Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto
  • Art韈ulo 2犃mbito de aplicaci髇
• CAP蚑ULO II.�Medidas para la reestructuraci髇 de la deuda hipotecaria inmobiliaria
  • Art韈ulo 3燚efinici髇 del umbral de exclusi髇
  • Art韈ulo 3 bis燜iadores, avalistas e hipotecantes no deudores
  • Art韈ulo 4燤oderaci髇 de los intereses moratorios
  • Art韈ulo 5燬ujeci髇 al C骴igo de Buenas Pr醕ticas
  • Art韈ulo 6燬eguimiento del cumplimiento del C骴igo de Buenas Pr醕ticas
  • Art韈ulo 7燙onsecuencias de la aplicaci髇 indebida por el deudor de las medidas para la reestructuraci髇 de la deuda hipotecaria inmobiliaria
• CAP蚑ULO III.�Medidas fiscales
  • Art韈ulo 8燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
  • Art韈ulo 9燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo
  • Art韈ulo 10燤odificaci髇 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
  • Art韈ulo 11燘onificaci髇 de derechos arancelarios
• CAP蚑ULO IV.�Procedimiento de ejecuci髇
  • Art韈ulo 12燩rocedimiento de ejecuci髇 extrajudicial
• CAP蚑ULO V.�Acceso al alquiler de las personas afectadas por desahucios y sujetas a medidas de flexibilizaci髇 de las ejecuciones hipotecarias
  • Art韈ulo 13燩referencia para el acceso a las ayudas a los inquilinos
  • Art韈ulo 14燩ersonas sujetas a medidas de flexibilizaci髇 hipotecaria
• CAP蚑ULO VI.�R間imen sancionador
  • Art韈ulo 15燫間imen sancionador
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional 鷑ica燫間imen especial de aplicaci髇 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de 髍ganos de gobierno y otros aspectos del r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros
  • Disposici髇 final segunda燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final tercera燚esarrollo reglamentario de la ejecuci髇 extrajudicial
  • Disposici髇 final cuarta燛ntrada en vigor
• ANEXO.燙骴igo de Buenas Pr醕ticas para la reestructuraci髇 viable de las deudas con garant韆 hipotecaria sobre la vivienda habitual

Art韈ulo 1 Objeto

Este real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas conducentes a procurar la reestructuraci髇 de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, as� como mecanismos de flexibilizaci髇 de los procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se aplicar醤 a los contratos de pr閟tamo o cr閐ito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusi髇 y que est閚 vigentes a la fecha de entrada en vigor o que se suscriban posteriormente.

Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se aplicar醤 igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

LE0000640120_20231229Art韈ulo 2 redactado por la disposici髇 final d閏ima de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr閐ito inmobiliario (獴.O.E.� 16 marzo).Vigencia: 16 junio 2019

Art韈ulo 3 Definici髇 del umbral de exclusi髇

1. Se considerar醤 situados en el umbral de exclusi髇 aquellos deudores de un cr閐ito o pr閟tamo garantizado con hipoteca sobre vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

• a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el l韒ite de tres veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas. A estos efectos se entender� por unidad familiar la compuesta por el deudor, su c髇yuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relaci髇 de tutela, guarda o acogimiento familiar.

  El l韒ite previsto en el p醨rafo anterior ser� de cuatro veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situaci髇 de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con par醠isis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad f韘ica o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, as� como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

• b) Que, en los cuatro a駉s anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteraci髇 significativa de sus circunstancias econ髆icas, en t閞minos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho per韔do circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

  A estos efectos se entender� que se ha producido una alteraci髇 significativa de las circunstancias econ髆icas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya incrementado.

  Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

  • 1.� La familia numerosa, de conformidad con la legislaci髇 vigente.
  • 2.� La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
  • 3.� La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
  • 4.� La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situaci髇 de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
  • 5.� La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o m醩 personas que est閚 unidas con el titular de la hipoteca o su c髇yuge por v韓culo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situaci髇 personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  • 6.� La unidad familiar en que exista una v韈tima de violencia de g閚ero o de trata o explotaci髇 sexual.
  • 7.� El deudor mayor de sesenta a駉s, aunque no re鷑a los requisitos para ser considerado unidad familiar seg鷑 lo previsto en la letra a) de este n鷐ero.
• c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje ser� del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo p醨rafo de la letra a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerar� que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensi髇 de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensi髇 de jubilaci髇 o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2.

Para la aplicaci髇 de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecuci髇 hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del anexo, ser� adem醩 preciso que se cumplan los siguientes requisitos.

• a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
• b) Que se trate de un cr閐ito o pr閟tamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la 鷑ica vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisici髇 de la misma.
• c) Que se trate de un cr閐ito o pr閟tamo que carezca de otras garant韆s, reales o personales o, en el caso de existir estas 鷏timas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
• d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deber醤 estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se acreditar� por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentaci髇 de los siguientes documentos:

• a) Percepci髇 de ingresos por los miembros de la unidad familiar:
  • 1.� Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentaci髇 del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria o el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma, en su caso, con relaci髇 al 鷏timo ejercicio tributario.
  • 2.� 趌timas tres n髆inas percibidas.
  • 3.� Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuant韆 mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • 4.� Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas m韓imas de inserci髇, ingreso m韓imo vital o ayudas an醠ogas de asistencia social concedidas por el Estado, las comunidades aut髇omas y las entidades locales.
  • 5.� En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestaci髇 por cese de actividad, el certificado expedido por el 髍gano gestor en el que figure la cuant韆 mensual percibida.
• b) N鷐ero de personas que habitan la vivienda:
  • 1.� Libro de familia o documento acreditativo de la inscripci髇 como pareja de hecho.
  • 2.� Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentaci髇 de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • 3.� Declaraci髇 de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
• c) Titularidad de los bienes:
  • 1.� Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relaci髇 con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  • 2.� Escrituras de compraventa de la vivienda y de constituci髇 de la garant韆 hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garant韆s reales o personales constituidas, si las hubiere.
• d) Declaraci髇 responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusi髇 seg鷑 el modelo aprobado por la comisi髇 constituida para el seguimiento del cumplimiento del C骴igo de Buenas Pr醕ticas.

En el caso de que la entidad acreedora tenga en su poder datos o documentaci髇 acreditativa sobre alguno de los extremos referidos en las letras anteriores, el deudor estar� exonerado de su acreditaci髇 ante la entidad.

Asimismo, a fin de acreditar que cumple con las condiciones de elegibilidad, el deudor podr� autorizar al sujeto adherido, expresamente y por escrito, a que obtenga informaci髇 directamente de la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Registros de la Propiedad y Mercantiles.

LE0000742067_20231229 Art韈ulo 3 redactado por el apartado uno del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

Art韈ulo 3 bis Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusi髇 podr醤 exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicaci髇 a 閟te, en su caso, de las medidas previstas en el C骴igo de Buenas Pr醕ticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusi髇.

LE0000508497_20151031 Art韈ulo 3 bis redactado por el apartado dos de la disposici髇 final decimocuarta de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas (獴.O.E.� 27 junio).Vigencia: 28 junio 2013

Art韈ulo 4 Moderaci髇 de los intereses moratorios

1. En todos los contratos de cr閐ito o pr閟tamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusi髇, el inter閟 moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicaci髇 de cualquiera de las medidas del c骴igo de buenas pr醕ticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, ser�, como m醲imo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el pr閟tamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del pr閟tamo.

2. Esta moderaci髇 de intereses no ser� aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley.

LE0000505327_20200312 Art韈ulo 4 redactado por el apartado cuatro del art韈ulo 8 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social (獴.O.E.� 15 mayo).Vigencia: 15 mayo 2013

Art韈ulo 5 Sujeci髇 al C骴igo de Buenas Pr醕ticas

1. El C骴igo de Buenas Pr醕ticas incluido en el Anexo ser� de adhesi髇 voluntaria por parte de las entidades de cr閐ito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesi髇 de pr閟tamos o cr閐itos hipotecarios.

2. La aplicaci髇 del C骴igo de Buenas Pr醕ticas se extender� a las hipotecas constituidas en garant韆 de pr閟tamos o cr閐itos, cuando el precio de adquisici髇 del bien inmueble hipotecado no exceda en un 20 por ciento del que resultar韆 de multiplicar la extensi髇 del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el 蚽dice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el a駉 de adquisici髇 del bien inmueble y la provincia en que est� radicado dicho bien, con un l韒ite absoluto de 300.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del a駉 1995 tomar醤 como precio medio de referencia el relativo al a駉 1995.

No obstante, solo podr醤 acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del C骴igo las hipotecas constituidas en garant韆 de pr閟tamos o cr閐itos concedidos, cuando el precio de adquisici髇 del bien inmueble hipotecado no exceda del que resultar韆 de multiplicar la extensi髇 del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el 蚽dice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el a駉 de adquisici髇 del bien inmueble y la provincia en que est� radicado dicho bien, con un l韒ite absoluto de 250.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del a駉 1995 tomar醤 como precio medio de referencia el relativo al a駉 1995.

LE0000557314_20200901 N鷐ero 2 del art韈ulo 5 redactado por el apartado dos del art韈ulo 2 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de la carga financiera y otras medidas de orden social (獴.O.E.� 29 julio).Vigencia: 30 julio 2015

3. Las entidades comunicar醤 su adhesi髇 a la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.

LE0000557314_20200901 N鷐ero 3 del art韈ulo 5 redactado por el apartado dos del art韈ulo 2 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci髇 de la carga financiera y otras medidas de orden social (獴.O.E.� 29 julio).Vigencia: 30 julio 2015

4. Desde la adhesi髇 de la entidad de cr閐ito, y una vez que se produzca la acreditaci髇 por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusi髇, ser醤 de obligada aplicaci髇 las previsiones del C骴igo de Buenas Pr醕ticas. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podr� compeler a la otra a la formalizaci髇 en escritura p鷅lica de la novaci髇 del contrato resultante de la aplicaci髇 de las previsiones contenidas en el C骴igo de Buenas Pr醕ticas. Los costes de dicha formalizaci髇 correr醤 a cargo de la parte que la solicite.

5. La novaci髇 del contrato tendr� los efectos previstos en el art韈ulo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogaci髇 y Modificaci髇 de Pr閟tamos Hipotecarios, con respecto a los pr閟tamos y cr閐itos novados.

6. La adhesi髇 de la entidad se entender� producida por un plazo de dos a駉s, prorrogable autom醫icamente por per韔dos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera con una antelaci髇 m韓ima de tres meses.

7. El contenido del C骴igo de Buenas Pr醕ticas resultar� de aplicaci髇 exclusiva a las entidades adheridas, deudores y contratos a los que se refiere este real decreto-ley. No proceder�, por tanto, la extensi髇 de su aplicaci髇, con car醕ter normativo o interpretativo, a ning鷑 otro 醡bito. En particular, desde la adhesi髇, el contenido del C骴igo de Buenas Pr醕ticas se incorporar� a toda la cartera de contratos de la entidad adherida y su contenido ser� oponible a terceros, de manera que aun no habiendo disfrutado el deudor de las medidas que se incorporan al mismo, se mantendr� su derecho a instarlas durante el tiempo de su vigencia. Las entidades adoptar醤 las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los deudores en caso de cesi髇 del cr閐ito a un tercero.

LE0000742067_20231229 N鷐ero 7 del art韈ulo 5 redactado por el apartado dos del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas podr醤 con car醕ter puramente potestativo aplicar las previsiones del C骴igo de Buenas Pr醕ticas a deudores distintos de los comprendidos en el art韈ulo 3 y podr醤, en todo caso, en la aplicaci髇 del C骴igo, mejorar las previsiones contenidas en el mismo.

9. Las entidades adheridas al C骴igo de Buenas Pr醕ticas habr醤 de informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el C骴igo. Esta informaci髇 habr� de facilitarse especialmente en su red comercial de oficinas. En particular, las entidades adheridas deber醤 comunicar por escrito la existencia de este C骴igo, con una descripci髇 concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a 閘 para aquellos clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria.

La formalizaci髇 del contrato por el que se establece alguna de las medidas adoptadas por virtud de lo establecido en este C骴igo no estar� sometida a lo previsto en los art韈ulos 10, 11, 12, 14 y 15, el apartado 2 de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr閐ito inmobiliario.

LE0000742067_20231229 N鷐ero 9 del art韈ulo 5 redactado por el apartado tres del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

LE0000505327_20200312 Art韈ulo 5 redactado por el apartado cinco del art韈ulo 8 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social (獴.O.E.� 15 mayo).Vigencia: 15 mayo 2013

Art韈ulo 6 Seguimiento del cumplimiento del C骴igo de Buenas Pr醕ticas

1. El cumplimiento del C骴igo de Buenas Pr醕ticas por parte de las entidades adheridas ser� supervisado por una comisi髇 de control constituida al efecto.

2. 2. La Comisi髇 de Control estar� integrada por catorce miembros:

• a) Uno nombrado por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital con al menos rango de Director General, que presidir� la Comisi髇 y tendr� voto de calidad.
• b) Uno designado por el Banco de Espa馻, que actuar� como Secretario.
• c) Uno designado por la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.
• d) Un juez designado por el Consejo General del Poder Judicial.
• e) Un Secretario Judicial designado por el Ministerio de Justicia.
• f) Un Notario designado por el Consejo General del Notariado.
• g) Uno designado por el Instituto Nacional de Estad韘tica.
• h) Uno designado por la Asociaci髇 Hipotecaria Espa駉la.
• i) Uno designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
• j) Dos designados por las asociaciones no gubernamentales que determinar� el Ministerio de Inclusi髇 y Seguridad Social, que realicen labores de apoyo social y acogida.
• k) Tres representantes, uno de cada asociaci髇 representativas de los intereses de bancos, cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y cooperativas de cr閐ito, respectivamente.

La Comisi髇 de Control determinar� sus normas de funcionamiento y se reunir� cada vez que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estar�, asimismo, facultada para establecer su propio r間imen de convocatorias.

LE0000742067_20231229 N鷐ero 2 del art韈ulo 6 redactado por el apartado cuatro del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

3. Para la v醠ida constituci髇 de la comisi髇 a efectos de la celebraci髇 de sesiones, deliberaciones y adopci髇 de decisiones, ser� necesaria la asistencia de, al menos, cinco de sus miembros, siempre que entre ellos figure el Presidente. Sus acuerdos se adoptar醤 por mayor韆 de sus miembros.

4. La comisi髇 de control recibir� y evaluar� la informaci髇 que, en relaci髇 con los apartados 5 y 6, le traslade el Banco de Espa馻 y publicar� semestralmente un informe en el que eval鷈 el grado de cumplimiento del C骴igo de Buenas Pr醕ticas. Este informe deber� remitirse a la Comisi髇 de Econom韆 y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Asimismo, corresponder� a esta comisi髇 la elaboraci髇 del modelo normalizado de declaraci髇 responsable a que se refiere la letra d) del art韈ulo 3.3.

5. Las entidades adheridas remitir醤 al Banco de Espa馻, con car醕ter mensual, la informaci髇 que les requiera la comisi髇 de control. Esta informaci髇 incluir�, en todo caso:

• a) El n鷐ero, volumen y caracter韘ticas de las operaciones solicitadas, ejecutadas y denegadas en aplicaci髇 del C骴igo de Buenas Pr醕ticas, con el desglose que se considere adecuado para valorar el funcionamiento del C骴igo.
• b) Informaci髇 relativa a los procedimientos de ejecuci髇 hipotecaria sobre viviendas de personas f韘icas.
• c) Informaci髇 relativa a las pr醕ticas que lleven a cabo las entidades en relaci髇 con el tratamiento de la deuda hipotecaria vinculada a la vivienda de las personas f韘icas.
• d) Las reclamaciones tramitadas conforme a lo previsto en el apartado siguiente.

La Comisi髇 de Control podr� igualmente requerir a las entidades adheridas cualquier otra informaci髇 que considere apropiada en relaci髇 con la protecci髇 de deudores hipotecarios.

6. Podr醤 formularse ante el Banco de Espa馻 las reclamaciones derivadas del presunto incumplimiento por las entidades de cr閐ito del C骴igo de Buenas Pr醕ticas, las cuales recibir醤 el mismo tratamiento que las dem醩 reclamaciones cuya tramitaci髇 y resoluci髇 corresponde al citado Banco de Espa馻.

7. La Comisi髇 podr� analizar y elevar al Gobierno propuestas relativas a la protecci髇 de los deudores hipotecarios.

LE0000505327_20200312 Art韈ulo 6 redactado por el apartado seis del art韈ulo 8 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social (獴.O.E.� 15 mayo).Vigencia: 15 mayo 2013

Art韈ulo 7 Consecuencias de la aplicaci髇 indebida por el deudor de las medidas para la reestructuraci髇 de la deuda hipotecaria inmobiliaria

1. El deudor de un cr閐ito o pr閟tamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado tanto de las medidas de reestructuraci髇 establecidas en este cap韙ulo como de las previsiones del C骴igo de Buenas Pr醕ticas sin reunir los requisitos previstos en el art韈ulo 3, ser� responsable de los da駉s y perjuicios que se hayan podido producir, as� como de todos los gastos generados por la aplicaci髇 de estas medidas de flexibilizaci髇, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.

2. El importe de los da駉s, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicaci髇 de la norma.

3. Tambi閚 incurrir� en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en el umbral de exclusi髇 con la finalidad de obtener la aplicaci髇 de estas medidas, correspondiendo la acreditaci髇 de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el pr閟tamo o cr閐ito.

Art韈ulo 8 Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

Se a馻de un nuevo n鷐ero 23 al art韈ulo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendr� la siguiente redacci髇:

LE0000007747_20230513

Art韈ulo 9 Modificaci髇 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo

Se a馻de un nuevo apartado 3 al art韈ulo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendr� la siguiente redacci髇:

LE0000198552_20240101

Art韈ulo 10 Modificaci髇 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Se a馻de una disposici髇 adicional trig閟ima sexta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:

LE0000237363_20240101

Art韈ulo 11 Bonificaci髇 de derechos arancelarios

1. Los derechos arancelarios y dem醩 conceptos notariales y registrales derivados de la formalizaci髇 e inscripci髇 de las novaciones que se realicen al amparo de este C骴igo de Buenas Pr醕ticas ser醤 satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificar醤 en los siguientes t閞minos:

• a) Por el otorgamiento de la escritura se devengar� el arancel correspondiente a las escrituras de novaci髇 hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del n鷐ero 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios, reducido en un 75 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel m韓imo previsto ser� de 10 euros y el m醲imo de 30 por todos los conceptos.
• b) Por la pr醕tica de la inscripci髇 se aplicar� el arancel previsto para las novaciones modificativas en art韈ulo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le aplicar� una bonificaci髇 del 75 por ciento. El arancel m韓imo previsto ser� de 10 euros y el m醲imo de 20 euros por todos los conceptos.

2. Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la cancelaci髇 del derecho real de hipoteca en los casos de daci髇 en pago de deudor hipotecado situado en el umbral de exclusi髇 de este real decreto-ley, se bonificar醤 en un 50 por cien.

El deudor no soportar� ning鷑 coste adicional de la entidad financiera que adquiere libre de carga hipotecaria, la titularidad del bien antes hipotecado.

LE0000742067_20231229 Art韈ulo 11 redactado por el apartado cinco del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

Art韈ulo 12 Procedimiento de ejecuci髇 extrajudicial

La ejecuci髇 extrajudicial de bienes hipotecados, regulada en el art韈ulo 129 de la Ley Hipotecaria y sujeta al procedimiento previsto en los art韈ulos 234 a 236 o del Reglamento Hipotecario, se someter� a lo previsto en los apartados siguientes en aquellos casos en que el procedimiento se siga contra la vivienda habitual del deudor:

• 1. La realizaci髇 del valor del bien se llevar� a cabo a trav閟 de una 鷑ica subasta para la que servir� de tipo el pactado en la escritura de constituci髇 de hipoteca. No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se entender� adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.
• 2. Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por cien del tipo se馻lado para la subasta, podr� el deudor presentar, en el plazo de diez d韆s, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70 por cien del valor de tasaci髇 o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacci髇 del derecho del ejecutante.
• 3. Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor del bien realice lo previsto en el p醨rafo anterior, el acreedor podr� pedir, dentro del t閞mino de cinco d韆s, la adjudicaci髇 de la finca o fincas por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasaci髇.
• 4. Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entender� adjudicada la finca a quien haya presentado la mejor postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por cien del valor de tasaci髇 o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los conceptos.
• 5. Si en el acto de la subasta no hubiere ning鷑 postor, podr� el acreedor, en el plazo de veinte d韆s, pedir la adjudicaci髇 por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasaci髇.
• 6. Si el acreedor no hiciere uso de la facultad a que se refiere el p醨rafo anterior, se estar� a lo previsto en el art韈ulo 236 n. del Reglamento Hipotecario.

Art韈ulo 13 Preferencia para el acceso a las ayudas a los inquilinos

Las personas que hubieran sido objeto de una resoluci髇 judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecuci髇 hipotecaria, con posterioridad al 1 de enero de 2012, podr醤 ser beneficiarias de las ayudas a los inquilinos, en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitaci髇 2009-2012. A estos efectos, la solicitud de la ayuda deber� presentarse en un plazo no superior a seis meses desde que se produjo el lanzamiento.

Asimismo, las personas mencionadas en el p醨rafo anterior tendr醤 la consideraci髇 de colectivo con derecho a protecci髇 preferente para el acceso a las ayudas a los inquilinos, en los t閞minos establecidos en el apartado 2 del art韈ulo 1 del citado real decreto.

Art韈ulo 14 Personas sujetas a medidas de flexibilizaci髇 hipotecaria

Podr醤 obtener tambi閚 las ayudas a los inquilinos citadas en el art韈ulo anterior los solicitantes que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la aplicaci髇 de la daci髇 en pago prevista en el C骴igo de Buenas Pr醕ticas, cuando sus ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 4.1 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

Art韈ulo 15 R間imen sancionador

Lo previsto en los apartados 4, 7 y 9 del art韈ulo 5 y en el art韈ulo 6.5 tendr� la condici髇 de normativa de ordenaci髇 y disciplina, conforme a lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci髇, supervisi髇 y solvencia de entidades de cr閐ito, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan de los mismos se considerar� infracci髇 grave, que se sancionar� de acuerdo con lo establecido en dicha ley.

LE0000505327_20200312 Cap韙ulo VI, integrado por el art韈ulo 15, introducido por el apartado siete del art韈ulo 8 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social (獴.O.E.� 15 mayo).Vigencia: 15 mayo 2013

LE0000742067_20231229 Art韈ulo 15 redactado por el apartado seis del art韈ulo 10 del R.D.-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un C骴igo de Buenas Pr醕ticas para aliviar la subida de los tipos de inter閟 en pr閟tamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el R.D.-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de pr閟tamos hipotecarios (獴.O.E.� 23 noviembre).Vigencia: 24 noviembre 2022

Disposici髇 adicional 鷑ica R間imen especial de aplicaci髇 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban como consecuencia de la aplicaci髇 del C骴igo de Buenas Pr醕ticas se considerar醤 contratos de arrendamientos de vivienda y estar醤 sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto a lo previsto en sus art韈ulos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuaci髇.

2. La duraci髇 de estos contratos de arrendamiento ser� de dos a駉s, sin derecho a pr髍roga, salvo acuerdo escrito de las partes.

3. La renta durante el per韔do de dos a駉s quedar� establecida de conformidad con los par醡etros del C骴igo de Buena Pr醕ticas. Transcurrido dicho plazo y durante las pr髍rogas que pudieran haberse pactado, la renta habr� de quedar determinada conforme a criterios de mercado.

4. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que 閟te se haya regularizado en su integridad, el arrendador podr� iniciar el desahucio del arrendatario.

5. Transcurrido el plazo de dos a駉s de duraci髇 del contrato, si el arrendatario no desalojara la vivienda, el arrendador podr� iniciar el procedimiento de desahucio. En el mismo, se reclamar� como renta impagada la renta de mercado correspondiente a los meses en los que la vivienda hubiera estado ocupada indebidamente.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de 髍ganos de gobierno y otros aspectos del r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros

El primer p醨rafo del art韈ulo 6.3 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de 髍ganos de gobierno y otros aspectos del r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros que queda redactado en los siguientes t閞minos:

LE0000422444_20150101

Disposici髇 final segunda T韙ulos competenciales

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.�, 8.�, 11.�, 13.� y 14.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 espa駉la, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci髇 mercantil y procesal, legislaci髇 civil, bases de la ordenaci髇 del cr閐ito, banca y seguros, bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposici髇 final tercera Desarrollo reglamentario de la ejecuci髇 extrajudicial

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, aprobar� las normas reglamentarias precisas con el fin de simplificar el procedimiento de venta extrajudicial, las cuales incorporar醤, entre otras medidas, la posibilidad de subasta electr髇ica.

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

Este real decreto-ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.