho general de informaci髇.

El apartado diecinueve modifica el 26 de la Ley 31/1985 en lo que se refiere al Director General estableciendo, sin car醕ter b醩ico, la edad de jubilaci髇 a los setenta a駉s.

Los apartados veintiuno y veintid髎 a馻den sendos Cap韙ulos a la norma referidos, respectivamente, a dos nuevas Comisiones: la de Retribuciones y Nombramientos y la de Obra Social. La primera supone la ampliaci髇 de la anterior Comisi髇 de Retribuciones hacia otras funciones relativas al control de los nombramientos. Estar� formada por cinco vocales del Consejo de Administraci髇 elegidos por la Asamblea. La segunda, la Comisi髇 de Obra Social, responde a la necesidad de crear un 髍gano que vele por el correcto cumplimiento de la obra ben閒ico-social, cualquiera que sea el modelo de actividad de la caja. Estar� integrada por los Consejeros Generales que nombre la Asamblea y a ella pueden incorporarse representantes de las Comunidades Aut髇omas en las que la caja tenga su sede social y en las que haya captado al menos el 10% del total de sus dep髎itos.

El apartado veintitr閟 a馻de un Cap韙ulo referido al Gobierno Corporativo de las cajas de ahorro. El primero de sus art韈ulos, el 31bis incorpora la publicaci髇 anual obligatoria del informe de gobierno corporativo para todas las cajas de ahorro al objeto de reforzar su transparencia y la disciplina de mercado. Por su parte el 31ter incluye una referencia a los eventuales conflictos de inter閟 entre los miembros de los 髍ganos de gobierno y los intereses de la caja.

Finalmente, el apartado veinticuatro modifica la anterior regulaci髇 relativa a las fusiones de cajas de ahorros con la finalidad de que 閟tas s髄o puedan ser denegadas mediante resoluci髇 motivada y sobre la base de requisitos objetivos previstos en la normativa auton髆ica.

IV

El T韙ulo III incluye los ajustes referidos a los sistemas institucionales de protecci髇 (SIP). Estos sistemas, regulados en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, ofrecen en la pr醕tica una herramienta eficaz para la agrupaci髇 de entidades de cr閐ito, en general, y de cajas de ahorro, en particular.

Con la nueva redacci髇 se llevan a cabo los ajustes necesarios para dotar de mayor consistencia y seguridad jur韉ica a los actuales SIP. En este sentido, se refuerza a鷑 m醩 el compromiso de permanencia y estabilidad de las entidades integradas. Con este prop髎ito se faculta al Banco de Espa馻 a realizar una valoraci髇 previa al abandono de una entidad, referida tanto a la viabilidad individual de la misma, como al conjunto del sistema.

Por lo dem醩, se mantiene la regulaci髇 ya vigente para el conjunto de entidades de cr閐ito, sobre la base de la s髄ida mutualizaci髇 de resultados y solvencia, y la articulaci髇 del SIP en torno a una entidad de cr閐ito central que constituye una unidad de decisi髇 del conjunto.

Las novedades m醩 significativas se refieren, por tanto, a los SIP compuestos por cajas de ahorros. Para ellos, se establece que la entidad central habr� de estar necesariamente participada por las cajas integrantes en al menos un 50% de su accionariado y tener naturaleza de sociedad an髇ima. De este modo se logra garantizar que el conjunto de las cajas integradas mediante un SIP no desvirt鷄n su naturaleza jur韉ica de manera indirecta al perder el control de su entidad central. A estos mismos efectos, se se馻la tambi閚 que en aquellos casos en que las cajas integrantes del SIP pudieran perder el mencionado control reforzado de la entidad central, las cajas deber醤 transformarse en fundaci髇 de car醕ter especial y ceder su negocio bancario.

V

En el T韙ulo IV se dise馻 un nuevo modelo organizativo de las Cajas de Ahorro basado en una doble alternativa: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a trav閟 de una entidad bancaria o la transformaci髇 de la misma en una fundaci髇 de car醕ter especial traspasando su negocio a otra entidad de cr閐ito.

El primer modelo se describe en el art韈ulo 5 e implica que la caja de ahorros, manteniendo su naturaleza jur韉ica, desarrolla su actividad financiera a trav閟 de una entidad bancaria. Esta entidad, que podr� utilizar en su denominaci髇 expresiones que la identifiquen con la caja de la que depende, habr� de estar controlada en al menos un 50% de los derechos de voto. De no ser as�, la caja se ver韆 obligada a renunciar a su condici髇 de entidad de cr閐ito y transformarse en fundaci髇 de car醕ter especial en los t閞minos del art韈ulo siguiente.

Este mismo ejercicio de actividad indirecta a trav閟 de un banco tambi閚 se le permitir� a aquellas cajas de ahorros que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su actividad financiera a trav閟 de la entidad central de un SIP.

Por su parte, el art韈ulo 6 se refiere a la transformaci髇 de las cajas de ahorros en fundaciones de car醕ter especial a trav閟 de la segregaci髇 de su actividad financiera y ben閒ico-social, traspasando la primera a otra entidad de cr閐ito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundaci髇.

VI

El T韙ulo V recoge la normativa fiscal especial aplicable a las entidades resultantes de los procesos de restructuraci髇 ya iniciados, lo que justifica el car醕ter de urgencia de esta norma. Adem醩 se recoge la normativa fiscal especial derivada de los nuevos modelos jur韉icos contemplados en este Real Decreto ley.

En materia del Impuesto sobre Sociedades se establece la aplicaci髇 del r間imen fiscal especial establecido en el cap韙ulo VIII del t韙ulo VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las transmisiones de activos y pasivos que se realicen en el marco de esas reestructuraciones, lo cual permite, entre otros efectos, diferir la tributaci髇 de las rentas que se pongan de manifiesto en esas transmisiones por aplicaci髇 de dicho r間imen fiscal especial, aun cuando las operaciones realizadas no se correspondan con las tipificadas en dicho r間imen siempre que produzcan unos resultados econ髆icos equivalentes.

Igualmente se extiende el r間imen de diferimiento en dicho impuesto a las rentas que se generen en las transmisiones de activos y pasivos realizadas en el marco del cumplimiento de los acuerdos de un sistema institucional de protecci髇, mediante el intercambio de dichos activos o pasivos entre las entidades de cr閐ito integrantes de cada sistema institucional de protecci髇, a condici髇 de que cada entidad adquirente valore, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos 鷏timos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realizaci髇 de la transmisi髇, teni閚dose en cuenta dicha valoraci髇 para determinar las rentas que los citados elementos puedan generar con posterioridad.

En relaci髇 con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, al preverse en este Real Decreto-Ley la aplicaci髇 del r間imen fiscal especial establecido en el cap韙ulo VIII del t韙ulo VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, incluidos sus efectos en los dem醩 tributos que se remiten en su normativa a dicho r間imen fiscal, tanto a los procedimientos de reestructuraci髇 financiera realizados mediante la constituci髇 de sistemas de protecci髇 integral, como a los gestionados por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria, siempre que se produzcan efectos econ髆icos equivalentes a las reestructuraciones empresariales expresamente reguladas en dicho cap韙ulo, el mencionado r間imen especial tambi閚 surtir� efectos con car醕ter general en relaci髇 al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados.

Para reforzar la seguridad jur韉ica de las operaciones de reestructuraci髇, se establece la posibilidad de que se solicite informe a la Direcci髇 General de Tributos sobre el cumplimiento de la equivalencia de los resultados econ髆icos de las operaciones realizadas respecto de las tipificadas en el cap韙ulo VIII del t韙ulo VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, as� como sobre las consecuencias tributarias de dichas operaciones con el objetivo de asegurar la neutralidad fiscal de las mismas.

Por otra parte, en materia del Impuesto sobre el Valor A馻dido y del Impuesto General Indirecto Canario, dado que el r間imen especial del grupo de entidades, en vigor desde el 1 de enero de 2008, no resulta aplicable tal y como est� definido en la actualidad a las entidades que se estructuran en torno a la creaci髇 de un sistema institucional de protecci髇 al no existir una relaci髇 de intercapitalizaci髇 que permita la formaci髇 del per韒etro subjetivo del grupo, resulta necesario para que este r間imen sea de aplicaci髇 adaptar los requerimientos legales que, a efectos de ambos tributos, permiten definir a la entidad dominante y a sus dependientes en el seno del sistema, tarea que aborda el presente Real Decreto-Ley, fijando asimismo los plazos para la opci髇 por el referido r間imen especial.

Tambi閚 se realizan las modificaciones legales oportunas para garantizar la neutralidad fiscal en el tratamiento tributario de la Obra-Social con independencia del modelo de organizaci髇 que se adopte por las cajas de ahorros.

VII

Finalmente, el T韙ulo VI incluye, en l韓ea con los trabajos desarrollados en materia de solvencia a nivel internacional, nuevas exigencias de liquidez y un l韒ite al apalancamiento que habr醤 de desplegarse completamente mediante el oportuno desarrollo posterior. Tambi閚 se establece la posibilidad de aplicar estos nuevos requerimientos en funci髇 de la capacidad de cada entidad de cr閐ito para obtener recursos propios b醩icos.

La parte final incluye una disposici髇 adicional, ocho transitorias, una derogatoria y dos finales. Concluye el Real Decreto-Ley con una derogaci髇 normativa, los t韙ulos competenciales y el car醕ter b醩ico y la entrada en vigor.

Por lo que se refiere a la disposici髇 adicional se establece que excepcionalmente, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� tambi閚 adquirir t韙ulos emitidos por entidades individuales que a鷑 siendo solventes y viables pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente mas adversos que el actual lo que pudiera aconsejar un reforzamiento urgente de su capital con objeto de incrementar la confianza del mercado en dichas entidades. En todo caso, estas adquisiciones se condicionar醤 a la elaboraci髇 de un plan de recapitalizaci髇 cuyos objetivos, medidas y compromisos deber醤 coincidir con los previstos en el art韈ulo 9 del Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci髇 bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr閐ito, respecto de los planes de integraci髇 a los que se refiere dicho art韈ulo. El citado plan deber� ser aprobado por el Banco de Espa馻, que valorar� especialmente la capacidad de la entidad para lograr los citados objetivos sin necesidad de acometer un proceso de integraci髇 con otras entidades.

La adopci髇 de estas medidas exige acudir al procedimiento del Real Decreto-Ley, cumpli閚dose los requisitos del art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 espa駉la, a propuesta de la Ministra de Econom韆 y Hacienda y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 9 de julio de 2010.

DISPONGO: